La Declaración de Zaragoza que han suscrito los barones populares se limita a plasmar en un documento las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez y a los dirigentes catalanes
Feijóo acusa a Sánchez de “desguazar el Estado” con la reforma de la financiación pero evita detallar el modelo del PP
Partido Popular ha tratado de hacer este domingo un frente común ante el Gobierno central en materia de financiación autonómica, pero el documento suscrito por los barones del partido para articular esta ofensiva, la denominada Declaración de Zaragoza, apenas se adentra en el modelo que aspiran a proponer los de Alberto Núñez Feijóo. Sin ninguna cifra o sustento técnico sobre qué criterios aplicar, el manifiesto constituye una suma de ataques ya formulados al Ejecutivo de Sánchez y a los dirigentes catalanes. Sí que hay un guiño a Aragón, al incluir expresamente las variables de despoblación y orografía que reclama el Gobierno de Jorge Azcón.
La Declaración de Zaragoza comienza desautorizando al Ejecutivo central por “reintroducir” en el sistema la “arbitrariedad” como “cesión al separatismo”. Los populares exigen “el fin de las cesiones destinadas a forzar un encaje legal del cupo separatista” y proponen “reiniciar el proceso desde el principio”.
En materia de igualdad, según el PP el Gobierno del PSOE y Sumar “dinamita el sistema de derechos y deberes que consagra la Constitución”. Desde su punto de vista, las sucesivas crisis han “incrementado de forma estructural el coste de los servicios fundamentales”, pero para resolver “esta urgencia” se debe acudir a tras “una evaluación rigurosa, transparente, independiente y con simulaciones comparables sobre el coste real”, aunque el documento no va más allá. “Basta ya de enfrentar a los españoles”, proclama.
La Declaración continúa en su listado de agravios y, en materia de autonomía fiscal, expresa su oposición “a que el coste de las exigencias independentistas lo asuman los contribuyentes”.
Una de las únicas propuestas es la creación de un “fondo transitorio para paliar la infrafinanciación” de las comunidades autónomas, para lo que el manifiesto pide tener “una idea claramente justificada de los recursos disponibles del Estado”. En este punto, los populares proponen incluir una “excepción específica para la Comunitat Valenciana como consecuencia de la dana”, aunque no concretan nada más allá de esta idea.
Al hablar de “infrafinanciación”, en la que incluye el “crecimiento exponencial” del coste de los servicios públicos, los barones del PP aprovechan para acusar al “separatismo” de haber “promovido estructuras paralelas a las del Estado con un elevado coste”.
En el apartado de solidaridad es cuando el PP alude a las variables reclamadas por algunos de sus barones y que en el modelo presentado por el Gobierno central no aparecen expresamente, aunque sí con denominaciones distintas. “La demografía, el incremento poblacional, la dispersión, el envejecimiento, la orografía, la despoblación, la baja densidad, los desempleados, el coste de la vida, la insularidad, la superficie o los costes fijos de prestación de servicios derivados de obligaciones impuestas por el Gobierno” son los criterios mencionados por los populares, que inciden en dos que ha reclamado en particular el Ejecutivo de Azcón en Aragón: “Una orografía complicada o niveles altos de despoblación”, que tal y como refleja el manifiesto “pueden suponer un incremento de necesidades presupuestarias que se deberán atender a la hora del cálculo del nuevo sistema”.
La Declaración reclama asimismo “reactivar de manera complementaria el Fondo de Compensación Interterritorial” e incrementar “su dotación” y, por otro lado, “avanzar hacia una verdadera cogobernanza de los fondos europeos para evitar el desastre propiciado por la gestión unilateral de los Fondos Next Generation”, otro mantra repetido por los populares en los últimos años.
Para terminar, el documento abunda en sus críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al defender “sin matices la integridad del régimen común y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria”. “No aceptamos atajos ni excepciones que rompan un sistema que garantiza la cohesión de España”, advierten los populares, para quienes “España carece de un presidente libre que pueda defender el bien común por encima de todo”.
Y concluyen invitando a “todos los presidentes autonómicos de otros partidos a sumarse” a la iniciativa.
La propuesta del PP ya ha tenido las primeras reacciones del Gobierno de Pedro Sánchez. La propia ministra de Hacienda y candidata socialista en Andalucía, María Jesús Montero, ha criticado que el modelo planteado por los populares “contempla cero euros” para la comunidad andaluza, frente a los 5.800 de lo previsto en la iniciativa del Ejecutivo central. “Eso es lo que le importan los servicios públicos, nada. Y eso que se conformaba con 4.000...”, ha añadido Montero.
