Afea a De Jorge que diera ese paso sin terminar la investigación, que ahora deberá continuarAsuntos Internos investiga al jefe de la Policía que escondía 20 millones como el cerebro que blanqueaba para los narcos
El pasado 13 de febrero el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge dictó un auto por el que acordaba el procesamiento (paso previo a enviarle a juicio) del jefe de la UDEF que escondió en su domicilio 20 millones de euros emparedados obtenidos de su presunta participación en una organización dedicada al narcotráfico internacional. Ahora, esa decisión, y otras del mismo cariz, son papel mojado porque la Sala de lo Penal da la razón a la Fiscalía Antidroga y afea al magistrado que acordara procesar a los principales investigados con diligencias de investigación aún por hacer y describiendo de una manera “parca” los hechos.
En esa resolución de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, los magistrados recuerdan para que un auto de procesamiento “debe incorporar una explícita motivación” de la que pueda desprenderse la presencia de unos hechos que sirvan de indicios “de una determinada conducta con relevancia penal”.
Según recuerda, el Ministerio Público indicó en su recurso contra el procesamiento que en una causa de esta complejidad y con varias ramas de investigación “era razonable” contar con la totalidad de los datos que conformarán el sumario antes de dar el paso de procesar a los investigados. Para Antidroga, la investigación policial, si bien muy avanzada, continúa abierta y podría aportar nuevos datos sobre las operativas desarrolladas para el blanqueo de capitales de la organización criminal. Y eso podría conllevar otras diligencias a practicar o una mejor identificación de las conductas desarrolladas por cada uno de los investigados.
En ese sentido, ponía el foco en que la red liderada por el 'narco' Ignacio Torán -al que también se le revoca su procesamiento- contaba con un sistema de ocultación de los beneficios y su posterior reintroducción en el circuito económico que, a su juicio, suponía “una parte esencial de la actividad delictiva de la organización” porque trataba de blanquear “las ingentes cantidades de efectivo conseguidas mediante el tráfico de drogas”. Explica la Sala que esa operativa incluyó “no solo un notorio entramado empresarial a nivel nacional, sino también una importante estructura societaria internacional”.
En definitiva, Antidroga se quejaba de que esas líneas de investigación no habían concluido y quedaban diligencias tendentes al estudio y análisis de la documentación, efectos y dispositivos que fueron incautados durante las entradas y registros.
A esto sumaba que tampoco entendía por qué el juez había decidido procesar por separado y en distintas fases de los implicados. Más si se tenía en cuenta que no había piezas separadas por delitos o por las distintas tramas de blanqueo articuladas.
Tras repasar la tesis de la Fiscalía, los magistrados recuerdan que el propio De Jorge decía en su resolución que quedan diligencias pendientes como la de identificar a interlocutores de conversaciones encriptadas, comisiones rogatorias pendientes de recibir sobre el blanqueo de capitales y el papel de determinadas empresas, informes patrimoniales o declaraciones de investigados. Y entienden que el resultado de todo esto “podría dar lugar a la modificación” de los autos de procesamiento.
“Situación de impunidad”
Por eso, la Sala, en una resolución avanzada por La Razón y a la que tuvo acceso elDiario.es, entiende que “se trata de un volumen importante de diligencias de investigación pendientes de practicar” y que no es sostenible, como dice el juez, que “ninguna resultará decisiva para determinar los elementos nucleares o esenciales” del caso. Y califica de “ciertamente complicado” defender que en este momento “los hechos centrales (…) ya estén sólidamente acreditados”.
Los magistrados advierten de que una investigación inconclusa “podría llegar a propiciar una situación de impunidad respecto de ciertas conductas o ciertos investigados” porque los hechos respecto de muchos de los investigados “se describen de forma muy escueta y siempre a través de su relación con Ignacio Torán” sin concretar las conductas individualizadas que se les imputan. “Las descripciones contenidas en el relato fáctico del auto de procesamiento resultan insuficientes”, puntualizan.
Al hilo, el tribunal explica que el auto debía haber desglosado o sintetizado las operaciones concretas de la organización dada la gravedad del asunto y entiende que no era suficiente con decir que todo el funcionamiento de la trama quedaba reflejada en los dispositivos incautados o que la cocaína manejada entre 2020 a 2024 ascendía a 73 toneladas.
Por otro lado, también echan en cara al juez que decidiera fragmentar la causa en el procesamiento sin haber hecho previamente una separación por piezas y sin haber acordado esa medida por resolución. “Provoca una división o separación encubierta de la causa, a través de la multiplicación de los procesamientos, lo que en definitiva, va a obligar a desdoblar las distintas fases del procedimiento”, explica el tribunal. Y añade que esto genera “desorden y desorganización”.
Cabe recordar que en esta causa el exjefe de la UDEF Óscar Sánchez consta como investigado por utilizar de forma sistemática y fraudulenta las bases de datos policiales en beneficio de la organización criminal de Torán. En uno de los últimos atestados de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía se detallaba que el policía ayudó a la organización a introducir en España al menos 37 contenedores que contendrían un total de 58 toneladas de cocaína que alcanzaron un valor en el mercado de 2.000 millones de euros. Por esa “colaboración estable” el inspector se embolsó más de 30 millones, parte de los cuales escondió emparedados en su domicilio.
