La CNMC publicará las estaciones de servicio que registren comportamientos "anómalos" para que "los consumidores puedan reclamar", explica el Ministerio de Consumo, impulsor de esta medidaEl Gobierno mantiene las rebajas en la gasolina para profesionales y una retirada “progresiva” para hogares hasta octubre
El decreto-ley que aprobó el pasado lunes el Gobierno con las nuevas ayudas para mitigar el efecto de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz incluye la publicación de una lista pública de gasolineras con “comportamiento anómalo” que se va a habilitar en la web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que va a recoger las estaciones de servicio “que se aprovechen de las ayudas estatales para aumentar sus beneficios”, para que “los consumidores puedan reclamar”, explica el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, impulsor de esta medida.
Entre las novedades que recoge la norma que entra en vigor este miércoles y que debe convalidar el Congreso de los Diputados, “se encuentra la de informar a los consumidores y usuarios si hay estaciones de carburantes que puedan estar aprovechándose de las ayudas estatales de protección por la guerra de Irán (como el descuento por litro de hidrocarburo) para aumentar sus beneficios”, explica el departamento de Pablo Bustinduy.
La CNMC va a tener que realizar “un seguimiento reforzado de los márgenes brutos de distribución de carburantes”, según el decreto, y vigilará los márgenes de beneficio de “todas las estaciones de carburantes”, subraya Consumo, que destaca que esta es otra novedad respecto al anterior decreto de marzo, que solo obligaba a reportar sus datos a los operadores con capacidad de refino en España.
“Con esta modificación normativa, se ha eliminado esa limitación y todos los operadores al por mayor están obligados a desglosar sus costes reales y precios de venta hasta el 31 de diciembre de 2026, estableciéndose como una infracción grave el incumplimiento de este deber de información”, destaca Consumo.
Con la nueva normativa, la CNMC podrá comprobar “en qué estaciones suben el precio de sus carburantes sin justificar que esa subida corresponde a un incremento de sus costes reales. Y los nombres de aquellas gasolineras en las que haya indicios de comportamientos anómalos serán publicados en esta lista pública”, explica el ministerio de Bustinduy. En concreto, si la CNMC aprecia un “posible comportamiento anómalo” en una estación de servicio, lo pondrá en conocimiento de su titular o gestor y le requerirá para que justifique las desviaciones observadas o “adopte medidas para revertirlas”, señala el decreto.
“De considerar no justificada la desviación, la CNMC incluirá a esa estación en una lista pública que se mantendrá actualizada en su web”, incluyendo “al menos, la instalación afectada, el periodo evaluado y los productos afectados”, dice el decreto. “La inclusión no tendrá carácter sancionador ni prejuzgará la existencia de infracción administrativa” y la Comisión sacará a la gasolinera de ese listado “cuando deje de concurrir la circunstancia que motivó su inclusión”.
Esta medida, destaca Consumo, “no solo garantiza un mecanismo disuasorio y de señalamiento público para evitar que se produzcan esos abusos por parte de los operadores de carburantes”. La lista servirá “como base para que los consumidores puedan presentar reclamaciones al titular o gestor de la estación de carburante o, en su caso, a las autoridades competentes de consumo”.
Este nuevo mecanismo impone nuevas obligaciones a las gasolineras, que deberán habilitar un canal de reclamación visible, accesible y gratuito en el propio establecimiento y en su página web, que tendrá que estar disponible hasta tres meses después de salir de la lista pública.
Además, se introduce “la responsabilidad compartida”: si el precio lo ha fijado un tercero, la gasolinera deberá facilitar al consumidor la identidad y contacto del distribuidor mayorista para que pueda presentar la reclamación económica contra el responsable. Y si la empresa rechaza la reclamación del consumidor, deberá informarle de las vías disponibles para resolver el conflicto sin acudir a los tribunales, explicarle cómo acceder a ellas y facilitarle los datos de los organismos competentes para que pueda ejercer sus derechos.
Retirada progresiva
Para paliar los efectos derivados del encarecimiento de los productos energéticos por el cierre de Ormuz, por el que transitaba un 20% del petróleo y el gas que consume el planeta antes de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el decreto establece una retirada progresiva de parte de las ayudas a los carburantes para los hogares. Para los productos cuyo consumo se encuentra más extendido, el gasóleo y las gasolinas sin plomo, en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos se realiza una bajada de tipos de gravamen de 15 céntimos de euro por litro en julio, de 10 céntimos en agosto y de 5 céntimos en septiembre. Sin embargo, decae la rebaja del IVA al 10% de los carburantes incluyó el primer paquete de medidas anticrisis, en línea con las recomendaciones recibidas desde Bruselas.
La CNMC publicó este martes un informe del que se desprende que no ha detectado “problemas estructurales de competencia en los márgenes del sector de carburantes”. El organismo ya apuntó a finales de mayo, tras analizar los precios de más de 10.500 gasolineras después del decreto de marzo, que el mercado había tenido un “comportamiento global adecuado”, con solo “un número reducido de estaciones de servicio con posibles desviaciones”, sin que se detectase un comportamiento anómalo generalizado del mercado “ni una apropiación significativa de la rebaja fiscal por parte del conjunto de las redes”.
Solamente afloró “un grupo no relevante” de 52 gasolineras que el organismo que todavía preside Cani Fernández no identificó, por tratarse de información “confidencial”, que incurrieron en posibles comportamientos “anómalos”, con desviaciones de precio de más de 10 céntimos de euro por litro con respecto a su comportamiento “esperado”.
A mediados de junio, el Gobierno acordó prorrogar hasta fin de año la obligación de las petroleras de informar a la CNMC sobre sus costes y los precios de venta de los carburantes. Y ahora ha introducido esa suerte de lista negra. A pesar de que esas 52 gasolineras detectadas en el análisis realizado hasta el pasado 30 de abril “son pocas, entendemos que es bueno que se dé publicidad y que los consumidores sean conscientes de dónde la CNMC ha podido detectar cualquier comportamiento fuera de lo que se entiende un comportamiento normal”, dijo el pasado lunes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, sobre la oportunidad de activar esta medida ahora.
