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[타파스] 쿠팡이 미국 의회를 움직이는 법 (feat. 로비 160억)

ന്യ‍ൂഡൽഹിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതോളം പ്രമുഖ സ്‌കൂളുകളിൽ ബോംബ് ഭീഷണി. രാവിലെ 8:33-ഓടെയാണ് ആദ്യ സന്ദേശം ലഭിച്ചത്.

Di tengah fenomena matinya kepakaran, TCID Author Awards 2025 kembali digelar pada 6 Februari 2026 dengan tema pentingnya “Mengembalikan Sains ke Publik”.

14 жыхароў Гродзенскай вобласці 6 лютага ўключылі ў спіс “экстрэмістаў” у пералік датычных да экстрэмісцкай дзейнасці. Іх судзілі ў Гродзенскім абласным судзе па так званай справе “дваровых чатаў” – за Telegram-чаты «Партизаны Новогрудка» і «Вольныя ваўкі» . Гэта пяць жыхароў Навагрудка: У Гродзенскім абласным судзе 21 кастрычніка 2025 года агучылі прысуд пецярым палітвязням: Таццяне Палубок, [...]

"Can a journalist be deemed to have committed sedition or caused public mischief simply by asking a question at a public forum?

რუსეთის ჯარებმა უპილოტო საფრენი აპარატებით მორიგი შეტევა მიიტანეს უკრაინაზე. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, მსხვერპლია ოდესაში. დრონებით შეტევა შუაღამის შემდეგ დაიწყო. გამოცხადდა საჰაერო განგაში. 9 თებერვალს გამთენიისას ოდესის საქალაქო-სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ სერჰი ლისაკის ტელეგრამ-არხზე გამოქვეყნდა ცნობა, რომ დაღუპულია ერთი ადამიანი. ხანძრები გაჩნდა მრავალბინიან სახლსა და არასაცხოვრებელ შენობაში, დაზიანებულია გაზსადენი. დრონებით შეტევა იყო ხარკოვის ოლქზეც. უკრაინის...

Demanen més integració amb els serveis assistencials, amb nous rols i competències professionals. La entrada Els farmacèutics volen ser part de la millora del sistema de salut se publicó primero en Diari de la Sanitat.

Comme tous les ans, le secteur minier a rendez-vous au Cap pendant plusieurs jours pour le forum Mining Indaba. Un grand forum d’investissement qui réunit tous les acteurs du secteur. Cette année, les différents États veulent miser sur des partenariats durables avec les investisseurs, pour sortir d’un schéma extractif qui pendant longtemps a vu les ressources brutes quitter les pays trop vite.

Саламаттык сактоо министри Каныбек Досмамбетов Москва шаарында Орусияда эмгектенип жаткан кыргызстандык медицина кызматкерлери менен жолугушуп, аларды Кыргызстанга келип иштөөгө чакырды. Министрликтин маалыматында жолугушууга Москвада саламаттык сактоо тармагында иштеп жаткан 60ка жакын кыргызстандык дарыгерлер катышты. Каныбек Досмамбетов өлкөдө эмгек акыны жогорулатуу, инфраструктураны өнүктүрүү жана медицина кызматкерлеринин иш шартын жакшыртуу боюнча жасалып жаткан жумуштар тууралуу...

Ճապոնիայի խորհրդարանի Ներկայացուցիչների պալատի (ստորին պալատ) արտահերթ ընտրություններում հաղթել է իշխող Լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցությունը՝ վարչապետ Սանաե Տակաիչիի գլխավորությամբ: Reuters գործակալությունը մանրամասնել է, որ լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցությունը խորհրդարանում ստացել է 316 տեղ 465-ից, ինչը օրենսդիրի պատմության մեջ լավագույն արդյունքն է, ինչպես նաև մեծ հաղթանակ է 64-ամյա Տակաիչիի համար: Ընտրություններին մասնակցել է 1 284 թեկնածու Տակաիչին Ճապոնիայի վարչապետ է նշանակվել...

It’s a lousy time to be a kid in Florida. You’re told you can’t read certain books or study certain subjects or discuss certain topics. You’re told you can’t go by your chosen name; you must conform to the gender you were assigned at birth. Soon you may have even fewer rights over your own […]

Nearly 2 in 5 reports are made out of concern that an adult is not taking adequate care of themself. Another quarter are made out of concern that an older person is being exploited. The post As Cuyahoga County’s population of older adults rises, so have calls to its elder abuse and neglect hotline appeared first on Signal Cleveland.

La decisión del Gobierno de Canarias de ocultar por completo los nombres de los beneficiarios de las subvenciones divide a expertos. El Ejecutivo ha mandado a los tribunales a la Comisionada de Transparencia para seguir haciéndolo El Gobierno canario manda a los tribunales a la Comisionada de Transparencia para ocultar los beneficiarios de las indemnizaciones de La Palma El Gobierno de Canarias continúa con su huida hacia adelante para ocultar los nombres de los beneficiarios de las ayudas por el volcán de La Palma. Después de mandar a los tribunales a la Comisionada de Transparencia, que ha pedido hacer público los listados, el Ejecutivo regional ha aumentado el presupuesto de la partida, alcanzando la cifra de 340 millones de euros, y ha difundido en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) una nueva relación de subvenciones sin detallar las identidades de quienes las reciben. La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, liderada por la palmera Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria), ha cerrado la puerta a indicar quiénes perciben esas ayudas (exceptuando a las empresas, que sí figuran) mediante una orden que busca “evitar la divulgación de la condición de persona afectada por la erupción volcánica” y el “conocimiento público de la situación económica y patrimonial preexistente de cada una de ellas”. Las subvenciones pretenden “compensar los perjuicios económicos” de la erupción de 2021 para reparar “el valor total del daño producido” (aunque no se detalla cómo se calcula eso). Por lo que divulgar cuánto dinero reciben los afectados revelaría cuánto tenían el día antes del desastre, según la tesis del Gobierno, algo que “no debe ser objeto de publicación ni difusión”. El Ejecutivo autonómico se apoya en un informe jurídico interno que recoge el “soporte legal” de esa limitación: el artículo 20.8 de la Ley General de Subvenciones. “No serán publicadas las subvenciones concedidas cuando la publicación de los datos del beneficiario (…) pueda ser contraria al respeto y la salvaguarda del honor, a la intimidad personal o familiar de las personas físicas (…) y a la propia imagen”, recoge esa disposición. La Intervención General de la Comunidad Autónoma se ha limitado a señalar que mientras la orden no sea anulada “resulta imperativo su cumplimiento”. Y la Intervención General del Estado también la ha avalado sin entrar en el fondo del asunto. Pero la decisión no ha estado exenta de polémica. La Comisionada de Transparencia, la también palmera Noelia García (Partido Popular), alcaldesa de Los Llanos de Aridane cuando estalló el volcán, ha defendido que sí deben hacerse público los nombres a raíz de un recurso del presidente de una asociación de damnificados por la erupción, Tierra Bonita, porque ser afectado por una catástrofe natural es un acontecimiento fortuito y “no es un hecho negativo que menoscabe la consideración social de la persona”. La Comisionada defiende que la única excepción válida para no publicar esa información es cuando se trata de datos “especialmente protegidos”, estos son, el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, los datos genéticos, biométricos o relativos a la salud, los relativos a la vida sexual o a las orientaciones sexuales, y los referidos a condenas e infracciones penales, según viene en el artículo 7 del reglamento de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), que hace referencia a una regulación europea aprobada en 2016. García sostiene que “es evidente” que ninguno de estos datos sería revelado como consecuencia de la publicación de estas ayudas. “A mayor abundamiento”, agrega, ser una víctima de una erupción volcánica “no es una circunstancia que lesione el derecho al honor y la intimidad de la persona”, puesto que, en su opinión, no se genera “ningún perjuicio añadido” a los ya padecidos por la propia catástrofe. Con respecto al conocimiento de la situación patrimonial previa de los afectados, la Comisionada es igual de tajante. “Es evidente que la misma no está compuesta únicamente por el patrimonio inmobiliario afectado, sino por otros posibles elementos patrimoniales y fuentes de ingreso que no se revelan con la publicación de las ayudas”. La resolución resalta que estos argumentos “no deben empañar las sólidas razones de interés público” para la publicación de todas las cifras que la ley exige en materia de subvenciones y ayudas, “teniendo en cuenta que se trata de distribuir el dinero procedente del pago de los impuestos por los ciudadanos: conocer quiénes son las personas que reciben dinero público, detectar posibles irregularidades o errores, evitar duplicidades, casos de fraude o cobro indebido, etc.”. La Comisionada requirió al Ejecutivo que publicase los datos en junio del año pasado. Le recordó también que la orden que regula y establece el carácter anónimo de las ayudas es un acto administrativo de rango inferior a la ley y “no puede determinar la inaplicación de la normativa”. Pero el Gobierno presentó un recurso contencioso-administrativo como respuesta, algo inédito hasta ahora en el Archipiélago. Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma han vuelto a sostener que ocultar los datos personales de los beneficiarios “es el resultado del juicio de ponderación entre transparencia y protección de la intimidad de los afectados”, añadiendo además que divulgarlos “requeriría el consentimiento expreso de cada uno” de ellos. Pero el punto más relevante del recurso es la aplicación de la ley canaria de volcanes, de iniciativa popular y reciente aprobación, para elevar la prohibición de la difusión de la información a rango de ley. Después del requerimiento de la Comisionada (y después también de que pasara por el Consejo Consultivo), el Gobierno regional enmendó esa norma para incorporar un artículo, el 10.6, que convierte en ley la ocultación de los nombres de los beneficiarios de las ayudas con efectos retroactivos desde 19 de septiembre de 2021, fecha de la erupción. “¿Cómo se han repartido los fondos? ¿Quién cobró primero? ¿Quién cobró después? ¿Y quién se quedó fuera? ¿Por qué no se publican los listados de ayudas? ¿Qué tienen que ocultar? Algunos dirán que hoy no es el día para hablar de esto, pero yo digo que sí, porque a esta isla no solo la cubrió el volcán con ceniza, después de las elecciones también las ha cubierto el silencio”, expresó en sede parlamentaria la diputada socialista Alicia Vanooestende, de La Palma, cuando se dio a conocer el dictamen sobre la ley de volcanes, con la enmienda ya incluida. El Ejecutivo autonómico defiende que “este argumento es por sí solo suficiente para la estimación del recurso”. Pero alega igualmente que la orden que regula las subvenciones tiene “naturaleza normativa” al ser de “vigencia indefinida”, pues en su opinión “innova el ordenamiento jurídico con vocación de permanencia”. El Gobierno cita jurisprudencia del Supremo para defender que su orden no se trata de “unas bases exclusivas para una sola convocatoria y solo válidas para su aplicación única”, sino que “tiene validez para sucesivas convocatorias y se incorpora al ordenamiento jurídico”. Expertos en transparencia y protección de datos consultados por Canarias Ahora se muestran divididos en esta cuestión. Carles San José Amat, licenciado en Derecho y jefe de Inspección de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) durante casi doce de años, cree que revelar los nombres de los afectados no afecta a su intimidad, sino que es un dato personal, sin más. “Conocer el valor de una vivienda o de un vehículo o de los bienes que has perdido son datos personales, pero no íntimos”, expone. Para él, la “intimidad” está reservada legalmente para categorías especiales de datos, como la ideología, la salud o la religión. Pero en este caso “no entra el límite porque, claro, aplicando esta regla de tres que hace el Gobierno de Canarias, cualquier dato personal económico es íntimo”. José Amat utiliza como ejemplo las expropiaciones forzosas. Si un particular quisiera conocer cuánto le ha costado al Gobierno de Canarias expropiar una finca de la que se conoce su titular (nombre que sí se hace público), la administración estaría “obligada” a dar esa cifra “y con eso estaría revelando que esa persona ha cobrado un millón de euros”, por ejemplo, “pero no entra en el límite de la intimidad”. “Es que estamos hablando de dinero público. La gente tiene derecho a saber qué hace la administración y cómo lo hace cuando se trata de ello. A ver si resulta que las ayudas se están dando solo a familias con determinado apellido, o si están beneficiando, no sé, a personas de determinadas poblaciones porque tienen un color político concreto”, cuestiona el experto. La jurista especializada en protección de datos Jeimy Poveda, no obstante, advierte que las autoridades de protección de datos han sido “categóricas” a la hora de indicar a las administraciones que identificar a los beneficiarios de ayudas “cuando esto pudiera suponer un perjuicio a su derecho a la protección de datos” podría constituir un incumplimiento de la normativa. Poveda sí considera que el hecho de haber sido víctima de una catástrofe natural sitúa en una “posición de vulnerabilidad” a los afectados y que ello “requiere de mayor protección”. Aunque propone una solución para “cumplir de manera proporcionada y, a partir de un balance de derechos, con el derecho a la transparencia”: la seudonimización de los datos y otras técnicas que eviten su publicación en abierto, “de tal manera que solo quienes estén inmersos en el proceso puedan conocer la información de los demás”. “Eso no supone una limitación al derecho de transparencia: los interesados pueden conocer los criterios utilizados para decidir, el baremo y las puntuaciones; y la ciudadanía puede acceder a información agregada sin que la lista publicada permita, por criterios de individualización, localización u otros, identificar fácilmente al beneficiario por terceros ajenos al proceso”, razona la también directora de la consultoría Dataseg, en Tenerife. Manuela Battaglini, abogada y directora ejecutiva de la consultora de ética digital Transparent Internet, también aboga por la seudonimización y el “acceso limitado” a quien acredite interés y capacidad de acceso a los datos “bajo absoluta confidencialidad”. A ella le parece que la eliminación total de los nombres “parece una medida exagerada”. “Está claro que es necesario proteger a los interesados, en particular porque muchos de ellos están en situaciones de vulnerabilidad que de ser más conocida sufrirían un mayor grado de estigmatizacion social. Pero a su vez es legítimo pensar en la transparencia”, resume. Por último, Noel Armas, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Sevilla, cree que “es discutible” acceder a este tipo de información porque la legislación de protección de datos “es muy celosa” al respecto, por lo que cualquier petición tendría que “estar muy bien justificada”. Como “solución de compromiso”, sí ve viable la entrega de listados “debidamente anonimizados” en los que pueda verse cuántas personas están recibiendo las subvenciones, cuánto dinero recibe cada una, si hay quienes han recibido ayudas y por qué o si existe alguna supervisión ‘a posteriori’ de los requisitos.

Es el único presidente que se ha atrevido a aplicar la Doctrina de la Seguridad Nacional dentro de su país, a su población civil. Sus decisiones indican que su intención es acabar con un amplio grupo social y con la democracia Observar el comportamiento humano confirma que, para algunos entre nosotros, la pérfida codicia de poder absoluto y la imposición de la crueldad en su búsqueda no conocen límites y carecen de toda decencia humana (…) Y que se vaya al diablo el Estado de derecho”. Magistrado Fred Biery, juez del Tribunal oeste de Texas. Resolución ordenando la puesta en libertad del niño Liam Conejo. 31 enero 2026. Estados Unidos (EEUU) ha sido mucho tiempo un modelo político para el mundo. El primer país en aprobar una Constitución (1787), un ejemplo de democracia sólida y respetuosa con los derechos humanos. A pesar de su permanente injerencia en otros países y de su siempre escaso estado social, esa es la imagen que durante décadas nos han transmitido. Pero desde hace años la mayoría de la población estadounidense tiene una visión negativa de su sistema político y social, al que consideran poco representativo e inequitativo, en gran medida por la permanente degradación de las condiciones de vida de las clases populares, un malestar que ha ido creciendo durante la presidencia de Biden y que ha ayudado al autócrata a volver a la Presidencia a pesar de haber intentado acabar con la democracia incitó al único asalto que ha sufrido el Congreso de los EEUU en su historia, sin ninguna consecuencia para el autor mediato. Al carecer de políticas para frenar el empobrecimiento de la clase trabajadora estadounidense, Trump ha optado por hacer responsables a migrantes y otros colectivos de los problemas de EEUU. Trump entiende que el mundo se rige por la fuerza, incluso a la paz se llegaría a través de la fuerza, se indica en la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de los EEUU publicada en septiembre de 2015. Comenzó su segundo mandato ignorando los principios de la división de poderes, legislando mediante decretos ejecutivos que excluyen al legislativo, incumpliendo las resoluciones de los jueces e incluso ordenando su detención en ocasiones en las que habían resuelto frenar algunas de sus arbitrarias e ilegales decisiones. Está sustituyendo las leyes internas sobre derechos civiles y libertades públicas por un férreo sistema de excepción, dónde no hay más ley que la arbitrariedad de su voluntad. Modifica las funciones de las fuerzas armadas y policiales, restringe al máximo los derechos fundamentales y en especial la libertad deambulatoria de los extranjeros y nacionales de origen extranjero, con la ayuda del Tribunal Supremo al autorizar detenciones por perfil racial. Señala a sus adversarios políticos como enemigo interior, tilda de terroristas a personas que defienden los derechos humanos o a quienes considera de izquierdas, o denuncian el avance del fascismo, o simplemente se oponen a sus arbitrariedades. Así hizo con Renee Good y Alex Pretti, víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Minneapolis a las que calificó como terroristas empujados por la izquierda. La guerra de Trump contra el enemigo interior reproduce el modelo y las fases de implementación de la doctrina que bajo el nombre de guerra contrainsurgente se aplicó a partir del final de la II Guerra Mundial contra la población de territorios que aspiraban a su independencia de metrópolis coloniales. Iniciada por el ejército francés en Indochina y Argelia, posteriormente fue reconvertida en Doctrina de la Seguridad Nacional por el ejército de los EEUU Fue aplicada en Centro y Sudamérica desde final de los años 50 del siglo XX hasta la década de los 80, por dictaduras militares que causaron decenas de miles de muertes y desapariciones de personas que eran consideradas disidentes políticos. Nunca hasta ahora se había aplicado esta doctrina dentro del territorio de los EEUU. Según la estudiosa de la doctrina contrainsurgente Marie Monique Robin, las características de la guerra contra un enemigo interior son principalmente: •1.– Un extenso grupo de la población civil es considerado el enemigo interior a combatir, toda vez que es entre la población civil como se camufla el enemigo difuso calificado como disidencia o subversión. •2.– La eliminación de garantías jurídicas es condición sine quanon para abordar con éxito esta guerra. La legislación de excepción se convierte en arma esencial para alcanzar el objetivo de eliminar al enemigo interior. •3.– En el combate al enemigo interior se utilizan tanto a cuerpos policiales como a ejércitos regulares o grupos paramilitares que se encarguen de realizar las tareas más comprometidas –léase ilegales– de esta guerra. •4.– La acción de inteligencia –acceso a información– sobre los colectivos de civiles a combatir se convierte en un arma de esa guerra. •5.– Es necesaria la acción y guerra psicológica para el control efectivo del territorio y la población. Para ello el territorio se divide en zonas de intervención sobre la población civil. Las acciones de Trump coinciden más con la doctrina de la guerra contrainsurgente descrita por Robin, que con la doctrina del enemigo difuso utilizada durante la denominada guerra antiterrorista iniciada por la administración Bush tras el 11–S con la aprobación de la Patriot Act de 2001. En aquella ocasión, se trataba de combatir a enemigos exteriores de los EE. UU. que, de forma excepcional, podían atacar dentro del país. El enemigo había entrado en casa, pero doctrinalmente no se consideraba que fuera parte de la sociedad estadounidense. Para Trump, el enemigo ya no es ni difuso ni externo, sino concreto e interior, y actúa camuflado, vestido de civil. La Estrategia de Seguridad Nacional de Trump señala con toda claridad a la invasión migratoria y la subversión cultural como los enemigos interiores en los EEUU. Hoy es una parte de la población civil la considerada enemiga a combatir. Un enemigo camuflado entre la sociedad estadounidense, conformado por grupos sociales considerados subversivos, disidentes o dañinos para la identidad cultural de EEUU. Respecto a la segunda característica señalada por Robin, Trump viene aprobando sistemáticamente una legislación de excepción a través de decretos ejecutivos, a la vez que trata de impedir que el legislativo y el poder judicial realicen sus funciones constitucionales. En enero de 2025 aprobó una declaración de emergencia que considera la emigración una invasión, acordando expulsiones aceleradas y una ley –Laken Riley de 29 de enero– que permite la detención de extranjeros por acusaciones de delitos menores. Para la restricción de libertades públicas y de derechos humanos básicos Trump utiliza la designación como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) de cualquier organización criminal común, grupos de traficantes o pandilleros juveniles. Ha utilizado legislación de excepción para la detención de estudiantes extranjeros que, aunque en situación legal, se han opuesto al genocidio del pueblo palestino. Abusando de la excepcionalidad, Trump ha aplicado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para realizar deportaciones, ley que solamente se había utilizado en casos de guerra y que ha seguido aplicando incluso después de que su actual utilización haya sido declarada ilegal por la justicia estadounidense. También recurriendo a normas de excepción Trump ha abierto campos de detención al margen de la legalidad interna o internacional, donde son internados extranjeros de todas las edades –incluso residentes legales en EEUU o estadounidenses de origen extranjero– sin el debido control judicial, sin acceso de observadores independientes o de organismos humanitarios como el CICR y durante tiempo indeterminado e ilimitado. A los numerosos centros de detención de extranjeros abiertos en EEUU hay que añadir los extraterritoriales. Mas de 30.000 inmigrantes han sido enviados desde EEUU a la base estadounidense de Guantánamo (Cuba) o al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de Bukele, en este caso pagando a El Salvador por cada deportado, un nuevo tráfico de seres humanos. Esta profusa utilización de la legislación de excepción es la causa de que la tensión entre los principios de la libertad y los de la seguridad interna, se esté resolviendo mayoritariamente a favor de la seguridad y en detrimento del disfrute de libertades civiles. Trump no comete simples excesos en el manejo del orden público, sino que aplica una estrategia de shock para el control de esa parte de la sociedad a la que ha señalado como enemigo interior, imponiendo un estado de excepción en el que fuerzas militares, paramilitares y policiales se ocupan del orden público y la seguridad interior. Esta actuación coincide con la tercera característica señalada por Robin. El 30 septiembre 2025 Trump convocó a los generales de las FFAA, en Quántico (Virginia) para ordenarles expresamente combatir al enemigo interior Según explicó el presidente, EEUU estaría sufriendo una “invasión interior”, organizada desde dentro, “más difícil de combatir que un enemigo externo porque no llevan uniformes”. En la reunión, el ahora secretario de Guerra, Pete Hegseth expuso el papel a desempeñar por las Fuerzas Armadas (FFAA.) en esta guerra interior contra la disidencia política: enfrentarse al enemigo interior antes de que la situación “quede fuera de control”. Previamente, en sus primeras semanas en el cargo, Hegseth había cesado al jefe del Estado Mayor, general C. Q. Brown, el primer afroamericano que llegaba a ese puesto, por considerar que sus posiciones eran demasiado progresistas. También cesó a mujeres que desempeñaban altos mandos, por el mero hecho de ser mujeres, como hizo con la jefa de Guardacostas Lisa Franchetti,. Y ha ido cesando a los jefes de los departamentos jurídicos de las distintas ramas de las FFAA. que habían advertido de la ilegalidad de acciones militares, como el ataque a lanchas en aguas internacionales del Caribe y el asesinato de sus tripulantes. En junio de 2025 Trump desplegó en Los Ángeles a la Infantería de Marina como fuerza de reacción rápida. También ha desplegado a la Guardia Nacional, a pesar de que la misión de esta es intervenir en catástrofes naturales en EEUU –bajo mando de los gobernadores de los Estados– y solo excepcionalmente en operaciones militares en el exterior. Como un ejército de ocupación de su propio país, la Guardia Nacional ha sido utilizada reiteradamente en funciones policiales bajo control presidencial, en ciudades de voto mayoritariamente demócrata – Chicago, Portland, Washington, Memphis, o Los Ángeles–, con la finalidad de perseguir al enemigo interior, a los colectivos de migrantes y a sus opositores políticos, a los que considera grupos disidentes. A esta tarea Trump también ha destinado a la policía de fronteras –US Border Patrol–, actuando en funciones de control del orden público en lugares donde no existe frontera alguna. En el año 2025 multiplicó por ocho el presupuesto del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), hasta convertir a este cuerpo paramilitar en la primera fuerza policial del país. Un cuerpo de seguridad bajo órdenes de la Casa Blanca que prescinde en sus actuaciones de cualquier respeto a las leyes internas o a los derechos humanos. El año con más muertes en custodia de ICE en más de dos décadas de existencia fue 2025, 32 muertes acreditadas, además de las ejecuciones extrajudiciales de Minneapolis. La utilización de la inteligencia sobre los grupos civiles considerados el enemigo interior es la cuarta característica de la guerra contrainsurgente que señala Robin. LaUS Border Patrol ha realizado una inquietante acción de inteligencia mediante el monitoreo a una parte importante de la población, extrayendo patrones de conducción de los automovilistas en un país donde los vehículos privados son el principal medio de transporte. Una gran red de cámaras está siendo utilizada para vigilar masivamente movimientos de vehículos, identificar matrículas y detectar rutas anómalas. Esto requiere gran capacidad de captación y análisis de datos de forma simultánea e inmediata. Quienes son relacionados con un comportamiento considerado sospechoso atendiendo a distintos parámetros, son detenidos con cualquier pretexto, interrogados y en su caso registrados sus vehículos. Una práctica que vulnera la Constitución de EEUU que exige una causa probable para la detención, prohibiéndola por decisiones aleatorias. En julio pasado el Gobierno anunció un contrato con el gigante tecnológico Palantir para control predictivo de inmigración a través de inteligencia artificial, una alianza entre Trump y el oligopolio tecnológico para generalizar políticas autoritarias de control policial de la sociedad. Palantir ya había diseñado aplicaciones de inteligencia artificial para el análisis masivo de datos para las FFAA y cuerpos policiales. Se comenzó realizando análisis predictivos sobre los movimientos del enemigo exterior, para a continuación proceder también al análisis predictivo de los movimientos del enemigo interior dentro del territorio de los EEUU, sin que exista regulación legal ni mecanismo de control de estas prácticas. Para impedir cualquier control Trump ha emitido una orden ejecutiva que prohíbe expresamente a los Estados aprobar normas de regulación de la inteligencia artificial. La quinta característica del modelo de Robin es la acción y guerra psicológica para el control efectivo del territorio y la población sobre la que se quiere intervenir. También son características que se aprecian en la actuación de Trump. Ha seleccionado colectivos civiles a perseguir –migrantes, y opositores– y ciudades o territorios de intervención preferente. Ha puesto en marcha estrategias de terror, persecución y amedrentamiento psicológico de tal magnitud que la población migrante permanece encerrada en sus domicilios sin acudir a trabajar, sin enviar a los niños a los colegios o sin acudir a recibir atención médica, como está ocurriendo de forma generalizada con mujeres embarazadas. Ha desplegado al ejército y a grupos parapoliciales en operaciones intensas en espacios territoriales delimitados, con la finalidad de acosar a los colectivos a los que ha decidido combatir. Robin identifico algunas características más en la aplicación de la doctrina de la guerra contra el enemigo interior. Concretamente la utilización de la tortura como arma contra la población civil, las ejecuciones extrajudiciales –éstas han sido utilizadas de forma sistemática contra las tripulaciones de lanchas en el Caribe y esporádicamente en Minneapolis, casos Good y Pretti– y las desapariciones forzadas. Aún puede ser pronto para afirmar taxativamente la aplicación sistemática de éstas, pero comienzan a observarse preocupantes patrones de implementación de las dos primeras. Trump es un peligro para el mundo, pero incluso lo es más para los EEUU. Es el único presidente que se ha atrevido a aplicar la Doctrina de la Seguridad Nacional dentro de su país, a su población civil. Sus decisiones indican que su intención es acabar con un amplio grupo social y con la democracia. No oculta su objetivo de intervenir e incluso suprimir los procesos electorales. El pasado 2 de febrero pidió al Partido Republicano que tomara “el control de las elecciones en al menos 15 lugares”, cinco días después de ordenar una operación policial de registro e incautación de materiales electorales de las elecciones de 2020 en oficinas electorales de Georgia. No es un secreto que pretende intervenir tanto en las elecciones legislativas de noviembre de este año como en las presidenciales de 2028. “No deberíamos tener elecciones”, dijo el pasado 20 enero, tras difundir el bulo replicado en España por Feijóo, sobre el intento de fraude electoral que atribuye a sus adversarios mediante el imposible voto de inmigrantes. Todo esto que parece una exageración, una distopía cinematográfica, está ocurriendo a velocidad de vértigo.

Cleveland housing held the focus of Cleveland City Council following a presentation from the Vacant and Abandoned Properties Action Council. The post ‘Vulnerable for gentrification’: Cleveland housing the talk of council meeting appeared first on Signal Cleveland.

Recently, men inside Pickaway Correctional Institution protested the cold after a boiler failed and wasn't repaired for two days. The post When temps plunge, dilapidated jails and prisons put lives at risk appeared first on Signal Cleveland.

(OPINION) As a prolific writer — both fiction and non-fiction — when an inspiration hits me, I have to follow through on the process of getting my ideas on paper (or, in these modern times, typed into the computer) or it bugs me no end. My latest effort will, eventually, be a book about how not to be “beige.”

The mayor has been taking his Cleveland development pitch on the road, meeting with politicians and investors. The post Mayor Justin Bibb meets with Pete Buttigieg, Goldman Sachs executive in recent trips appeared first on Signal Cleveland.

The hiring comes at a time of transition for City Hall’s Office of Prevention, Intervention and Opportunity. The post ‘Executive in residence’ hired for Cleveland community services; city touts monitor’s report on police use of force appeared first on Signal Cleveland.

My generation is chronically online, severely anxious, and living in political turmoil. Is that why the right wing is pulling in young people?