El sindicato STEM rechaza el uso de recursos públicos para una actividad religiosa y recuerda que la Iglesia católica maneja casi 350 centros en la región; un decreto de la Comunidad establece que para usar un instituto lo tiene que autorizar el Consejo EscolarLos directores de instituto de Madrid piden a Ayuso que saque 1º y 2º de la ESO de los colegios: “Carece de fundamento”
El Gobierno de la Comunidad de Madrid va a ceder unos 80 institutos públicos de la región para alojar peregrinos durante la visita del Papa a Madrid el próximo mes de junio, según informó este lunes el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso en una nota. El comunicado especifica que este uso se realizará desde la tarde del viernes 5 de junio hasta la noche del domingo 7, por lo que no interferirá en la actividad lectiva regular de los centros.
La acogida de peregrinos y voluntarios por la visita del santo padre se circunscribirá exclusivamente a zonas como patios y gimnasios, según informó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, que no descartó que el número de centros educativos pueda incrementar en los próximos días, ya que la Comunidad ha ofrecido hasta 100 colegios e institutos a la organización.
El sindicato STEM ha rechazado el uso de recursos públicos en favor de la Iglesia católica. “Es esta organización quien tiene que garantizar el alojamiento de quienes quieran acudir a la visita del Papa, organización que, por otra parte, ya se beneficia de múltiples privilegios por parte del Estado en sus diferentes niveles administrativos”, sostiene la organización.
“El privilegio de no pagar un alojamiento como el resto de turistas no tiene por qué facilitárselo la administración mediante la cesión de espacios que son de todos, más aún habiendo multitud de edificios escolares o de culto que gestiona la propia iglesia católica”, añade STEM. Solo Escuelas Católicas, la organización de la iglesia que gestiona sus centros educativos, tiene unos 350 escuelas en toda la región, según su propia web.
La medida podría ir contra la normativa propia de la Comunidad, que establece con carácter general que para utilizar los institutos públicos hay que pedir permiso al centro, aunque una orden posterior da un cierto margen a la administración.
Un decreto, una orden
La Comunidad explica en su nota que “ha ofrecido” los centros a la organización, sin especificar más, y profesorado de al menos dos de los institutos seleccionados en la ciudad de Madrid ha confirmado que no se ha solicitado permiso alguno. La normativa es ambigua.
El decreto 11/2018, por el que se regula el régimen de utilización de los inmuebles e instalaciones de los centros educativos públicos no universitarios en la Comunidad de Madrid establece que para utilizar un centro público hay que pedirlo y tiene que ser aceptado por el Consejo Escolar.
Dice el artículo 5.1a de este texto: “La solicitud [de uso], junto con la documentación pertinente, se dirigirá al centro escolar con una antelación mínima de veinte días hábiles respecto del comienzo previsto para la actividad a desarrollar. El Consejo Escolar del centro emitirá informe acerca de la solicitud recibida en el que, en todo caso, deberá señalar que el uso solicitado no interfiere en la actividad escolar del centro. Este informe se remitirá junto con la solicitud y documentación presentada por el solicitante a la Dirección de Área Territorial correspondiente. El Director de Área Territorial resolverá, al menos, con siete días hábiles de antelación al inicio de la actividad”.
Pero la orden 2355/2019, que desarrolla el anterior decreto, abre una pequeña puerta en algunos casos al fijar que “en aquellos centros en los que existieran instalaciones poco habituales entre las ordinarias de los centros educativos, tales como salones de actos o auditorios, con baja intensidad de uso por el propio centro en el desarrollo de las actividades que les son propias, se podrá autorizar la utilización de dichos espacios por terceros, aun dentro del horario lectivo, siempre que no interfiera en ninguna actividad prevista por el propio centro” (artículo 3.2).
El sindicato cierra mostrando sus “serias dudas acerca de los procedimientos formales y la responsabilidad civil durante los días de apertura de las instalaciones al turismo religioso, de quién es la responsabilidad por el uso de estos centros educativos, qué trabajadores desempeñarán sus funciones en los mismos, cómo se organizará el servicio y si los representantes legales de las plantillas han sido informados de las posibles modificaciones de las jornadas de trabajo de personal no docente”.
La Comunidad de Madrid tampoco ha respondido a estas preguntas.
