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Patients with disabilities have long struggled with administrative hoops, blunders, and confusion when trying to qualify for federally subsidized health coverage because of their illness. Now, new federal Medicaid work requirements mean states face the additional task of deciding who qualifies for a medical exemption. That means reviewing medical cases for an even larger swath of Medicaid enrollees. The post A cancer survivor hoped to work — then she lost her Medicaid disability coverage appeared first on Montana Free Press.

This column was originally published in New Mexico In Depth’s Midweek newsletter. Readers can sign up to receive the newsletter each Wednesday. This weekend I finished The Rise and Fall of the Artificial State by Harvard professor Jill Lepore. How she ends her book has me reflecting on journalism and the role of journalists in […]

نازیلا گلستان: «زن، زندگی، آزادی» نماد بلوغ فکری جامعه ایران و تفاوت مردم و حکومت بود

Para el investigador y analista geopolítico Hugo Dionísio, la estandarización técnica y operativa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no es solo un marco de cooperación multilateral, sino un dispositivo de subordinación militar, tecnológica y económica de la Unión Europea (UE) respecto al complejo militar-industrial de Estados Unidos. En el ensayo titulado "El estándar de la OTAN como mecanismo de dominación de la industria militar europea" publicado Strategic Culture examina cómo la guerra de Ucrania ha acelerado la transferencia de soberanía de los Estados europeos hacia el tejido corporativo e institucional estadounidense. El portugués irónicamente señala que Occidente ha intentado proyectar que la operación militar especial rusa lanzada el 24 de febrero de 2022 acabó con una supuesta paz idílica lograda posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando en realidad Estados Unidos y sus aliados tienen un historial de campañas de bombardeos e intervenciones en nombre de la "democracia" y "una férrea voluntad de defender el bien". Las circunstancias fueron usadas como un momento oportuno para desempolvar los prejuicios supremacistas, rusófobos y anticomunistas de la Guerra Fría, y todos los que intentaron analizar el conflicto de forma histórica y objetiva fueron señalados de putinistas. Así, el "paraíso neoliberal en la Tierra llegó a su fin" y Europa se vio "obligada" a armarse para defenderse de Rusia. Dionísio refiere que, mientras los líderes de la UE, la OTAN y el Reino Unido prestaban para ese teatro, Estados Unidos perfeccionaba sus instrumentos de subyugación de Bruselas a través de la OTAN y, aprovechando los famosos estándares de interoperabilidad, tomó el control de las dimensiones estratégicas de la seguridad de la UE e incrementó el comercio de armas con Europa y llegó a controlar, como nunca antes, el complejo militar-industrial, incluso en países que antes se resistían a renunciar a su independencia militar, como Suecia, Francia, Italia o España. La narrativa rusófoba ocultaba la transformación que experimentaba el complejo militar-industrial de los Estados miembros de la UE: "La entrada de capital estadounidense en empresas militares-industriales europeas, la sujeción de las armas producidas en la Unión Europea a los controles de exportación estadounidenses (los mecanismos ITAR/EAR: Reglamento sobre el Tráfico Internacional de Armas y Reglamento sobre la Administración de Exportaciones) y la conversión de mecanismos comunitarios —como el instrumento SAFE— en canales para la transferencia de recursos europeos a la industria y la deuda estadounidenses. El resultado es una pérdida de soberanía que ya no es meramente política, sino también financiera, tecnológica y operativa", argumenta. Dionísio organiza su argumento en torno a tres ejes fundamentales: la ingeniería normativa de la estandarización militar, la penetración de capital financiero transnacional en las corporaciones de defensa europeas y el impacto del conflicto en Ucrania sobre el mercado armamentístico continental. La ampliación de la OTAN como oportunidad de negocios Sobre este ítem, el investigador aduce que la expansión de la organización atlantista no puede entenderse únicamente como el resultado de un proceso de entendimiento sobre seguridad colectiva. Y es que con cada nueva ampliación ha quedado en evidencia el flujo de capital, conocimiento, propiedad industrial e inteligencia que, a su criterio, "tiende a fluir en una sola dirección, desde la periferia hacia un centro que busca concentrar las ventajas resultantes en beneficio de su estrategia". Cuando ingresa un nuevo miembro a la organización, debe adaptarse a los estándares de la Alianza (los Acuerdos de Normalización, STANAG), que funcionan como mecanismos de armonización y estandarización regulatoria, industrial y operativa con respecto al modelo estadounidense. Para concretar la estandarización, existe el Plan de Acción de Producción de Defensa de la OTAN, que le da el poder a la organización de establecer los estándares y requisitos. Asimismo, impone la interoperabilidad y la estandarización de municiones y sistemas como condición para la cohesión de la Alianza. Si bien es un beneficio para los países que buscan acceder a un mercado de armas privilegiado con recursos ilimitados, para Dionísio el problema radica en que aceptar estos requisitos significa someterse a normas dictadas por Estados Unidos, el principal productor y vendedor de armas y, sobre todo, quien marca el ritmo del desarrollo tecnológico. Por ello, Estados Unidos constituye un poderoso centro de gravedad en la OTAN. No se trata de una alianza entre iguales, transparente y equilibrada, sino de una estructura condicionada por la impronta de un actor. De acuerdo con el investigador, el dominio estadounidense se impone por medio de cinco tipos de mecanismos: Las STANAG como normas recicladas de la estandarización técnica estadounidense. Una parte significativa de estos STANAG se adoptó directamente de los estándares del Departamento de Defensa de EE.UU., como es el caso, por ejemplo, del MIL-STD-1553 (un bus de datos de aviónica), publicado por la Fuerza Aérea de EE.UU. en 1973 y adoptado por la OTAN en 1981 como STANAG 3838. El caso del control criptográfico. La variante estadounidense de Link-16 (una red de comunicaciones de datos tácticos militares encriptada y resistente a las interferencias) incluye componentes clasificados como "NOFORN (no divulgables a ciudadanos extranjeros)", y "Link-16 de la OTAN" es simplemente el subconjunto de componentes que pueden transferirse según las regulaciones de control de exportaciones. Eso significa que el estándar es multilateral, pero la clave que lo activa es unilateral y estadounidense, lo que otorga a Estados Unidos un poder dominante sobre toda la información e inteligencia militar de la OTAN, así como la capacidad de activar o desactivar la tecnología en cuestión, inutilizando el equipo europeo. Dominio de la infraestructura de pruebas y cualificación. El principal evento de pruebas de interoperabilidad de la Alianza, CWIX (Exploración, Experimentación, Examen y Ejercicios de Interoperabilidad de la Coalición de Guerreros), es ejecutado por el Mando Aliado de Transformación, con sede en Norfolk, Virginia —uno de los dos mandos estratégicos de la OTAN—, y se lleva a cabo en el Centro de Entrenamiento de la Fuerza Conjunta en Bydgoszcz, Polonia. Además, los laboratorios militares estadounidenses funcionan como nodos permanentes de CWIX, lo que significa que gran parte de la validación se realiza, físicamente o mediante conexión remota, en territorio y sistemas estadounidenses. El peso financiero de Estados Unidos, agravado por la sumisión de la UE y su declive económico. Estados Unidos financia aproximadamente el 22 % de los presupuestos comunes de la OTAN, aporta una parte significativa del personal de la estructura de mando y alberga la sede del ACT en Norfolk. Un documento del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) indica que la participación de Estados Unidos en los fondos comunes ha oscilado históricamente entre el 22 % y el 25 %, y que la capacidad de la OTAN para realizar pagos a contratistas estadounidenses depende directamente de las asignaciones del Departamento de Defensa. La OTAN, como compradora y financiadora de infraestructura común (NSIP), también constituye una fuente de ingresos para la industria estadounidense. El poder de atracción pertenece a los Estados Unidos. Las normas STANAG tienden a estandarizar el equipo que utilizan los ejércitos aliados, y el equipo predominante es estadounidense: el 58% de las importaciones de armas de los países europeos de la OTAN entre 2021 y 2025 procedían de Estados Unidos, y 12 países europeos de la OTAN (13, incluyendo Suiza) han encargado o seleccionado más de 600 F-35. Cuando la OTAN estandariza las interfaces, los mensajes y las pruebas, el "sistema de referencia" con el que se comparan los demás es, en la práctica, el sistema estadounidense, lo que conlleva, como mínimo, la adquisición de un conjunto de valencias y sistemas de Estados Unidos. Europa no es dueña de su defensa A pesar de lo que digan los líderes europeos, no existe la "autonomía estratégica" que pregonan, y para Dionísio una prueba de ello es la forma en que el capital estadounidense ha penetrado en las empresas del complejo militar-industrial de la UE. A continuación, varios ejemplos que sustentan esta afirmación Rheinmetall (Alemania). A finales de 2024, aproximadamente el 28% de la empresa estaba en manos de inversores institucionales estadounidenses, entre ellos BlackRock, Morgan Stanley, Bank of America y Goldman Sachs, cada uno con alrededor del 5% de los votos. En 2022, esa participación era del 40%. Leonardo (Italia). Del 50% de las acciones gestionadas por inversores institucionales, los fondos estadounidenses representan el 57%, es decir, el 28,5% del total de la compañía. Entre ellos se encuentran BlackRock, Capital Research & Management y Vanguard. BAE Systems (Reino Unido). Los intereses institucionales estadounidenses controlan casi el 44% de la empresa británica. Airbus SE (Países Bajos). La mayor parte del 74% del capital flotante está dominada por gestores de activos, con una presencia estadounidense muy significativa, representada a través de Capital Group, BlackRock o Vanguard. Indra (España). Esta empresa española, cuyo principal accionista es el Estado, está en manos de las grandes gestoras de activos estadounidenses, como Fidelity, BlackRock, Vanguard y T. Rowe Price. Otros mecanismos de control: Control de ventas y exportaciones. Un gobierno europeo que desee vender una plataforma con componentes estadounidenses necesita autorización de Washington, un proceso que puede durar días, semanas o meses y que puede ser bloqueado políticamente. Control de datos y software. Los sistemas de armas modernos dependen de actualizaciones continuas de software, bases de datos de amenazas y datos de misión. Quien controla el software controla la plataforma, lo que incluye la posibilidad de puertas traseras o la interrupción del soporte en caso de conflicto. Efecto disuasorio. La exposición a las regulaciones ITAR "contamina" programas enteros y afecta la competitividad de las exportaciones europeas, ya que los compradores internacionales buscan plataformas libres de veto político externo. Teniendo a la vista todos estos elementos sistematizados por Dionísio, resulta insoslayable la omnipresencia del capital estadounidense en los sistemas de defensa europeos, y el detonante que aceleró la profundización de este proceso fue la guerra en Ucrania. Este conflicto ha sido rentable para Estados Unidos porque la UE se convirtió en su primer cliente en el mundo. El autor concluye que el desenlace del conflicto supondría un golpe mortal más para la hegemonía militar estadounidense en Europa, razón por la cual Estados Unidos es el mayor enemigo de la paz. 16 Sep 2026, 5:13 pm. Etiquetas:  OTAN, Rusia, Estados Unidos, Bloque tematico El negocio de la guerra Foto Sección Globalistán Tendencia Especial Antetítulo Europa no tiene control sobre su defensa

El 13 de septiembre de 2026, Bo French, el candidato republicano a la Comisión de Ferrocarriles de Texas, escribió en X: “Lloro por las familias d...

Los diputados dieron dictamen favorable a la iniciativa 6809 que  plantea una reducción temporal del IVA y del Impuesto de Distribución para reducir los precios de los combustibles que registran dos alzas en una semana llevando el galón del diésel a 50.99. Mientras tanto, el decreto aprobado la semana pasada para un subsidio de Q2,500 ... Read more The post Medidas para enfrentar los altos precios del combustible siguen entrampadas en el Congreso appeared first on Prensa Comunitaria.

Good afternoon, and welcome to September’s edition of Beyond High School.The Trump administration continued its push against diversity, equity, and inclusion programs at U.S. colleges this month with a proposal that could strip private universities of their tax-exempt status if they provide students with benefits based on race.Under longstanding federal tax rules, private schools must have nondiscrimination policies to maintain tax-exempt status. Current guidance allows private universities to favor students of color in admissions, programs, and financial aid if it promotes the school’s nondiscrimination policies.The Trump administration’s proposal would eliminate those exceptions, meaning racial considerations could cause a private school to lose its 501(c)(3) status. If approved, the rules are expected to apply to taxable years beginning after May 31, 2027. How this will affect Colorado’s private universities will take some time to become clear. The federal government requires a 60-day public comment period before the Treasury Department can finalize the rules, so it’s possible the proposal could be revised. Legal challenges could also delay implementation.You can find the rest of this month’s newsletter here.Jason Gonzales is a reporter covering higher education and the Colorado legislature. Chalkbeat Colorado partners with Open Campus on higher education coverage. Contact Jason at jgonzales@chalkbeat.org.

The videos are meant to get children interested in conservation, biology and animal care, the state agency said.

No Vale do Ribeira, entre os estados de São Paulo e Paraná, os temporais intensos estão provocando enchentes nos municípios e comunidades próximas ao Rio Ribeira do Iguapé e seus afluentes. Em comunidades quilombolas da região, no lado paranaense, moradores enfrentam dificuldades de locomoção e acesso a serviços básicos.  Chuvas intensas, que atingiram o Paraná […] Fonte

فاطمه حقیقت‌جو: در پوشش اختیاری راه برگشتی نیست و پافشاری حکومت سقوط آن را تسریع می‌کند

ဒုက္ခသည်အရေးဆွေးနွေးမယ်ဟုဆို။

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el pasado 14 de septiembre la Licencia General 52C, una autorización que amplía el margen de operaciones que determinadas empresas estadounidenses pueden realizar con Petróleos de Venezuela (PDVSA) y con las compañías en las que la estatal venezolana tenga, directa o indirectamente, una participación de al menos 50%. La licencia sustituye la versión anterior, la GL 52B. La autorización permite a las entidades estadounidenses alcanzadas por la medida participar en operaciones que hasta ahora estaban prohibidas por las sanciones estadounidenses, siempre que cumplan las condiciones establecidas por OFAC. Entre ellas se encuentran la extracción, compra, venta, almacenamiento, comercialización, entrega, transporte, exportación y reexportación de petróleo venezolano y de productos derivados de origen venezolano. El alcance también comprende actividades dentro de Venezuela. La GL 52C autoriza el suministro de diluyentes, bienes, servicios y tecnología necesarios para la exploración, el desarrollo y la producción en los sectores de petróleo, gas y productos petroquímicos. Y, de particular importancia para la expansión futura de la industria, permite la celebración de nuevos contratos de inversión destinados a esas actividades, así como la formación de nuevas empresas conjuntas u otras entidades relacionadas con ellas. Una licencia que sigue sometida a condiciones El documento, sin embargo, no supone, siquiera de manera aproximativa, el levantamiento general de las sanciones estadounidenses sobre PDVSA. Se trata de una licencia específica, con condiciones y exclusiones determinadas por Washington. Entre las operaciones que permanecen fuera de la autorización están las relacionadas con bonos y deuda de PDVSA y sus subsidiarias, determinadas operaciones sobre participaciones accionarias de PDVSA y sus empresas, y cualquier transacción destinada a modificar la estructura de gobierno corporativo de PDV Holding, CITGO Holding o CITGO Petroleum Corporation. También quedan excluidas las operaciones con personas o entidades que continúan incluidas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN). La licencia establece además restricciones sobre la forma en que pueden desarrollarse las operaciones autorizadas. No permite transacciones realizadas bajo condiciones que OFAC considere comercialmente irrazonables, ni pagos mediante oro, permutas de deuda o determinados activos digitales emitidos por o para el gobierno venezolano. También excluye operaciones que involucren personas o entidades vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y, bajo las condiciones especificadas por OFAC, China. Otro elemento relevante está en los contratos celebrados con PDVSA u otras personas bloqueadas: los procedimientos de resolución de controversias deben desarrollarse en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur. OFAC aclaró que esta exigencia se refiere al lugar donde se desarrollen los procedimientos de resolución de disputas y no implica necesariamente que el contrato deba regirse por las leyes de esas jurisdicciones. Venezuela amplía su mapa de negociaciones petroleras La nueva licencia estadounidense se incorpora a un escenario más amplio en el que Venezuela viene negociando con empresas energéticas de distintas nacionalidades la recuperación y expansión de sus capacidades de producción de petróleo y gas. La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, explicó que durante 2026 se ha producido un proceso de negociación con empresas internacionales interesadas en desarrollar proyectos tanto en tierra como costa afuera. En una entrevista transmitida por Venezolana de Televisión, señaló que el gobierno ha venido concretando acuerdos con compañías de distintas nacionalidades y que cada proyecto responde a las características particulares del campo y al modelo de negocio acordado. Uno de los primeros acuerdos que destacó fue el alcanzado con Shell para el norte de Monagas, donde el objetivo es recuperar yacimientos de crudo liviano y mediano, cuya producción resulta estratégica para la mezcla con los crudos pesados y extrapesados que predominan en la matriz petrolera venezolana. El proyecto contempla además la recuperación del parque compresor de gas de la zona, con funciones tanto para incrementar la producción como para fortalecer el suministro de gas al mercado interno, buscando atender la demanda de las industrias básicas y del sistema eléctrico nacional. En materia gasífera, también destacó el desarrollo del proyecto Cardón 4, en el que participan empresas internacionales. El campo produce actualmente alrededor de 580 millones de pies cúbicos diarios de gas y se trabaja en una fase de expansión que permitiría llevar esa producción hasta aproximadamente 645 millones de pies cúbicos diarios. El proyecto forma parte de un conjunto más amplio de iniciativas orientadas a incrementar la disponibilidad de gas natural y desarrollar los recursos costa afuera de Venezuela. La ministra también se refirió a los acuerdos con Chevron, cuya presencia en Venezuela se extiende a varias empresas mixtas. Según los datos, estas operaciones producen más de 270 mil barriles diarios y la previsión oficial es alcanzar unos 300 mil barriles diarios durante 2026, con una proyección posterior de crecimiento hasta 700 mil barriles diarios. En el caso de Eni, Henao destacó el acuerdo para el desarrollo de Junín 5, en la Faja Petrolífera del Orinoco. El 2 de septiembre, la compañía italiana suscribió con PDVSA un Contrato de Participación Productiva de Hidrocarburos por 25 años, con posibilidad de extensión, mediante el cual asumió el papel de operador exclusivo del área. Eni señala que Junín 5 contiene 35 mil millones de barriles de petróleo en sitio certificados y que actualmente produce unos 12 mil barriles diarios. La actividad negociadora también se extiende al gas costa afuera. Eni, por ejemplo, participa junto con Repsol en el campo Perla, dentro de la licencia Cardón IV, y ambas compañías han acordado condiciones para continuar y ampliar su producción, aumentando los volúmenes destinados al mercado venezolano y contemplando futuras exportaciones adicionales de gas. Se prevé que se multiplicará la firma de acuerdos en lo que resta de año, teniendo en cuenta que al cierre de esta nota PDVSA suscribió un Memorándum de Entendimiento con la empresa estadounidense Continental Resources, lo que abre la puerta a la firma de contrato a largo plazo. Henao hizo además una precisión relevante sobre la naturaleza de estos acuerdos: cada campo petrolero tiene características particulares y, por tanto, cada proyecto requiere un contrato y un modelo de negocio específico. Esto significa que la expansión de las asociaciones internacionales responde a diferentes estructuras diseñadas según las condiciones geológicas, productivas, financieras y operativas de cada área. El panorama descrito por la ministra permite colocar la GL 52C dentro de una dinámica que trasciende la relación bilateral con Washington, en la que Venezuela busca incorporar capital, tecnología y capacidad operativa internacional a distintos segmentos de su industria energética. La licencia general determina el margen de actuación de las empresas estadounidenses frente al régimen de sanciones de Washington; los acuerdos que Venezuela negocia con esas y otras compañías, en cambio, forman parte de su propia política de desarrollo de los recursos petroleros y gasíferos del país. Ello a su vez se encuentra en consonancia con la orientación venezolana de estrechar relaciones económicas y comerciales, sobre todo hidrocarburíferas, con Estados Unidos, en un contexto de dinámica asimétrica donde la política hemisférica del presidente Donald Trump se basa en el aseguramiento y la expansión de la firma de contratos de compañías estadounidenses con gobiernos y sectores privados en toda la región latinocaribeña. Esta aproximación da cuenta de que Washington no tiene la menor intención de levantar sanciones a Venezuela, en vista de que puede gestionar la ventaja coercitiva a través de la emisión de licencias generales y específicas, y por ende esperar una mayor alineación en el sector petrolero y gasífero con Caracas. 16 Sep 2026, 5:06 pm. Etiquetas:  Venezuela, Petróleo, Gas, Bloque tematico Venezuela energética Foto Sección Venezuela Tendencia Especial Antetítulo GL 52C a la luz de los acuerdos firmados este año

Implementação da escala 5×2 com redução para jornada de 35 horas semanais; o fim da Polícia Militar e a criação de milícias operárias estão entre as propostas do candidato ao Senado de SP pelo PCO, Ednelson Cesaretti. Em participação no Conexão BdF, da Rádio Brasil de Fato, Cesaretti defendeu a mobilização da classe trabalhadora por […] Fonte

Pumpkins, corn, hay, hauntings, and more have one thing in common: They’re fall favorites. Here are 8 places in Omaha that you need to check out this year. The post Fall fun in Omaha: Best pumpkin patches, corn mazes, hay rides, & more appeared first on Good Info Newswire.

A Sigma Mineração segue em operação no Vale do Jequitinhonha mesmo após decisão da Justiça Federal que determinou a paralisação total da lavra. Moradores registraram novo desmonte, nesta segunda-feira (14), na Cava Norte, no Complexo Grota do Cirilo, entre Itinga e Araçuaí. Registros fotográficos obtidos pela reportagem mostram máquinas em atividade nesta semana. A ordem, […] Fonte

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ساعاتی پس از آنکه بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را افزایش داد در پیامی گفت نرخ بهره آمریکا باید یک درصد یا کمتر باشد.

Sign up for Chalkbeat Chicago’s free daily newsletter to keep up with the latest education news.The four candidates for Chicago Board of Education president met Tuesday for a live WTTW forum, where they discussed how they’d govern if Chicagoans pick them in the Nov. 3 election. During the forum moderated by WTTW reporter Brandis Friedman, candidates Jessica Biggs, Hilario Dominguez, Victor Henderson, and Sendhil Revuluri also defended themselves against past allegations or criticism.The candidates are running for the city’s first fully elected school board, responsible for hiring and evaluating the district’s CEO, adopting a budget plan, and setting district policy. The board president sets meeting agendas and breaks tie votes. Biggs is a current school board member; Dominguez is the former deputy political director for the Chicago Teachers Union; Henderson is an attorney and a board member for Urban Prep Charter School, and Revuluri is a former member of the Chicago Board of Education under former Mayor Lori Lightfoot. Perhaps the most popular question of the night came from 17-year-old Vaughn Webster, a senior at Ogden International High School who was sitting in the audience, reflecting on what many voters will consider this fall: “Why should I trust that you will act in my best interest and my peers’ best interest, and how should we hold you accountable if you fail to represent those interests?”Here are four highlights from the forum. On the student’s question around trustFriedman asked Dominguez and Henderson to respond to Vaughn’s question. Both advised Vaughn and his peers to stay engaged in school board discussions.Dominguez recalled when, as a CPS high schooler around 2010, he walked out in protest of budget cuts. “I expect the same type of accountability,” Dominguez said. “I expect you all to walk out and protest if you think you have to, and meet me at the door to hold me accountable.”Vaughn Webster, 17, a senior at Ogden International High School, who asked an audience question at a WTTW school board candidates forum on Tuesday, Sept. 15, 2025.Henderson said that getting demands fulfilled in a democracy requires being an “active participant.”“If you want to see CPS provide the best education possible, then you and your classmates and your parents and your teachers and your principals and everybody in this room needs to stand up and step up and make sure that that happens,” Henderson said. How to handle CPS’s challenging financesThe candidates had distinct opinions about how to tackle CPS’s recurring budget deficits.Biggs highlighted her vote against the board’s decision this summer to adopt a budget that assumes CPS will receive another $150 million in state funds that isn’t guaranteed. She said it’s “really important” to keep pushing the state and city for support, “but we simply cannot budget with money that we don’t have.”Dominguez, who supported the board’s decision to assume it will get the additional money, said he’d fight for more state funding and progressive tax revenue increases. “I believe the job of school board president isn’t to predict that Springfield will say no — I believe the job of the school board president is to fight and make sure that Springfield will say yes,” he said. Henderson said he doesn’t believe CPS’s budget figures “at all” and wants outside financial experts to analyze how the district spends its money. He said he wouldn’t support a tax increase until Chicagoans know “that CPS is spending the money that it gets properly.”Revuluri said the budget was crafted poorly this year because he believes it was more focused on appeasing unnamed special interests. He said it should start with student needs “because too many of our students are receiving an impoverished education,” Revuluri said. On closing schoolsA resolution calling for no school closures will expire by the end of this school year. CPS enrollment has dropped by about 70,000 students during the past decade. Biggs, Henderson, and Revuluri did not rule out school closures, while Dominguez did. Biggs, a former principal whose South Side elementary school escaped closure in 2013, said she saw how other nearby closures sewed distrust among families.“We cannot repeat a topdown, mass closure experience because it does not create the sort of system that I believe we need to move forward …. it’s the district’s responsibility to organize itself and to support the desires and the needs that communities express,” she said. Dominguez cited recent research that found gun violence increased in neighborhoods surrounding closed schools. He suggested that Chicago should repurpose unused school space, such as for health clinics or food pantries. Henderson said he’s not for or against closures; rather, he supports having the “hard conversations.” “The first place you got to go to is the people in that area,” Henderson said. “What would you like to see? What do you think? How would you like to see us proceed?”Revuluri said that the district currently has “too many schools that are too empty to give kids a quality educational experience.” Students in small schools tend to have reduced access to a variety of courses and extracurricular activities, a Chalkbeat and Propublica investigation found. On their past controversies Friedman, the moderator, asked each candidate to respond to questionable issues in their pasts. Biggs was fired from her principal job in 2018 after the district’s inspector general found students were marked tardy even if they missed too much of the school day and that she instructed staff to take students to school without proper paperwork. The matter also was raised during her successful 2024 campaign.Biggs said she believes her firing was retaliation for speaking out against a controversial CPS custodial contract and the denial of special education services for many students. She noted that outside counsel decided CPS should remove her from its do-not-hire list last year.Dominguez faced a campaign finance complaint in July from the Revuluri campaign, which alleged the Dominguez campaign had not properly reported donations or expenditures. One day after Chalkbeat reported the complaint, Dominguez’s campaign filed more than $44,000 in in-kind contributions from the CTU, his primary backer. Dominguez said his campaign is in full compliance, and the complaint was withdrawn. Revuluri said it was withdrawn because they learned the matter wouldn’t be addressed until late October, “and honestly, we have better things to do.” Henderson responded to allegations his ex-wife made in divorce filings years ago that he had physically abused one of his sons multiple times. Henderson did not deny the allegations Tuesday night but said he loves his children, and the judge at the time didn’t change “anything for me, in terms of parenting.” “When it was necessary for me to have guardrails because my kids weren’t doing the things that they should have done, and I did that with love,” Henderson said.Revuluri was asked about his time on the board during the pandemic, when the board authorized the use of billions of dollars in federal COVID relief dollars. Some financial experts have criticized the district’s reliance on the temporary federal dollars for recurring expenses, such as hiring thousands of additional staffers, which has helped exacerbate the district’s current financial challenges. Revuluri said he asked more questions at the time, including what these investments would look like when the money ran out. Reema Amin is a reporter covering Chicago Public Schools. Contact Reema at ramin@chalkbeat.org.

Падзеі 17 верасьня ў Беларусі, сьвеце, гісторыі.

Sign up for Chalkbeat New York’s free daily newsletter to get essential news about NYC’s public schools delivered to your inbox.A coalition of union officials and civil rights leaders urged New York Gov. Kathy Hochul on Wednesday to reverse her plans to opt into a federal tax-credit scholarship program passed by Republicans in Congress and signed by President Donald Trump.During a gathering at the Lower Manhattan headquarters of the United Federation of Teachers, top officials argued that the voucher-like program represents a threat to public education. They said it would allow public funding to flow to private schools that may refuse to admit higher-need children. They were flanked by several lawmakers and representatives from advocacy groups, including the NAACP. “Vouchers are about allowing private schools to pick and choose who they admit, leaving the most vulnerable children behind,” said Randi Weingarten, president of the American Federation of Teachers. She offered a blunt message to the governor: “Opt out right now.”The press conference is one of the most visible efforts so far to persuade Hochul, who is facing reelection in November, to change her position on the federal program. Many of the groups support Hochul’s reelection bid and are hopeful she will be receptive to their arguments, even as she indicated in May that she plans to opt the state in.In a statement, Hochul’s office reiterated its support for the program and emphasized that public school students can benefit from it. “Governor Hochul’s priority is making sure every student receives an education that best meets their needs, which is why she wants the federal scholarship tax credit to benefit all New York students,” Hochul spokesperson Jonah Allon said. He noted the governor has increased funding for public schools and that the tax credit program would not divert funding from local and state budgets. The tax credit program, approved last year through the Republican-backed One Big Beautiful Bill Act, will take effect in January 2027. It allows taxpayers who donate up to $1,700 to an eligible scholarship-granting organization to receive an equivalent reduction in their federal taxes. Those organizations can give students money for private school tuition, tutoring, and other education-related costs. Governors must opt their states in for students to benefit from the program. Hochul’s office has previously said she’s waiting for regulations from the Treasury Department, expected later this month, to see if there are any “poison pills” that would change her decision to participate.Union officials said they still believe there’s time to get their message across to the governor. “We’re just hoping that she continues to have an open mind and hears us,” United Federation of Teachers President Michael Mulgrew told reporters on Wednesday.Thirty states have formally opted in, according to a list maintained by the Internal Revenue Service. Most are Republican-led, and many already have state voucher or education savings account programs. So far, Colorado Gov. Jared Polis is the only Democrat to officially opt into the program and enthusiastically embrace it. In Kentucky, Kansas, and North Carolina, Republican-controlled legislatures overrode Democratic governors’ vetoes to opt their states into the program. Some Democratic governors, including Oregon Gov. Tina Kotek and Wisconsin Gov. Tony Evers, have firmly rejected the program. Most are taking a wait-and-see approach, prompting furious lobbying from all sides.The federal program would represent a dramatic expansion of private school choice in blue states that have resisted vouchers. But some public education advocates have argued that it would be a mistake to pass up the opportunity to raise money for tutoring or after-school programs — even if they think the credit is bad policy. Teachers unions have generally taken the opposite tack, arguing the program will undermine public schools by luring away students and directing more taxpayer dollars to private schools.Still, enrollment and funding are not necessarily directly linked: State funding for New York school districts has increased in recent years even as there are fewer students in public schools. Funding for the federal tax credit comes from federal, not state, coffers. Advocates have pitched the effort as essentially free federal money.Union leaders raised a host of other concerns. They argued that scholarship-granting organizations could spend money in ways that don’t benefit students and that public funding could flow to schools that may not welcome students with disabilities or other needs. They also noted that relatively affluent families could benefit from scholarships to private schools because families earning up to 300% of their area’s median income are eligible. “The fundamental difference between public and private schools is this: we educate everyone,” said Melinda Person, president of New York State United Teachers.Others are pressuring Hochul to move forward with her plans to opt in. A coalition of 37 anti-poverty groups, community-based organizations, and charter school leaders argued in a Sept. 10 letter to Hochul that the program could benefit public school students.“This program offers a source of funding, at no cost to the state education budget, that can expand access to tutoring, afterschool programming, special education services, and other supports that are too often out of reach for lower-income families,” the letter states. “We believe New York can shape its participation in ways that meaningfully benefit public school students.”Jim Blew, who advises a coalition of groups backing the tax credit, praised Hochul’s plan to participate.“We are very impressed that she has stood up to the unfounded arguments from the unions,” said Blew, who worked in the Education Department during Trump’s first term. “This takes no money from the state budget for public education.”Ideas editor Matt Barnum and national editor Erica Meltzer contributed.Alex Zimmerman is a senior reporter for Chalkbeat New York, covering NYC public schools. Contact Alex at azimmerman@chalkbeat.org.

(The Center Square) – New legislation has been filed to repeal an Illinois tax on sports wagering and fantasy contests. State Rep. Travis Weaver, R-Peoria, filed House Bill 5814 on Monday to repeal the tax that Gov. J.B. Pritzker signed into law last June. Weaver said the tax may be challenged in court. “Anytime a tax is tried for the first time ever, you’ve got to wonder why the other 49 states aren't doing it. It probably has to do with the fact that they think that it's illegal,” Weaver told The Center Square. In addition to the tax on sports wagering, the state revenue package passed by the General Assembly last spring and signed by Gov. J.B. Pritzker in June includes taxes on digital assets, prediction markets and digital advertising, along with a social media platform fee. Weaver said Pritzker tried five new taxes that were never tried in any other state. “Because of that, they actually aren't even predicting any revenue because of those taxes. They're actually predicting costs because of those taxes,” Weaver said. The Peoria Republican said Illinoisans are tapped out on new taxes. “So, they're predicting that they're not going to raise any money on these new taxes, but they're only going to get sued. So, they put costs on them for the attorney general to go and defend them. I think that's ridiculous,” Weaver said. With lawsuits already filed against three of the revenue measures, Weaver said litigation could cost taxpayers millions of dollars. “Attorneys are expensive. You’ve got to fund the attorney general to do these cases. There's five different cases. Each of them, I anticipate, will probably get sued from a lot of different angles,” Weaver said. Last month, Weaver filed House Bill 5806 to repeal the social media platform fee and HB 5807 to repeal the digital advertising tax. State Rep. John Cabello, R-Machesney Park, filed HB 5798 to repeal the digital assets tax less than a week after Pritzker signed it into law in June.