El Ayuntamiento del Prat se suma a las quejas mientras el ministro defiende que los 191 millones previstos para este ciclo son para compensar daños ambientales en caso de que la UE apruebe la obraEl Gobierno aprueba la mayor inversión histórica en aeropuertos y una subida de tarifas de 3 céntimos al año hasta 2031
La aprobación del plan inversor aeroportuario del Gobierno para los próximos cinco años ha levantado ampollas entre los ministros de Sumar. Los socios del Ejecutivo han expresado su rechazo a un “modelo de crecimiento” que, a su juicio, agravará las emisiones y la presión turística. Una de sus principales quejas es además la inclusión, ya prevista, de las primeras partidas para preparar la ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a su vez portavoz de Sumar, ha tachado de “locura” la intención de extender la pista del lado mar del Prat para ganar capacidad operativa, un proyecto pactado por Aena y la Generalitat hace más de un año. Su rechazo se debe no solo a que afectará a los humedales de la Ricarda, que la Administración asegura que compensará, sino porque permitirá aumentar de 55 a 70 millones de pasajeros.
“Nos oponemos a este plan para seguir haciendo crecer de forma indefinida la actividad aeroportuaria”, ha insistido Urtasun. En el caso barcelonés, además, desde Sumar han lamentado que se avance en la ampliación sin tener en cuenta que antes debe validarla la Comisión Europea, dado que afecta a zonas protegidas de la Red Natura 2000.
Durante la presentación del Documento Regulador Aeroportuaria 2027-2031, que prevé 13.000 millones de inversión para todos los aeródromos, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha argumentado que las partidas para la ampliación del Prat son muy reducidas y, en cualquier caso, se destinan a trabajos previos a la espera del aval de Bruselas.
De los 1.760 millones de euros que irán al Prat en los próximos cinco años, la mayoría va a mejorar y reconfigurar las terminales T1 y T2. De cara a la ampliación de la tercera pista del aeropuerto, ha manifestado Puente, se destinan 191 millones principalmente a actuaciones “preparatorias” para la terminal Satélite y a “compensaciones” medioambientales por el alargamiento de la pista “en caso de que la UE considere que son viables”.
En concreto, y tal como pactaron la Generalitat y Aena cuando dieron el visto bueno a la ampliación, la partida de compensaciones sería para comprar suelo en zonas cercanas y desarrollar espacios naturales equiparables a los afectados en La Ricarda.
A la espera del Plan Director para esta obra, ya en marcha y que se deberá trasladar a Bruselas, Puente ha añadido que el grueso de la inversión para las obras de la pista mar se incluirán en el próximo DORA, el IV. El objetivo del Goberno sigue siendo tener la infraestructura actualizada en 2033.
“La Ricarda no es compensable”, ha proclamado la alcaldesa del Prat, Alba Bou, en una comparecencia de urgencia. La edil lamenta que se haya aprobado el DORA III sin el consenso de corporaciones locales afectadas como la suya, y confía en que Bruselas acabe tumbando los planes del Gobierno. Tal como ha recordado, sigue sin resolver un expediente abierto por la Comisión por incumplir las compensaciones ambientales de la última ampliación de la infraestructura, a principis de siglo.
