Tras eliminar en 2024 la obligatorieda de que los demandantes de promociones privadas de vivienda proyegida se inscribieran en el registro de la Generalitat, el portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, ha afirmado que cada promotora que lance una construcción deberá publicar un listado
Mazón eliminó controles activados por la izquierda para prevenir fraude en la adjudicación de VPO como las de Alicante
Al respecto ha afirmado que desde el Gobierno valenciano se ha actuado con “ejemplaridad e inmediatez” y ha comentado que no conoce ningún otro caso en el que se haya suspendido de empleo y sueldo con tanta celeridad a un funcionario cuando se detecta que ha cometido una presunta irregularidad por haber tramitado un expediente que afectaba a su mujer, “teniendo derecho o no, en lugar de inhibirse no lo hace”, en referencia al funcionario de la Conselleria de Vivienda que hacía los visados para comprobar que los adjudicatarios de las viviendas cumplían los requisitos para obtenerlas y que ha sido apartado.
Sobre los cambios aplicados por el PP en el decreto del año 2024 por los que se ha subido el nivel de renta para poder acceder a una vivienda protegida y se ha eliminado la obligatoriedad de inscribirse en el registro de demandantes de la Generalitat con una declaración jurada, Barrachina ha comentado que “la cooperativa Les Naus fue constituida en 2018, muy anterior al cambio de Gobierno de 2023, y se han reforzado las medidas control”. En esta línea, ha recordado que una de las medidas que se va a implementar tras este caso es la creación de órgano colegiado formado por al menos “dos personas que verifiquen tanto la inhibición como las faltas de control en los expedientes” para realizar los visados. Además ha recordado que en virtud del decreto de 2024 los notarios no pudiesen autorizar firmas de compra venta de viviendas sin el visado previo y la posibilidad de compra por tanteo y retracto en caso de que se autorice una venta de una vivienda protegida al precio tasado por la normativa.
En cuanto a la eliminación de la obligatoriedad de inscribirse en el registro de demandantes de la Generalitat y de aportar una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos, ha explicado que entre las modificaciones propuestas a colación del caso de Alicante está la obligación de hacer “por parte de estas entidades, en este caso una cooperativa privada, un registro público y accesible para poder contrastar que la baremación se hace adecuadamente”. Se trata de una de las medidas anunciadas por Susana Camarero, vicepresidenta y consellera de Vivida, tras estallar el escándalo. Así, se exigirá un registro de solicitantes de VPP en cada una de las promociones de viviendas desarrolladas en el marco del Plan Vive de la Generalitat con el fin de procurar mayor publicidad y transparencia en el proceso.
Respecto a la ampliación de renta aprobada de 46.800 a 54.600 euros, con opción de llegar a 66.000 euros si se cumplen unos requisitos, ha destacado que fue algo que ya aplicaron el PSPV y Compromís para que las promociones de vivienda no quedaran desiertas: “Ampliaron de 4,5 a 6,5 veces el IPREM sin que fueran capaces de realizar viviendas protegidas. Luego hubo sobre ese aumento hecho por ellos otro aumento mucho más modesto para que se pueda acceder. El problema de acceso a la vivienda no es solo de los colectivos más desfavorecidos, que han visto como en esta legislatura se promueven 1.000 viviendas específicas, sino que afecta a casi todo tipo de rentas. En este caso el presunto comportamiento irregular de un funcionario no tuvo que ver con la renta”, ha explicado.
Barrachina ha tratado de reducir a este funcionario las dimensiones del escándalo en lo que a la Generalitat Valenciana le compete, lo que al mismo tiempo supone poner todo el foco y la responsabilidad en el Ayuntamiento de Alicante y en su alcalde, Luis Barcala, para el que Vox ha pedido la dimisión.
Preguntado sobre si esta postura del partido de extrema derecha puede afectar al pacto de investidura del presidente del Consell, Juan Francisco Pérez Llorca, y a las relaciones de populares y ultras en las Corts, Barrachina lo ha descartado: “Siempre hemos tenido una relación de lealtad y de confianza con quienes fueron nuestros socios de Gobierno y la relación de Pérez Llorca es de lealtad y de encuentro constante con Vox y no vemos ningún riesgo de dificultad en las conversaciones”.
El portavoz del Gobierno valenciano ha insistido en reducir el caso a una “única irregularidad, la de no inhibirse en un proceso que afectaba a su mujer y ahora se está investigando si en los visados ha podido haber omisiones que pudieran afectar a matrimonios en régimen de separación de bienes, se está investigando y lo que se vaya encontrando se remitirá a la Fiscalía porque nuestra política es de tolerancia cero desde el primer minuto”.
Por último, cuestionado sobre la posibilidad de recuperar las viviendas que se hayan adjudicado de forma irregular, ha comentado que habrá que estar sujeto “a lo que diga la normativa” y ha añadido que en el caso de que alguno de los adjudicatarios no haya cumplido los requisitos, “si se puede obligar a la cooperativa a hacer una reasignación imagino que el órgano decisor que es esa cooperativa imagino tendrá capacidad para revisarlo, pero no se ha acreditado que ninguno tuviera derecho a acceder a la vivienda”.
