La mayoría no ha verificado aún ni el 50% de las subvenciones y el plazo para hacerlo concluye en junio de 2026; la decisión queda en manos de la Comisión y no está claro qué programas podrán acogerse
Aagesen dará más tiempo para ejecutar más de 1.300 millones en fondos europeos para energía
Las comunidades autónomas han reclamado este lunes al Ministerio para la Transición Ecológica una ampliación del plazo para ejecutar las ayudas al autoconsumo energético y el Moves III, que subvenciona la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la UE.
La petición se ha planteado en la Conferencia Sectorial de Energía que desde las 16 horas de este lunes ha reunido al departamento de Sara Aagesen con los gobiernos autonómicos.
El plazo para justificar estas ayudas (las que están territorializadas entre las comunidades autónomas) concluye en el segundo semestre de 2026. Ahora será la Comisión Europea la que tendrá que decidir sobre esa prórroga. Pero no está claro qué programas podrán acogerse aún esa prórroga.
La petición llega tras constatarse el retraso de algunas comunidades en el ritmo de ejecución de estos programas. En el caso del Moves III, que se puso en marcha en abril de 2021 y después se prorrogó sucesivamente, con un presupuesto total (incluidas las ampliaciones) de 1.335 millones de euros, muy pocas regiones superan el 50% en el porcentaje de verificaciones respecto al presupuesto resuelto, según los datos que se han expuesto en esa conferencia sectorial, a los que ha tenido acceso elDiario.es y que en la mayoría de los casos están actualizados a noviembre de este año.
Así, en el Moves III destacan en el vagón de cola Murcia (solo un 3% de ayudas verificadas), Castilla-La Mancha (18%), Canarias (21%), Extremadura (23%), Cantabria (26%), Catalunya (34%), La Rioja (41%), Navarra (42%), Castilla y León (45%), Galicia (47%), Aragón (48%). Solo cuatro regiones superan el 50%: Andalucía y Comunitat Valenciana (51%), Euskadi (57%) y Madrid (64%).
En el caso de las ayudas al autoconsumo, con un presupuesto total de 2.085 millones, incluidas las ampliaciones aprobadas, también hay una gran disparidad, pese a que las reglas de distribución de estos fondos eran comunes y el ministerio había dado flexibilidad a los gobiernos para agilizar el reparto.
En este caso, las comunidades más rezagadas son Asturias (6% de subvenciones justificadas a noviembre), Murcia (11%), Canarias y Comunitat Valenciana (23%), La Rioja (28%), Andalucía (30%), Extremadura (35%), Castilla-La Mancha (36%), Navarra (40%), Galicia (44%) y Aragón (45%). Por encima del 50% solo están Castilla y León (58%), Madrid (59%) y Euskadi (91%).
La ventanilla para obtener ayudas de estos programas se cerró en diciembre de 2024. Las ayudas tienen que estar subidas, como muy tarde, el 30 de junio de 2026 en la plataforma de gestión de fondos europeos para el PRTR (conocida como aplicativo Coffee).
Por ahora Bruselas ha dado su visto bueno a la prórroga de unos 700 millones que ya están aprobados, sobre todo para cadena de valor e hidrógeno verde, pero está por decidir el resto. Y se plantea la incógnita de qué ocurrirá con las subvenciones que se han concedido si no llegan a tiempo de justificarse ante Bruselas, apuntan fuentes con conocimiento de la situación.
En el caso de las ayudas que distribuye directamente el Gobierno central a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), en octubre el gobierno amplió hasta 2030 en algunos casos el plazo para ejecutar más de 1.300 millones en fondos europeos para energía.
Se trata de proyectos relacionados con repotenciación, eólica marina, almacenamiento, hibridación, comunidades energéticas o geotermia. La petición del Gobierno central llegó después de que en junio la Comisión abriera la puerta a ampliar esos plazos, tras advertir el Tribunal de Cuentas Europeo de que la UE corría el riesgo de no llegar a tiempo para invertir los 723.800 millones que Bruselas puso a disposición de los Estados Miembros en plena pandemia.
La Comunicación de la Comisión en la que se amparó el ministerio instaba a los Estados miembros a “revisar exhaustivamente” sus planes “lo antes posible para garantizar que todos los hitos y objetivos puedan ejecutarse antes del plazo del 31 de agosto de 2026”. Entonces quedaban por desembolsar a escala europea “unos 335.000 millones”, de los que aproximadamente 154.000 millones eran subvenciones y 180.000 millones, préstamos.
