Open Newswire

'എല്ലാവരോടും ക്ഷമിക്കുക, എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുക. പോകാനുള്ള സമയമായി...?' വീട്ടിൽ നടന്ന വിടവാങ്ങൽ ചടങ്ങിനിടെ ബ്രഹ്മകുമാരി സഭയിലെ സഹോദരി ഹരീഷിന്റെ നെറ്റിയിൽ തിലകം ചാർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.

Una carta firmada por 23 investigadores solicita a la Asociación Mundial de Investigación Educativa que suspenda temporalmente sus vínculos con AMIE mientras se investigan las denuncias por presuntos abusos sexuales y laborales contra el catedrático Ramón Flecha. L'entrada Académicos españoles piden a la Asociación Mundial de Investigación Educativa que suspenda sus relaciones con AMIE (CREA) ha aparegut primer a Catalunya Plural.

Un grup d’acadèmics de diverses universitats i centres de recerca espanyols ha demanat a l’Associació Mundial de Recerca Educativa (WERA) que suspengui la relació institucional amb l’Associació Multidisciplinar de Recerca Educativa (AMIE), vinculada al CREA i al catedràtic Ramón Flecha, mentre es resolen les investigacions obertes per presumptes abusos sexuals i laborals. L'entrada Acadèmics espanyols demanen a l’Associació Mundial de Recerca Educativa que suspengui les relacions amb l’AMIE (CREA) ha aparegut primer a Catalunya Plural.

Tindakan ‘pamer’ pencapaian saat lebaran mungkin bentuk mendasar dari kebutuhan kita untuk diterima dan dihargai oleh lingkungan.

Международный аэропорт Дубая (DXB) утром 16 марта временно приостановил полеты.

Au 17e jour de la guerre au Moyen-Orient, Riyad a annoncé avoir intercepté plus de 60 drones au-dessus de son territoire depuis lundi 16 mars à minuit (dimanche 21h TU), selon le ministère de la Défense. Leur origine est encore inconnue. Cela alors que le président américain Donald Trump affirme que Washington est en discussions avec l'Iran, mais ce dernier n'est pas encore prêt à un accord.

«Синьо-жовті» паралімпійці завоювали 19 нагород – 3 золоті, 8 срібних та 8 бронзових медалей

Տալանկինը 2024-ին փախել է Ռուսաստանից՝ իր հետ տանելով այն սկավառակները, որոնցում նկարահանվել էր վավերագրական ֆիլմը։

Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министринин орун басары Мирбек Дүйшеев Кыргызстанда эпизотикалык абал көзөмөлдө экенин парламенттин Агрардык саясат, суу ресурстары, жер казынасын пайдалануу, айлана-чөйрөнү коргоо комитетинин жыйынында билдирди. Мунун алдында депутат Табылды Муратбеков аймактарда мал ылаңдап, тургундар кайрылып жатканын айткан. "Акыркы учурларда аймактарда шарт ылаңы менен малдар ооруп, жем жей албай, температура болуп жатканын айтып кайрылып...

Aniversarea începutului revoluției din 1848 ar trebui să fie un eveniment de comemorare a spiritului libertății, a curajului și jertfei. Însă cu 4 săptămâni înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria, toate acestea devin elemente în campania electorală. Care s-a desfășurat, explicit, și în Transilvania.

Rehefa mamonjy ny tokantranony ny fianakaviana tsirairay, tsy maintsy hita ho isan'ny sakafo ny tsodibi — matetika nataon-tanan'ireo vehivavy anaty taranaka maro mifandimby, izay maneho ny firaisakina'izy ireo sy ny fiaraha-mientany.

Le président Felix Tshisekedi a créé ce week-end par ordonnance le tribunal pénal économique et financier, une instance destinée à juger notamment les affaires de corruption, de détournement de fonds publics ou encore de blanchiment de capitaux. Un parquet y sera rattaché. Cette réforme répond à un constat préoccupant : de nombreux dossiers transmis aux parquets par les services de contrôle ou de renseignement n’aboutissaient pas, faute d’expertise suffisante au sein de la magistrature sur les questions financières. Les autorités veulent donc doter la justice congolaise d’outils plus adaptés.

Hamilton's Library Board got the details correct setting up for the public at last week's contentious meeting.

Ante la subida del nivel del mar y el aumento de la intensidad de los temporales, es fundamental respetar los sistemas de playas y dunas para que el litoral pueda adaptarse.

Parlamentul bulgar a luat o decizie prin care obligă Cabinetul din Sofia să prezinte în legislativ un proiect de lege privind ratificarea aderării Bulgariei la Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump.

El Ayuntamiento liderado por Onalia Bueno tramita una iniciativa privada para regularizar las obras que la empresa promotora ejecutó durante la pandemia sin licencia El último proyecto turístico en Mogán: 92 apartamentos con una licencia de hace 25 años y la sombra de un asesor municipal Una compleja y polémica operación urbanística se gesta en Mogán, municipio turístico del sur de Gran Canaria con 20.000 vecinos censados y una población flotante que ronda las 21.000 personas. La iniciativa parte de una empresa privada, Carrera Ground Floor, que ha presentado un plan para “reequilibrar el uso del espacio urbano, mejorar la calidad ambiental y dotacional del entorno y atender de manera integrada las necesidades de una población envejecida, diversa y sometida a presión turística sostenida”.  A primera vista, la operación parece simple. La empresa propone ceder terrenos al Ayuntamiento para incrementar las dotaciones públicas y zonas verdes a cambio de aumentar la edificabilidad autorizada en Monte Carrera, una urbanización ya construida en la localidad de Arguineguín y donde se promocionan apartamentos “de lujo”.  La promotora vende la iniciativa como una oportunidad para que el municipio gane espacio libre público en una zona de alta densidad residencial. Y el Ayuntamiento de Mogán, a través de su arquitecta municipal, atisba en este proyecto un “impacto positivo” tanto para el entorno urbano como para la calidad de vida de sus habitantes, y ya lo tramita.  Sin embargo, hay un trasfondo judicial que enreda la operación. El fin último de la promotora con esta iniciativa es legalizar 37 viviendas y tres locales que comenzó a construir en la planta baja del complejo durante la pandemia de Covid19 sin título habilitante. Tras detectar que esas obras se estaban ejecutando sin licencia, el departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento abrió un expediente que concluyó con una orden de derribo (de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida). Esa orden es firme en vía administrativa desde hace cuatro años, desde enero de 2022, pero la empresa presentó un recurso judicial contra esa decisión que aún se sustancia en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Las Palmas de Gran Canaria.  Con esa demanda aún pendiente de resolverse, la promotora ya intentó legalizar esas obras en 2024, en una petición que justificó en el decreto de medidas urgentes y extraordinarias en materia de vivienda que aprobó el Gobierno de Canarias para aumentar la oferta de suelo y edificaciones. Sin embargo, los técnicos municipales emitieron un informe desfavorable al considerar que no era pertinente el uso de ese decreto para esos fines.  Tras decaer ese intento, Carrera Ground Floor presentó a finales de 2025 la nueva iniciativa, que incluye un exhaustivo informe elaborado por Urbanfix, una empresa de asesoramiento urbanístico, y que propone una nueva vía para legalizar esas viviendas.   Los antecedentes La licencia original de la urbanización Monte Carrera, en Arguineguín, se concedió en marzo de 2005. El Ayuntamiento autorizó la construcción de 131 viviendas, piscina y garaje en una superficie de 16.000 metros cuadrados. La altura máxima permitida era de dos plantas.  Sin embargo, la urbanización se construyó originalmente con tres alturas, lo que obligó a tapiar la planta baja con un muro perimetral. Es en esa planta baja donde se ubican las 37 viviendas y tres locales que ahora pretende regularizar Carrera Ground Floor, la empresa que tiene el pleno dominio de esa superficie desde enero de 2017 y que representa a alrededor de quince propietarios, muchos de ellos de nacionalidad noruega.  El Ayuntamiento de Mogán recibió en abril de 2020 una denuncia vecinal que advertía de la presencia de trabajadores realizando labores en la planta baja de los inmuebles con el fin de transformarlos en viviendas. La Policía Local constató las obras y levantó actas en mayo y diciembre de ese mismo año. La empresa había demolido los muros de contención y cierre de la parcela y había reformado y acondicionado 37 nuevas viviendas del complejo, ocupando espacios que no tenían licencia de uso habitacional. Esas obras clandestinas originaron la apertura del expediente urbanístico municipal que concluyó en la orden firme de derribo ahora judicializada. El nuevo proyecto  Al margen de ese litigio judicial, la empresa propietaria de esos bajos intenta ahora su legalización por la vía del llamado “Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU) en Loma II”. Se trata de un instrumento de ordenación urbanística de iniciativa privada que pretende resolver la carencia de zonas verdes detectada en la urbanización “a través de una fórmula de cooperación público-privada”.  La memoria del proyecto incide en la alta densidad de esa zona residencial, que cuadruplica la media del municipio, lo que evidencia “una presión notable sobre el espacio urbano disponible y pone de relieve la escasez de zonas libres de uso colectivo”. La empresa incide en que uno de cada cuatro habitantes de esta área supera los 64 años.  “La concentración de personas mayores exige un diseño urbano adaptado, inclusivo y accesible, que favorezca la movilidad peatonal, el descanso y la convivencia”, recoge el documento, que también remarca la “alta diversidad sociocultural” entre los habitantes de esa zona residencial, marcada por “la presencia de población extranjera residente y no nacida en Canarias y por un carácter turístico-residencial consolidado”.  La memoria explica que dentro del ámbito de actuación del plan hay 53 viviendas vacacionales registradas que generan “más de 49.000 pernoctaciones anuales, lo que equivale a una población turística equivalente a 135 personas”. Los portales inmobiliarios tienen a la venta apartamentos de unos 65 metros cuadrados en “el cotizado” complejo Monte Carrera por precios que superan los 300.000 euros.  Las dos alternativas La iniciativa privada plantea dos alternativas. La primera consiste en ofrecer al Ayuntamiento 625 metros cuadrados de suelo que coinciden con los salientes de forma circular que rematan la parcela en cada una de sus cuatro esquinas. El objetivo, siempre según el proyecto, sería “crear pequeños espacios de sombra y estancia para la ciudadanía, asociados a los itinerarios peatonales” de tres calles (Nayra, Falla y Tahona). Como contrapartida, pide un incremento de edificabilidad de 3.120 metros cuadrados para poder destinarlo a usos comerciales o administrativos.  La segunda alternativa es la que contempla la legalización de las 37 viviendas a medio hacer y con orden de derribo. En esta opción, la empresa plantea, además de la cesión de esos 625 metros cuadrados de las esquinas, una recalificación de suelo. Los 6.677 metros cuadrados que ahora ocupa la red viaria en los extremos norte y sur de la parcela (calles Faya y Tahona) y que se destina a aparcamiento se convertirían en “espacio libre”.  Urbanización Monte Carrera, en Arguineguín. El equipo urbanístico contratado por la promotora propone un modelo a imagen de las woonerf holandesas, una especie de calle residencial que prioriza a los peatones y zonas verdes, pero que permite circular a los vehículos a baja velocidad y estacionar.  En esta segunda alternativa, Carrera Ground Floor plantea que ese incremento de edificabilidad de 3.120 metros cuadrados se pueda destinar a uso residencial, a “edificios de vivienda permanente”, lo que supone, en la práctica, la regularización de las 37 viviendas y tres locales situados en la planta baja de la urbanización.  “La alternativa dos supone una propuesta más alineada desde el punto de vista de la recalificación del espacio público urbano, con un efecto más favorable sobre la población”, incide la memoria, dejando claro que esta es la opción preferida de los promotores.  La respuesta del Ayuntamiento La iniciativa privada ha sido, de momento, bien acogida por el Ayuntamiento de Mogán que lidera Onalia Bueno (Juntos por Mogán). En un primer informe, la arquitecta municipal advirtió de que antes de su aprobación inicial y de llevarlo a información pública era necesario, como condicionante previo, someterlo a un procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada. Y eso es lo que se aprobó en el pleno de febrero.  La arquitecta tiene claro que “lo que realmente se plantea” en este proyecto urbanístico es “el cambio de uso de la planta originalmente considerada como sótano”, que pasaría a tener “un aprovechamiento lucrativo en virtud del incremento de edificabilidad propuesto”.  No obstante, el segundo informe de la funcionaria municipal, favorable a la solicitud de inicio de evaluación ambiental, ya contenía una advertencia. Daba el visto bueno a la continuación del procedimiento “sin perjuicio de la valoración jurídica que se efectúe conforme a lo determinado en el cuerpo del presente informe (véase apartado 2.2)”. Ese apartado 2.2 es, precisamente, el que hace referencia al procedimiento judicial que se mantiene abierto a raíz de la demanda contra la orden de derribo de las obras ilegales.  “Esa cuestión (el proceso judicial) deberá ser valorada jurídicamente a fin de determinar su posible incidencia sobre la tramitación del presente instrumento”, advierte la arquitecta.  “Ya existe un impacto visual” El proyecto, por tanto, está ahora en manos de la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos del Ayuntamiento de Mogán.  En su proyecto, la promotora reconoce que ya existe un impacto visual derivado del exceso de volumen edificado (las tres plantas sobre las dos autorizadas), pero sostiene que esa circunstancia debió haber sido analizada y evaluada antes de su ejecución y que ahora “no procede” evaluar “los efectos de unas determinaciones urbanísticas ya cristalizadas”.  Es decir, dado que el objetivo del plan presentado es regularizar algo que ya está hecho y no implica nuevas construcciones, la promotora entiende que “carece de fundamentación utilizar un método de evaluación para identificar efectos ambientales cuando, de existir, estos ya se hubieran dado”. Es decir, que no hay impacto nuevo que valorar.  Dudas sobre la propiedad  La operación urbanística tiene otra arista polémica que tiene que ver con la propiedad del suelo que pretende ceder. En el expediente municipal no consta hasta la fecha ningún documento sobre la titularidad de esos 625 metros cuadrados que la promotora ofrece al Ayuntamiento. Tampoco que la administración lo haya solicitado.  Esta circunstancia se puso de manifiesto en el pleno municipal celebrado el pasado 27 de febrero. Además de censurar que se pretenda utilizar el planeamiento urbanístico para “legalizar lo que es manifiestamente ilegal”, para dar cobertura “a una planta que ya fue declarada ilegal y que ha sido objeto de precinto por el propio Ayuntamiento”, el concejal de la oposición Javier Romero (Nueva Canarias- Bloque Canarista) subrayó que los promotores del expediente no han acreditado ser los propietarios de esos terrenos, pese a que el procedimiento se impulsa a su nombre. Entre la documentación tramitada, señalaba el edil, no figura el certificado de titularidad registral que acredite esa condición.   En esta línea, la Comunidad de Propietarios Monte Carrera Green Garden Club remitió un escrito al Ayuntamiento de Mogán el pasado 6 de marzo para reclamar “la inmediata paralización” del expediente tras tener conocimiento de que “elementos comunes de la comunidad han sido despojados sin haber sido sometidos a la debida consulta o votación por parte de los propietarios ni haber sido cedidos para tal planteamiento”.  La comunidad está personada en el procedimiento que se sigue en los juzgados de lo contencioso por la demanda contra la orden de derribo. Su presidenta señala que se mantienen “al margen de la disputa sobre las obras originales”, pero expresa su preocupación por la cesión de metros cuadrados de zonas comunes “sin consentimiento”.

Los profesionales de los centros periféricos afirman que se les utiliza como “comodines” para cubrir plazas vacantes, lo que les impide hacer un seguimiento normal de los usuarios y les genera estrés y ansiedad por no saber cómo y dónde deberán trabajar'Salud no Responde', el documental que retrata el “desmantelamiento” de la sanidad pública de Andalucía Hoy en Exfiliana y mañana en Purullena. Así es la vida de los sanitarios de la comarca de Guadix en Granada. No saben, y cada vez con menos frecuencia, cuándo y dónde tendrán que trabajar puesto que, según denuncian, desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se les utiliza como “comodines” para cubrir huecos ante la falta de personal. Esta circunstancia, que impacta de lleno en los profesionales de los centros de salud periféricos de esta zona de la provincia, provoca a su vez que los ciudadanos de los municipios en los que están destinados se queden en ocasiones sin atención médica o vean cómo se les anulan citas sin previo aviso. Así, los problemas se multiplican ante la falta de una operativa que funcione de forma coordinada y que respete no solo a los profesionales médicos, sino a los pacientes que necesitan de su sanidad pública. Pues los sanitarios son llamados de improviso en muchas ocasiones para que acudan a otras localidades, pese a que estas estén muy dispersas geográficamente. Una tónica demasiado habitual, lamentan, porque se están perdiendo sanitarios en todo el sistema público, pero con especial incidencia en los entornos rurales. Cansados de esta situación, los profesionales afectados han redactado una batería de quejas que han hecho llegar a este medio. En ella, señalan todo tipo de problemas a la hora de poder ejercer su trabajo desde la dignidad y el respeto a los usuarios. Mientras la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía niega cualquier problema y habla de una asistencia sanitaria que opera con “normalidad”, en el escrito los sanitarios advierten de que esta dinámica organizativa está teniendo consecuencias directas tanto en la calidad asistencial como en sus propias condiciones laborales. Consultorios sin médicos “Se nos utiliza como comodín para cubrir necesidades estructurales de la zona”, explican, lo que implica que con frecuencia deben abandonar sus consultas para cubrir bajas, salientes o consultas saturadas en otros centros. El resultado, denuncian, es que los consultorios de los pueblos en los que están destinados pueden quedarse durante horas o incluso jornadas completas sin médico. Los profesionales cuentan que se ven obligados a hacer desplazamientos constantes entre municipios, a menudo de decenas de kilómetros, y en muchos casos utilizando sus propios vehículos. A ello se suma la falta de previsión con la que se producen estos cambios. “En muchas ocasiones se nos comunica con muy poca antelación”, señalan, lo que obliga a modificar o cancelar consultas ya programadas y altera por completo la planificación de la jornada. La consecuencia más visible de esta situación recae en los pacientes. Según explican los médicos, las agendas se llenan con más personas de las que sería deseable y con menos tiempo disponible para cada consulta. Además, muchos profesionales deben atender a pacientes que no pertenecen a su cupo habitual, lo que dificulta el seguimiento continuado de los casos clínicos. “Más pacientes y menos tiempo para cada uno en centros sanitarios diferentes”, resumen. Los sanitarios denuncian que este modelo organizativo también tiene consecuencias directas en la seguridad asistencial en los municipios más pequeños. En algunos consultorios, explican, las enfermeras se quedan solas durante gran parte de la mañana cuando el médico es desplazado a otro centro. “El equipo mínimo para atender una emergencia es un médico y una enfermera”, recuerdan. La situación se complica especialmente en localidades alejadas del hospital o de los recursos de emergencias. Algunos de estos consultorios se encuentran a más de media hora del hospital o de la ambulancia más cercana. A ello se suma que, según indican los profesionales, durante las mañanas solo hay un equipo móvil de emergencias para cubrir una amplia zona que incluye Guadix, Purullena, el Marquesado y Benalúa. Los médicos dicen además que esta forma de reorganizar la asistencia ha dejado de ser algo puntual. “Es importante remarcar que ha dejado de ser excepcional”, señalan en su escrito. A su juicio, se trata de una práctica que responde a déficits estructurales de plantilla y que termina repercutiendo tanto en la atención sanitaria como en el desgaste profesional de los trabajadores. Usuarios afectados Las consecuencias de estas reorganizaciones también las perciben los vecinos de la comarca. Elena, residente en la zona, relata a este medio cómo su marido se quedó sin consulta tras esperar durante días su cita médica. “Tenía cita a las 13.20 después de quince días esperando. Estaba allí desde las 12.50 y cuando preguntó en el mostrador le dijeron que el médico se había ido”, explica. El problema no terminó ahí. Al no haber sido atendido por el facultativo, tampoco pudo obtener un justificante médico para el trabajo. “Pidió un justificante y le dijeron que no podían dárselo porque no lo había visto el médico”, cuenta. Finalmente, la consulta tuvo que aplazarse y la nueva cita se la han dado para varios días después. Y es que situaciones similares se repiten en otros municipios de la comarca. Encarni, vecina de Exfiliana, explica que conseguir cita con el médico de cabecera se ha convertido en una tarea complicada para muchos vecinos. “Aquí nunca hay cita para el médico”. Según cuenta, en su localidad el consultorio dispone de médico únicamente tres días a la semana. “Hay consulta lunes, miércoles y viernes”, explica. Sin embargo, el horario real suele ser menor. “Los miércoles solo pasan consulta hasta las once porque tienen que ir a la residencia y los viernes muchas veces directamente no vienen”. Cuando el médico sí acude, la consulta suele estar saturada. “Está llena de gente y cuesta mucho que atiendan”, describe. Muchos vecinos terminan recurriendo a urgencias ante la imposibilidad de conseguir una cita en atención primaria. En su caso, la situación ha tenido consecuencias directas en la atención sanitaria de su familia. Su madre lleva meses arrastrando problemas de salud sin un diagnóstico definitivo. “Desde agosto está mala con dolores en los riñones y el estómago y todavía no le han dado diagnóstico”, relata. Entre pruebas, citas y nuevas derivaciones, el proceso se ha prolongado ya más de medio año. Pese a las dificultades, la vecina insiste en que los profesionales sanitarios están haciendo todo lo posible por atender a los pacientes. “Los vemos muy saturados, van de un lado a otro y se desdoblan todo lo que pueden”, asegura. Los propios médicos advierten de que este modelo también está afectando a la formación de los residentes que realizan su especialidad en la zona. Al no poder mantener consultas estables ni hacer seguimiento de pacientes en el tiempo, los profesionales en formación pierden una parte esencial del aprendizaje en atención primaria: la continuidad asistencial. En su escrito, los sanitarios consideran que esta situación refleja un problema más amplio relacionado con la atención sanitaria en el medio rural. “Nos sentimos profesionales de segunda y, por extensión, la población a la que atendemos también”, señalan. A su juicio, el cierre temporal de consultorios o la reducción de la atención en los pueblos termina generando desigualdades territoriales en el acceso a la sanidad pública. Además, advierten de que el desgaste laboral ya está teniendo consecuencias en la plantilla. Algunos profesionales han abandonado sus puestos y otros se plantean hacerlo, lo que podría agravar aún más la falta de médicos en zonas consideradas de difícil cobertura. Los sanitarios defienden que existen alternativas organizativas para evitar que los consultorios periféricos se conviertan en la “moneda de cambio” para compensar los déficits de personal en otras zonas más pobladas. Entre ellas, mencionan la posibilidad de recurrir a continuidades asistenciales voluntarias o refuerzos en los centros con mayor demanda. Sin problemas, según la Junta Por su parte, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía asegura que la asistencia sanitaria en la comarca está garantizada. Fuentes oficiales señalan que la cartera de servicios se mantiene con normalidad tanto en el Hospital de Guadix como en los centros de atención primaria. La Junta sostiene además que el número de profesionales en el área ha aumentado un 2,15%, alcanzando los 1.280 trabajadores en 2025. Según los datos facilitados por la administración sanitaria, durante ese año se realizaron 112.391 consultas, casi un 5% más que el ejercicio anterior. Desde la Consejería reconocen que pueden producirse reorganizaciones puntuales del personal. “Como ocurre en cualquier organización sanitaria, pueden darse situaciones derivadas de bajas laborales, reducciones de jornada u otras circunstancias sobrevenidas que obligan a reorganizar temporalmente la atención entre distintos centros”, indican. El Gobierno regional quiere enviar “un mensaje de tranquilidad y confianza en el funcionamiento del sistema sanitario público”, al tiempo que reconoce el compromiso de los profesionales que trabajan en la comarca para garantizar la atención a los pacientes. Un optimismo que no comparten ni profesionales ni usuarios.

La investigación de la policía judicial concluye que el centro médico El Carmen, propiedad del grupo Recoletas, cobró por intervenciones dentales con sedación en las que en realidad solo se aplicó anestesia local La Xunta entrega 3,6 millones de euros a un hospital privado de Vigo para que opere a pacientes en lista de espera en Ourense La Fiscalía de Ourense ha presentado denuncia en los juzgados ante la sospecha de que el centro médico El Carmen de Ourense, una clínica privada propiedad del Grupo Recoletas, haya facturado al Servizo Galego de Saúde (Sergas) intervenciones maxilofaciales con sedación en las que, en realidad, no se aplicó más que anestesia local y haya cobrado, en consecuencia, más de lo que debería. Tras una investigación previa, pide analizar si los hechos constituyen un delito de falsedad documental y estafa. Las indagaciones, de las que se encargó la policía judicial, se iniciaron a raíz de una denuncia registrada en el verano de 2025 por Xosé Rubal, cirujano maxilofacial asociado a Cosaga -otro centro privado- a través del Instituto Dental Facial. En el proceso fueron identificados tres pacientes que confirmaron que, para sus intervenciones, habían recibido anestesia local, con un pinchazo en la zona del diente, y no habían sido sedados, pese a que las facturas cargadas después a la sanidad pública decían otra cosa. El escrito de la Fiscalía expone que los pacientes del Sergas que requieren intervención quirúrgica maxilofacial en Ourense son derivados a dos centros privados: Cosaga y centro médico El Carmen, ambos pertenecientes al grupo Recoletas, originario de Castilla y León y que anunció la adquisición de las clínicas ourensanas en 2022. En el momento de redactar esta información ni la Consellería de Sanidade ni el grupo Recoletas habían contestado a las preguntas remitidas por este diario. El informe de la policía judicial, entregado en enero de 2026, relata las comprobaciones hechas y llega a la conclusión de que en el centro médico El Carmen se han emitido facturas por importes que “no se corresponden con las intervenciones realmente efectuadas, produciendo un perjuicio económico para el erario público”. Y añade que, si el grupo empresarial sigue aplicando esta metodología detectada en El Carmen, “no resulta descabellado inferir” que esté facturando al Sergas intervenciones “con sedación, que conllevan una tarifa más elevada, cuando en realidad las mismas podrían estarse realizando únicamente con anestesia local”. La investigación recoge que uno de los pacientes tuvo que ser intervenido en el centro médico El Carmen en dos ocasiones, en 2022 y en 2023, para extraerle una pieza dental y que las dos veces fue anestesiado con un pinchazo en la encía. El documento del alta, sin embargo, indica que hubo sedación y se cobraron 110,89 euros, pese a que la extracción que se le hizo a esta persona tenía un coste de 76,44 euros. En el caso de otro paciente al que se le quitó una muela del juicio en esta clínica en 2023 sucedió lo mismo, según el escrito. El tercer caso que aparece en la documentación también muestra irregularidades, según la policía judicial: una paciente fue primero a consulta, en mayo de 2023, y luego fue intervenida en junio de ese año porque tenía un quiste apical. El procedimiento habitual es que, si tras la consulta hay una operación, se emite una única factura, expone la policía judicial. Pero aquí se le cargaron al Sergas por separado la consulta inicial, por 34,25 euros, y la intervención después, por 1.284,77 euros. El informe añade que, además, esta segunda cantidad “no se corresponde con concepto alguno de los que figura en la autorización de uso (normativa reguladora)”. El concepto que sí figura es el de “quiste odontogénico”, con un coste algo inferior, de 1.218 euros. Las conclusiones del informe policial son que hay irregularidades por la inclusión de operaciones con sedación que no la tuvieron y también en la conceptualización porque se aplican tarifas que no coinciden con “los conceptos autorizados” ni con los diagnósticos que constan en los informes médicos. “Se han constatado irregularidades en la aplicación de tarifas superiores a las acordadas en las autorizaciones de uso vigentes en ese momento”, indica. También advierte “discrepancias” entre la factura electrónica emitida por el centro médico y el listado de intervenciones entregado físicamente al departamento de admisión que supervisa y valida el pago de las facturas. La derivación de pacientes ourensanos a la privada En el área sanitaria de Ourense, los pacientes de la sanidad pública que necesitan una intervención maxilofacial se derivan a centros privados. La relación con el del Carmen fue objeto de críticas por parte del Consello de Contas, que analizó los servicios externalizados en un informe publicado en 2024, pero que fiscalizó la actividad de 2022. Señalaba que, pese a los más de 20 años transcurridos desde que se empezaron a derivar pacientes no había habido “el debido soporte contractual” y la relación se basaba en “la utilización pertinaz de la figura de la autorización de uso y lejos en todo momento de los criterios que deben regir la contratación por la administración”. En la actualidad, las derivaciones tanto al centro médico El Carmen como a Cosaga, están amparadas por un acuerdo marco, que está vigente desde el 1 de marzo de 2025. En la licitación hubo varias empresas adjudicatarias: la unión de El Carmen y Cosaga consiguió el lote de los procedimientos de media y baja complejidad y parte del de procedimientos de especial diagnóstico y terapéuticos. En aquel proceso se decidió también derivar los casos complejos de Ourense a Vigo, al hospital privado Vithas. Tras la formalización de este acuerdo marco, el médico que presentó la denuncia ante Fiscalía acudió también a la Comisión Galega da Competencia porque asegura el servicio del que él se ocupa está siendo estrangulado. Rubal se encarga, a través del Instituto Dental y Facial, del área de maxilofacial y odontología de Cosaga. El cirujano señala que, desde la concentración de esta empresa con el centro médico El Carmen, dentro del grupo Recoletas, su unidad ha sido marginada, con unos precios que le han sido impuestos y que considera inviables. Y critica que esto supone reducir a una sola las alternativas en el área sanitaria para los pacientes derivados de la pública.

La entrada Le Parc en nuestros Cines se publicó primero en Razón Pública.

Su tercer modelo enteramente eléctrico es un elegante SUV de 4,8 metros que desarrolla 258 caballos y puede recorrer 484 kilómetros con una carga La firma japonesa Mazda acaba de abrir los pedidos de su nuevo modelo 100% eléctrico, el CX-6e, que llegará a los concesionarios durante el próximo verano. Ha aprovechado el momento para dar a conocer también una promoción que permite adquirir el modelo por 41.990 euros, sin incluir las ayudas del Plan Auto +, solo durante el periodo de preventa. El precio PVP sin descuentos es de 46.200 euros en su versión de acceso Takumi, un acabado que -de acuerdo con Mazda- refleja el elevado nivel de equipamiento desde las configuraciones iniciales. La campaña comercial señalada al comienzo combina un descuento de lanzamiento con condiciones de financiación especialmente ventajosas, que cabrá complementar con las ayudas del Plan Auto +. El CX-6e, tercer vehículo enteramente eléctrico que produce la marca de Hiroshima -después del MX-30 y el 6e-, propone una novedosa fusión de estilo, prestaciones y tecnologías avanzadas. Se trata de un SUV de tamaño grande equipado con una batería de 78 kWh que le permite desarrollar una potencia de 190 kW (258 CV) y entregar un par de 290 Nm a las ruedas traseras. Ofrece una autonomía de hasta 484 kilómetros, según cifras aún por confirmar, y se puede recargar en cuestión de minutos con un cargador de corriente continua, a fin de aportar confianza en las distancias largas al tiempo que comodidad en el día a día. En el interior, la experiencia de conducción aspira a ser fluida, segura y agradable, gracias a una pantalla táctil de 26 pulgadas, funciones multilingües de reconocimiento de voz y una extensa serie de funciones de seguridad avanzadas. Vista lateral y trasera del Mazda CX-6e. El nuevo CX-6e, explica la marca japonesa, es el resultado de un esfuerzo de desarrollo en el que se ha buscado mantener esa experiencia de conducción Jinba Ittai tan característica de Mazda, transformada para adaptarla a un vehículo de propulsión totalmente eléctrica. Se emplea aquí una batería de fosfato de hierro y litio (LFP) de 78 kWh que surte de energía a un motor eléctrico de 258 CV montado en el eje trasero. El modelo de tracción trasera emplea una transmisión de una sola velocidad y acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. La velocidad punta es de 185 km/h y la autonomía WLTP estimada llega hasta 484 km. Admite una potencia máxima de carga en corriente continua de 195 kW, con la que la batería se puede cargar del 10% al 80% en 24 minutos. El cargador integrado puede recibir también corriente alterna de 11 kW a través de conectores de tipo 2, para una cómoda recarga en casa. En el CX-6e, el lenguaje de diseño Kodo-Alma del movimiento se proyecta hacia el futuro de la movilidad eléctrica. El diseño del vehículo gira en torno a una audaz temática de “emoción moderna futurista” que explora los puntos de contacto entre la tecnología de vanguardia y la elegancia típica de las esculturas. El coche presenta una longitud total de 4,85 metros y una amplia distancia entre ejes de 2,90 m. Tiene voladizos cortos que, de algún modo, disimulan su versatilidad de carga: 468 litros de maletero ampliables a 1.434 litros al abatir la segunda fila de asientos. Se pondrá a la venta en siete colores de carrocería que se han pensado “para dar vida a sus superficies fluidas y tridimensionales”. Entre ellos encontramos es el Nightfall Violet, que oscila entre un brillante resplandor púrpura y efectos casi negros, en función de la luz que reciba. Como primicia se añade un novedoso tono Navy Blue creado mediante un proceso colaborativo entre equipos de diseño de distintas regiones y supone una atrevida adición a la paleta de colores actual de Mazda. Imagen del interior del modelo eléctrico de Mazda. Un interior sofisticado Bajo el elegante perfil de la carrocería aguarda un habitáculo espacioso, inspirado en el concepto japonés del Ma -la belleza del espacio vacío-, con amplio espacio para la cabeza, las piernas y los hombros de todos los ocupantes. La tapicería se encuentra disponible en tres variantes de color: una cálida piel sintética Maztex -la alternativa vegana de Mazda al cuero- en beis o negro para los modelos Takumi, o Maztex en una combinación de amatista y blanco para la versión Takumi Plus. El CX-6e puede disponer de control gestual con siete acciones, retrovisores digitales -disponibles en el acabado Takumi Plus- y un sistema de bienvenida basado en la filosofía Omotenashi, que ajusta asiento, accesos e iluminación en función de la detección del conductor. El sistema de sonido, provisto de 23 altavoces y un amplificador de 1.280 W, proporciona una experiencia auditiva inmersiva y de calidad premium. Detalles de los asientos traseros individuales. El vehículo incorpora, además, un completo conjunto de sistemas avanzados de asistencia a la conducción, entre ellos Smart Brake Support, asistente de tráfico y crucero, mantenimiento de carril de emergencia, control avanzado de ángulo muerto y un sistema de detección de presencia de niños en las plazas traseras. Cuenta también con nueve airbags y un despliegue de cámaras, radares y sensores que completan un ecosistema de seguridad de primer nivel. Entre las funciones incorporadas figuran, por supuesto, la compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, a lo que se agrega una aplicación propia que soporta distintas acciones de control remoto, como la gestión del proceso de carga o el Bluetooth Key Sharing, con el que el propietario puede compartir el acceso al vehículo con otros usuarios.