El grupo del espacio plurinacional recuerda que Arrieta desveló que la sentencia iba a ser condenatoria por lo que dijo en unas jornadas que se celebraron durante la deliberación del fallo: "Y con esto, señores, concluyo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado"
El presidente del tribunal que condenó a García Ortiz, en el curso organizado por una acusación: “Concluyo, que tengo que poner la sentencia al fiscal general”
Un juez del Supremo que condenó al fiscal general codirigió en 2024 la tesis doctoral del abogado de la pareja de Ayuso
ha condenado al fiscal general del Estado en funciones, Álvaro García Ortiz. La formación catalana considera que Andrés Martínez Arrieta ha podido cometer un delito de revelación de secretos previsto y penado en el artículo 417 del Código Penal por asegurar públicamente que iba a “poner” la sentencia contra el fiscal en los días en el que el tribunal supuestamente estaba deliberando. Fue, de hecho, el 18 de noviembre, dos días antes de que se conociera la condena, y durante un curso en el que él ejercía de ponente y que lo organizaba el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que precisamente fue una de las acusaciones contra García Ortiz. “Y con esto, señores, concluyo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado”, afirmó Arrieta, según reveló esta semana TVE.
“La manifestación fue realizada en tono jocoso, provocando una sonora carcajada colectiva entre los asistentes”, sostiene el texto de la denuncia de los Comuns, a la que ha tenido acceso elDiario.es. Para el grupo plurinacional “tal circunstancia evidencia que la audiencia interpretó claramente que el magistrado estaba revelando información internamente reservada sobre el estado de la deliberación y la elaboración de la sentencia, y que el propio querellado era consciente del carácter impropio de su revelación, al presentarla en clave humorística”.
Para los Comuns, la frase de Arrieta evidenció que “las deliberaciones internas” de la Sala de lo Penal del Supremo ya habían adoptado “una estructura decisoria suficiente” para que él asumiera la redacción de la sentencia. También que se produjo “un cambio de ponencia, desplazando a la magistrada inicialmente designada”, que era Susana Polo. Ella era una de las dos integrantes del tribunal que han presentado un voto particular contra la condena, frente a los otros cinco que la han refrendado. Los Comuns indican que eso “solo puede ocurrir tras constatar una minoría”, la de las dos magistradas que apostaban por la absolución “y, por tanto, una mayoría formada”.
“Tal mayoría apuntaría a un sentido del fallo, previsiblemente condenatorio, dado que la acusación popular —organizadora del curso— solicitaba pena de prisión, y utilizó un tono jocoso acorde con lo que esperaban los organizadores del acto. Todo ello forma parte de la deliberación secreta del tribunal”, apunta la denuncia.
“Reveló datos esenciales del secreto de deliberación”
Además, en la querella los Comuns sostienen que “la expresión” utilizada por el querellado, “poner la sentencia”, “no es coloquial, sino estrictamente técnica en el lenguaje judicial”. “En tribunales colegiados, 'poner' una sentencia significa que el magistrado es el ponente encargado de redactar una resolución ya acordada por la mayoría en deliberación. Con tal afirmación, el querellado reveló públicamente que la ponencia había cambiado respecto de la inicialmente designada, existía una mayoría formada que desplazaba a la ponente original, y la deliberación se encontraba prácticamente cerrada. Es decir, reveló datos esenciales del secreto de deliberación protegidos por el artículo 233 LOPJ y por el artículo 417 CP, anticipando la existencia de una decisión judicial ya adoptada”.
La querella recuerda que, tal y como desveló elDiario.es, “en el mismo curso organizado por la acusación popular, intervinieron como docentes otros dos magistrados del tribunal: D. Antonio del Moral y D. Juan Ramón Berdugo, ambos implicados en la deliberación colectiva sobre ese mismo procedimiento”. Para los Comuns “no resulta concebible que un magistrado del Tribunal Supremo participe cobrando en un curso organizado por la acusación particular, hecho que compromete su imparcialidad y refuerza el significado delictivo de la revelación practicada”. Por eso, la querella considera que “la conducta del magistrado Martínez Arrieta afecta al núcleo mismo de la función jurisdiccional, puesto que el secreto de las deliberaciones garantiza la independencia interna del tribunal, la libertad de criterio de sus miembros y la confianza pública en el Poder Judicial”.
En alusión a otra información adelantada por elDiario.es, los Comuns recuerdan en la querella que “ha trascendido públicamente que uno de los magistrados integrantes del mismo tribunal, D. Antonio del Moral, mantiene una relación académica estrecha con al menos uno de los abogados de parte interesada en la causa, al haber sido director de su tesis doctoral, circunstancia que ha sido ampliamente difundida en medios de comunicación”. “Esta relación, de carácter profesional y de confianza, ha sido señalada públicamente como un posible conflicto de interés y añade un elemento adicional de riesgo para la apariencia de imparcialidad objetiva del tribunal, conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, concluyen.
Con todo, los Comuns solicitan la imputación de Arrieta y piden al juez que solicite al ICAM la “grabación íntegra del acto”, el “programa oficial del curso”, así como la “lista de asistentes”. Y que llame a declarar como testigos a Del Moral y Berdugo, y también asistentes que “acrediten” la frase que pronunció Arrieta.
