18 minutes
Un análisis sobre el papel de los interventores en la administración pública y cómo su control económico influye en la gestión política y social. L'entrada ¿Un país gobernado por interventores? ha aparegut primer a Catalunya Plural.
18 minutes
Un análisis sobre el papel de los interventores en la administración pública y cómo su control económico influye en la gestión política y social. L'entrada ¿Un país gobernado por interventores? ha aparegut primer a Catalunya Plural.
18 minutes
წლების განმავლობაში პირველად მოსკოვში სახმელეთო სამხედრო ტექნიკის გარეშე ჩატარდება „დიდ სამამულო ომში“ გამარჯვებისადმი მიძღვნილი სამხედრო აღლუმი. ნაცისტურ გერმანიაზე საბჭოთა კავშირის გამარჯვების 81-ე წლისთავის აღსანიშნავად, 9 მაისს მოსკოვის წითელ მოედანზე მხოლოდ რუსეთის შეიარაღებული ძალების პირადი შემადგენლობა გამოვა. ეს ცნობილი გახდა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ 28 აპრილს, გვიან ღამით გამოქვეყნებული ინფორმაციიდან, რომლის თანახმად, აღლუმის ქვეითი კოლონების შემადგენლობაში იქნებიან...
წლების განმავლობაში პირველად მოსკოვში სახმელეთო სამხედრო ტექნიკის გარეშე ჩატარდება „დიდ სამამულო ომში“ გამარჯვებისადმი მიძღვნილი სამხედრო აღლუმი. ნაცისტურ გერმანიაზე საბჭოთა კავშირის გამარჯვების 81-ე წლისთავის აღსანიშნავად, 9 მაისს მოსკოვის წითელ მოედანზე მხოლოდ რუსეთის შეიარაღებული ძალების პირადი შემადგენლობა გამოვა. ეს ცნობილი გახდა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ 28 აპრილს, გვიან ღამით გამოქვეყნებული ინფორმაციიდან, რომლის თანახმად, აღლუმის ქვეითი კოლონების შემადგენლობაში იქნებიან...
18 minutes
El estudio sobre la "cura del cáncer de páncreas" de Mariano Barbacid ha sido retirado por la Academia Nacional de Ciencias de EE UU debido a conflictos de intereses no declarados. A pesar de los resultados prometedores, las implicaciones éticas y comerciales generan controversia.
El estudio sobre la "cura del cáncer de páncreas" de Mariano Barbacid ha sido retirado por la Academia Nacional de Ciencias de EE UU debido a conflictos de intereses no declarados. A pesar de los resultados prometedores, las implicaciones éticas y comerciales generan controversia.
18 minutes
JAKARTA — Tropical primary forest loss fell sharply in 2025, dropping 36% from the record highs of the previous year, according to new data from a long-running satellite monitoring project. Non-fire forest loss also declined by 23%, reaching its lowest level in a decade, according to the data from the University of Maryland’s Global Land […]
JAKARTA — Tropical primary forest loss fell sharply in 2025, dropping 36% from the record highs of the previous year, according to new data from a long-running satellite monitoring project. Non-fire forest loss also declined by 23%, reaching its lowest level in a decade, according to the data from the University of Maryland’s Global Land […]
20 minutes
नेपालमा गर्मी मौसम सुरु भएसँगै तराई–मधेश क्षेत्रमा ‘लु’ अर्थात् तातो हावाको लहरको जोखिम बढ्दै गएको छ। यो केवल सामान्य गर्मी मात्र नभएर स्वास्थ्य र जीवनमै जोखिम पुर्याउन सक्ने अवस्था हो। जलवायु परिवर्तनसँगै यस्ता चरम मौसमीय घटनाहरू बढ्दै गएको सन्दर्भमा ‘लु’बारे सही जानकारी झन् महत्वपूर्ण हुन्छ। हामी यो एक्सप्लेनरमार्फत तातो हावाको लहर (लु), लुको जोखिम रहेका […]
नेपालमा गर्मी मौसम सुरु भएसँगै तराई–मधेश क्षेत्रमा ‘लु’ अर्थात् तातो हावाको लहरको जोखिम बढ्दै गएको छ। यो केवल सामान्य गर्मी मात्र नभएर स्वास्थ्य र जीवनमै जोखिम पुर्याउन सक्ने अवस्था हो। जलवायु परिवर्तनसँगै यस्ता चरम मौसमीय घटनाहरू बढ्दै गएको सन्दर्भमा ‘लु’बारे सही जानकारी झन् महत्वपूर्ण हुन्छ। हामी यो एक्सप्लेनरमार्फत तातो हावाको लहर (लु), लुको जोखिम रहेका […]
25 minutes
A federal bill passed last summer instituted new restrictions and requirements on SNAP benefits, but some have not yet gone into effect. The post SNAP enrollment hits 6-year low in Cuyahoga County after federal shutdown, rule changes appeared first on Signal Cleveland.
A federal bill passed last summer instituted new restrictions and requirements on SNAP benefits, but some have not yet gone into effect. The post SNAP enrollment hits 6-year low in Cuyahoga County after federal shutdown, rule changes appeared first on Signal Cleveland.
26 minutes
Es necesario de desarrollar un instrumento de financiación intergubernamental específico para la atención sociosanitaria integrada, con corresponsabilidad entre Estado, comunidades autónomas y municipio En la primavera de 2026, la Fundación Economía y Salud ha vuelto a documentar un fenómeno que el sistema sanitario español arrastra con carácter crónico: entre 40.000 y 50.000 pacientes con ictus permanecen ingresados en hospitales de agudos semanas o meses después de haber recibido el alta clínica, por no tener otras opciones de servicios sociosanitarios a los que puedan ser derivados. El coste de mantenerlos en una cama de agudos multiplica entre tres y cinco veces el de otros recursos alternativos que serían más apropiados, además de que la hospitalización prolongada genera en las personas mayores un deterioro funcional que en muchos casos resulta irreversible. La respuesta habitual ante este diagnóstico apunta a la insuficiencia de recursos: déficit de plazas de media estancia, escasez de atención domiciliaria o demoras en el sistema de valoración de la dependencia. Esta lectura no es incorrecta, pero resulta incompleta. En buena medida, la escasez de recursos es también consecuencia de una arquitectura institucional que no está diseñada para ofrecer una respuesta articulada a la complejidad de las personas mayores, sino para gestionar dimensiones parciales de esa necesidad en subsistemas independientes, con escasos mecanismos de integración. Mientras no se aborde esta arquitectura, la intervención sobre los síntomas difícilmente permitirá resolver el problema de fondo. Una necesidad indivisible atendida fragmentariamente Las personas mayores con dependencia severa o enfermedad crónica compleja presentan perfiles de necesidad que pertenecen simultáneamente a cuando menos tres categorías: atención sanitaria continua, apoyo social y cuidado personal, y suficiencia económica para sufragar los costes de vida en situación de dependencia. Estas dimensiones no son separables: el deterioro funcional compromete la adherencia terapéutica, la insuficiencia económica restringe el acceso a los cuidados, y la ausencia de apoyo social acelera la progresión clínica. La respuesta pública a este perfil de necesidades se ha construido, sin embargo, mediante subsistemas sectoriales concebidos con lógicas institucionales independientes. El Sistema Nacional de Salud opera con una lógica de episodio agudo que no encaja bien con la cronicidad y la dependencia. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), creado por la Ley 39/2006, se constituyó como sistema paralelo al sanitario, con su propia lógica de valoración y elegibilidad, sin mecanismos institucionales de integración. El sistema de pensiones protege la renta en la vejez sin conexión con las necesidades de cuidado. Cada subsistema tiene su legislación, sus criterios de acceso, sus instrumentos de valoración y sus tiempos de resolución propios. El hospital gestiona el episodio agudo en días; el sistema de dependencia resuelve la valoración en meses. Esta asincronía difícilmente puede entenderse solo como un fallo de gestión: responde, en gran medida, a una arquitectura que no está diseñada para la integración. Se trata, además, de un patrón extendido en muchos sistemas de bienestar europeos. El análisis comparado de la OCDE sobre sistemas de cuidados de larga duración en 29 países muestra que solo alrededor del 40% presentan integración plena con los servicios sanitarios, y que la legislación permanece fragmentada entre el sector sanitario y el de cuidados en la mayoría de ellos. Incentivos estructurales a la descoordinación Sobre esta fragmentación sectorial se superpone, en el caso español, una segunda dimensión que la agrava: la derivada de la distribución de competencias entre niveles de gobierno. Cuando la atención sanitaria y los cuidados de larga duración se financian con cargo a presupuestos distintos y son responsabilidad de administraciones diferentes, cada actor tiende a trasladar hacia el presupuesto ajeno los costes que se sitúan en la frontera entre ambos sistemas. La literatura de federalismo fiscal denomina cost-shifting a este mecanismo y lo identifica como uno de los principales riesgos del gobierno descentralizado cuando las externalidades fiscales atraviesan fronteras administrativas. En España, este patrón puede observarse en la gestión del alta hospitalaria diferida. El hospital de agudos, financiado con cargo al presupuesto sanitario de la comunidad autónoma, tiene incentivos para completar el alta tan pronto como la situación clínica lo permite. El sistema de servicios sociales, con financiación independiente y un proceso de valoración que puede prolongarse durante meses, no internaliza plenamente el gasto hospitalario adicional derivado de la demora. Como resultado, el coste de la descoordinación no recae de forma clara sobre ninguno de los dos sistemas, sino que se distribuye entre el presupuesto hospitalario, la persona mayor y su entorno familiar. La pandemia de COVID-19 puso de relieve el coste humano de esta arquitectura con una intensidad sin precedentes. El 66% de las defunciones registradas entre marzo y junio de 2020 correspondieron a personas mayores residentes en centros de larga estancia. Los análisis posteriores han señalado como factores relevantes la limitada integración operativa entre la atención primaria del SNS y los centros residenciales, así como el uso reducido de los mecanismos de coordinación intergubernamental existentes. Qué muestra la evidencia comparada Los modelos internacionales más relevantes ilustran tanto las posibilidades como los límites de las distintas estrategias de reforma. La Pflegeversicherung alemana, introducida en 1995 como quinto pilar del sistema de seguridad social, creó un derecho independiente al cuidado financiado por una contribución obligatoria específica. Su aportación es fundamentalmente financiera: los cuidados de larga duración dejan de ser una carga residual de la asistencia social para convertirse en un derecho exigible. Su limitación reside en que no aborda la integración organizativa entre sanidad y servicios sociales, ni la tensión entre la fuente de financiación federal y la responsabilidad de los Länder en la planificación e inversión asistencial. El programa PRISMA, desarrollado en Quebec desde 1999, adopta un enfoque distinto: no crea un nuevo sistema de financiación, sino que articula los existentes mediante seis componentes operativos —punto único de acceso, gestión de casos, plan de servicios individualizado, instrumento único de valoración, historia clínica compartida y coordinación institucional formal—. Su virtud principal está en la dimensión territorial: resuelve el incentivo al desplazamiento de costes mediante acuerdos explícitos de responsabilidad compartida entre organizaciones con presupuestos independientes. La evaluación cuasi-experimental con 1.501 personas mayores de 75 años mostró una reducción de 62 casos de deterioro funcional por cada 1.000 personas al año, sin incremento del coste total del sistema. El programa PACE, reconocido como prestación federal en Estados Unidos en 1997 y que atiende actualmente a más de 91.000 participantes en 33 estados, es el único de los tres modelos que aborda ambas dimensiones de forma estructural. Una única organización y un único equipo interprofesional asumen toda la atención médica y social de personas mayores frágiles que desean permanecer en su comunidad. El mecanismo central es la capitación: la organización PACE recibe un pago mensual por persona de Medicare y Medicaid y asume el riesgo financiero integral de toda su atención. Una hospitalización evitable representa un coste directo para la organización, que tiene por tanto incentivos alineados estructuralmente con la prevención del deterioro. Los resultados muestran de forma consistente menores tasas de hospitalización, de reingreso y de institucionalización permanente en comparación con poblaciones equivalentes. Las reformas necesarias y su orden El análisis en dos dimensiones permite identificar con mayor precisión qué tipo de reformas son necesarias y en qué orden. Las reformas en la dimensión sectorial constituyen una condición necesaria, aunque no suficiente. La implementación de un instrumento único de valoración sociosanitaria, que integre la valoración clínica y funcional en un solo proceso —realizado por un equipo interdisciplinar con acceso simultáneo a la historia clínica y al expediente social—, representa una condición técnica habilitante para avanzar hacia modelos de atención integrada. Lo mismo ocurre con la interoperabilidad entre los sistemas de información del SNS y del SAAD. Estas reformas pueden acometerse con relativa independencia de la organización territorial y conviene abordarlas con carácter prioritario. Sin embargo, estas reformas por sí solas no modifican los incentivos que perpetúan la fragmentación territorial. Una valoración única implementada en un sistema con presupuestos separados y administraciones con intereses presupuestarios divergentes tenderá a seguir generando desplazamiento de costes. La evidencia comparada sugiere que los sistemas que han logrado mitigar esta limitación lo han hecho mediante algún grado de responsabilidad financiera compartida sobre los resultados: acuerdos explícitos de corresponsabilidad institucional, como en Quebec, o mecanismos de integración presupuestaria, como en PACE. En el contexto español, esto apuntaría a la necesidad de desarrollar un instrumento de financiación intergubernamental específico para la atención sociosanitaria integrada, con corresponsabilidad entre Estado, comunidades autónomas y municipios, y con mecanismos que permitan que el actor que evita una hospitalización o una institucionalización innecesaria capture, al menos parcialmente, los beneficios asociados. Asimismo, sería necesario avanzar hacia un marco común de indicadores de resultado orientados a la persona —y no únicamente a la actividad sectorial— que facilite la comparabilidad en la rendición de cuentas entre comunidades autónomas y entre subsistemas. El envejecimiento demográfico proyectado, con estimaciones que sitúan en torno al 30% la proporción de población mayor de 65 años hacia mediados de siglo, acentúa las ineficiencias del sistema y sus efectos sobre la calidad de vida. La reforma necesaria no se limita al ámbito sanitario o de los servicios sociales en sentido estricto: apunta a la arquitectura del Estado de bienestar y a los mecanismos de coordinación fiscal entre niveles de gobierno. La evidencia comparada sugiere que este tipo de reformas es viable, que no requiere necesariamente centralización competencial y que puede mejorar los resultados para las personas sin aumentar el coste global respecto al sistema fragmentado actual. La principal dificultad no parece ser técnica, sino política: implica revisar equilibrios presupuestarios consolidados entre administraciones y avanzar hacia fórmulas de coordinación que no dependan únicamente de la voluntad de actores a los que el propio sistema no siempre incentiva a coordinar.
Es necesario de desarrollar un instrumento de financiación intergubernamental específico para la atención sociosanitaria integrada, con corresponsabilidad entre Estado, comunidades autónomas y municipio En la primavera de 2026, la Fundación Economía y Salud ha vuelto a documentar un fenómeno que el sistema sanitario español arrastra con carácter crónico: entre 40.000 y 50.000 pacientes con ictus permanecen ingresados en hospitales de agudos semanas o meses después de haber recibido el alta clínica, por no tener otras opciones de servicios sociosanitarios a los que puedan ser derivados. El coste de mantenerlos en una cama de agudos multiplica entre tres y cinco veces el de otros recursos alternativos que serían más apropiados, además de que la hospitalización prolongada genera en las personas mayores un deterioro funcional que en muchos casos resulta irreversible. La respuesta habitual ante este diagnóstico apunta a la insuficiencia de recursos: déficit de plazas de media estancia, escasez de atención domiciliaria o demoras en el sistema de valoración de la dependencia. Esta lectura no es incorrecta, pero resulta incompleta. En buena medida, la escasez de recursos es también consecuencia de una arquitectura institucional que no está diseñada para ofrecer una respuesta articulada a la complejidad de las personas mayores, sino para gestionar dimensiones parciales de esa necesidad en subsistemas independientes, con escasos mecanismos de integración. Mientras no se aborde esta arquitectura, la intervención sobre los síntomas difícilmente permitirá resolver el problema de fondo. Una necesidad indivisible atendida fragmentariamente Las personas mayores con dependencia severa o enfermedad crónica compleja presentan perfiles de necesidad que pertenecen simultáneamente a cuando menos tres categorías: atención sanitaria continua, apoyo social y cuidado personal, y suficiencia económica para sufragar los costes de vida en situación de dependencia. Estas dimensiones no son separables: el deterioro funcional compromete la adherencia terapéutica, la insuficiencia económica restringe el acceso a los cuidados, y la ausencia de apoyo social acelera la progresión clínica. La respuesta pública a este perfil de necesidades se ha construido, sin embargo, mediante subsistemas sectoriales concebidos con lógicas institucionales independientes. El Sistema Nacional de Salud opera con una lógica de episodio agudo que no encaja bien con la cronicidad y la dependencia. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), creado por la Ley 39/2006, se constituyó como sistema paralelo al sanitario, con su propia lógica de valoración y elegibilidad, sin mecanismos institucionales de integración. El sistema de pensiones protege la renta en la vejez sin conexión con las necesidades de cuidado. Cada subsistema tiene su legislación, sus criterios de acceso, sus instrumentos de valoración y sus tiempos de resolución propios. El hospital gestiona el episodio agudo en días; el sistema de dependencia resuelve la valoración en meses. Esta asincronía difícilmente puede entenderse solo como un fallo de gestión: responde, en gran medida, a una arquitectura que no está diseñada para la integración. Se trata, además, de un patrón extendido en muchos sistemas de bienestar europeos. El análisis comparado de la OCDE sobre sistemas de cuidados de larga duración en 29 países muestra que solo alrededor del 40% presentan integración plena con los servicios sanitarios, y que la legislación permanece fragmentada entre el sector sanitario y el de cuidados en la mayoría de ellos. Incentivos estructurales a la descoordinación Sobre esta fragmentación sectorial se superpone, en el caso español, una segunda dimensión que la agrava: la derivada de la distribución de competencias entre niveles de gobierno. Cuando la atención sanitaria y los cuidados de larga duración se financian con cargo a presupuestos distintos y son responsabilidad de administraciones diferentes, cada actor tiende a trasladar hacia el presupuesto ajeno los costes que se sitúan en la frontera entre ambos sistemas. La literatura de federalismo fiscal denomina cost-shifting a este mecanismo y lo identifica como uno de los principales riesgos del gobierno descentralizado cuando las externalidades fiscales atraviesan fronteras administrativas. En España, este patrón puede observarse en la gestión del alta hospitalaria diferida. El hospital de agudos, financiado con cargo al presupuesto sanitario de la comunidad autónoma, tiene incentivos para completar el alta tan pronto como la situación clínica lo permite. El sistema de servicios sociales, con financiación independiente y un proceso de valoración que puede prolongarse durante meses, no internaliza plenamente el gasto hospitalario adicional derivado de la demora. Como resultado, el coste de la descoordinación no recae de forma clara sobre ninguno de los dos sistemas, sino que se distribuye entre el presupuesto hospitalario, la persona mayor y su entorno familiar. La pandemia de COVID-19 puso de relieve el coste humano de esta arquitectura con una intensidad sin precedentes. El 66% de las defunciones registradas entre marzo y junio de 2020 correspondieron a personas mayores residentes en centros de larga estancia. Los análisis posteriores han señalado como factores relevantes la limitada integración operativa entre la atención primaria del SNS y los centros residenciales, así como el uso reducido de los mecanismos de coordinación intergubernamental existentes. Qué muestra la evidencia comparada Los modelos internacionales más relevantes ilustran tanto las posibilidades como los límites de las distintas estrategias de reforma. La Pflegeversicherung alemana, introducida en 1995 como quinto pilar del sistema de seguridad social, creó un derecho independiente al cuidado financiado por una contribución obligatoria específica. Su aportación es fundamentalmente financiera: los cuidados de larga duración dejan de ser una carga residual de la asistencia social para convertirse en un derecho exigible. Su limitación reside en que no aborda la integración organizativa entre sanidad y servicios sociales, ni la tensión entre la fuente de financiación federal y la responsabilidad de los Länder en la planificación e inversión asistencial. El programa PRISMA, desarrollado en Quebec desde 1999, adopta un enfoque distinto: no crea un nuevo sistema de financiación, sino que articula los existentes mediante seis componentes operativos —punto único de acceso, gestión de casos, plan de servicios individualizado, instrumento único de valoración, historia clínica compartida y coordinación institucional formal—. Su virtud principal está en la dimensión territorial: resuelve el incentivo al desplazamiento de costes mediante acuerdos explícitos de responsabilidad compartida entre organizaciones con presupuestos independientes. La evaluación cuasi-experimental con 1.501 personas mayores de 75 años mostró una reducción de 62 casos de deterioro funcional por cada 1.000 personas al año, sin incremento del coste total del sistema. El programa PACE, reconocido como prestación federal en Estados Unidos en 1997 y que atiende actualmente a más de 91.000 participantes en 33 estados, es el único de los tres modelos que aborda ambas dimensiones de forma estructural. Una única organización y un único equipo interprofesional asumen toda la atención médica y social de personas mayores frágiles que desean permanecer en su comunidad. El mecanismo central es la capitación: la organización PACE recibe un pago mensual por persona de Medicare y Medicaid y asume el riesgo financiero integral de toda su atención. Una hospitalización evitable representa un coste directo para la organización, que tiene por tanto incentivos alineados estructuralmente con la prevención del deterioro. Los resultados muestran de forma consistente menores tasas de hospitalización, de reingreso y de institucionalización permanente en comparación con poblaciones equivalentes. Las reformas necesarias y su orden El análisis en dos dimensiones permite identificar con mayor precisión qué tipo de reformas son necesarias y en qué orden. Las reformas en la dimensión sectorial constituyen una condición necesaria, aunque no suficiente. La implementación de un instrumento único de valoración sociosanitaria, que integre la valoración clínica y funcional en un solo proceso —realizado por un equipo interdisciplinar con acceso simultáneo a la historia clínica y al expediente social—, representa una condición técnica habilitante para avanzar hacia modelos de atención integrada. Lo mismo ocurre con la interoperabilidad entre los sistemas de información del SNS y del SAAD. Estas reformas pueden acometerse con relativa independencia de la organización territorial y conviene abordarlas con carácter prioritario. Sin embargo, estas reformas por sí solas no modifican los incentivos que perpetúan la fragmentación territorial. Una valoración única implementada en un sistema con presupuestos separados y administraciones con intereses presupuestarios divergentes tenderá a seguir generando desplazamiento de costes. La evidencia comparada sugiere que los sistemas que han logrado mitigar esta limitación lo han hecho mediante algún grado de responsabilidad financiera compartida sobre los resultados: acuerdos explícitos de corresponsabilidad institucional, como en Quebec, o mecanismos de integración presupuestaria, como en PACE. En el contexto español, esto apuntaría a la necesidad de desarrollar un instrumento de financiación intergubernamental específico para la atención sociosanitaria integrada, con corresponsabilidad entre Estado, comunidades autónomas y municipios, y con mecanismos que permitan que el actor que evita una hospitalización o una institucionalización innecesaria capture, al menos parcialmente, los beneficios asociados. Asimismo, sería necesario avanzar hacia un marco común de indicadores de resultado orientados a la persona —y no únicamente a la actividad sectorial— que facilite la comparabilidad en la rendición de cuentas entre comunidades autónomas y entre subsistemas. El envejecimiento demográfico proyectado, con estimaciones que sitúan en torno al 30% la proporción de población mayor de 65 años hacia mediados de siglo, acentúa las ineficiencias del sistema y sus efectos sobre la calidad de vida. La reforma necesaria no se limita al ámbito sanitario o de los servicios sociales en sentido estricto: apunta a la arquitectura del Estado de bienestar y a los mecanismos de coordinación fiscal entre niveles de gobierno. La evidencia comparada sugiere que este tipo de reformas es viable, que no requiere necesariamente centralización competencial y que puede mejorar los resultados para las personas sin aumentar el coste global respecto al sistema fragmentado actual. La principal dificultad no parece ser técnica, sino política: implica revisar equilibrios presupuestarios consolidados entre administraciones y avanzar hacia fórmulas de coordinación que no dependan únicamente de la voluntad de actores a los que el propio sistema no siempre incentiva a coordinar.
26 minutes
El archipiélago ha pasado de gestionar 33 a 47,1 millones de pasajeros desde el 2015, con un gasto medio más alto por turista. El sector apunta a crecer en valor y los ecologistas alertan de la presión sobre el territorioEl turismo abre las puertas a la inversión inmobiliaria y al lujo estadounidense en Balears El 2025, el archipiélago balear cerró la temporada turística con varios récords. En los aeropuertos de Palma, Menorca y Eivissa hubo más pasajeros que nunca. En el caso del primero, 33,8 millones; en el segundo, 4,2 millones, y en el tercero, 9,1 millones. En la última década, Mallorca ha aumentado un 42,3% el número; Menorca, un 50,1%, y Eivissa, un 41,1%. A pesar de que Menorca tiene 129 kilómetros cuadrados más que Eivissa, los movimientos por vía aérea son menos de la mitad que en la Pitiüsa del norte. Esto supone que, en diez años (2015-2025), el archipiélago pasó de gestionar 33 a 47,1 millones de pasajeros. Es decir, hubo un aumento del 42,8%. “Al final, la estrategia de Aena es seguir ampliando frecuencias y crear nuevas rutas aéreas. El objetivo es sacar el máximo rendimiento a estas infraestructuras y alimentar la economía turística”, afirma a elDiario.es Pere Joan Femenia, fundador de Fridays for Future Mallorca y miembro de la Plataforma contra la ampliación del aeropuerto de Palma. Por islas, Eivissa estableció su récord el 9 de agosto de 2016, con 336.038 personas, una cifra a la que se acercó el 13 de agosto del año pasado, cuando se estimó en 333.667 personas. Mallorca, en cambio, batió su récord en 2025, cuando el 4 de agosto hubo casi 1,5 millones de personas. Diez años antes, en el mismo mes de agosto, el pico se fijó en 1.423.534 personas. “Se han recuperado los niveles prepandemia e incluso con creces”, valora José Antonio Roselló, vicepresidente de la CAEB (Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears) en Eivissa. “Sin embargo, es un hecho que la estancia media de los turistas ha ido disminuyendo, lo cual compensa los movimientos de personas”, matiza. El aumento del movimiento de pasajeros en los aeropuertos no se ha visto reflejado de la misma manera en el pico máximo de personas que hay un mismo día en las islas, y que se calcula mediante el Índice de Presión Humana (IPH), que mide la carga demográfica real sobre el territorio. window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}}); “Si la densidad no ha aumentado, tenemos que suponer que algunas de estas personas son las mismas y sobre todo porque las estancias también son más cortas”, afirma Hazel Morgan, presidenta de Amics de la Terra en Eivissa. Menorca, en su pico máximo que se produjo en agosto de 2024, alcanzó las 231.254 personas. Sobre esta cuestión, Morgan sostiene que “además de las políticas de conservación del territorio que tiene, Menorca no es tan popular como Eivissa”. “Menorca no tiene el reclamo turístico de la fiesta sino que es un destino más enfocado a disfrutar de la tranquilidad del paisaje”. “Todo esto es insuficiente para rebajar la sensación de presión en nuestros territorios insulares, en todos, además”, asegura Roselló. El economista y empresario analiza que el año pasado se produjo “un cierto punto de inflexión”. “El turismo internacional aumentó levemente y el nacional disminuyó palmariamente. En el caso de Ibiza, por ejemplo, (...) cayó el turismo alemán; el turismo británico fue un carrusel con meses sucesivos de subidas y bajadas, para al final casi quedarse igual; y el turismo internacional aumentó levemente”, explica. Se han recuperado los niveles prepandemia e incluso con creces. Sin embargo, es un hecho que la estancia media de los turistas ha ido disminuyendo, lo cual compensa los movimientos de personas José Antonio Roselló — Vicepresidente de la CAEB Así, Roselló desgrana otro dato relevante que es lo que ha definido como la “cuarta nacionalidad”. “No es otra cosa que una amalgama de nacionalidades nuevas, que no son las clásicas, que empiezan a estar presentes en la isla, dándose el fenómeno de que muchos pocos hacen un mucho”. “Esta situación, que en unos casos es de caída y en otros de freno, ya se empezó a producir en algunos segmentos de turistas en 2024”, detalla. Turistas en el aeropuerto de Palma. Aumento de la crisis de vivienda Entre 2015 y 2025, los aeropuertos de Balears han incrementado en un 42,8% el número de pasajeros. Sin embargo, lamenta Femenia, las nuevas ampliaciones en los aeropuertos del archipiélago amenazan con, en su opinión, aumentar “la crisis de vivienda y la turistificación”. El portavoz de la Plataforma señala que el DORA III (Documento de Regulación Aeroportuaria), que desgrana el plan de inversiones de Aena para 2027-2031, ofrece nuevas rutas aéreas que “agravarán la crisis de vivienda” en Balears. “Queremos transmitir una grave preocupación social ante las políticas aeroportuarias que impulsa Aena con el beneplácito del Gobierno y Govern”, afirman. En el caso del aeropuerto de Palma se invertirán 622 millones de euros, dentro del conjunto de los casi 13.000 de inversión global, como informó este diario. En el caso de Eivissa, se prevé un gasto de 229,7 millones, lo que supone una ampliación de la infraestructura en un 30%, mientras que en el de Menorca se destinarán 170,7 millones y un aumento del 25 por ciento de la superficie del aeropuerto. “Es una incongruencia porque no puedes prever una inversión de 622 millones de euros y esperar que no se incremente la capacidad del aeropuerto”, responde Femenia cuando se le pregunta sobre lo que decía la anterior presidenta del Govern, Francina Armengol, sobre la ampliación del aeropuerto de Palma. En este sentido, recuerda que desde 2022 se han abierto unas quince nuevas rutas aéreas con Palma (Zúrich, Dubai, Andorra, Bournemouth, Montreal, Dinamarca, Washington, Bremen, Lisboa, Abu Dhabi, Nápoles, Budapest, Varsovia, Kassel y Bruselas, lo cual ha supuesto, según su análisis, “una fuerte entrada del mercado extranjero”. Pere Joan Femenia, fundador de Fridays for Future Mallorca, recuerda que desde 2022 se han abierto unas quince nuevas rutas aéreas con Palma (Zúrich, Dubai, Andorra, Bournemouth, Montreal, Dinamarca, Washington, Bremen, Lisboa, Abu Dhabi, Nápoles, Budapest, Varsovia, Kassel y Bruselas En el caso de Eivissa, el aeropuerto se sitúa dentro del Parque Natural de ses Salines, uno de los ecosistemas más ricos del Mediterráneo. Este espacio natural también es un área de descanso y nidificación para las aves, como los flamencos, así como de especial interés por sus valores ecológicos, paisajísticos, históricos y culturales. “Depende de cómo sea la ampliación, podría darse una situación como la del aeropuerto de El Prat en Barcelona, donde hubo muchísima polémica porque el humedal de La Ricarda se verá afectado”, analiza. En el caso de la Pitiusa del norte, podría haber nuevos impactos acústicos o de contaminación. Además, pese a que las inversiones aeroportuarias a menudo se venden como “remodelaciones para mejorar el confort de los pasajeros, así como mejorar en eficiencia energética y sostenibilidad”, según Femenia, se trata de “una estrategia de greenwashing porque es verdad que se mejora la eficiencia energética pero, realmente, el foco principal es el consumo energético de los aeropuertos, que viene del combustible de los aviones”. El aumento del número de vuelos se podría dar, dice el portavoz de la Plataforma, en temporada baja o media. “Estamos incumplimiento los retos de sostenibilidad”, lamenta, en el contexto de crisis climática. “La parte energética es bastante ínfima en cuanto al consumo energético total de los aeropuertos, pero les interesa más hablar de infraestructura que del coste [total]”, asevera.7 En el caso de Eivissa, el aeropuerto se sitúa dentro del Parque Natural de ses Salines, uno de los ecosistemas más ricos del Mediterráneo El incremento en el número de pasajeros prevé alcanzar los 36 millones para 2031 en el caso de Palma, tres millones más que en 2025. “Este hecho es responsabilidad directa del Consell [de Mallorca] y del Govern, que fomentan en las negociaciones de las ferias de turismo para la apertura de nuevas rutas aéreas”, advierte. “Esto ha supuesto una gran adquisición de propiedades por parte de fondos extranjeros, creando una presión más elevada del mercado y un incremento de los precios”. De hecho, el 38% de las viviendas vendidas entre 2007 y 2025 fueron adquiridas por ciudadanos no residentes, como informó este diario. “Un ejemplo paradigmático fue el vuelo directo entre Palma y Nueva York, que aumentó en un 300% la venta de vivienda de lujo en Mallorca”, destaca. Según los datos analizados por la Plataforma a través de Aena, también ha habido un incremento en las frecuencias con destinos ya existentes de Alemania, Reino Unido y Francia, entre otros. Por estos motivos, la Plataforma pide limitar y decrecer en el número de vuelos y pasajeros; no abrir nuevas rutas; eliminar los vuelos nocturnos; prohibir los jets privados; eliminar las subvenciones a los carburantes de la aviación; frenar la promoción turística y promover la cogestión aeroportuaria entre el Gobierno y el Govern. Turistas en el aeropuerto de Menorca. Sube el gasto turístico Uno de los datos económicos más relevantes en lo que se refiere al turismo balear es que el gasto medio de los visitantes sigue aumentando. “Este es uno de los aspectos que más sorprende de manera positiva y que se da en todo el archipiélago, incluyendo incluso nacionalidades que experimentan caídas en los movimientos de personas”, sostiene Roselló, vicepresidente de CAEB en Eivissa. El empresario considera que este aspecto tiene que ver con “el cambio de pautas de consumo” que se ha dado desde la pandemia. Es, en su opinión, “una especie de cambio de la cesta de la compra, donde han primado servicios y experiencias sobre la adquisición de bienes materiales”. En este sentido, el vicepresidente de la patronal empresarial balear cree que se ha instaurado la idea de que “hay que vivir la vida” y eso explicaría que “aún cayendo una nacionalidad, como en Ibiza el caso de los alemanes, el gasto turístico aumente”. Esta tendencia, apunta Roselló, iría en la línea de lo que aspira una parte del tejido empresarial balear, en cuanto a “crecer en valor y no en cantidad”. “Esta tendencia ha empezado y de ahí la sorpresa sobre los datos del IPH (que mide la carga demográfica real sobre el territorio), aunque hay que ser cautos y esperar a tener una serie estadística más amplia y prolongada en el tiempo para sacar conclusiones”, matiza. El combustible y el precio de los vuelos En el contexto de la guerra de Irán, 53 países han unido fuerzas para reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Por otro lado, el presidente de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha afirmado recientemente que a Europa le quedan “quizás seis semanas de combustible para aviones” y ha advertido que “pronto” podría haber cancelaciones de vuelos si los suministros de petróleo siguen bloqueados. Esta situación podría terminar afectando a la temporada turística. “Estamos a las puertas de una temporada con una gran incertidumbre. Hay varias zonas de guerra en el mundo, lo que hace tambalear la economía de muchas familias y de muchos países”, afirma José Luis Benítez, presidente de Ocio de Ibiza. En este sentido, Alicia Reina, presidenta de la Asociación Española de Directores de Hoteles en Balears, aseguró en el programa Al Dia Pitiüses, de IB3 Ràdio, que “los incrementos de las tarifas y los costes se van a trasladar al cliente final”. Agentes de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera en el aeropuerto de Eivissa. “Es innegable que, si suben las mercancías, suben los costes de transporte o suministros, evidentemente eso se va a tener que trasladar al precio final que tiene que pagar el viajero”, sostuvo. En su opinión, el reto es mantener la percepción que tiene el cliente de que “lo que paga se ajusta a lo que recibe”. “Ese equilibrio tenemos que salvaguardarlo de alguna manera, no solo como hoteles independientes cada uno de nosotros, sino como destino”, advirtió. Asimismo, cree que hay un tipo de turista “al que vamos muy encaminados en la isla, que es de alto poder adquisitivo, que no va a estar tan afectado por todas estas cuestiones geopolíticas y el incremento de costes y de precios”. Roselló conoce bien determinadas zonas de Centroamérica, tras una experiencia laboral que pasó por México, República Dominicana y Costa Rica. La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que derrocó a Nicolás Maduro, ha generado efectos también en la industria turística. La nueva Doctrina Monroe que está aplicando Donald Trump en América Latina está golpeando especialmente a Cuba, que ha vivido una grave crisis de combustibles fósiles debido a su dependencia del crudo venezolano. “Hay quién así lo cree y puede ser que acabe teniendo razón. Yo prefiero ser algo cauto y no incurrir en análisis tan ‘mecánicos’ y que parecen muy lógicos”, sostiene Roselló, preguntado sobre si Balears podría recibir más turistas debido a la delicada situación que hay en otros destinos turísticos. En su opinión, puede darse este fenómeno, pero también puede haber “efectos económicos en sentido contrario, como que la población de nuestros mercados emisores tienda de por sí a retraerse y veranear en su propio país, como elemento de prudencia”. Asimismo, matiza que entre los fenómenos adversos puede darse que la evolución de los precios de los combustibles “vaya a más y esto encarezca el transporte y, por extensión, el precio de las vacaciones; o que simplemente haya dificultades de stocks en el tema del keroseno y esto obligue a ajustar trayectos, con su efecto directo en el turismo”. “En realidad, no sabemos nada y cada día desayunamos con una noticia que contradice la del día anterior”, advierte el vicepresidente de CAEB en Eivissa. Apuesta por el segmento de lujo Tras la crisis económica de 2008, y en medio de la crisis de la eurozona, el Govern conservador de José Ramón Bauzá introdujo cambios en la ley turística (2012), promovida por el conseller del ramo, Carlos Delgado (PP), y que supuso, según Macià Blázquez, catedrático en Geografía de la Universitat de les Illes Balears (UIB), “una reconversión”. “Una mejora de la calidad de la oferta que tiende a la elitización” con el objetivo de “atraer capitales y dar mayores tasas de beneficio a los inversores”, afirmó a elDiario.es. Para Morgan, presidenta de Amics de la Terra, tiene “muchos impactos que son muy negativos”. “Aumento del precio de la vivienda, del consumo de recursos como agua y energía y transformación del suelo en las villas y mansiones de lujo que se convierten en grandes jardines tropicales, lo que también afecta a la biodiversidad”. Además, se produce un “aumento de emisiones, lo que afecta al cambio climático”. Por otro lado, lamenta que la gentrificación turística “afecta a toda la población”. “La más joven no puede planificar su futuro [en la isla] porque no tiene acceso a la vivienda”.7
El archipiélago ha pasado de gestionar 33 a 47,1 millones de pasajeros desde el 2015, con un gasto medio más alto por turista. El sector apunta a crecer en valor y los ecologistas alertan de la presión sobre el territorioEl turismo abre las puertas a la inversión inmobiliaria y al lujo estadounidense en Balears El 2025, el archipiélago balear cerró la temporada turística con varios récords. En los aeropuertos de Palma, Menorca y Eivissa hubo más pasajeros que nunca. En el caso del primero, 33,8 millones; en el segundo, 4,2 millones, y en el tercero, 9,1 millones. En la última década, Mallorca ha aumentado un 42,3% el número; Menorca, un 50,1%, y Eivissa, un 41,1%. A pesar de que Menorca tiene 129 kilómetros cuadrados más que Eivissa, los movimientos por vía aérea son menos de la mitad que en la Pitiüsa del norte. Esto supone que, en diez años (2015-2025), el archipiélago pasó de gestionar 33 a 47,1 millones de pasajeros. Es decir, hubo un aumento del 42,8%. “Al final, la estrategia de Aena es seguir ampliando frecuencias y crear nuevas rutas aéreas. El objetivo es sacar el máximo rendimiento a estas infraestructuras y alimentar la economía turística”, afirma a elDiario.es Pere Joan Femenia, fundador de Fridays for Future Mallorca y miembro de la Plataforma contra la ampliación del aeropuerto de Palma. Por islas, Eivissa estableció su récord el 9 de agosto de 2016, con 336.038 personas, una cifra a la que se acercó el 13 de agosto del año pasado, cuando se estimó en 333.667 personas. Mallorca, en cambio, batió su récord en 2025, cuando el 4 de agosto hubo casi 1,5 millones de personas. Diez años antes, en el mismo mes de agosto, el pico se fijó en 1.423.534 personas. “Se han recuperado los niveles prepandemia e incluso con creces”, valora José Antonio Roselló, vicepresidente de la CAEB (Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears) en Eivissa. “Sin embargo, es un hecho que la estancia media de los turistas ha ido disminuyendo, lo cual compensa los movimientos de personas”, matiza. El aumento del movimiento de pasajeros en los aeropuertos no se ha visto reflejado de la misma manera en el pico máximo de personas que hay un mismo día en las islas, y que se calcula mediante el Índice de Presión Humana (IPH), que mide la carga demográfica real sobre el territorio. window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}}); “Si la densidad no ha aumentado, tenemos que suponer que algunas de estas personas son las mismas y sobre todo porque las estancias también son más cortas”, afirma Hazel Morgan, presidenta de Amics de la Terra en Eivissa. Menorca, en su pico máximo que se produjo en agosto de 2024, alcanzó las 231.254 personas. Sobre esta cuestión, Morgan sostiene que “además de las políticas de conservación del territorio que tiene, Menorca no es tan popular como Eivissa”. “Menorca no tiene el reclamo turístico de la fiesta sino que es un destino más enfocado a disfrutar de la tranquilidad del paisaje”. “Todo esto es insuficiente para rebajar la sensación de presión en nuestros territorios insulares, en todos, además”, asegura Roselló. El economista y empresario analiza que el año pasado se produjo “un cierto punto de inflexión”. “El turismo internacional aumentó levemente y el nacional disminuyó palmariamente. En el caso de Ibiza, por ejemplo, (...) cayó el turismo alemán; el turismo británico fue un carrusel con meses sucesivos de subidas y bajadas, para al final casi quedarse igual; y el turismo internacional aumentó levemente”, explica. Se han recuperado los niveles prepandemia e incluso con creces. Sin embargo, es un hecho que la estancia media de los turistas ha ido disminuyendo, lo cual compensa los movimientos de personas José Antonio Roselló — Vicepresidente de la CAEB Así, Roselló desgrana otro dato relevante que es lo que ha definido como la “cuarta nacionalidad”. “No es otra cosa que una amalgama de nacionalidades nuevas, que no son las clásicas, que empiezan a estar presentes en la isla, dándose el fenómeno de que muchos pocos hacen un mucho”. “Esta situación, que en unos casos es de caída y en otros de freno, ya se empezó a producir en algunos segmentos de turistas en 2024”, detalla. Turistas en el aeropuerto de Palma. Aumento de la crisis de vivienda Entre 2015 y 2025, los aeropuertos de Balears han incrementado en un 42,8% el número de pasajeros. Sin embargo, lamenta Femenia, las nuevas ampliaciones en los aeropuertos del archipiélago amenazan con, en su opinión, aumentar “la crisis de vivienda y la turistificación”. El portavoz de la Plataforma señala que el DORA III (Documento de Regulación Aeroportuaria), que desgrana el plan de inversiones de Aena para 2027-2031, ofrece nuevas rutas aéreas que “agravarán la crisis de vivienda” en Balears. “Queremos transmitir una grave preocupación social ante las políticas aeroportuarias que impulsa Aena con el beneplácito del Gobierno y Govern”, afirman. En el caso del aeropuerto de Palma se invertirán 622 millones de euros, dentro del conjunto de los casi 13.000 de inversión global, como informó este diario. En el caso de Eivissa, se prevé un gasto de 229,7 millones, lo que supone una ampliación de la infraestructura en un 30%, mientras que en el de Menorca se destinarán 170,7 millones y un aumento del 25 por ciento de la superficie del aeropuerto. “Es una incongruencia porque no puedes prever una inversión de 622 millones de euros y esperar que no se incremente la capacidad del aeropuerto”, responde Femenia cuando se le pregunta sobre lo que decía la anterior presidenta del Govern, Francina Armengol, sobre la ampliación del aeropuerto de Palma. En este sentido, recuerda que desde 2022 se han abierto unas quince nuevas rutas aéreas con Palma (Zúrich, Dubai, Andorra, Bournemouth, Montreal, Dinamarca, Washington, Bremen, Lisboa, Abu Dhabi, Nápoles, Budapest, Varsovia, Kassel y Bruselas, lo cual ha supuesto, según su análisis, “una fuerte entrada del mercado extranjero”. Pere Joan Femenia, fundador de Fridays for Future Mallorca, recuerda que desde 2022 se han abierto unas quince nuevas rutas aéreas con Palma (Zúrich, Dubai, Andorra, Bournemouth, Montreal, Dinamarca, Washington, Bremen, Lisboa, Abu Dhabi, Nápoles, Budapest, Varsovia, Kassel y Bruselas En el caso de Eivissa, el aeropuerto se sitúa dentro del Parque Natural de ses Salines, uno de los ecosistemas más ricos del Mediterráneo. Este espacio natural también es un área de descanso y nidificación para las aves, como los flamencos, así como de especial interés por sus valores ecológicos, paisajísticos, históricos y culturales. “Depende de cómo sea la ampliación, podría darse una situación como la del aeropuerto de El Prat en Barcelona, donde hubo muchísima polémica porque el humedal de La Ricarda se verá afectado”, analiza. En el caso de la Pitiusa del norte, podría haber nuevos impactos acústicos o de contaminación. Además, pese a que las inversiones aeroportuarias a menudo se venden como “remodelaciones para mejorar el confort de los pasajeros, así como mejorar en eficiencia energética y sostenibilidad”, según Femenia, se trata de “una estrategia de greenwashing porque es verdad que se mejora la eficiencia energética pero, realmente, el foco principal es el consumo energético de los aeropuertos, que viene del combustible de los aviones”. El aumento del número de vuelos se podría dar, dice el portavoz de la Plataforma, en temporada baja o media. “Estamos incumplimiento los retos de sostenibilidad”, lamenta, en el contexto de crisis climática. “La parte energética es bastante ínfima en cuanto al consumo energético total de los aeropuertos, pero les interesa más hablar de infraestructura que del coste [total]”, asevera.7 En el caso de Eivissa, el aeropuerto se sitúa dentro del Parque Natural de ses Salines, uno de los ecosistemas más ricos del Mediterráneo El incremento en el número de pasajeros prevé alcanzar los 36 millones para 2031 en el caso de Palma, tres millones más que en 2025. “Este hecho es responsabilidad directa del Consell [de Mallorca] y del Govern, que fomentan en las negociaciones de las ferias de turismo para la apertura de nuevas rutas aéreas”, advierte. “Esto ha supuesto una gran adquisición de propiedades por parte de fondos extranjeros, creando una presión más elevada del mercado y un incremento de los precios”. De hecho, el 38% de las viviendas vendidas entre 2007 y 2025 fueron adquiridas por ciudadanos no residentes, como informó este diario. “Un ejemplo paradigmático fue el vuelo directo entre Palma y Nueva York, que aumentó en un 300% la venta de vivienda de lujo en Mallorca”, destaca. Según los datos analizados por la Plataforma a través de Aena, también ha habido un incremento en las frecuencias con destinos ya existentes de Alemania, Reino Unido y Francia, entre otros. Por estos motivos, la Plataforma pide limitar y decrecer en el número de vuelos y pasajeros; no abrir nuevas rutas; eliminar los vuelos nocturnos; prohibir los jets privados; eliminar las subvenciones a los carburantes de la aviación; frenar la promoción turística y promover la cogestión aeroportuaria entre el Gobierno y el Govern. Turistas en el aeropuerto de Menorca. Sube el gasto turístico Uno de los datos económicos más relevantes en lo que se refiere al turismo balear es que el gasto medio de los visitantes sigue aumentando. “Este es uno de los aspectos que más sorprende de manera positiva y que se da en todo el archipiélago, incluyendo incluso nacionalidades que experimentan caídas en los movimientos de personas”, sostiene Roselló, vicepresidente de CAEB en Eivissa. El empresario considera que este aspecto tiene que ver con “el cambio de pautas de consumo” que se ha dado desde la pandemia. Es, en su opinión, “una especie de cambio de la cesta de la compra, donde han primado servicios y experiencias sobre la adquisición de bienes materiales”. En este sentido, el vicepresidente de la patronal empresarial balear cree que se ha instaurado la idea de que “hay que vivir la vida” y eso explicaría que “aún cayendo una nacionalidad, como en Ibiza el caso de los alemanes, el gasto turístico aumente”. Esta tendencia, apunta Roselló, iría en la línea de lo que aspira una parte del tejido empresarial balear, en cuanto a “crecer en valor y no en cantidad”. “Esta tendencia ha empezado y de ahí la sorpresa sobre los datos del IPH (que mide la carga demográfica real sobre el territorio), aunque hay que ser cautos y esperar a tener una serie estadística más amplia y prolongada en el tiempo para sacar conclusiones”, matiza. El combustible y el precio de los vuelos En el contexto de la guerra de Irán, 53 países han unido fuerzas para reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Por otro lado, el presidente de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha afirmado recientemente que a Europa le quedan “quizás seis semanas de combustible para aviones” y ha advertido que “pronto” podría haber cancelaciones de vuelos si los suministros de petróleo siguen bloqueados. Esta situación podría terminar afectando a la temporada turística. “Estamos a las puertas de una temporada con una gran incertidumbre. Hay varias zonas de guerra en el mundo, lo que hace tambalear la economía de muchas familias y de muchos países”, afirma José Luis Benítez, presidente de Ocio de Ibiza. En este sentido, Alicia Reina, presidenta de la Asociación Española de Directores de Hoteles en Balears, aseguró en el programa Al Dia Pitiüses, de IB3 Ràdio, que “los incrementos de las tarifas y los costes se van a trasladar al cliente final”. Agentes de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera en el aeropuerto de Eivissa. “Es innegable que, si suben las mercancías, suben los costes de transporte o suministros, evidentemente eso se va a tener que trasladar al precio final que tiene que pagar el viajero”, sostuvo. En su opinión, el reto es mantener la percepción que tiene el cliente de que “lo que paga se ajusta a lo que recibe”. “Ese equilibrio tenemos que salvaguardarlo de alguna manera, no solo como hoteles independientes cada uno de nosotros, sino como destino”, advirtió. Asimismo, cree que hay un tipo de turista “al que vamos muy encaminados en la isla, que es de alto poder adquisitivo, que no va a estar tan afectado por todas estas cuestiones geopolíticas y el incremento de costes y de precios”. Roselló conoce bien determinadas zonas de Centroamérica, tras una experiencia laboral que pasó por México, República Dominicana y Costa Rica. La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que derrocó a Nicolás Maduro, ha generado efectos también en la industria turística. La nueva Doctrina Monroe que está aplicando Donald Trump en América Latina está golpeando especialmente a Cuba, que ha vivido una grave crisis de combustibles fósiles debido a su dependencia del crudo venezolano. “Hay quién así lo cree y puede ser que acabe teniendo razón. Yo prefiero ser algo cauto y no incurrir en análisis tan ‘mecánicos’ y que parecen muy lógicos”, sostiene Roselló, preguntado sobre si Balears podría recibir más turistas debido a la delicada situación que hay en otros destinos turísticos. En su opinión, puede darse este fenómeno, pero también puede haber “efectos económicos en sentido contrario, como que la población de nuestros mercados emisores tienda de por sí a retraerse y veranear en su propio país, como elemento de prudencia”. Asimismo, matiza que entre los fenómenos adversos puede darse que la evolución de los precios de los combustibles “vaya a más y esto encarezca el transporte y, por extensión, el precio de las vacaciones; o que simplemente haya dificultades de stocks en el tema del keroseno y esto obligue a ajustar trayectos, con su efecto directo en el turismo”. “En realidad, no sabemos nada y cada día desayunamos con una noticia que contradice la del día anterior”, advierte el vicepresidente de CAEB en Eivissa. Apuesta por el segmento de lujo Tras la crisis económica de 2008, y en medio de la crisis de la eurozona, el Govern conservador de José Ramón Bauzá introdujo cambios en la ley turística (2012), promovida por el conseller del ramo, Carlos Delgado (PP), y que supuso, según Macià Blázquez, catedrático en Geografía de la Universitat de les Illes Balears (UIB), “una reconversión”. “Una mejora de la calidad de la oferta que tiende a la elitización” con el objetivo de “atraer capitales y dar mayores tasas de beneficio a los inversores”, afirmó a elDiario.es. Para Morgan, presidenta de Amics de la Terra, tiene “muchos impactos que son muy negativos”. “Aumento del precio de la vivienda, del consumo de recursos como agua y energía y transformación del suelo en las villas y mansiones de lujo que se convierten en grandes jardines tropicales, lo que también afecta a la biodiversidad”. Además, se produce un “aumento de emisiones, lo que afecta al cambio climático”. Por otro lado, lamenta que la gentrificación turística “afecta a toda la población”. “La más joven no puede planificar su futuro [en la isla] porque no tiene acceso a la vivienda”.7
26 minutes
El inspector jefe aporta, en calidad de protocolo, manuales de uso de la aplicación de llamadas, además de un documento fechado posteriormente sobre el mismo software y otro documento sin firma ni selloAntecedentes - La jueza del accidente de El Bocal quiere conocer si la Policía Local de Santander tiene un protocolo de llamadas para avisos recibidos del 112 El Ayuntamiento de Santander, con Gema Igual (PP) al frente, entregó como prueba judicial en la fase de instrucción del caso de El Bocal, un informe denominado “protocolo de sala”, con pantallazos de la aplicación informática de registro policial, emitido tras la fecha del suceso. Junto al informe, adjuntó como anexos tres documentos anexos denominados “protocolos” y otro llamado “instrucción”. Por un lado, un “protocolo de sala” que responde al documento de descripción del software para llamadas al 092, en su versión original, del año 2002 y otro “protocolo de sala”, con modificaciones de la aplicación de escritorio, del año 2022. Además, envió un “protocolo de actuación”, que es un listado de tipos de hechos en una tabla, fechado posteriormente al suceso y una “instrucción interna de actuación policial”, que es un documento sin fecha, firma ni sello, según ha podido constatar elDiario.es. El inspector jefe envió el informe con los cuatro documentos anexos que, tras ser revisados, funcionan como manual de uso del programa, pero no responden a un protocolo de actuación o reglamento interno que desglose los pasos a seguir para la gestión de avisos, como el del 2 de marzo de 2026. El desplome de la pasarela de El Bocal, el pasado 3 de marzo, en la franja norte de la ciudad, por el que fallecieron seis personas y una resultó herida, vino precedido el 2 de marzo por una llamada de aviso al 112: un vecino alertó sobre el mal estado de la pasarela y el 112 comunicó la información de la llamada a una agente del Centro Coordinador de Servicios de la Policía Local, que pasó a ser investigada en la actual fase de instrucción. Tras el suceso, la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP) defendió la existencia de un “software” de gestión de llamadas y de un protocolo operativo en la Policía Local, aunque los sindicatos policiales lo desmintieron. Después, la jueza pidió al Ayuntamiento “copia del protocolo de actuación para la atención de avisos de ciudadanos vigente en fecha de los hechos (3 de marzo de 2026), en particular en lo relativo a la recepción, clasificación, traslado y seguimiento de incidencias reportadas por ciudadanos, tanto con carácter general como en lo relativo a riesgos en infraestructuras públicas”. Además, pidió “copia de cualquier instrucción interna, circular o manual complementario que establezca criterios de actuación para los operadores del servicio”. La alcaldesa, en una comparecencia en la que habló sin compartir la documentación enviada a la jueza, informó de que iba a enviar esos protocolos, pero en ningún caso los compartió. El 23 de marzo, el inspector jefe de la Policía Local envió al concejal de Seguridad Ciudadana un informe firmado ese mismo día como “protocolo de sala” del CCS, aseverando que “se procede a emitir el presente informe” sobre el “procedimiento operativo” que, según ratifica el documento, es una aplicación informática llamada Oracle en la que los agentes del CCS anotan, cuando procede, el detalle de las llamadas “desde 2002”. Pese a que la jueza instructora solicitó una copia del protocolo, en el mismo documento el inspector jefe dice “el presente informe describe la actuación a seguir por el operador de sala 092 mediante el citado software durante las fases de recepción, clasificación, traslado y seguimiento de incidencias reportadas”. En el informe, ilustra con pantallazos de la aplicación Oracle los seguimientos de actuación. Por un lado, el anexo I, el llamado “protocolo de actuación”, firmado y sellado por el inspector jefe, es una tabla de 97 páginas, con el “listado de tipos de hechos asociados”. Fechada el 17 de marzo de 2026, con tres categorías: hecho, protocolo e implicación, en el cual hace falta conocer el programa, para determinar la actuación, a diferencia de un protocolo operativo de funcionamiento. Por otro lado, el anexo II es la instrucción interna: va sin firma, ni fecha ni sello (aunque en el informe del inspector jefe se afirma que es de 2010), y con distinta tipografía. Describe en dos páginas la “actuación policial en situaciones de accidente grave, incendios, derrumbes, explosión de gas, etcétera”. A esto, agrega el documento enviado por el inspector jefe, se agrega que para el conocimiento del hecho y la recogida de información, “lo habitual es que se reciba la información en el CCS, y sea mediante llamada telefónica” y que “al recibir el aviso de los anteriores casos o de ”emergencia, etcétera, se recabará cuanta información sea posible“. El anexo III es el llamado “Protocolo sala 092 gestión llamadas”: es el manual original entregado por la empresa al Ayuntamiento en 2002 sobre el programa de escritorio del CCS. Y el anexo IV, está nombrado como “protocolo sala 092 manual recepción de llamadas” y es la actualización del manual, 20 años después, ya con sello único de la Policía, del mismo programa, en cinco páginas. Las dudas de la jueza con el “protocolo” El 27 de marzo, la agente del 112 que recibió el aviso del vecino el día 2 de marzo, también pasó a ser investigada. El 1 de abril, la jueza instructora requirió al Ayuntamiento que emitiese un informe “aclarando si el protocolo de actuación y documentación del que fue requerida Policía Local y aportada a las actuaciones mediante escrito presentado por Ayuntamiento de Santander de 23 de marzo de 2026 se activa o aplica solo para llamadas o avisos procedentes de ciudadanos, quedando excluidas las procedentes del Servicio de Emergencias 112, o es el único protocolo aplicable o, en su caso, si existe el propio para avisos procedentes de otros Servicios de Emergencias, como el del 112”. El 3 de abril, un sindicalista y agente del Centro Coordinador afirmó de que la Policía Local carece de un software informático especializado y sostuvo que toman notas con bolígrafo y luego, si fuera el caso, movilizan efectivos y registran el aviso en la aplicación de escritorio. El 7 de abril, la jueza instructora pidió conocer el protocolo de llamadas para avisos de la Policía Local y al día siguiente el Ayuntamiento remitió a la jueza un informe firmado por el inspector jefe. La respuesta llegó en otro informe de tres páginas del inspector jefe, firmado el 8 de abril, también con pantallazos que contradecía al sindicalista que trabaja también con la policía local investigada en el CCS: el inspector jefe aseguró que “todas las incidencias registradas” por el Centro de Coordinación de Servicios, “con independencia de su origen, se documentan” en la herramienta Oracle. A lo que agregó “por tanto, todas las incidencias generadas a partir de las comunicaciones de los servicios de emergencias, incluidas las del 112, se encontrarían plenamente integradas dentro de la aplicación”, “no existiendo procedimiento diferenciado alguno en función del origen de los avisos”. Una versión que choca con fuentes policiales y fuentes del caso.
El inspector jefe aporta, en calidad de protocolo, manuales de uso de la aplicación de llamadas, además de un documento fechado posteriormente sobre el mismo software y otro documento sin firma ni selloAntecedentes - La jueza del accidente de El Bocal quiere conocer si la Policía Local de Santander tiene un protocolo de llamadas para avisos recibidos del 112 El Ayuntamiento de Santander, con Gema Igual (PP) al frente, entregó como prueba judicial en la fase de instrucción del caso de El Bocal, un informe denominado “protocolo de sala”, con pantallazos de la aplicación informática de registro policial, emitido tras la fecha del suceso. Junto al informe, adjuntó como anexos tres documentos anexos denominados “protocolos” y otro llamado “instrucción”. Por un lado, un “protocolo de sala” que responde al documento de descripción del software para llamadas al 092, en su versión original, del año 2002 y otro “protocolo de sala”, con modificaciones de la aplicación de escritorio, del año 2022. Además, envió un “protocolo de actuación”, que es un listado de tipos de hechos en una tabla, fechado posteriormente al suceso y una “instrucción interna de actuación policial”, que es un documento sin fecha, firma ni sello, según ha podido constatar elDiario.es. El inspector jefe envió el informe con los cuatro documentos anexos que, tras ser revisados, funcionan como manual de uso del programa, pero no responden a un protocolo de actuación o reglamento interno que desglose los pasos a seguir para la gestión de avisos, como el del 2 de marzo de 2026. El desplome de la pasarela de El Bocal, el pasado 3 de marzo, en la franja norte de la ciudad, por el que fallecieron seis personas y una resultó herida, vino precedido el 2 de marzo por una llamada de aviso al 112: un vecino alertó sobre el mal estado de la pasarela y el 112 comunicó la información de la llamada a una agente del Centro Coordinador de Servicios de la Policía Local, que pasó a ser investigada en la actual fase de instrucción. Tras el suceso, la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP) defendió la existencia de un “software” de gestión de llamadas y de un protocolo operativo en la Policía Local, aunque los sindicatos policiales lo desmintieron. Después, la jueza pidió al Ayuntamiento “copia del protocolo de actuación para la atención de avisos de ciudadanos vigente en fecha de los hechos (3 de marzo de 2026), en particular en lo relativo a la recepción, clasificación, traslado y seguimiento de incidencias reportadas por ciudadanos, tanto con carácter general como en lo relativo a riesgos en infraestructuras públicas”. Además, pidió “copia de cualquier instrucción interna, circular o manual complementario que establezca criterios de actuación para los operadores del servicio”. La alcaldesa, en una comparecencia en la que habló sin compartir la documentación enviada a la jueza, informó de que iba a enviar esos protocolos, pero en ningún caso los compartió. El 23 de marzo, el inspector jefe de la Policía Local envió al concejal de Seguridad Ciudadana un informe firmado ese mismo día como “protocolo de sala” del CCS, aseverando que “se procede a emitir el presente informe” sobre el “procedimiento operativo” que, según ratifica el documento, es una aplicación informática llamada Oracle en la que los agentes del CCS anotan, cuando procede, el detalle de las llamadas “desde 2002”. Pese a que la jueza instructora solicitó una copia del protocolo, en el mismo documento el inspector jefe dice “el presente informe describe la actuación a seguir por el operador de sala 092 mediante el citado software durante las fases de recepción, clasificación, traslado y seguimiento de incidencias reportadas”. En el informe, ilustra con pantallazos de la aplicación Oracle los seguimientos de actuación. Por un lado, el anexo I, el llamado “protocolo de actuación”, firmado y sellado por el inspector jefe, es una tabla de 97 páginas, con el “listado de tipos de hechos asociados”. Fechada el 17 de marzo de 2026, con tres categorías: hecho, protocolo e implicación, en el cual hace falta conocer el programa, para determinar la actuación, a diferencia de un protocolo operativo de funcionamiento. Por otro lado, el anexo II es la instrucción interna: va sin firma, ni fecha ni sello (aunque en el informe del inspector jefe se afirma que es de 2010), y con distinta tipografía. Describe en dos páginas la “actuación policial en situaciones de accidente grave, incendios, derrumbes, explosión de gas, etcétera”. A esto, agrega el documento enviado por el inspector jefe, se agrega que para el conocimiento del hecho y la recogida de información, “lo habitual es que se reciba la información en el CCS, y sea mediante llamada telefónica” y que “al recibir el aviso de los anteriores casos o de ”emergencia, etcétera, se recabará cuanta información sea posible“. El anexo III es el llamado “Protocolo sala 092 gestión llamadas”: es el manual original entregado por la empresa al Ayuntamiento en 2002 sobre el programa de escritorio del CCS. Y el anexo IV, está nombrado como “protocolo sala 092 manual recepción de llamadas” y es la actualización del manual, 20 años después, ya con sello único de la Policía, del mismo programa, en cinco páginas. Las dudas de la jueza con el “protocolo” El 27 de marzo, la agente del 112 que recibió el aviso del vecino el día 2 de marzo, también pasó a ser investigada. El 1 de abril, la jueza instructora requirió al Ayuntamiento que emitiese un informe “aclarando si el protocolo de actuación y documentación del que fue requerida Policía Local y aportada a las actuaciones mediante escrito presentado por Ayuntamiento de Santander de 23 de marzo de 2026 se activa o aplica solo para llamadas o avisos procedentes de ciudadanos, quedando excluidas las procedentes del Servicio de Emergencias 112, o es el único protocolo aplicable o, en su caso, si existe el propio para avisos procedentes de otros Servicios de Emergencias, como el del 112”. El 3 de abril, un sindicalista y agente del Centro Coordinador afirmó de que la Policía Local carece de un software informático especializado y sostuvo que toman notas con bolígrafo y luego, si fuera el caso, movilizan efectivos y registran el aviso en la aplicación de escritorio. El 7 de abril, la jueza instructora pidió conocer el protocolo de llamadas para avisos de la Policía Local y al día siguiente el Ayuntamiento remitió a la jueza un informe firmado por el inspector jefe. La respuesta llegó en otro informe de tres páginas del inspector jefe, firmado el 8 de abril, también con pantallazos que contradecía al sindicalista que trabaja también con la policía local investigada en el CCS: el inspector jefe aseguró que “todas las incidencias registradas” por el Centro de Coordinación de Servicios, “con independencia de su origen, se documentan” en la herramienta Oracle. A lo que agregó “por tanto, todas las incidencias generadas a partir de las comunicaciones de los servicios de emergencias, incluidas las del 112, se encontrarían plenamente integradas dentro de la aplicación”, “no existiendo procedimiento diferenciado alguno en función del origen de los avisos”. Una versión que choca con fuentes policiales y fuentes del caso.
26 minutes
La jornada del miércoles será así un día con lluvias y chubascos, que se espera sean dispersos y débiles por la mañana y generalizados por la tardeLas lluvias persisten este miércoles: nueve comunidades en alerta y Madrid con aviso naranja El tiempo inestable dejó huellas este martes y este miércoles llega ya de pleno en la Comunidad de Madrid, con chubascos y tormentas que podrían incluso ir acompañadas de granizo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Así, la AEMET ha activado avisos en toda la Comunidad de Madrid durante las horas centrales del día, con alerta naranja en el área metropolitana y Henares, y siendo amarillo en la Sierra y Sur, Vegas y Oeste. La jornada del miércoles será así un día con lluvias y chubascos, que se espera sean dispersos y débiles por la mañana y generalizados por la tarde. Estos podrían ser localmente fuertes o muy fuertes, acompañados incluso de tormenta y granizo y que podrían llevar barro. Temperaturas máximas en descenso Los cielos, además, serían mayoritariamente nubosos o cubiertos, con nubosidad de evolución por la tarde, con algo de calima. El viento, por su parte, soplará flojo de componente sur, sin descartarse alguna racha fuerte o muy fuerte asociada a las tormentas. En cuanto a las temperaturas, las mínimas sufrirán solo pocos cambios, oscilando entre los 10 y 13 grados, mientras las máximas descenderán, sobre todo de forma localmente notable en la mitad sur, entre los 18 y 22 grados.
La jornada del miércoles será así un día con lluvias y chubascos, que se espera sean dispersos y débiles por la mañana y generalizados por la tardeLas lluvias persisten este miércoles: nueve comunidades en alerta y Madrid con aviso naranja El tiempo inestable dejó huellas este martes y este miércoles llega ya de pleno en la Comunidad de Madrid, con chubascos y tormentas que podrían incluso ir acompañadas de granizo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Así, la AEMET ha activado avisos en toda la Comunidad de Madrid durante las horas centrales del día, con alerta naranja en el área metropolitana y Henares, y siendo amarillo en la Sierra y Sur, Vegas y Oeste. La jornada del miércoles será así un día con lluvias y chubascos, que se espera sean dispersos y débiles por la mañana y generalizados por la tarde. Estos podrían ser localmente fuertes o muy fuertes, acompañados incluso de tormenta y granizo y que podrían llevar barro. Temperaturas máximas en descenso Los cielos, además, serían mayoritariamente nubosos o cubiertos, con nubosidad de evolución por la tarde, con algo de calima. El viento, por su parte, soplará flojo de componente sur, sin descartarse alguna racha fuerte o muy fuerte asociada a las tormentas. En cuanto a las temperaturas, las mínimas sufrirán solo pocos cambios, oscilando entre los 10 y 13 grados, mientras las máximas descenderán, sobre todo de forma localmente notable en la mitad sur, entre los 18 y 22 grados.
26 minutes
Los chubascos y las tormentas se intensificarán y se extenderán a más puntos a partir de las horas centralesQué tiempo va a hacer en el puente de mayo: previsión de la Aemet y dónde lloverá Las lluvias seguirán siendo protagonistas un día más. Este miércoles se espera una jornada nubosa, de nuevo con chubascos y tormentas localmente fuertes en regiones de Galicia, nordeste de Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid, de acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Según detalla el organismo estatal, hoy se mantendrá una situación de inestabilidad en la Península con predominio de cielos nubosos o cubiertos a excepción del tercio oriental con intervalos nubosos. Se prevén chubascos y tormentas que desde primeras horas afectarán a regiones del centro y oeste, además de al Cantábrico. Se intensificarán a partir de las horas centrales y extendiéndose a la mayor parte del territorio, a excepción de la fachada oriental y extremo sur donde son poco probables. Durante esta segunda mitad del día es probable que sean fuertes y vayan ocasionalmente acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento en regiones de Galicia, nordeste de Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid, pudiendo serlo también en el entorno de la Ibérica, alto-medio Ebro y área Cantábrica. De hecho, la Aemet ha activado avisos amarillos en ocho comunidades por lluvias y tormentas: Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia País Vasco y La Rioja. En el caso de la región madrileña, el aviso será de carácter naranja (riesgo importante). Bajan las temperaturas En lo meteorológico, la otra noticia estará en las temperaturas, porque para este miércoles se espera un descenso notable de máximas en áreas del centro y oeste peninsular. Por ejemplo, en Madrid, Lugo, A Coruña, Oviedo o León no pasarán de 19 grados. En cambio, aumentarán en Baleares, Melilla, sureste peninsular y Cantábrico oriental. En el caso de las temperaturas mínimas, sigue la Aemet, bajarán en el oeste peninsular donde se darán al final del día. En cambio, aumentarán en Baleares y regiones del centro este y no se esperan grandes cambios en el resto.
26 minutes
Los chubascos y las tormentas se intensificarán y se extenderán a más puntos a partir de las horas centralesQué tiempo va a hacer en el puente de mayo: previsión de la Aemet y dónde lloverá Las lluvias seguirán siendo protagonistas un día más. Este miércoles se espera una jornada nubosa, de nuevo con chubascos y tormentas localmente fuertes en regiones de Galicia, nordeste de Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid, de acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Según detalla el organismo estatal, hoy se mantendrá una situación de inestabilidad en la Península con predominio de cielos nubosos o cubiertos a excepción del tercio oriental con intervalos nubosos. Se prevén chubascos y tormentas que desde primeras horas afectarán a regiones del centro y oeste, además de al Cantábrico. Se intensificarán a partir de las horas centrales y extendiéndose a la mayor parte del territorio, a excepción de la fachada oriental y extremo sur donde son poco probables. Durante esta segunda mitad del día es probable que sean fuertes y vayan ocasionalmente acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento en regiones de Galicia, nordeste de Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid, pudiendo serlo también en el entorno de la Ibérica, alto-medio Ebro y área Cantábrica. De hecho, la Aemet ha activado avisos amarillos en ocho comunidades por lluvias y tormentas: Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia País Vasco y La Rioja. En el caso de la región madrileña, el aviso será de carácter naranja (riesgo importante). Bajan las temperaturas En lo meteorológico, la otra noticia estará en las temperaturas, porque para este miércoles se espera un descenso notable de máximas en áreas del centro y oeste peninsular. Por ejemplo, en Madrid, Lugo, A Coruña, Oviedo o León no pasarán de 19 grados. En cambio, aumentarán en Baleares, Melilla, sureste peninsular y Cantábrico oriental. En el caso de las temperaturas mínimas, sigue la Aemet, bajarán en el oeste peninsular donde se darán al final del día. En cambio, aumentarán en Baleares y regiones del centro este y no se esperan grandes cambios en el resto.
26 minutes
Escucha el cuarto episodio de '¿Atado y bien atado?', el podcast presentado por la periodista y escritora Olga Rodríguez Continuamos la programación de los podcasts en vivo de Atado y Bien Atado, conducidos por Olga Rodríguez, con un nuevo episodio en donde abordaremos cuestiones fundamentales en España como la memoria histórica o la educación y el estudio del franquismo en nuestras aulas. Una dictadura no desaparece cuando muere el dictador. Deja marcas. Deja silencios. Deja miedos, inercias, heridas abiertas y también relatos interesados sobre lo que pasó. Y deja, sobre todo, una disputa permanente entre lo que se recuerda, lo que se olvida y lo que nunca se llega a contar del todo. Han pasado cincuenta años desde la muerte de Franco. Cincuenta años. Y, sin embargo, cuando hablamos del franquismo no estamos hablando solo de algo que quedó atrás o de una foto en blanco y negro perdida en un libro de historia. Estamos hablando también de algo que, de muchas maneras, es parte de nuestro presente. Porque hay víctimas que siguen esperando verdad, justicia y reparación. Porque hoy en día el franquismo puede aparecer desdibujado, trivializado o reducido a una caricatura, a un meme, a una broma o incluso a un tiempo mitificado. Porque hay aspectos de aquel régimen que durante mucho tiempo se explicaron poco y mal. O directamente no se explicaron en nuestras escuelas, haciendo de la amnesia una auténtica política de estado. Cincuenta años después de la muerte del dictador, el franquismo sigue siendo una asignatura pendiente en muchos colegios de nuestro país. Y de todo ello vamos a hablar en este podcast, de la mano de Estela y Yul, dos alumnas del Colegio Lourdes, miembras del grupo de memoria democrática de su centro. Además, contaremos con la participación especial de Rosa García Alcón, activista antifranquista que estuvo en la cárcel y sufrió tortura durante la dictadura. Un podcast realizado con la colaboración de la Celebración de los 50 años de libertad en España. Sigue a ¿Atado y bien atado? en tu plataforma de audio favorita para no perderte ningún episodio: Spotify Apple Podcast Ivoox Podimo RSS
Escucha el cuarto episodio de '¿Atado y bien atado?', el podcast presentado por la periodista y escritora Olga Rodríguez Continuamos la programación de los podcasts en vivo de Atado y Bien Atado, conducidos por Olga Rodríguez, con un nuevo episodio en donde abordaremos cuestiones fundamentales en España como la memoria histórica o la educación y el estudio del franquismo en nuestras aulas. Una dictadura no desaparece cuando muere el dictador. Deja marcas. Deja silencios. Deja miedos, inercias, heridas abiertas y también relatos interesados sobre lo que pasó. Y deja, sobre todo, una disputa permanente entre lo que se recuerda, lo que se olvida y lo que nunca se llega a contar del todo. Han pasado cincuenta años desde la muerte de Franco. Cincuenta años. Y, sin embargo, cuando hablamos del franquismo no estamos hablando solo de algo que quedó atrás o de una foto en blanco y negro perdida en un libro de historia. Estamos hablando también de algo que, de muchas maneras, es parte de nuestro presente. Porque hay víctimas que siguen esperando verdad, justicia y reparación. Porque hoy en día el franquismo puede aparecer desdibujado, trivializado o reducido a una caricatura, a un meme, a una broma o incluso a un tiempo mitificado. Porque hay aspectos de aquel régimen que durante mucho tiempo se explicaron poco y mal. O directamente no se explicaron en nuestras escuelas, haciendo de la amnesia una auténtica política de estado. Cincuenta años después de la muerte del dictador, el franquismo sigue siendo una asignatura pendiente en muchos colegios de nuestro país. Y de todo ello vamos a hablar en este podcast, de la mano de Estela y Yul, dos alumnas del Colegio Lourdes, miembras del grupo de memoria democrática de su centro. Además, contaremos con la participación especial de Rosa García Alcón, activista antifranquista que estuvo en la cárcel y sufrió tortura durante la dictadura. Un podcast realizado con la colaboración de la Celebración de los 50 años de libertad en España. Sigue a ¿Atado y bien atado? en tu plataforma de audio favorita para no perderte ningún episodio: Spotify Apple Podcast Ivoox Podimo RSS
26 minutes
Commission members and public commenters expressed dissatisfaction with the city’s current urban forestry operations. The post Cleveland needs more staff and modern equipment to plant 2,000 trees per year appeared first on Signal Cleveland.
Commission members and public commenters expressed dissatisfaction with the city’s current urban forestry operations. The post Cleveland needs more staff and modern equipment to plant 2,000 trees per year appeared first on Signal Cleveland.
27 minutes
CT's young people are not waiting their turn to step into the political arena. They are organizing, asking hard questions, and leading.
CT's young people are not waiting their turn to step into the political arena. They are organizing, asking hard questions, and leading.
27 minutes
Public health, explained: Sign up to receive Healthbeat’s free Atlanta newsletter here.Georgia ranks second worst in the nation for Hispanic health care, with high rates of uninsured adults and children, according to a report released Wednesday by The Commonwealth Fund. The report used data for 24 health indicators from 2023 and 2024 to rank how states’ health systems perform for different racial groups. Poor access to care and low quality of services drove Georgia’s 48th-place ranking for Hispanic health. Only Arkansas had a worse score. (There was insufficient data to rank Vermont and Tennessee; Washington, D.C., ranked second). In Georgia, 40% of Hispanic adults are uninsured, compared to 23% nationwide. Likewise, 18% of Hispanic children are uninsured, compared to 10% nationwide. That can make it hard to get care, said David Radley, senior scientist at The Commonwealth Fund, a private foundation that conducts health research and promotes health equity. Only 56% of Hispanic children had age-appropriate medical and dental care visits, lower than other ethnic groups in Georgia. About 1.1 million Hispanic people live in Georgia, about 11% of the state’s population. The segment has grown by nearly a third since 2010, according to a report published by the Latino Community Fund and Neighborhood Nexus in 2024. Still, the state’s Hispanic residents have better health outcomes on some indicators than other groups.For example, Hispanic and Asian American people have much lower breast cancer death rates (at 10 per 100,000 female population) than Black and white Georgians. That’s an example of what health researchers call the Hispanic or Latino paradox: “Hispanic people, in general, have a hard time accessing care, but they also have better health outcomes,” Radley told Healthbeat. One factor may be age: Georgia’s Hispanic population is younger than the state’s overall population, Radley said.The median age for Georgia’s Hispanic population is 27.7, compared to 37.6 for the state as a whole, according to U.S. Census data. Gigi Pedraza, executive director of the Latino Community Fund, said, “People from Latin America that migrate to the U.S. (and in general most immigrants) have better health outcomes that decline the longer we stay in the U.S.”Once here, they may lack access to healthy foods, have less physical activity, and face social and economic stressors, she said. Many Hispanic people in Georgia are self-employed, may work physically demanding jobs and cannot afford health insurance. They often cannot access safety-net programs due to their immigration status. Undocumented immigrants are not able to purchase insurance through the Affordable Care Act or qualify for Medicaid or Medicare in Georgia. The One Big Beautiful Bill passed by Congress and signed by President Donald Trump in July further restricts Medicaid eligibility for many lawfully present immigrants, such as refugees, asylum seekers, and survivors of domestic violence and trafficking. Anti-immigrant rhetoric and fear about deportations also has contributed to people’s reluctance to seek health care, Pedraza said. “Parents feel it is not for their families, they cannot trust the system or their decision-makers,” she said. Asian Americans had the best overall score in Georgia, indicating better health care access, quality, and outcomes, followed by white people. Health disparities persist for Black GeorgiansHealth system performance for Black Georgians was slightly better than other states’, but disparities remain, Radley said. “Tragically, this is reflected across the age continuum,” said Dr. Harry Heiman, a professor at the Georgia State University School of Public Health.For example, 10.7 Black infants per 1,000 live births die in Georgia, similar to the 10.9 rate for Black people nationally. But that’s more than double the rate for white infants in Georgia, Radley said. Likewise, while Black women have high rates of screening for breast cancer, Black women die of breast cancer at higher rates than other racial groups. Sixteen percent of Black adults in Georgia are uninsured, compared to 12% nationally. People skipping health care due to costsOverall, health care costs appear to be one driver of poor outcomes in Georgia, in line with nationwide trends. Rates of people who skipped care because of cost hit record lows in 2021 and 2022, according to The Commonwealth Fund report. That was likely due to pandemic-era policies, such as enhanced premium tax credits for ACA insurance plans and continuous enrollment for Medicaid, Radley said. Now those numbers have started to increase again nationwide. High uninsured rates and lack of access to care affect many Georgians, regardless of their race, Heiman said, and reflect “system and structural-level failures that affect all Georgians.”Georgia is one of 10 states that have not expanded Medicaid. In Georgia, 17% of Black adults, 29% of Hispanic adults, 13% of white adults, and 10% of Asian American adults skipped care because of cost, according to data from 2023 and 2024. And that was before recent policy changes that have led to an increase in the number of people without health insurance, Radley said. More than half a million Georgians have lost health insurance due to increased costs for ACA plans after a tax credit expired in December. Rebecca Grapevine is a reporter covering public health in Atlanta for Healthbeat. Contact Rebecca at rgrapevine@healthbeat.org.
Public health, explained: Sign up to receive Healthbeat’s free Atlanta newsletter here.Georgia ranks second worst in the nation for Hispanic health care, with high rates of uninsured adults and children, according to a report released Wednesday by The Commonwealth Fund. The report used data for 24 health indicators from 2023 and 2024 to rank how states’ health systems perform for different racial groups. Poor access to care and low quality of services drove Georgia’s 48th-place ranking for Hispanic health. Only Arkansas had a worse score. (There was insufficient data to rank Vermont and Tennessee; Washington, D.C., ranked second). In Georgia, 40% of Hispanic adults are uninsured, compared to 23% nationwide. Likewise, 18% of Hispanic children are uninsured, compared to 10% nationwide. That can make it hard to get care, said David Radley, senior scientist at The Commonwealth Fund, a private foundation that conducts health research and promotes health equity. Only 56% of Hispanic children had age-appropriate medical and dental care visits, lower than other ethnic groups in Georgia. About 1.1 million Hispanic people live in Georgia, about 11% of the state’s population. The segment has grown by nearly a third since 2010, according to a report published by the Latino Community Fund and Neighborhood Nexus in 2024. Still, the state’s Hispanic residents have better health outcomes on some indicators than other groups.For example, Hispanic and Asian American people have much lower breast cancer death rates (at 10 per 100,000 female population) than Black and white Georgians. That’s an example of what health researchers call the Hispanic or Latino paradox: “Hispanic people, in general, have a hard time accessing care, but they also have better health outcomes,” Radley told Healthbeat. One factor may be age: Georgia’s Hispanic population is younger than the state’s overall population, Radley said.The median age for Georgia’s Hispanic population is 27.7, compared to 37.6 for the state as a whole, according to U.S. Census data. Gigi Pedraza, executive director of the Latino Community Fund, said, “People from Latin America that migrate to the U.S. (and in general most immigrants) have better health outcomes that decline the longer we stay in the U.S.”Once here, they may lack access to healthy foods, have less physical activity, and face social and economic stressors, she said. Many Hispanic people in Georgia are self-employed, may work physically demanding jobs and cannot afford health insurance. They often cannot access safety-net programs due to their immigration status. Undocumented immigrants are not able to purchase insurance through the Affordable Care Act or qualify for Medicaid or Medicare in Georgia. The One Big Beautiful Bill passed by Congress and signed by President Donald Trump in July further restricts Medicaid eligibility for many lawfully present immigrants, such as refugees, asylum seekers, and survivors of domestic violence and trafficking. Anti-immigrant rhetoric and fear about deportations also has contributed to people’s reluctance to seek health care, Pedraza said. “Parents feel it is not for their families, they cannot trust the system or their decision-makers,” she said. Asian Americans had the best overall score in Georgia, indicating better health care access, quality, and outcomes, followed by white people. Health disparities persist for Black GeorgiansHealth system performance for Black Georgians was slightly better than other states’, but disparities remain, Radley said. “Tragically, this is reflected across the age continuum,” said Dr. Harry Heiman, a professor at the Georgia State University School of Public Health.For example, 10.7 Black infants per 1,000 live births die in Georgia, similar to the 10.9 rate for Black people nationally. But that’s more than double the rate for white infants in Georgia, Radley said. Likewise, while Black women have high rates of screening for breast cancer, Black women die of breast cancer at higher rates than other racial groups. Sixteen percent of Black adults in Georgia are uninsured, compared to 12% nationally. People skipping health care due to costsOverall, health care costs appear to be one driver of poor outcomes in Georgia, in line with nationwide trends. Rates of people who skipped care because of cost hit record lows in 2021 and 2022, according to The Commonwealth Fund report. That was likely due to pandemic-era policies, such as enhanced premium tax credits for ACA insurance plans and continuous enrollment for Medicaid, Radley said. Now those numbers have started to increase again nationwide. High uninsured rates and lack of access to care affect many Georgians, regardless of their race, Heiman said, and reflect “system and structural-level failures that affect all Georgians.”Georgia is one of 10 states that have not expanded Medicaid. In Georgia, 17% of Black adults, 29% of Hispanic adults, 13% of white adults, and 10% of Asian American adults skipped care because of cost, according to data from 2023 and 2024. And that was before recent policy changes that have led to an increase in the number of people without health insurance, Radley said. More than half a million Georgians have lost health insurance due to increased costs for ACA plans after a tax credit expired in December. Rebecca Grapevine is a reporter covering public health in Atlanta for Healthbeat. Contact Rebecca at rgrapevine@healthbeat.org.
27 minutes
Some 315 truck companies, mostly from out-of-state, owe $5.2 million in unpaid tolls on the turnpike, state officials say. The post Truck companies owe Ohio $5.2 million in unpaid tolls, officials say appeared first on Signal Cleveland.
Some 315 truck companies, mostly from out-of-state, owe $5.2 million in unpaid tolls on the turnpike, state officials say. The post Truck companies owe Ohio $5.2 million in unpaid tolls, officials say appeared first on Signal Cleveland.
27 minutes
CMSD leaders faced protests and criticism from district staff who say cuts will harm children and the district in the long run. The post CMSD leaders face sharp criticism for ‘weakening’ community trust with layoffs appeared first on Signal Cleveland.
CMSD leaders faced protests and criticism from district staff who say cuts will harm children and the district in the long run. The post CMSD leaders face sharp criticism for ‘weakening’ community trust with layoffs appeared first on Signal Cleveland.
27 minutes
Every dollar this country sends abroad carries a moral signature. Sen. Blumenthal affixed ours to bulldozers and bombs.
Every dollar this country sends abroad carries a moral signature. Sen. Blumenthal affixed ours to bulldozers and bombs.
27 minutes
This bill would make it easier for religious organizations like churches and synagogues to build affordable housing on their own land.
This bill would make it easier for religious organizations like churches and synagogues to build affordable housing on their own land.
28 minutes
Dünýäniň dürli regionlarynda we Türkmenistanda şu günki bolan we bolup duran soňky wakalar barada gysgaça habarlar.
28 minutes
Dünýäniň dürli regionlarynda we Türkmenistanda şu günki bolan we bolup duran soňky wakalar barada gysgaça habarlar.