La condena de Jesús Veiga es de un año y cuatro meses de prisión, que se suma a la inhabilitación para cargo electo que también se le impone a Juan Antonio Maceiras
Dos exalcaldes del PP de Miño (A Coruña), a juicio por prorrogar contratos de forma irregular y pese a los avisos del interventor
Estas dos últimas también han aceptado la condena de cárcel, que suponen una rebaja respecto a la inicialmente solicitada por el Ministerio Público, así como la inhabilitación a cuatro años y seis meses para cargo electo, informa Europa Press. En la vista en la que los acusados aceptaron la conformidad a la que llegaron sus abogados llegaron con la Fiscalía no se citaron las penas de inhabilitación concretas pactadas, que figuran en el acuerdo.
En declaraciones a los medios antes del inicio de la vista, Juan Antonio Maceiras ha asegurado que se les ha acusado por una prórroga de contratos, que es “norma en toda Galicia, incluso con actuaciones peores”. Por ello, ha avanzado que denunciará ante el Ministerio Público a los consistorios en esa situación que son, ha apostillado, “el 80 por ciento”. Por otra parte, ha lamentado que no se juzgase a la persona “responsable” de los hechos por los que se les llevó a juicio. “La Fiscalía sabe quién fue la responsable de que el pliego no se hiciera”, ha insistido para tildar de “infamia” las denuncias efectuadas.
En su escrito de calificación fiscal se calificaron los hechos como delitos de malversación y prevaricación por prorrogar diferentes contratos a pesar de informes negativos del interventor municipal.
Ahora, tras el acuerdo entre las partes, se rebajan las penas solicitadas al aplicarse las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño por haber consignado tres de los procesados las cantidades que tuvo que abonar el Ayuntamiento.
Así, el Ministerio Público sostiene que Maceiras firmó un contrato con una empresa para prestar los servicios de limpieza de la Agrupación Escolar Piñeiro-Miño en el año 2006 de una duración de dos años prorrogable sin exceder el máximo de cuatro años. En 2008 se acordó prorrogarlo, por lo que la vigencia se perdería en 2010.
Sin embargo, detalla Fiscalía, durante los dos mandatos de los ahora acusados la empresa siguió prestando los mismos servicios sin que se convocara ningún procedimiento de contratación de concurrencia competitiva, por lo que el interventor realizó informes de reparo y desfavorables al pago de diferentes facturas al respecto, que tanto la exconcejala como Jesús Veiga decidieron ignorar.
Del mismo modo, en el año 2006, Veiga selló como alcalde accidental un contrato administrativo para la prestación del servicio de limpieza y conserjería en el Centro Sociocultural da Rúa, que fue prorrogado por Maceiras en 2008 y del que, al igual que el anterior y a pesar también de los reparos del interventor, se siguió con este sistema hasta ya avanzado el año 2015.
Por otro lado, en una Junta de gobierno local en 2006 se acordó la contratación del mantenimiento, apertura y riego del campo de fútbol de manera provisional, para lo que se contrató a una empresa mientras no se adjudicase por conjunto público el servicio.
Con todo, los acusados durante sus respectivos mandatos nunca convocaron el procedimiento correspondiente y la mercantil continuó realizando este servicio hasta el 2015. Igual que en anteriores ocasiones, informes del interventor municipal recomendaban iniciar un procedimiento administrativo de adjudicación de este contrato, que ignoraron.
Esta misma situación se repitió, según el escrito del Ministerio Fiscal, en el contrato de servicios de mantenimiento y conservación de los parques, jardines y zonas verdes públicas del Ayuntamiento, en el de servicios de conserjería, mantenimiento y limpieza del Pabellón Polideportivo Municipal de Miño.
Otro de los asuntos que destaca Fiscalía es la adjudicación por parte de la concejala de un contrato a una empresa por valor de 18.000 euros para un servicio para determinar qué entidades constituyen núcleos de población y cuáles diseminado, así como, contrastar la numeración anterior asignada a las viviendas con la nueva numeración resultante de la elaboración y aprobación del nuevo callejero.
En este caso, el contrato establecía que la empresa debería prestar un servicio presencial de atención al público en el Ayuntamiento los lunes y los viernes de 9.00 a 15.00 horas para atender consultas y que tendría una duración de 10 meses sin posibilidad de prórroga.
Sin embargo, la empresa no acabó en plazo los trabajos y siguió facturando por ellos, “obteniendo así un lucro indebido e injustificado”. El interventor también emitió informes desfavorables al respecto.
Las penas que se pedían inicialmente
Por todo ello, el Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente para cada uno de los acusados 10 años de inhabilitación especial para cualquier empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa.
Por un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso ideal con un delito de malversación de caudales públicos solicita cinco años de prisión y 10 de inhabilitación absoluta para todo empleo público para Jesús Veiga y la edil, así como para la administradora de la empresa que realizaba los trabajos de gestión urbanística.
