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Desde su computadora, un investigador especializado en teledetección de hidrocarburos pasa meses revisando datos de los satélites Sentinel-1 y Sentinel-2, cruzando cada sobrevuelo con algoritmos para identificar anomalías y registrar la superficie de los cuerpos de agua de Venezuela. Para él, la imagen desde el espacio de una lámina iridiscente sobre el Lago de Maracaibo […]
Desde su computadora, un investigador especializado en teledetección de hidrocarburos pasa meses revisando datos de los satélites Sentinel-1 y Sentinel-2, cruzando cada sobrevuelo con algoritmos para identificar anomalías y registrar la superficie de los cuerpos de agua de Venezuela. Para él, la imagen desde el espacio de una lámina iridiscente sobre el Lago de Maracaibo […]
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¿A quiénes afectará esta regularización? A las personas inmigrantes que se encuentren en situación irregular en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y que hayan residido al menos 5 meses. La cifra estimada de beneficiarios de esta regularización es de 500.000, como anunció Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 27 de enero. "> Además, Saiz también aseguró que los menores a cargo de estas personas migrantes en situación irregular y los solicitantes de protección internacional que hayan presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025 también podrán beneficiarse de la regularización. Según el último informe del centro de análisis Funcas, elaborado con datos del año 2025, a 1 de enero había 840.000 personas no comunitarias en situación administrativa irregular en España. ¿Qué requisitos se exige a las personas migrantes para poder beneficiarse de esta regularización? Haber residido en España durante al menos 5 meses antes del 31 de diciembre de 2025 y poder acreditarlo, según adelantó Irene Montero en el programa ‘Aquí Catalunya’, de la Cadena Ser, y también aseguró Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Para llevar a cabo esta acreditación no solo será válido el padrón, sino que también se aceptará “una factura, una cita médica, un informe médico” o también “un contrato de luz o un certificado de envío de dinero”. Otra de las medidas exigidas será demostrar no tener antecedentes penales, como ha contado Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Así, aquellas personas con una orden de expulsión vigente por la comisión de algún delito, no podrían optar a esta regularización. Saiz también explicó en ‘La Hora de la 1’ que se espera que las solicitudes puedan empezar a presentarse a principios de abril de 2026 y que el proceso esté abierto hasta el 30 de junio. Además, en cuanto a la resolución de las solicitudes, la ministra aseguró que se prevé “un plazo de no más de tres meses”. ¿Qué alega el Gobierno para tramitar la regularización a través de un Real Decreto? Durante la entrevista en ‘La Hora de la 1’, la ministra Elma Saiz aseguró que, dado que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de personas migrantes que llegó al Congreso en abril de 2024 estaba “guardada en un cajón”, han optado por utilizar la figura del Real Decreto, recogida en el marco constitucional, para llevar a cabo la “modificación del reglamento de la Ley de Extranjería”. Ante este anuncio, VOX afirmó, por medio de una nota de prensa en su página web, que en cuanto la medida se publique en el Boletín Oficial del Estados (BOE), interpondrán “un recurso contencioso ante el Tribunal Supremo”. Además, consideran que la medida, que al tramitarse mediante Real Decreto no pasa por la votación en el Congreso, no cuenta con “las garantías necesarias de seguridad”. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP) tuiteó que la regularización es una medida “para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos”. ¿Regularizar es lo mismo que nacionalizar? No, la regularización y la nacionalización son procesos diferentes. La regularización es un proceso administrativo por el cual las personas migrantes que están irregulares en el territorio obtendrán una autorización de residencia legal. Esta autorización tendrá una vigencia inicial de un año, cinco en el caso de las familias con hijos menores, según explicó Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además, las personas migrantes que soliciten esta regularización podrán trabajar desde el momento en el que su solicitud sea admitida a trámite, un periodo que se estima que no se prolongue más de quince días. Por otro lado, la nacionalidad por residencia en España es un procedimiento que requiere, al menos, 10 años de residencia “de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición”. En el caso de nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí, el periodo de residencia se reduce a dos años. Además, deberán hacer dos pruebas en el Instituto Cervantes: una sobre el conocimiento del idioma español y otra de conocimientos constitucionales y socioculturales de España. En ningún caso la regularización supone la obtención de la nacionalidad. Además de esta vía, las personas extranjeras también pueden optar a la nacionalidad por opción, por carta de naturaleza o por posesión de estado. ¿La regularización concede derecho a voto? Estar regularizado no concede automáticamente el derecho a voto. En el caso de las elecciones generales y autonómicas, este es un derecho reservado únicamente a las personas con nacionalidad española. En cuanto a las elecciones municipales, las personas migrantes que tienen derecho a votar son aquellas que residen legalmente y que o bien son ciudadanas de la Unión Europea, o bien proceden de alguno de los países con los que España tiene firmados acuerdos de reciprocidad. En las últimas elecciones municipales, celebradas en 2023, pudieron votar extranjeros de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago que hubieran residido cinco años en España (tres en el caso de Reino Unidos y Noruega). En el caso de las elecciones europeas, el derecho a voto es para ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea que residan en España y a personas con nacionalidad española. ¿Esta es la primera regularización extraordinaria de personas migrantes? No. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en España ha habido otras seis regularizaciones extraordinarias antes de la prevista para 2026. La primera de ellas se produjo en 1986 bajo el Gobierno de Felipe González (PSOE) y otras dos en 1991 y 1996, con un total de 174.011 solicitudes aprobadas. En 2005 hubo otra regularización de 576.506 personas bajo un gobierno socialista, esta vez durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). En el año 2000 y 2001, el gobierno de Aznar (PP) concedió la regularización a cerca de 500.000 personas en situación irregular en sus dos legislaturas. Datos de regularizaciones en España. Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ¿Las personas migrantes regularizadas pueden ser deportadas? Sí, si cometen algún delito con una pena de prisión superior a un año, como recogen la Ley de Extranjería y el Código Penal. Así lo estableció también el Tribunal Supremo en 2018. Esta expulsión conlleva “la extinción de cualquier autorización para permanecer legalmente en España”, así como “el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España del extranjero expulsado”. ¿Las personas migrantes regularizadas pueden optar a la reagrupación familiar? Sí. Según recoge la Ley de Extranjería, las personas extranjeras residentes en España tienen derecho a la reagrupación familiar, después de la renovación del primer permiso de residencia, de su pareja, de sus hijos menores de edad o los de su pareja y de los hijos mayores de edad en situación de dependencia. Además, si consiguen la residencia de larga duración, obtenida tras cinco años de residencia legal y continuada en España, también podrán reagrupar a los ascendientes en primer grado mayores de 75 años.

¿A quiénes afectará esta regularización? A las personas inmigrantes que se encuentren en situación irregular en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y que hayan residido al menos 5 meses. La cifra estimada de beneficiarios de esta regularización es de 500.000, como anunció Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 27 de enero. "> Además, Saiz también aseguró que los menores a cargo de estas personas migrantes en situación irregular y los solicitantes de protección internacional que hayan presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025 también podrán beneficiarse de la regularización. Según el último informe del centro de análisis Funcas, elaborado con datos del año 2025, a 1 de enero había 840.000 personas no comunitarias en situación administrativa irregular en España. ¿Qué requisitos se exige a las personas migrantes para poder beneficiarse de esta regularización? Haber residido en España durante al menos 5 meses antes del 31 de diciembre de 2025 y poder acreditarlo, según adelantó Irene Montero en el programa ‘Aquí Catalunya’, de la Cadena Ser, y también aseguró Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Para llevar a cabo esta acreditación no solo será válido el padrón, sino que también se aceptará “una factura, una cita médica, un informe médico” o también “un contrato de luz o un certificado de envío de dinero”. Otra de las medidas exigidas será demostrar no tener antecedentes penales, como ha contado Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Así, aquellas personas con una orden de expulsión vigente por la comisión de algún delito, no podrían optar a esta regularización. Saiz también explicó en ‘La Hora de la 1’ que se espera que las solicitudes puedan empezar a presentarse a principios de abril de 2026 y que el proceso esté abierto hasta el 30 de junio. Además, en cuanto a la resolución de las solicitudes, la ministra aseguró que se prevé “un plazo de no más de tres meses”. ¿Qué alega el Gobierno para tramitar la regularización a través de un Real Decreto? Durante la entrevista en ‘La Hora de la 1’, la ministra Elma Saiz aseguró que, dado que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de personas migrantes que llegó al Congreso en abril de 2024 estaba “guardada en un cajón”, han optado por utilizar la figura del Real Decreto, recogida en el marco constitucional, para llevar a cabo la “modificación del reglamento de la Ley de Extranjería”. Ante este anuncio, VOX afirmó, por medio de una nota de prensa en su página web, que en cuanto la medida se publique en el Boletín Oficial del Estados (BOE), interpondrán “un recurso contencioso ante el Tribunal Supremo”. Además, consideran que la medida, que al tramitarse mediante Real Decreto no pasa por la votación en el Congreso, no cuenta con “las garantías necesarias de seguridad”. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP) tuiteó que la regularización es una medida “para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos”. ¿Regularizar es lo mismo que nacionalizar? No, la regularización y la nacionalización son procesos diferentes. La regularización es un proceso administrativo por el cual las personas migrantes que están irregulares en el territorio obtendrán una autorización de residencia legal. Esta autorización tendrá una vigencia inicial de un año, cinco en el caso de las familias con hijos menores, según explicó Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además, las personas migrantes que soliciten esta regularización podrán trabajar desde el momento en el que su solicitud sea admitida a trámite, un periodo que se estima que no se prolongue más de quince días. Por otro lado, la nacionalidad por residencia en España es un procedimiento que requiere, al menos, 10 años de residencia “de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición”. En el caso de nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí, el periodo de residencia se reduce a dos años. Además, deberán hacer dos pruebas en el Instituto Cervantes: una sobre el conocimiento del idioma español y otra de conocimientos constitucionales y socioculturales de España. En ningún caso la regularización supone la obtención de la nacionalidad. Además de esta vía, las personas extranjeras también pueden optar a la nacionalidad por opción, por carta de naturaleza o por posesión de estado. ¿La regularización concede derecho a voto? Estar regularizado no concede automáticamente el derecho a voto. En el caso de las elecciones generales y autonómicas, este es un derecho reservado únicamente a las personas con nacionalidad española. En cuanto a las elecciones municipales, las personas migrantes que tienen derecho a votar son aquellas que residen legalmente y que o bien son ciudadanas de la Unión Europea, o bien proceden de alguno de los países con los que España tiene firmados acuerdos de reciprocidad. En las últimas elecciones municipales, celebradas en 2023, pudieron votar extranjeros de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago que hubieran residido cinco años en España (tres en el caso de Reino Unidos y Noruega). En el caso de las elecciones europeas, el derecho a voto es para ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea que residan en España y a personas con nacionalidad española. ¿Esta es la primera regularización extraordinaria de personas migrantes? No. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en España ha habido otras seis regularizaciones extraordinarias antes de la prevista para 2026. La primera de ellas se produjo en 1986 bajo el Gobierno de Felipe González (PSOE) y otras dos en 1991 y 1996, con un total de 174.011 solicitudes aprobadas. En 2005 hubo otra regularización de 576.506 personas bajo un gobierno socialista, esta vez durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). En el año 2000 y 2001, el gobierno de Aznar (PP) concedió la regularización a cerca de 500.000 personas en situación irregular en sus dos legislaturas. Datos de regularizaciones en España. Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ¿Las personas migrantes regularizadas pueden ser deportadas? Sí, si cometen algún delito con una pena de prisión superior a un año, como recogen la Ley de Extranjería y el Código Penal. Así lo estableció también el Tribunal Supremo en 2018. Esta expulsión conlleva “la extinción de cualquier autorización para permanecer legalmente en España”, así como “el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España del extranjero expulsado”. ¿Las personas migrantes regularizadas pueden optar a la reagrupación familiar? Sí. Según recoge la Ley de Extranjería, las personas extranjeras residentes en España tienen derecho a la reagrupación familiar, después de la renovación del primer permiso de residencia, de su pareja, de sus hijos menores de edad o los de su pareja y de los hijos mayores de edad en situación de dependencia. Además, si consiguen la residencia de larga duración, obtenida tras cinco años de residencia legal y continuada en España, también podrán reagrupar a los ascendientes en primer grado mayores de 75 años.
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El BCE supervisará los criterios y precios de las hipotecas para evitar riesgos futuros. La medida llega en medio de la escalada de precios de la vivienda y la guerra entre bancos.

El BCE supervisará los criterios y precios de las hipotecas para evitar riesgos futuros. La medida llega en medio de la escalada de precios de la vivienda y la guerra entre bancos.
7 minutes
Hours after Gov. Tim Walz said President Donald Trump was open to an independent state investigation into the fatal shootings of Renee Good and Alex Pretti by federal agents this month, Minnesota state and local lawyers told a federal judge Monday that they had reason to believe federal agencies wouldn’t follow through. The hearing revealed […]
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Hours after Gov. Tim Walz said President Donald Trump was open to an independent state investigation into the fatal shootings of Renee Good and Alex Pretti by federal agents this month, Minnesota state and local lawyers told a federal judge Monday that they had reason to believe federal agencies wouldn’t follow through. The hearing revealed […]
9 minutes

TOPEKA — The anti-transgender “bathroom bill” made a comeback in Kansas politics Monday after a GOP-led legislative committee pushed out legislation to force anyone using a bathroom in government buildings to use the facility matching their biological sex at birth. In an often antagonistic hearing, the House Judiciary Committee voted along party lines to expand […]

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TOPEKA — The anti-transgender “bathroom bill” made a comeback in Kansas politics Monday after a GOP-led legislative committee pushed out legislation to force anyone using a bathroom in government buildings to use the facility matching their biological sex at birth. In an often antagonistic hearing, the House Judiciary Committee voted along party lines to expand […]
10 minutes
Burgos hiriburutik abiatuko den hamazazpi kilometroko zati bat da lehena, eta Manzanos eta Argantzon arteko zazpi kilometrokoa bestea. 356,7 milioi euroren kostua izango dute lanek.
Burgos hiriburutik abiatuko den hamazazpi kilometroko zati bat da lehena, eta Manzanos eta Argantzon arteko zazpi kilometrokoa bestea. 356,7 milioi euroren kostua izango dute lanek.
11 minutes
Igari, Bidankoze eta Erronkari arteko errepidea eraikitzeko obretan lan esklaboa egiten izandako hamabi lagunen senideek egin dute eskaera, estatu mailan egin zezaketen bidea amaitu ostean.
Igari, Bidankoze eta Erronkari arteko errepidea eraikitzeko obretan lan esklaboa egiten izandako hamabi lagunen senideek egin dute eskaera, estatu mailan egin zezaketen bidea amaitu ostean.
14 minutes

A trial with nationwide implications is set to open Wednesday in Philadelphia pitting a retired landscaper suffering from Parkinson’s disease against the multinational agrochemical company Syngenta over accusations that the company’s paraquat weed killing products cause the incurable brain disease. The post First US paraquat trial to start this week, examining links between the pesticide and Parkinson’s disease appeared first on The New Lede.

A trial with nationwide implications is set to open Wednesday in Philadelphia pitting a retired landscaper suffering from Parkinson’s disease against the multinational agrochemical company Syngenta over accusations that the company’s paraquat weed killing products cause the incurable brain disease. The post First US paraquat trial to start this week, examining links between the pesticide and Parkinson’s disease appeared first on The New Lede.
15 minutes
Конфликт в Миннесоте стал большой политической проблемой для президента США Дональда Трампа и его администрации. Там проходит масштабная операция по выявлению и депортации иммигрантов, не имеющих легального статуса. Она сопровождается протестами и частыми стычками между местными жителями и агентами федеральных служб — иммиграционной и таможенной полиции (ICE) и пограничного патруля.
Конфликт в Миннесоте стал большой политической проблемой для президента США Дональда Трампа и его администрации. Там проходит масштабная операция по выявлению и депортации иммигрантов, не имеющих легального статуса. Она сопровождается протестами и частыми стычками между местными жителями и агентами федеральных служб — иммиграционной и таможенной полиции (ICE) и пограничного патруля.
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বুম বাংলাদেশ দেখেছে, ভিডিওটি বাস্তব কোনো দৃশ্যের নয় বরং এআই প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয়েছে।
বুম বাংলাদেশ দেখেছে, ভিডিওটি বাস্তব কোনো দৃশ্যের নয় বরং এআই প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয়েছে।
16 minutes

Today, family members of two Trinidadian men killed in a U.S. missile strike in October are suing the U.S. government for wrongful death and extrajudicial killing. Chad Joseph, 26, and Rishi Samaroo, 41, were killed in one of the 36 strikes the Trump administration has launched against civilian boats in the Caribbean and Pacific Ocean. At least 125 people have been killed in these strikes since September 2025. On October 14, Mr. Joseph and Mr. Samaroo were returning from Venezuela to their homes in Las Cuevas, Trinidad and Tobago when a missile struck their boat. Four other people also died in the strike. The plaintiffs are Lenore Burnley, Mr. Joseph’s mother, and Sallycar Korasingh, Mr. Samaroo’s sister. They bring this case on behalf of surviving members of Mr. Joseph’s and Mr. Samaroo’s families. “Chad was a loving and caring son who was always there for me, for his wife and children, and for our whole family. I miss him terribly. We all do,” said Mr. Joseph’s mother, Lenore Burnley. “We know this lawsuit won’t bring Chad back to us, but we’re trusting God to carry us through this, and we hope that speaking out will help get us some truth and closure.” They bring their claims under two federal statutes: the Death on the High Seas Act, a law that allows family members to sue for wrongful deaths occurring on the high seas, and the Alien Tort Statute, which allows foreign citizens to sue in U.S. federal courts for violations of well-recognized human rights norms. “Rishi used to call our family almost every day, and then one day he disappeared, and we never heard from him again,” said Sallycar Korasingh, Rishi Samaroo’s sister. “Rishi was a hardworking man who paid his debt to society and was just trying to get back on his feet again and to make a decent living in Venezuela to help provide for his family. If the U.S. government believed Rishi had done anything wrong, it should have arrested, charged, and detained him, not murdered him. They must be held accountable.” In the complaint filed today, lawyers from the American Civil Liberties Union, the Center for Constitutional Rights, Professor Jonathan Hafetz of Seton Hall Law School, and the ACLU of Massachusetts detail why the boat strikes are “manifestly unlawful.” The U.S. is not engaged in an armed conflict, as the government has implausibly claimed, and even during wartime, these strikes would still be illegal under the laws of war, which constrain the indiscriminate and direct use of force against civilians and civilian vessels. “The Trump administration’s boat strikes are the heinous acts of people who claim they can abuse their power with impunity around the world,” said Brett Max Kaufman, senior counsel at the ACLU. “In seeking justice for the senseless killing of their loved ones, our clients are bravely demanding accountability for their devastating losses and standing up against the administration’s assault on the rule of law.” President Trump and Secretary of Defense Pete Hegseth have publicly boasted about and published videos of the strikes — including the strike that killed Mr. Joseph and Mr. Samaroo. However, the strikes’ victims have remained largely anonymous, seen only as specks on a screen. The Trinidadian Foreign Minister Sean Sobers told a local news outlet after the strike that “the government has no information linking Joseph or Samaroo to illegal activities.” “It is absurd and dangerous for any state to just unilaterally proclaim that a ‘war’ exists in order to deploy lethal military force,” said Baher Azmy, legal director of the Center for Constitutional Rights. “These are lawless killings in cold blood; killings for sport and killings for theater, which is why we need a court of law to proclaim what is true and constrain what is lawless. This is a critical step in ensuring accountability, while the individuals responsible may ultimately be answerable criminally for murder and war crimes.” Prior to his murder, Mr. Joseph lived with his wife and their three children in Las Cuevas, Trinidad. To support his family, he often traveled to Venezuela to fish and for farmwork. On October 12, he called his wife to let her know that he had found a boat ride home from Venezuela and would see her in a couple of days. On October 14, his wife and Ms. Burnley saw social media reports of a boat strike; fearing that the boat was his, they repeatedly called him, but got no reply. His family has not heard from him since. Mr. Samaroo was born in El Soccorro, Trinidad, where his elderly father, eight younger siblings, and two of his three sons still reside. His elderly mother lives nearby in San Juan. In 2024, he was released early on parole after serving a 15-year sentence for his participation in a homicide. Following his release, Mr. Samaroo moved to Las Cuevas, where he fished and worked in construction to support himself and his family. In August 2025, he let his family know that he was working on a farm in Venezuela, taking care of goats and cows and making cheese. He would call his family almost every day when he was in Venezuela, and in an Oct. 12 call with Ms. Korasingh, he told her he was returning home to Trinidad and would see her in a few days because their mother had fallen ill, and he wanted to help take care of her. That was the last time Ms. Korasingh or anyone else in the family heard from him. “Using military force to kill Chad and Rishi violates the most elementary principles of international law,” said Jonathan Hafetz, a Professor at Seton Hall Law School. “People may not simply be gunned down by the government, and the Trump administration’s claims to the contrary risk making America a pariah state.” Because non-citizens may bring admiralty claims in any federal court, the lawsuit was filed in Massachusetts, where the federal bench has a long history of deciding admiralty cases.“The administration's lethal boat strikes violate our collective understanding of right and wrong,” said Jessie Rossman, legal director of the ACLU of Massachusetts. “Rishi and Chad wanted only to get home safely to their loved ones; the unconscionable attack on their boat prevented them from doing so. It is imperative that we hold this administration accountable, both for their families and for the rule of law itself.”

Today, family members of two Trinidadian men killed in a U.S. missile strike in October are suing the U.S. government for wrongful death and extrajudicial killing. Chad Joseph, 26, and Rishi Samaroo, 41, were killed in one of the 36 strikes the Trump administration has launched against civilian boats in the Caribbean and Pacific Ocean. At least 125 people have been killed in these strikes since September 2025. On October 14, Mr. Joseph and Mr. Samaroo were returning from Venezuela to their homes in Las Cuevas, Trinidad and Tobago when a missile struck their boat. Four other people also died in the strike. The plaintiffs are Lenore Burnley, Mr. Joseph’s mother, and Sallycar Korasingh, Mr. Samaroo’s sister. They bring this case on behalf of surviving members of Mr. Joseph’s and Mr. Samaroo’s families. “Chad was a loving and caring son who was always there for me, for his wife and children, and for our whole family. I miss him terribly. We all do,” said Mr. Joseph’s mother, Lenore Burnley. “We know this lawsuit won’t bring Chad back to us, but we’re trusting God to carry us through this, and we hope that speaking out will help get us some truth and closure.” They bring their claims under two federal statutes: the Death on the High Seas Act, a law that allows family members to sue for wrongful deaths occurring on the high seas, and the Alien Tort Statute, which allows foreign citizens to sue in U.S. federal courts for violations of well-recognized human rights norms. “Rishi used to call our family almost every day, and then one day he disappeared, and we never heard from him again,” said Sallycar Korasingh, Rishi Samaroo’s sister. “Rishi was a hardworking man who paid his debt to society and was just trying to get back on his feet again and to make a decent living in Venezuela to help provide for his family. If the U.S. government believed Rishi had done anything wrong, it should have arrested, charged, and detained him, not murdered him. They must be held accountable.” In the complaint filed today, lawyers from the American Civil Liberties Union, the Center for Constitutional Rights, Professor Jonathan Hafetz of Seton Hall Law School, and the ACLU of Massachusetts detail why the boat strikes are “manifestly unlawful.” The U.S. is not engaged in an armed conflict, as the government has implausibly claimed, and even during wartime, these strikes would still be illegal under the laws of war, which constrain the indiscriminate and direct use of force against civilians and civilian vessels. “The Trump administration’s boat strikes are the heinous acts of people who claim they can abuse their power with impunity around the world,” said Brett Max Kaufman, senior counsel at the ACLU. “In seeking justice for the senseless killing of their loved ones, our clients are bravely demanding accountability for their devastating losses and standing up against the administration’s assault on the rule of law.” President Trump and Secretary of Defense Pete Hegseth have publicly boasted about and published videos of the strikes — including the strike that killed Mr. Joseph and Mr. Samaroo. However, the strikes’ victims have remained largely anonymous, seen only as specks on a screen. The Trinidadian Foreign Minister Sean Sobers told a local news outlet after the strike that “the government has no information linking Joseph or Samaroo to illegal activities.” “It is absurd and dangerous for any state to just unilaterally proclaim that a ‘war’ exists in order to deploy lethal military force,” said Baher Azmy, legal director of the Center for Constitutional Rights. “These are lawless killings in cold blood; killings for sport and killings for theater, which is why we need a court of law to proclaim what is true and constrain what is lawless. This is a critical step in ensuring accountability, while the individuals responsible may ultimately be answerable criminally for murder and war crimes.” Prior to his murder, Mr. Joseph lived with his wife and their three children in Las Cuevas, Trinidad. To support his family, he often traveled to Venezuela to fish and for farmwork. On October 12, he called his wife to let her know that he had found a boat ride home from Venezuela and would see her in a couple of days. On October 14, his wife and Ms. Burnley saw social media reports of a boat strike; fearing that the boat was his, they repeatedly called him, but got no reply. His family has not heard from him since. Mr. Samaroo was born in El Soccorro, Trinidad, where his elderly father, eight younger siblings, and two of his three sons still reside. His elderly mother lives nearby in San Juan. In 2024, he was released early on parole after serving a 15-year sentence for his participation in a homicide. Following his release, Mr. Samaroo moved to Las Cuevas, where he fished and worked in construction to support himself and his family. In August 2025, he let his family know that he was working on a farm in Venezuela, taking care of goats and cows and making cheese. He would call his family almost every day when he was in Venezuela, and in an Oct. 12 call with Ms. Korasingh, he told her he was returning home to Trinidad and would see her in a few days because their mother had fallen ill, and he wanted to help take care of her. That was the last time Ms. Korasingh or anyone else in the family heard from him. “Using military force to kill Chad and Rishi violates the most elementary principles of international law,” said Jonathan Hafetz, a Professor at Seton Hall Law School. “People may not simply be gunned down by the government, and the Trump administration’s claims to the contrary risk making America a pariah state.” Because non-citizens may bring admiralty claims in any federal court, the lawsuit was filed in Massachusetts, where the federal bench has a long history of deciding admiralty cases.“The administration's lethal boat strikes violate our collective understanding of right and wrong,” said Jessie Rossman, legal director of the ACLU of Massachusetts. “Rishi and Chad wanted only to get home safely to their loved ones; the unconscionable attack on their boat prevented them from doing so. It is imperative that we hold this administration accountable, both for their families and for the rule of law itself.”
16 minutes

Estados Unidos abandona oficialmente el Acuerdo de París y se aleja de los compromisos de recorte de emisiones, mientras China se compromete a reducir gases de efecto invernadero y lidera la expansión de energías limpias. La acción estadounidense marca un retroceso histórico en la lucha climática global.

16 minutes
Estados Unidos abandona oficialmente el Acuerdo de París y se aleja de los compromisos de recorte de emisiones, mientras China se compromete a reducir gases de efecto invernadero y lidera la expansión de energías limpias. La acción estadounidense marca un retroceso histórico en la lucha climática global.
17 minutes

Full Text Since the new tax law took effect in January 2026, the Nigerian internet space has been flooded with claims that bank transfers made without a narration, or with “incorrect” narration, could result in automatic tax deduction. The posts (here, here, and here) assert that Nigerians should be careful about what they write when …

Full Text Since the new tax law took effect in January 2026, the Nigerian internet space has been flooded with claims that bank transfers made without a narration, or with “incorrect” narration, could result in automatic tax deduction. The posts (here, here, and here) assert that Nigerians should be careful about what they write when …
17 minutes

Household incomes have grown in nearly every state over the past 50 years, but a new study concludes that growth has been uneven across the country. An analysis of U.S. Census Bureau data, released Tuesday from the Urban Institute’s Center for Local Finance and Growth, found inflation-adjusted incomes in Western, mid-Atlantic and New England states […]

Household incomes have grown in nearly every state over the past 50 years, but a new study concludes that growth has been uneven across the country. An analysis of U.S. Census Bureau data, released Tuesday from the Urban Institute’s Center for Local Finance and Growth, found inflation-adjusted incomes in Western, mid-Atlantic and New England states […]
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Шул ук вакытта элемтә операторлары мөштәриләр алдында матди җаваплылыктан азат ителә.
Шул ук вакытта элемтә операторлары мөштәриләр алдында матди җаваплылыктан азат ителә.
18 minutes
Ситуация связана с формированием нового правительства
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19 minutes

Temporal pode favorecer queda de galhos de árvores, alagamento e descarga elétrica

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20 minutes
Питання компенсації жертвам розглядатиметься окремо
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21 minutes

Every January, health institutions and activists create awareness around cervical cancer with a focus on eliminating it. If you are a woman, have been sexually active, and are between the ages of 25 and 69, then you should also be part of this conversation. This year, the global focus remains centred on the World Health …

Every January, health institutions and activists create awareness around cervical cancer with a focus on eliminating it. If you are a woman, have been sexually active, and are between the ages of 25 and 69, then you should also be part of this conversation. This year, the global focus remains centred on the World Health …
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В Китае начато расследование в отношении Чжан Юся – одного из высших представителей военного истеблишмента страны. Генерал занимал пост заместителя председателя Центральной военной комиссии (ЦВК), высшего военного органа Коммунистической партии Китая. Благодаря этой должности он играл ведущую роль в углублении военного партнерства Китая с Россией. Решение китайского лидера Си Цзиньпина принять меры против столь высокопоставленного генерала вызвало у соседей Китая серьезные вопросы. Они...
В Китае начато расследование в отношении Чжан Юся – одного из высших представителей военного истеблишмента страны. Генерал занимал пост заместителя председателя Центральной военной комиссии (ЦВК), высшего военного органа Коммунистической партии Китая. Благодаря этой должности он играл ведущую роль в углублении военного партнерства Китая с Россией. Решение китайского лидера Си Цзиньпина принять меры против столь высокопоставленного генерала вызвало у соседей Китая серьезные вопросы. Они...