Los despedidos alertaron de la “vulneración de los derechos de los pacientes” y la “mala praxis asistencial” que supondría la orden del CEO, Pablo Gallart, de rechazar pacientes y alargar las listas de espera
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la orden del CEO, Pablo Gallart, de rechazar pacientes y alargar las listas de espera para reducir gastos y ampliar los beneficios. Según publica este jueves El País, los despedidos alertaron de la “vulneración de los derechos de los pacientes” y la “mala praxis asistencial” que podrían suponer estas instrucciones.
Tras la reunión que se produjo el pasado 25 de septiembre cuando Gallart dio esta orden a una veintena de directivos, la entonces gerente del hospital, Pilar Navarro, cursó el 22 de octubre una denuncia interna en la web del grupo para alertar de estas prácticas. Dos días después fue despedida.
El 26 de octubre, tres miembros de la dirección asistencial de Ribera Salud remitieron otra denuncia por el mismo canal. La firmaron el director médico del grupo Carlos Catalán, la directora de enfermería María Josefa Soriano, y el director de calidad y experiencia del paciente José David Zafrilla. El 27 de octubre, al día siguiente, los tres fueron despedidos.
Estos cuatro directivos también solicitaron en sus denuncias una investigación interna que indagase en posibles incumplimientos de compromisos adquiridos con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, la administración que contrató a Ribera para gestionar el hospital.
Según El País, el grupo sanitario niega que estos despidos se traten de una represalia y un portavoz asegura que los “cambios en los puestos de responsabilidad” son habituales en las organizaciones empresariales.
Estos cuatro despidos se conocen pocas horas después de que Ribera Salud anunciase a través de un comunicado que el CEO se apartaba voluntariamente de la gestión del centro hospitalario tras publicarse los audios a primera hora del miércoles. En ellos se podía escuchar como Gallart explicaba que la empresa debía “hacer iteraciones” para “alcanzar un EBITDA [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones”, argumentando que la elasticidad entre listas de espera y cuentas de resultados es “directa”.
Durante ese encuentro de septiembre, a los que siguieron otras en las que se confirmaron y especificaron estas órdenes para mejorar beneficios, Gallart reclamó seleccionar qué intervenciones convenía mantener y cuáles no. Además, también que la organización es “capaz de determinar la actividad” que puede “proveer” y que, estableciendo la lista de espera, se fijan también los gastos y el beneficio esperado. Insistía en que, si en el pasado pudieron aumentar personal para reducir las demoras, ahora era igual de sencillo “hacer el camino contrario”. “Seguro que tenéis mucha imaginación”, afirmaba, aludiendo a actividades menos rentables, especialmente entre los pacientes “no cápita”.
El caso ha reavivado las críticas al modelo de concesión sanitaria que Ribera impulsó con el llamado modelo Alzira. Aunque la Comunidad de Madrid inyectó recientemente fondos adicionales –32,7 millones para reestructurar la deuda del hospital–, Gallart sostiene que la financiación continúa siendo insuficiente. Desde la Administración regional, han defendido públicamente que el Hospital de Torrejón presenta un funcionamiento “sólido” y orientado a la “mejora continua”.
No obstante, tras conocerse el caso, la Consejería de Sanidad convocó de urgencia el miércoles a la cúpula directiva del hospital de Torrejón. También mandaron un equipo en las instalaciones para constatar “como presta servicio”.
