Afea al juez que se creyera el bulo de "ciertos medios" de que la esposa de Pedro Sánchez tiene pasaporte dominicanoBegoña Gómez recurre la decisión de Peinado de retirarle el pasaporte y cree que su frase sobre la escolta es especulativa
El fiscal José Manuel San Baldomero ha informado a la Audiencia Provincial de Madrid de que el juez Juan Carlos Peinado ha adoptado las medidas cautelares de retirada de pasaporte y comparecencia quincenal en su juzgado para Begoña Gómez y su asistente en La Moncloa Cristina Álvarez “con escaso rigor y mesura” y tirando de jurisprudencia y comparaciones con otros casos que nada tienen que ver.
En su informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, el fiscal apoya el recurso de queja de la defensa de la esposa del presidente del Gobierno ante la Audiencia Provincial de Madrid y señala que el riesgo de fuga que destaca en su auto Peinado “parece obedecer únicamente a los delitos objeto de acusación y penas previstas para los mismos” pero sin ahondar o analizar “las concretas circunstancias personales de las acusadas de forma individualizada”. Algo imprescindible a la hora de limitar derechos fundamentales de los encausados.
Lamenta, por otro lado, el “rigor extremo” que aplica a ambas y repasa la norma para indicar que las medidas adoptadas son “injustificadas, desproporcionadas e innecesarias” porque las investigadas tienen “indudable arraigo en territorio nacional; son españolas, sus familias son españolas y tienen también arraigo en territorio nacional; y ambas desempeñan y han desempeñado sus actividades profesionales en España”.
Suma a esto que “carecen de nexos con el extranjero; se desconoce a dónde se supone que huirán, porque -el juez en su auto- no apunta ningún país concreto donde tendrían facilidad de instalación e impunidad”. Y añade que “carecen de bienes o activos que permitan dicha fuga e instalación fuera de España”. “Y no será por la sospecha de bienes y ganancias ilícitas, a la vista del resultado de las exhaustivas pesquisas patrimoniales autorizadas desde el juzgado que descartaron las sospechas infundadas”, recalca.
Por otro lado, indica que le llama la atención que el juez use la expresión de “la retirada de cuantos pasaportes pudiera disponer, cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezcan, tanto de carácter ordinario como de carácter diplomático”. Explica que desconoce a qué puede referirse “salvo que vuelva a aludir a la supuesta adquisición de nacionalidad de República Dominicana, dato irreal sistemáticamente propagado en ciertos medios, y que parece que se le sigue dando carta de naturaleza”.
En cuanto a las comparecencias quincenales señala que carecen de sentido a no ser que se quiera hacer comparecer a las investigadas en sede judicial “como una suerte de penalidad adicional anticipada y exposición pública”.
Sobre el informe del juez de 30 de junio en el que Peinado explicaba que cuando dijo que los escoltas de Begoña Gómez podían facilitar su huida no pretendía “ofender”, el fiscal explica el juez retorna de nuevo a “escenarios accesorios o secundarios” haciendo referencia a que hay casos de corrupción en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a que el líder italiano Bettino Craxi huyó de Italia a Túnez cuando fue implicado en el caso de corrupción Tangentopoli.
“La excepcionalidad y anécdota parece elevarse a cuasi certeza o probabilidad cercana a la misma, y obvia lo que en nuestra opinión es esencial, que es la inexistencia de riesgo de fuga basada en parámetros reales y objetivos”, resalta, para luego matizar que “obviamente, nadie tiene una bola de cristal para adivinar qué sucederá” pero que es “fundamental acudir a razonamientos lógicos y al análisis individualizado del caso en cuestión, conciliando la libertad personal del afectado con la presencia de la misma disposición de los tribunales”.
Afea, además, al juez que esa referencia a la huida del líder italiano en los años 90 ya la había realizado el representante de la acusación popular unificada, los ultracatólicos de HazteOir en la comparecencia del día 20 de junio de 2026. Ahora, explica, el juez “trata de recuperarla de forma forzada en este informe de 30 de junio, buscando hacer acopio de argumentos ante la ausencia e insuficiencia de los plasmados en la resolución”.
