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Indonesia masih punya banyak pekerjaan rumah dalam urusan kesejahteraan hewan. Dalam Animal Protection Index (API) 2020 yang disusun World Animal Protection, Indonesia berada di kategori E. Indeks ini menggunakan skala A hingga G, dengan A sebagai nilai tertinggi dan G terendah. Posisi Indonesia bahkan turun dibandingkan penilaian 2014, ketika masih berada di kategori D. API […] The post Nilai E untuk Indonesia dalam Upaya Perlindungan Hewan appeared first on Mongabay.co.id.

Quelque 158 millions de Brésiliens sont appelés aux urnes le dimanche 4 octobre 2026 pour des élections générales, déterminant la composition des principales fonctions de l'État pour les années à venir, notamment le président, mais aussi les législateurs et gouverneurs. Quelque quarante ans après le retour de la démocratie dans le pays, le Brésil a établi un système électoral solide mais parfois complexe. Ce qui l'a fait devenir une des plus grandes démocraties au monde.

La película de Alejandro G. Iñárritu apenas recaudó 8 millones de dólares en su debut en Estados Unidos.

While the two mayoral candidates aligned on some issues, they were sharply divided on where to allow new housing and how to protect renters ahead of the 2028 Olympics.

Vladimir Poutine est en passe de vendre massivement des actifs Lukoil, l’une des plus grandes entreprises énergétiques russes, à des chefs d’entreprises proches de Donald Trump, ou de ses négociateurs Jared Kushner et Steve Witkoff. La transaction, qui pose de sérieuses questions de conflit d'intérêt, s'insérerait dans le cadre des négociations pour la fin de la guerre en Ukraine.

Di balik rapatnya vegetasi hutan, kucing-kucing liar bergerak nyaris tanpa suara. Tubuhnya lentur, kaki pendek hingga sedang, cakar tajam, serta mata yang mampu menangkap gerak mangsa; bahkan hanya dengan bantuan pendar cahaya bulan atau bintang. Corak bulu mereka beragam. Berbintik, bergaris, atau loreng yang membantu tubuhnya menyatu dengan bayang-bayang vegetasi. Mereka memang bukan harimau atau […] The post Kucing Liar, Predator Kecil yang Luput Perhatian Masyarakat Dunia appeared first on Mongabay.co.id.

The 2008 film “Twilight” was Russia’s highest-grossing movie in September, RBC reported. The first installment in the vampire saga stars Robert Pattinson and Kristen Stewart.

มช. เอาจริงลงมือทุบอาคาร "หอพักอ่างแก้ว" มีการนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าทุบตัวอาคารบางส่วนแล้ว นักศึกษาพบมีการนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่เวลาประมาณตี 3 ของเมื่อคืน และทำการทุบรื้อถอนในเช้านี้

'Montserrat, una ficció sonora' tindrà una presentació especial dins el Festival de Sitges. L’activitat es farà el diumenge 11 d’octubre, de 18 a 20 h, al Mercat Vell, i combinarà l’audició de tres episodis de la sèrie amb un col·loqui sobre ovnis i Montserrat. La ficció sonora, creada per Jordi Domènech, va guanyar el Premi Sonor 2026 a la Millor Realització i Disseny Sonor. La història parteix de la mort d’un escolanet i de la investigació que inicia un mosso d’esquadra que es troba a la muntanya per casualitat. El relat combina misteri i ciència-ficció amb el rerefons de les trobades ovni que se celebren a Montserrat els dies 11 de cada mes.     Després de l’audició, el festival acollirà una conversa amb Sebastià d’Arbó, periodista i cineasta; David Ayén, ufòleg; Arnau Tordera, habitual de les trobades ovni, i Jordi Domènech, creador de Montserrat, una ficció sonora. Quan acabi l’acte, s’organitzarà una expedició de Sitges a Montserrat fins a l’esplanada dels albiraments. L’activitat és gratuïta i no cal reserva prèvia.   Cartell de la presentació del pòdcast 'Montserrat. Una experiència sonora', al Festival de Sitges  Autor/a: Jordi Domènech

เปิดรับฟังความเห็นร่าง กม.สสส. ฉบับอนุทินและคณะ เสนอยกเลิกเก็บเงิน 2% จากภาษีสุรายาสูบ ให้ใช้งบประมาณแผ่นดินแทน

28-ാം തീയതി ധർമേന്ദ്രയെ കാണാനില്ലെന്നും അവധിയെടുത്ത് മറ്റെവിടെയോ പോയി എന്നുമാണ് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വിവരമെന്നും കുടുംബം വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ധർമേന്ദ്ര എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നുവെന്ന വിവരം തങ്ങളുടെ അറിവിൽ ഇല്ലെന്നും ബന്ധുക്കൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ചവറയിൽ യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി. ചവറ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ബിലാൽ ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതി ശിവരാജിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

Dafroza Gauthier, militante franco-rwandaise, est morte à Reims des suites d'un cancer à l'âge de 72 ans, ce samedi 3 octobre 2026. Elle aura passé près de 30 ans à poursuivre les responsables du génocide des Tutsis au Rwanda.

Su hermano sacerdote fue fusilado por republicanos descontrolados y otro hermano, partidario de la sublevación, culpó de estos hechos al lehendakari AguirrePuedes leer en este enlace todos los perfiles del especial '90 años del Gobierno de Euzkadi (1936-2026)' El peneuvista León Urriza Berraondo (Bergara, 1888-Pau, 1941) ocupó varios cargos en el Gobierno de Euzkadi creado durante la Guerra Civil. Fue asesor jurídico del Departamento de Justicia y Cultura de Jesús María de Leizaola, miembro de la Comisión Jurídica Asesora y vocal primero de la comisión de enseñanza primaria y, después, de la media y superior. De formación era abogado y licenciado también en Filosofía y Letras. Procedía de una familia acomodada. Tenía ideas moderadas y nacionalistas y se afilió al PNV antes de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Sus hermanos eran de tendencia conservadora y españolista. Antes de la Guerra Civil, no ocupó cargos públicos, mas sí fue candidato y participó en algunos mítines, en los que criticó al PSOE por haber sido colaboracionista de la dictadura. De aquella época, de 1935, es su libro 'Al servicio de Euzkadi. Los vascos ¿somos españoles?'. “Enamorémonos de Euzkadi. Formemos nuestro carácter patriótico. Con él fueron invencibles nuestros abuelos y con él venceremos nosotros”, escribió. Poco antes de entrar al Gobierno autonómico, conoció que su hermano Ángel fue fusilado estando detenido en el barco-prisión Cabo Quilates, que fue asaltado por elementos incontrolados del bando republicano. Era sacerdote. Otro hermano, Juan, culpó al lehendakari José Antonio de Aguirre de estos sucesos. Era partidario de la sublevación. En sus diferentes puestos, siempre ejerció como jurista, por ejemplo despachando recursos sobre pagos al personal docente. Tuvo a su disposición un mecanógrafo, José María Ugarte, y un chófer, Ignacio Iralagoitia. Estando al frente de la comisión de enseñanzas medias y superiores, tuvo tensiones con el Estado por conflictos competenciales. Igualmente, fue uno de los 53 abogados de oficio de los procesados en el Tribunal Popular de Euzkadi, en el que se enjuiciaba a rebeldes. Llegó a pedir que se conmutara la pena de muerte impuesta a uno de sus patrocinados, el capitán Juan Ramos Mosquera, para el que propuso cadena perpetua. Poco antes de la conquista, participó en una operación para entregar 650 presos. Lo hizo armado con una pistola. Ricardo de Leizaola, hermano del vicelehendakari, dejó escrito que fue “heroico” el “socorrer” a los “inmisericordiosos enemigos” justo “en el momento de ser despojados del último palmo de tierra” de Euzkadi. Urriza huyó a Francia, pero entró de nuevo en España por Catalunya, donde participó en la organización del PNV de Barcelona y en actos institucionales. Colaboró con el ministro de Justicia nacionalista Manuel de Irujo hasta que tuvo que regresar, ya definitivamente, a Francia. Falleció muy poco después, en 1941.

"El Partido Popular es un partido serio, que piensa, analiza y gestiona los recursos buscando la mejor solución", consignó el Ayuntamiento en su cuenta oficial el año pasadoAldea Pucela, la popular comunidad digital que audita el poder municipal y promueve la cultura en Valladolid “No es nuevo, ni algo puntual, que el PSOE y su radio de acción juegue a la mentira, a la manipulación y a confundir la opinión pública”. Así arrancaba el año pasado una publicación de Facebook del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, en Ávila, que dirige el Partido Popular. El Procurador del Común (el equivalente al Defensor del Pueblo de Castilla y León) ha abroncado al equipo municipal por esta publicación. Esta institución, dirigida por Tomás Quintana, ha recordado que “las alusiones a los logros de un partido político y desaciertos de otro deben quedar al margen de la información que proporciona una Administración pública”. La actividad de la cuenta oficial del Ayuntamiento “debe ajustarse a los principios de neutralidad política y lealtad institucional”, señala la institución propia en su resolución, emitida tras una denuncia por “supuesto uso partidista” de la cuenta. Este es el segundo aviso que recibe el Ayuntamiento, puesto que en 2025 ya emitió una resolución el Defensor del Pueblo en la misma línea. La publicación a la que se refería el Procurador del Común abordaba el hospital comarcal de Arenas de San Pedro, una demanda socialista que el equipo municipal descartó en favor de una mejor conexión con el Hospital de Talavera de la Reina, como si esta infraestructura sanitaria dependiera del Ayuntamiento y no de la Junta de Castilla y León, que en ese momento gobernaba en minoría del PP. Entre otras consignas, el Ayuntamiento defendía en la publicación, de 2025 y aún disponible: “El Partido Popular es un partido serio, que piensa, analiza y gestiona los recursos buscando la mejor solución”. Hace unas semanas se debatió una moción socialista al respecto, en la que se proponía acatar las recomendaciones de ambas instituciones. El teniente de Alcalde, Germán Mateos, aseguró que aceptarían “alguna” de las recomendaciones a pesar de que las resoluciones carecen de fuerza ejecutiva ni establece ningún plazo para elaborar esta normativa. “Hacemos un gran trabajo a nivel de comunicación totalmente imparcial como hace cualquier ayuntamiento o institución”, defendió Mateos en la sesión plenaria, quien defendió que “el trabajador” que lleva las redes sociales “las cuida escrupulosamente”. “Podemos cometer errores, como todo el mundo, pero sin ninguna intención”, subrayó el también concejal de Urbanismo. Captura del Facebook de Arenas de San Pedro (Ávila). El equipo de gobierno defiende ante el Procurador del Común que su estrategia de comunicación se basa en “los principios de veracidad, objetividad, transparencia y neutralidad institucional” y descarta que pretendan “manipular, confundir o influir debidamente en la opinión pública”. El área que dirige Tomás Quintana recomienda al Ayuntamiento que mantenga “el principio de neutralidad de los poderes públicos” en su difusión de contenidos, incluida su estrategia de redes sociales. Un informe incompleto El Ayuntamiento envió un informe al Procurador del Común en el que informaba de que había unas normas de uso -que no concretaban- y un reglamento sobre la gestión de los comentarios en sus publicaciones. Tampoco indicaron si se había aprobado alguna norma reglamentaria municipal que recogiera “los objetivos de la publicidad institucional del municipio a través de los medios digitales y sus posibles límites”, por lo que se sugiere que se elabore un reglamento propio para “disciplinar” la comunicación municipal, incluidos los perfiles institucionales de las redes sociales. Segunda captura del mensaje denunciado. El Defensor del Pueblo, institución que dirige Ángel Gabilondo, también consideró necesario que el Ayuntamiento adoptara un reglamento que estableciera unas normas de gestión y que garantizara que las redes sociales sirviera para “difundir información veraz de sentido público y no sea un instrumento partidista que pueda vulnerar los derechos de participación política de los miembros de la corporación”. “La valoración, el juicio y la información de carácter político tienen sus propios cauces y no deben mezclarse con la actividad comunicativa que emprende la Administración para dar a conocer a los ciudadanos los servicios que presta y las actividades que desarrolla”, reivindicó el Defensor del Pueblo en su resolución. elDiario.es se ha puesto en contacto con el alcalde de Arenas de San Pedro, Juan Carlos Sánchez Mesón, que en la Diputación de Ávila es responsable del área de Recursos Humanos, Régimen Interior, Organización y Transparencia, pero no ha recibido ninguna respuesta por su parte. Información incompleta en su Portal de Transparencia El Procurador del Común también recomienda al Ayuntamiento de Arenas que complete su información disponible en el Portal de Transparencia, puesto que hay información desactualizada (como la relativa a los Presupuestos o a los contratos menores). Además, le pide que revise sus contenidos para “mejorar la claridad, sistematización y localización de los mismos” y, así “facilitar la consulta de su contenido”.

El expediente aportado a los juzgados acredita que la dirección de obra (el arquitecto municipal) rechazó la colocación de la barrera metálica en el lugar al considerar "suficiente" seguridad el cerramiento, un murete de piedra de poco más de medio metroEl juez de El Hierro ordena reconstruir la muerte de una joven en Valverde en 2022 Lía Dorta murió a los veinte años en el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, en la isla donde vivía. Horas antes, se había precipitado por un desnivel de cerca de seis metros en el municipio de Valverde, en El Hierro, donde se encontraba de vacaciones.  Los hechos ocurrieron la madrugada del 24 de julio de 2022. La joven, que estudiaba el doble grado de Traducción y Turismo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), disfrutaba de una noche de fiesta junto a unos amigos en una conocida discoteca de la capital herreña, un municipio de poco más de 5.000 habitantes. En un momento, se apartó del grupo junto a otro joven y se adentró en una zona de penumbra en busca de intimidad para orinar. Rebasó un murete de piedra de apenas 55 centímetros y cayó por un hueco al lado de la rampa de acceso a una finca. A pesar de la altura, en el lugar no había valla de seguridad. Tampoco estaba iluminado ni señalizado. Tras la caída, fue evacuada en helicóptero a Gran Canaria, donde acabó falleciendo debido a la gravedad de las lesiones.  Cuatro años después, hay dos procesos judiciales en curso. La vía penal fue reabierta el pasado mayo por un juez sustituto y está pendiente del informe de reconstrucción encargado a un equipo especializado de la Guardia Civil. En la vía contenciosa, la familia reclama al Ayuntamiento de Valverde una indemnización por responsabilidad patrimonial.  En el marco de este segundo procedimiento, ha salido a la luz un documento oficial que compromete la posición del Consistorio. En el legajo aportado por la administración figura una nota interior firmada en 2017 (cinco años antes de la muerte de Lía) que acredita que el Ayuntamiento, que ejercía la dirección de obra a través del arquitecto municipal, previó y presupuestó una barandilla de seguridad en ese lugar, pero que al final decidió no instalarla al entender que la altura de los cerramientos era suficiente.  “No se ejecuta, además de porque en planos del proyecto no se indica su emplazamiento, (porque) es consideración de (la) D.O. (la dirección de obra) estimar suficiente la altura de los cerramientos y la naturaleza de talud de los terrenos que delimita”, señala ese documento en relación con la partida identificada con el número 6.02, una barandilla metálica de acero galvanizado que estaba presupuestada en 3.320,94 euros. El director de obra consideró en ese momento que esa fase de la obra estaba “completada”.  “Una trampa mortal” Para la familia, se trata de un hecho trascendental para valorar la posible responsabilidad de la administración en los hechos. “Era una trampa mortal”, resume Maite, la madre de Lía. “De forma consciente y deliberada, el Ayuntamiento recepcionó la tan mencionada rampa sin la barrera que hubiera impedido la muerte de la joven”, expone su abogado en el recurso presentado en la vía contenciosa. Y añade: “Los muros perimetrales de piedra, de altura variable entre 40 y 65 centímetros (55 en el lugar en el que se precipitó la joven), no cumplen en modo alguno la función de barandilla o pretil de seguridad, siendo su altura a todas luces insuficiente para proteger a una persona de una caída desde esa altura”.  En ese recurso, la familia acusa al Ayuntamiento de Valverde de omitir “de forma grave y continuada” sus deberes “de conservación, seguridad, iluminación, señalización y protección del espacio público”.  Infografía del lugar del accidente. La obra controvertida se ejecutó entre 2010 y 2017. El Ayuntamiento de Valverde se había comprometido con el propietario de una finca a construir una rampa de acceso para salvar el notable desnivel entre esa parcela y la vía pública. A pesar de que no estaba en el proyecto, como admitió una técnica de la propia administración ante la Diputación del Común, esta actuación se materializó en la cuarta fase de las obras de construcción de una nueva vía entre las calles San Francisco y San Juan de la capital herreña.  Acceso privado, suelo público Un informe pericial aportado en los juzgados por la familia de Lía advierte de que esa rampa se realizó sin un proyecto específico, sin planos, sin documentación técnica y sin la preceptiva licencia. El arquitecto que firma esa pericial constata, además, que el lugar exacto del accidente se encuentra dentro de una parcela catastral de la que es titular el Ayuntamiento. Es decir, que aunque el espacio sirva de acceso a una finca privada, el suelo donde se produce la caída “es de dominio público municipal”. “Es un hecho determinante”, expone el abogado de la familia, que subraya que el desnivel de cerca de seis metros constituía “un peligro evidente y previsible para cualquier persona que transitara la zona” y que, a pesar de ello, era de libre acceso y no estaba vallado, ni iluminado, ni señalizado. En julio de 2022, cuando ocurrieron los hechos, ese acceso estaba delimitado por una pequeña cancela metálica de unos 90 centímetros de altura que impide el paso a la rampa de cemento. Esta verja está flanqueada por dos pequeños muros de piedra de altura variable, de 40 a 65 centímetros. Entre uno de esos muretes y la pared de piedra había un hueco de cerca de seis metros de altura. Por ese lugar cayó Lía.  “El lugar funcionaba como una plataforma-mirador abierta, sin control de acceso alguno, directamente conectada con la acera pública”, recoge el recurso de la familia, que considera “altamente significativo” que días después del accidente mortal el Ayuntamiento colocara unas vallas para impedir la entrada en ese espacio. “Es un reconocimiento implícito de la peligrosidad preexistente y demuestra que existían medios sencillos, económicos y eficaces para haber evitado la tragedia”, sostiene.  “En cuanto a la pregunta que nos hacemos todos, si el accidente que sufrió Lía Dorta se pudo haber evitado, he de decir que frente a las pruebas aportadas, rotundamente sí, ya que si hubiesen existido unas protecciones adecuadas, se hubiese evitado el fatal accidente”, exponía el arquitecto firmante del informe pericial aportado por la familia. Ahora se sabe, además, que la barandilla de seguridad estaba presupuestada y no fue colocada por decisión del Ayuntamiento. Para el abogado de los demandantes, la inexistencia de una valla de seguridad en el lugar es una prueba del “descontrol absoluto” de la administración.  Un antecedente cinco meses antes La familia incide en que la peligrosidad del lugar no era desconocida para el Ayuntamiento. Apenas cinco meses antes del accidente de Lía, otro joven sufrió una caída en el mismo punto y en circunstancias idénticas. Sobrevivió, pero sufrió importantes lesiones. La familia sostiene que, a pesar de la gravedad de ese suceso, que también se investiga en los juzgados de Valverde, la administración local no adoptó ninguna medida de seguridad.   Para el abogado de los demandantes, hay otro elemento crucial para demostrar que lo ocurrido meses antes era conocido en el municipio. Se da la circunstancia de que el principal testigo de la causa penal, el joven que acompañó a Lía al lugar de los hechos, es hijo de Carlos Brito, actual alcalde de Valverde y en aquel momento concejal y policía local. En su declaración en sede judicial, este testigo reconoció que fue su padre quien le informó que tiempo atrás otro joven ya se había precipitado por ese mismo desnivel.  A la espera del informe de la Guardia Civil La causa penal por la muerte de Lía fue reabierta el pasado 25 de mayo por un juez sustituto. El procedimiento se instruye en el juzgado de Valverde. Su magistrada titular, Ana Rosa Domínguez, había dictado en octubre de 2023 un primer auto de archivo, al considerar que la caída fue un accidente fortuito, que la víctima asumió el riesgo de manera voluntaria y que había una cancela (de unos 90 centímetros) que delimitaba el lugar donde se produjo la caída. Meses después, en enero de 2024, volvió a rechazar el recurso de reforma presentado por la familia, que recurrió de nuevo -en apelación- a la Audiencia Provincial. La Fiscalía solicitó en aquel momento la desestimación del recurso, al entender que no había indicios suficientes para continuar el procedimiento por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave. El Ministerio Público, no obstante, matizaba lo expresado por la instructora. “Es cierta la existencia de una suerte de valla o cancela (ciertamente de baja altura) que delimita el acceso a la rampa de cemento y que se hallaba cerrada en el momento de los hechos, pero no es a través de la misma como accede Lía, sino superando el muro que sigue a la misma. Y es cierto que dicho muro es de baja altura y no advierte de la altura de caída”, exponía en ese escrito la fiscal, quien, sin embargo, compartía con la magistrada que la actuación de la joven suponía “la asunción de un riesgo”.  Valla instalada en el lugar tras la muerte de Lía. En mayo de 2024, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife confirmó el archivo provisional al no apreciar relevancia penal en los hechos y remitió a la vía contenciosa para resolver el caso. Ese auto del órgano provincial remarcaba, no obstante, que en ese lugar no había barandillas delimitadoras y que, según el testimonio prestado en sede judicial por el dueño de la finca, esa rampa había sido construida por el Ayuntamiento de Valverde con la finalidad de darle acceso a su propiedad.  El giro procesal se produjo en mayo de este año. La acusación particular (la familia de Lía) había presentado un nuevo informe del perito arquitecto que cuestionaba la versión del único testigo directo sobre la mecánica de la caída y la posición final del cuerpo. A raíz de ese informe, un juez sustituto, Antonio Mazuecos, dictó un auto de reapertura y ordenó dos diligencias al servicio de Criminalística de la Guardia Civil: la inspección técnico-forense con medición de la mancha de sangre y la reconstrucción de los hechos con un dummy (un maniquí de prueba con el peso de Lía en el momento del accidente) e infografía tridimensional.  El equipo especializado de la Guardia Civil ya acudió al lugar de los hechos a practicar estas diligencias, pero aún no ha remitido el informe de conclusiones. La acusación particular sostiene que la disposición final en la que quedó el cuerpo simulado (dummy) durante las pruebas de reconstrucción no coincide con la mecánica de caída relatada por el testigo. La magistrada titular ya ha regresado a Valverde. El pasado 10 de julio dictó una nueva providencia que instaba a la Fiscalía a pronunciarse sobre la posibilidad de acordar un nuevo archivo. Lo hizo sin haber recibido aún el informe de reconstrucción en 3D de la Guardia Civil y sin dar traslado a la acusación particular.  El abogado de la familia recurrió esa providencia con un duro escrito: “Nos encontramos ante una vulneración flagrante no solo de las normas procesales que rigen el proceso penal, sino una auténtica vulneración de los propios principios rectores del derecho penal que alcanza tintes de infracción constitucional”. También la Fiscalía señala la improcedencia de archivar la causa sin contar con el informe encargado al equipo especializado de la Guardia Civil. De momento, la familia de Lía no dirige la acusación contra nadie en particular. El Ayuntamiento de Valverde no ha contestado a las preguntas formuladas por este periódico, alegando que hay un proceso judicial en curso y que hasta que no termine no se pronunciarán sobre el caso.

La asociación AMIA lleva 21 años a disposición del colectivo de inmigrantes en Huelva, que integra a tantas jornaleras de la fresa, para protegerlas de explotación laboral, acosos y abusos sexuales, planteándolos a empresarios e incluso en los tribunales. Junto a ello, distribuye alimentos y enseres entre chabolistas y reivindica viviendas dignas y su derecho al empadronamiento Dos tragedias en un mes: muere un inmigrante en el incendio de un asentamiento chabolista en Huelva La Junta directiva de la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción (AMIA) es tan reducida como diversa. Cuatro mujeres, una marroquí, otra venezolana y dos colombianas, lideradas, hace siete años por la primera, Fátima Ez Zohayry. Toda una figura, locuaz, apasionada, reivindicativa y resolutiva, muy conocida en el ámbito de la ayuda a inmigrantes en la provincia de Huelva. Tierra donde hay tantas y tantos extranjeros, en los invernaderos de frutos rojos, con necesidades por resolver. Ez Zohayry y su equipo, integrado por las colombianas Carmen Vázquez y Vicky González, como secretaria y vocal, y la venezolana Fernanda Elena De Castro, como tesorera, representan a unas 200 asociadas, de sus nacionalidades y también rumanas, senegalesas, ecuatorianas, malienses… que aportan, con esfuerzo, una cuota de dos euros al mes, si pueden. Todo para dar servicios -que la asociación ha ido ampliando desde su creación, en 2005-, a la ingente cantidad de personas migrantes que las llaman o que llegan a su sede, en Huelva, en busca de asesoramiento y apoyo por malas condiciones laborales, acosos y abusos sexuales de empresarios y encargados, procesos de empadronamiento y regularización, búsqueda de formación para empleos de hostelería o trabajo doméstico, por sufrir la falta de alimentos y techo y necesitar escucha y amparo. Esto lleva adelante AMIA. Así como charlas pedagógicas en institutos sobre racismo e incluso una labor de portavoz ante instituciones como el Europarlamento en Bruselas de las necesidades inatendidas de la gente inmigrante. Lo hace con una financiación humilde e inestable. Logra alguna ayuda para combustible del Puerto de Huelva y eso le permite dar portes en coche repartiendo, por núcleos chabolistas, cajas del banco de alimento -con quien colaboran-. Coopera con Oxfam y gracias a ello proveen de colchones, mantas y enseres básicos a las víctimas de los recurrentes incendios de las chabolas. Ahora opta a otras subvenciones del Instituto Andaluz de la Mujer para talleres formativos sobre contratos, nóminas, derechos laborales. Pero más de una vez y más de dos acaban pagando de su bolsillo las fotocopias que necesitan sus usuarias. Ez Zohayry, salpimenta sus frases con unos “cariño”, “amore” que permiten bien imaginarla diciendo a cada tanto “habibi” cuando habla en su lengua natal, el dariya o árabe dialectal marroquí. Comprende bien las necesidades de las usuarias de AMIA porque ella misma ha “trabajado en la fresa”. Vino a Moguer (Huelva), a ser jornalera, hace 30 años, cuando tenía 19. En su país llevaba desde los 17 como empleada de hogar en la casa en Marruecos de los dueños de Alconeras, como tantas empresas hortofrutícolas españolas, con fincas en territorio marroquí. Ellos le propusieron trabajar de recolectora en Huelva y Fátima, buscando ser independiente y labrarse un mejor futuro, se lio la manta a la cabeza. “Pero al llegar lo pasé fatal”, confiesa, borrando la sonrisa. “Yo no tenía ni idea de campo, no estaba hecha a ese esfuerzo. Y de noche, me quedaba sola, muerta de miedo, en la finca, llorando”. Su encuentro, a los quince días, con una familia jornalera de Jaén, con madre, hijas, hijos, nueras… sería clave en su vida. Entre los jóvenes estaba Manuel Milla, “mi Manué” -dice de su marido-, quien, junto al ex empleado del SEPE, Gonzalo Vilas, está como voluntario en la asociación la mañana de la entrevista con elDiario.es Andalucía. Origen de AMIA y sus presidentas A los dos años, Fátima y Manuel se casaron y tuvieron a su hijo Karim. Seis después a Yasmine. Tiempos de trabajo jornalero y crianza de niños. Pero cuando el mayor tenía 9 años y la chica 3, Ana, una compañera colombiana, le descubrió AMIA a Fátima y ella empezó en la asociación, como voluntaria. “Con un recibimiento tan cariñoso de la presidenta, Maribel, ecuatoriana, que jamás olvidaré”. Desde entonces simultaneó trabajo, familia y activismo. Hoy sus hijos tienen 26 y 20 años y ella, como presidenta, está volcada en la asociación. La citada Maribel es Maribel Valencia quien, atendió a elDiario.es Andalucía desde Burdeos, Francia, donde hace seis años vive y trabaja en una empresa de limpieza, mientras impulsa una app de asesoramiento de salud, empleo y finanzas, para mujeres de habla hispana mayores de 45 años. “¡Claro que recuerdo cómo conocí a Fátima! Siempre tuvimos claro que a cada mujer que viniera la recibiríamos haciéndola sentir calor humano. Que no estaban desamparadas. Que las íbamos a acompañar y apoyar frente a sus problemas hasta que pudieran volar solas”. AMIA, creada en 2005, por una docena de latinoamericanas, como su entonces presidenta, la ecuatoriana Maribel Valencia, buscó abrirse a las muchas trabajadoras marroquíes que hay en Huelva. Porque, según transmiten, "más allá de diferencias culturales e idiomáticas", las inmigrantes, de todas las nacionalidades, comparten "un 60 por ciento de los problemas, desafíos y circunstancias vitales. La experiencia de Valencia, quien en Ecuador trabajaba como responsable de políticas sociales de ayuntamientos rurales, fue clave para crear AMIA. Ocurrió cuando ella estaba empleada, en Huelva, como interna, cuidando a una señora mayor. Y tras poner en común, con otras compañeras, con quienes se cruzaba por la calle o compartía bancos del parque, sus jornadas extenuantes y sueldos escasos. Ella destaca que crearon la asociación con el asesoramiento de la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía y su responsable en Huelva, Lola Carmona. Esta alentó a Maribel y a la docena de otras fundadoras. Las reforzó en su convicción de que nadie mejor que ellas, que conocían, en primera persona, las necesidades de las inmigrantes, podrían guiar a otras mujeres en sus circunstancias. “Sobre el nombre debatimos mucho”, reconoce Maribel Valencia, “porque queríamos transmitir la valentía que nos caracteriza a las inmigrantes, que dejamos familia y país atrás para abrirnos camino en lugares desconocidos. Reflejar nuestra fuerza de la madre Tierra. Nuestro ímpetu guerrero. Que jamás nos rendimos”. Todo ello cuajó, gracias a una amiga y colaboradora vallisoletana en Huelva, Felicita Peña, en el nombre de “Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción”, que se conserva. “Para mí es emocionante que AMIA siga, pues es como hija mía”, explica. Le alegra que se mantenga en el local cuya cesión municipal lograron. Y que, ahora, la presida Fátima. “Las latinoamericanas siempre quisimos abrir AMIA a tantas marroquíes que trabajan en Huelva. Gracias a jornadas de convivencia gastronómica, a talleres… se ha logrado. Y es estupendo porque, por encima de diferencias, culturales o idiomáticas, las mujeres inmigrantes, de todas las nacionalidades, compartimos el 60 por ciento o más de las necesidades y desafíos. Tanta explotación que sigue habiendo, las muertes en incendios de chabolas, que me temo que son provocados, la precariedad y violencia que se nos siguen imponiendo...”. Abusos y timos sobre las débiles En efecto, aunque han pasado 30 años desde que Ez Zohayry llegó a Huelva, las inmigrantes siguen dando parte de muchas vulneraciones de derechos. “Sufren mucho maltrato, porque llegan solas, a un sitio extraño, sin conocer las leyes que las protegen…”, expone Fátima. “Las marroquíes y otras africanas, peor aún que las latinoamericanas, porque, sin conocer el idioma, les cuesta más informarse y protestar”. Fátima Ez Zohayry acompaña a una trabajadora en unos invernaderos de Huelva. Entre los abusos frecuentes que relatan, junto a “la explotación” y “los manoseos, acosos y ataques sexuales”, está el pago de forma irregular por parte de algunos empresarios. “En vez de pagarles el salario íntegro en nómina, por banco” -específica- “les dan la mitad en un sobre, lo que les repercute a la hora de mostrar lo que cobran a los arrendatarios, el paro, jubilaciones…”. AMIA, subraya, tiene denunciada a la empresa Bionest porque descuenta del sueldo de sus jornaleras tantas partidas (por uso de wifi, alojamiento, fianzas, trámites de tarjetas de extranjería…) que la remuneración por el trabajo se ve muy mermada. La presidenta de AMIA critica que hay empresarios que pagan a sus trabajadoras en B la mitad o más del salario, lo que les perjudica para alquilar y cotizar de cara al paro y jubilación. De hecho, tienen planteada, por este tema, una denuncia colectiva, en los juzgados, a una empresa hortofrutícola. “Cuando nos llegan estas alertas, me planto en la finca a hablar con el empresario”, relata Ez Zohayry. “Si no atiende a razones, no queda otra que ir al juzgado”. Tanto para esos casos como para trámites burocráticos, como los del reciente proceso de regularización, en AMIA cuentan con una abogada. “Aunque es muy difícil que las trabajadoras se atrevan a denunciar porque siempre temen represalias, que las echen”. Las condiciones laborales son tan duras, “que me llega al nervio cuando dicen que los inmigrantes viven de paguitas. Entonces, ¿para qué trabajan de siete de la mañana a seis de la tarde, bajo el frío y el calor?”, se pregunta. “Quien, en algún momento recibe prestaciones es porque ha trabajado mucho, muchos años. No se las regala nadie, es su dinero, cotizado”. Reunión informativa de Fátima Ez Zohayry con jornaleras marroquíes recolectoras de fresas. Uno de los mayores desafíos es el de las infraviviendas que, sólo este septiembre, se ha cobrado la vida de dos personas inmigrantes. Ha sido en sendos incendios, que no se ha aclarado si han sido accidentales o intencionados, y ocurridos en los asentamientos chabolistas de Lucena del Puerto y Palos de la Frontera. “Nosotras, con otras entidades, estuvimos reunidas este verano, en Delegación del Gobierno, y nos enseñaron la lista de millones que los ministerios han dado a los ayuntamientos para erradicar el chabolismo. Nos enseñaron los recibos de los ayuntamientos para justificar en qué casas, comidas y transportes los han gastado. ¡Pero nada de eso ha llegado a los inmigrantes! ¡Te lo digo yo, que voy a verlos y a llevarles cosas! ¿A dónde va el dinero?” Ayuda a una mujer desesperada La sede de AMIA es un pequeño bajo, de fachada sencilla e interior acogedor, lleno de carteles, papeles, mesas y sillas. Está en la calle Jazmín, una de las muchas con nombre de flor del onubense barrio del Torrejón. Barrio donde, paradójicamente, abunda el asfalto, sin jardines ni arbolado. Ejemplo del abandono municipal de los extrarradios. Desde 2017, dos años antes de convertirse en su presidenta, Fátima Ez Zohayry, es su presencia más constante. Ese año sufrió una dolorosa parálisis. Tenía bloqueados desde el pie a la cadera, no podía levantarse ni vestirse. En el hospital Juan Ramón Jiménez, detalla, le diagnosticaron cinco hernias discales, inoperables por riesgo de quedar en silla de ruedas. Todo a consecuencia de las décadas de trabajo agrícola, “incluido el montaje y desmontaje de los propios invernaderos, con sus arcos de hierro y sus plásticos”. Tras años de seguimiento, por médicos de la mutua y la Seguridad Social, se le expidió la incapacidad laboral. “Desde entonces la experiencia que tengo es para las mujeres que vienen a la asociación”. Hasta en local, en plena entrevista, llega una compatriota suya marroquí, de 61 años, en busca de ayuda, consejo y consuelo. Ella misma se convierte, enseguida, en caso práctico de lo que Ez Zohayry estaba contando, pues revela que, en sus diversos empleos, le suelen pagar la mitad de lo acordado en negro. Pero no viene a denunciar eso. “No puedo, si protesto me echan”. Un tema familiar la trae, en autobús, desde de un pueblo de la provincia, cuyo nombre, como el de la mujer reservamos. Ella, atendida por Ez Zohayry, sí quiere que, de forma anónima, se haga pública su historia “para que la gente nos comprenda, y sepa lo que sufrimos. Que no nos odien y ataquen, a partir de lo de Ceuta. No venimos a hacer mal, sino a buscar una vida mejor”. Una usuaria de AMIA desvela que empresarios y encargados le piden hasta 8.000 euros por hacerle a su hijo la oferta de empleo que él necesita para intentar emigrar a España. Y la asociación confirma que se trata de una práctica abusiva generalizada. La señora, llamémosla Salma (que significa Paz), viene con la cara desencajada. “Es la preocupación por mi hijo, de quien me separé hace diez años”, explica. “Yo, en mi país, fui 23 años profesora de francés”, detalla, “pero ganaba poco para asumir sola la crianza del niño, cuando su padre y yo, con arreglo al Corán, al no llevarnos bien, nos separamos”. Salma cuenta que vino con contrato de trabajo, “para la agricultura, en Granada. A los dos meses tenía mis papeles. Yo soy de vida recta, lo traigo en la sangre. Todo legal”. Desde entonces ha ido encadenando empleos. En verano, sobre todo como ayudante de cocina, en bares y restaurantes; en invierno, en almacenes de fruta. “A veces también como cuidadora a domicilio, pero ahí nunca te dan de alta”. El tiempo se le ha escurrido entre los dedos, aquel niño de 12 años, al que quería dar un mejor futuro, poder criar en España, hoy tiene 22 y malvive en su Casablanca natal. “Las cosas no han salido como yo soñaba”, se enjuga una lágrima. El hijo terminó la secundaria, pero no le ve sentido a hacer el bachillerato. “Los gobernantes de Marruecos no dan futuro a la juventud”. Él está “bloqueado”, sin expectativas de vida, “culpándome de abandonarle, sin poner la cámara para que yo pueda verle cuando le llamo, diciéndome que cualquier día se suicida”, revela, ojos humedecidos y apretándose las manos. La mujer viene flechada a AMIA porque un joven activista turco, de paso por el pueblo onubense donde vive y trabaja, le ha recomendado hablar con Fátima. “Necesito que alguien me ayude a lograr la reunificación familiar con mi hijo, porque sola no lo consigo. Y o viene o me volveré a Marruecos, dejando atrás nuestro sueño de progreso, por estar a su lado”. Reunión de asesoramiento entre la presidenta de AMIA y la trabajadora marroquí llegada desde un pueblo. Según cuenta, el joven se ha planteado cruzar a Ceuta o Melilla, como vio el pasado final de julio a gente de su generación. “Pero le da miedo… Que no, que arriesgar su vida no es una opción, tras diez años que yo llevo aquí luchando para que venga de forma legal y segura”. Baja y sube la mirada, y añade: “Estos diez años han sido un parpadeo. En otro abrir y cerrar de ojos tendré 71”. Acostumbrados como estamos a oír hablar de “las mafias” en lo que se refiere a “los pasadores de fronteras” de los inmigrantes, choca mucho oír el testimonio de esta madre cuando relata que empresarios y encargados le exigen ahora el pago de hasta 8.000 euros por hacerle a su hijo la oferta de trabajo que necesita para intentar emigrar a España de forma legal y segura. “No te creas que es algo aislado”, precisa la presidenta de AMIA. “Es un abuso, sí. Pero se hace mucho”. “Hay tantas cosas que la gente no sabe”, comparte Salma y enumera: “el miedo que tengo por la calle, oyendo las cosas racistas que oigo contra mí, por ser marroquí y musulmana; el miedo a los abusos, en el trabajo, que me ha enseñado a mentir y decir que vivo aquí con marido e hijos porque si te saben sola se ensañan; el problema del alquiler que nos obliga a vivir hasta dieciséis en un piso de tres habitaciones… Soy ya mayor y estoy cansada. Mi vida es trabajar y encerrarme por miedo a lo que me pase. Cuando yo amo España. Estuvimos aquí ocho siglos. Es nuestro segundo país”. Sobre la marcha, en el dariya natal, que crea confianza y protege la intimidad, Fátima Ez Zohayry, asesora a Salma, sin venderle falsos atajos para una reunificación con su hijo que requerirá tiempo y un complejo proceso. También la escucha, comprende, consuela y le ofrece té con galletas. Política: problema y solución También Fátima está muy preocupada con el aumento de rechazo a los inmigrantes a raíz de la numerosa entrada del 30 y 31 de julio por Ceuta. “A mí el auge de Vox y los fascistas no me acobarda”, declara, “porque ellos son quienes crean odio, nosotros gente de paz. No van a hacernos jamás agachar la cabeza”. Lo que sí le “duele en el alma”, y hasta “hace llorar”, es que “la sociedad española nos trate mal, cuando tan bien acogemos, en Marruecos, a los turistas españoles y a tantos empresarios que tienen allí parte de sus negocios y cosechan, con nuestra mano de obra, trabajadora y barata, aguacates, fresas, arándanos, frambuesas… Fruta a la que, luego, le ponen la etiqueta de ”Producto de España“. Fátima y Salma coinciden en que su país de origen “es maravilloso, lleno de posibilidades”. Atribuyen la falta de expectativas laborales “a los políticos, que no miran por nuestra juventud”. Fátima, de hecho, comparte “vídeos en dariya, muy críticos, en redes sociales. Que mi familia allí me dice que se oyen mucho, en los cafés y por la calle. Tanto que les da miedo que me señale”. Además, la gente viene a nado y saltando vallas, “porque a un marroquí de a pie no le dejan viajar aquí en avión, sin visado, con la libertad que vosotros vais allí”. Sin embargo, su esperanza también se cifra en que “el nuevo gobierno mejore las cosas” (la entrevista se hizo el día de las elecciones, unos comicios que han supuesto un cambio de fuerzas en la coalición gubernamental actual, pero en los que ha destacado la enorme abstención). O, si nada progresa, “que el rey ate a los políticos más en corto, como en los tiempos de su padre” -declaración controvertida, dado el papel de Hassan II en “los años del plomo”, pasados los cuales, según ella, la situación nacional era mejor que la actual-. Igualmente, quieren que el diálogo entre los ejecutivos de ambas orillas desinflame el conflicto fronterizo. Ez Zohayry está satisfecha de que la gran movilización social por la regularización haya llevado a que el gobierno PSOE-Sumar la aprobara. “Y ahora estamos enfocadas en las pegas que los ayuntamientos ponen para empadronar a las personas inmigrantes sin vivienda, cuando la ley deja bien claro que es obligatorio empadronarlos, aunque sea en el banco de un parque”. La presidenta de AMIA, en la puerta de su sede, rodeada de socias, usuarias y colaboradores de la asociación. En su tarea reivindicativa, de denuncia y trabajo para alcanzar mejoras para las y los migrantes, AMIA y su presidenta ven clave “la coordinación con las asociaciones feministas” y con colectivos “como Jornaleras en Lucha, de compañeras como Ana Pinto”. Manuel Milla, que acaba de departir con la tesorera, sonríe en su mesa. “Había que ver a Fátima, a los 19 años, cuando llegó, tan tranquila y callada. Es como si trajera la batería descargada”, subraya la diferencia con su carácter actual. “Se ha llenado de energía a fuerza de pelear, por ella y por las demás”, sentencia. Fátima asiente. “Manuel me anima siempre: tú sueña mucho”, comparte. “Y yo sueño. No para mí, sino con mejorar las condiciones laborales, de vida y respeto para las mujeres de la fresa; con que AMIA pueda ayudar, cada vez, a más gente; y, tercero, con que los políticos de Marruecos, por fin, creen trabajo que evite que nuestros chiquillos se vean obligados a emigrar”. La entrevista acaba y en AMIA siguen atendiendo llamadas, dando citas y asesorando a usuarias.

സ്പായുടെ മറവിൽ രാസലഹരികൾ നൽകി ലൈംഗികാതിക്രമവും പെൺവാണിഭവും നടത്തിയ സ്പാ നടത്തിപ്പുകാരൻ പിടിയിൽ. തിരൂർ തൃക്കണ്ടിയൂരില്‍ സ്പാ നടത്തുന്ന വെട്ടം സ്വദേശി കാട്ടിപറമ്പിൽ ശരത്പ്രസാദിനെ (29)യാണ് തിരൂർ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.

З весни до кінця вересня 2026 року медведі вбили в Росії 22 людини в 11 регіонах.

Klima ist definiert als das langjährige Mittel der meteorologischen Verhältnisse – in einer Region oder weltweit. Die wichtigsten Faktoren sind dabei Temperatur und Niederschlag.