La Administración estadounidense revisará su despliegue militar en Europa y amenaza con reducir su aportación a la OTAN si los aliados no aumentan el gasto en defensa. La decisión llega tras las discrepancias surgidas por la guerra contra Irán y abre una etapa de incertidumbre estratégica.

Feed icon
Mundiario
CC BY-SA🅭🅯🄎

La Administración estadounidense revisará su despliegue militar en Europa y amenaza con reducir su aportación a la OTAN si los aliados no aumentan el gasto en defensa. La decisión llega tras las discrepancias surgidas por la guerra contra Irán y abre una etapa de incertidumbre estratégica.

In India, urbanisation and land-use changes are driving forest loss across biodiversity hotspots, including the Western Ghats which support over 250 amphibian species. A new study based in Udupi, a Tier-2 city at the foothills of the Western Ghats, suggests that urbanisation may not necessarily lead to species loss, but may be reshaping frog communities. […]

Feed icon
Mongabay
CC BY-ND🅭🅯⊜

In India, urbanisation and land-use changes are driving forest loss across biodiversity hotspots, including the Western Ghats which support over 250 amphibian species. A new study based in Udupi, a Tier-2 city at the foothills of the Western Ghats, suggests that urbanisation may not necessarily lead to species loss, but may be reshaping frog communities. […]

Reworked spending plan clears first reading as officials warn of rising taxes and tougher choices ahead.

Feed icon
The Maine Monitor
Attribution+

Reworked spending plan clears first reading as officials warn of rising taxes and tougher choices ahead.

Israel no se ha clasificado para el Mundial 2026. El resultado Noruega 5-0 Israel es de uno de los partidos de clasificación previa para el campeonato, disputado en octubre de 2025, cuando ya se difundía este vídeo. En septiembre de ese año, la selección noruega anunció una “alianza estratégica a largo plazo” con Médicos Sin Fronteras y dijo que los beneficios de ese partido se destinarían a sus labores en Gaza. En diciembre, comunicó que donaría las 522.000 coronas noruegas (46.856,55 euros) recaudadas en el partido y un millón más, también de coronas (89.763,51 euros), además de que “una de las mayores empresas de inversión del país” se había sumado a la iniciativa y aportó otros tres millones de la misma moneda (269.290,53 euros).

Feed icon
Maldita.es
CC BY-NC-SA🅭🅯🄏🄎

Israel no se ha clasificado para el Mundial 2026. El resultado Noruega 5-0 Israel es de uno de los partidos de clasificación previa para el campeonato, disputado en octubre de 2025, cuando ya se difundía este vídeo. En septiembre de ese año, la selección noruega anunció una “alianza estratégica a largo plazo” con Médicos Sin Fronteras y dijo que los beneficios de ese partido se destinarían a sus labores en Gaza. En diciembre, comunicó que donaría las 522.000 coronas noruegas (46.856,55 euros) recaudadas en el partido y un millón más, también de coronas (89.763,51 euros), además de que “una de las mayores empresas de inversión del país” se había sumado a la iniciativa y aportó otros tres millones de la misma moneda (269.290,53 euros).

Após o término da primeira rodada da edição 2026, esses equipes ainda sonham com o triunfo O post Doze seleções ainda buscam a primeira vitória na história das Copas apareceu primeiro em Mídia NINJA.

Feed icon
Mídia NINJA
CC BY-SA🅭🅯🄎

Após o término da primeira rodada da edição 2026, esses equipes ainda sonham com o triunfo O post Doze seleções ainda buscam a primeira vitória na história das Copas apareceu primeiro em Mídia NINJA.

El grupo energético también ha aceptado la renuncia de tres consejeros de CVC, tras la salida del fondo del accionariado; y el cambio de representánte en el órgano de dirección de la firma IFMEl fondo CVC encarga la venta acelerada de su 13,8% de Naturgy Naturgy ha reorganizado su consejo de administración tras la salida del accionariado del fondo CVC. La compañía energía ha nombrado al ex primer ministro italiano nuevo consejero independiente, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). “Enrico Letta combina máxima experiencia institucional, una carrera académica sólida y un profundo conocimiento de la UE”, indica Naturgy. “Es licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Derecho europeo por la universidad de Pisa, y es un especialista en integración europea, política económica y gobernanza internacional. Ha sido primer ministro de Italia, ministro de industria y Eurodiputado. Actualmente es presidente del Instituto Jaques Delors y decano de IE School of Politics, Economics and Global Affairs en Madrid. Además, Naturgy señala que dejan el consejo los tres representantes de la firma de inversión. En concreto, la renuncia de “Javier de Jaime, Marta Martínez y Jose Antonio Torre de Silva, una vez Rioja SARL (CVC) ha vendido la totalidad de su participación en la compañía. Al mismo tiempo, la compañía ha aceptado la marcha como consejero dominical, en representación de IFN, de Nicolás Villén, a quien sustituirá la alemana Anke Groth, quien ha desarrollado su carrera en diversos puestos de la energética germana E.ON.

Feed icon
elDiario.es
CC BY-NC🅭🅯🄏

El grupo energético también ha aceptado la renuncia de tres consejeros de CVC, tras la salida del fondo del accionariado; y el cambio de representánte en el órgano de dirección de la firma IFMEl fondo CVC encarga la venta acelerada de su 13,8% de Naturgy Naturgy ha reorganizado su consejo de administración tras la salida del accionariado del fondo CVC. La compañía energía ha nombrado al ex primer ministro italiano nuevo consejero independiente, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). “Enrico Letta combina máxima experiencia institucional, una carrera académica sólida y un profundo conocimiento de la UE”, indica Naturgy. “Es licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Derecho europeo por la universidad de Pisa, y es un especialista en integración europea, política económica y gobernanza internacional. Ha sido primer ministro de Italia, ministro de industria y Eurodiputado. Actualmente es presidente del Instituto Jaques Delors y decano de IE School of Politics, Economics and Global Affairs en Madrid. Además, Naturgy señala que dejan el consejo los tres representantes de la firma de inversión. En concreto, la renuncia de “Javier de Jaime, Marta Martínez y Jose Antonio Torre de Silva, una vez Rioja SARL (CVC) ha vendido la totalidad de su participación en la compañía. Al mismo tiempo, la compañía ha aceptado la marcha como consejero dominical, en representación de IFN, de Nicolás Villén, a quien sustituirá la alemana Anke Groth, quien ha desarrollado su carrera en diversos puestos de la energética germana E.ON.

10 minutes

The Conversation
Feed icon

A recent study provides evidence that Neanderthals used rhinoceros teeth as tools.

Feed icon
The Conversation
CC BY-ND🅭🅯⊜

A recent study provides evidence that Neanderthals used rhinoceros teeth as tools.

11 minutes

African Arguments
Feed icon

On 29 May 2023, moments after taking the oath of office, President Bola Ahmed Tinubu declared: “Fuel subsidy is gone.” The announcement marked the beginning of one of the most consequential economic reform cycles in Nigeria’s recent history. Over the following months, the administration moved to remove fuel subsidies, unify exchange rates through the Central Bank of Nigeria (CBN), and implement a series of fiscal and monetary adjustments designed to restore macroeconomic stability. Just over three years on, the reforms have produced measurable results.  According to the World Bank’s Nigeria Development Update (April 2026) and the IMF’s 2025 Article IV Consultation, Nigeria has […] The post The Politics of Jobless Growth Under Tinubu appeared first on African Arguments.

Feed icon
African Arguments
CC BY-NC-SA🅭🅯🄏🄎

On 29 May 2023, moments after taking the oath of office, President Bola Ahmed Tinubu declared: “Fuel subsidy is gone.” The announcement marked the beginning of one of the most consequential economic reform cycles in Nigeria’s recent history. Over the following months, the administration moved to remove fuel subsidies, unify exchange rates through the Central Bank of Nigeria (CBN), and implement a series of fiscal and monetary adjustments designed to restore macroeconomic stability. Just over three years on, the reforms have produced measurable results.  According to the World Bank’s Nigeria Development Update (April 2026) and the IMF’s 2025 Article IV Consultation, Nigeria has […] The post The Politics of Jobless Growth Under Tinubu appeared first on African Arguments.

Thousands of lively fans arrived at Dallas Stadium hours ahead of the match for spirited celebrations.

Feed icon
Fort Worth Report
CC BY-NC-ND🅭🅯🄏⊜

Thousands of lively fans arrived at Dallas Stadium hours ahead of the match for spirited celebrations.

15 minutes

rabble.ca
Feed icon

There are incredible Indigenous artists working in the film industry. Here are eight films to checkout this month. The post Eight films to watch for Indigenous History Month appeared first on rabble.ca.

Feed icon
rabble.ca
CC BY-NC🅭🅯🄏

There are incredible Indigenous artists working in the film industry. Here are eight films to checkout this month. The post Eight films to watch for Indigenous History Month appeared first on rabble.ca.

16 minutes

Radio France Internationale
Feed icon

¿Ayuda una ducha fría cuando se tiene tiene calor?¿son las mujeres más friolentas que los hombres?¿la percepción que tenemos de la temperatura de nuestro cuerpo es objetiva?¿Qué tienen que ver las mitocondrias con los mecanismos de termorregulación?

Feed icon
Radio France Internationale
Attribution+

¿Ayuda una ducha fría cuando se tiene tiene calor?¿son las mujeres más friolentas que los hombres?¿la percepción que tenemos de la temperatura de nuestro cuerpo es objetiva?¿Qué tienen que ver las mitocondrias con los mecanismos de termorregulación?

Ocean Beach today is probably best known for its surf culture, its long concrete pier, and a tightly-knit neighborhood identity.

Feed icon
Times of San Diego
CC BY-NC-ND🅭🅯🄏⊜

Ocean Beach today is probably best known for its surf culture, its long concrete pier, and a tightly-knit neighborhood identity.

16 minutes

The Conversation
Feed icon

In the shift from absolutism towards representative government, the monarch symbolised impartiality and balance

Feed icon
The Conversation
CC BY-ND🅭🅯⊜

In the shift from absolutism towards representative government, the monarch symbolised impartiality and balance

17 minutes

Capitol Weekly
Feed icon

OPINION—In 2018, I attended my first Alliance for Boys and Men of Color (ABMoC) event as a partner. It was my first time lobbying at the state level, and my first time stepping foot in the State Capitol. For many people, stepping into the Capitol leaves them in awe. What stayed with me were the organizers.Continue reading the full article: Capitol WeeklyOriginal article: http://capitolweekly.net/the-solutions-for-boys-and-men-already-exist/

Feed icon
Capitol Weekly
Attribution+

OPINION—In 2018, I attended my first Alliance for Boys and Men of Color (ABMoC) event as a partner. It was my first time lobbying at the state level, and my first time stepping foot in the State Capitol. For many people, stepping into the Capitol leaves them in awe. What stayed with me were the organizers.Continue reading the full article: Capitol WeeklyOriginal article: http://capitolweekly.net/the-solutions-for-boys-and-men-already-exist/

17 minutes

Basta!
Feed icon

Dans la nuit du 18 au 19 août 2022, deux policiers tirent 11 fois sur la voiture où se trouvent Adam, 20 ans, et Raihane, 26 ans. Pour justifier ces tirs, les forces de l'ordre invoquent la légitime défense, face à un « refus d'obtempérer ». Ils racontent que les jeunes hommes auraient tenter de fuir un contrôle en mettant en danger la vie d'un policier. Pourtant, la mère d'Adam, Fatiha, remet en cause la parole policière. Elle pointe du doigt des vidéos de surveillances disparues, des (…) - Vidéos

Feed icon
Basta!
CC BY-NC-ND🅭🅯🄏⊜

Dans la nuit du 18 au 19 août 2022, deux policiers tirent 11 fois sur la voiture où se trouvent Adam, 20 ans, et Raihane, 26 ans. Pour justifier ces tirs, les forces de l'ordre invoquent la légitime défense, face à un « refus d'obtempérer ». Ils racontent que les jeunes hommes auraient tenter de fuir un contrôle en mettant en danger la vie d'un policier. Pourtant, la mère d'Adam, Fatiha, remet en cause la parole policière. Elle pointe du doigt des vidéos de surveillances disparues, des (…) - Vidéos

For the bond to appear on the ballot, the state Legislature first needs to approve Senate Bill 895, sponsored by both the UC and UAW 4811. University of California pushes for $12B scientific research bond to counter federal cuts is a story from Stocktonia News, a rigorous and factual newsroom covering Greater Stockton, California. Please consider making a charitable contribution to support our journalism.

Feed icon
Stocktonia News
CC BY-NC-ND🅭🅯🄏⊜

For the bond to appear on the ballot, the state Legislature first needs to approve Senate Bill 895, sponsored by both the UC and UAW 4811. University of California pushes for $12B scientific research bond to counter federal cuts is a story from Stocktonia News, a rigorous and factual newsroom covering Greater Stockton, California. Please consider making a charitable contribution to support our journalism.

(The Center Square) – Wisconsin’s Department of Public Instruction framed its new Portrait of a Graduate initiative from a steering committee that included employers and those in Wisconsin’s industries that would help frame what graduates need to know. But the steering committee actually included just one member of private industry in Wisconsin, Sargento’s Anne Troka, along with 26 public employees from the state, according to the response to a records request from The Dairyland Sentinel. The committee is filled with high school teachers and members of the Family, Career and Community Leaders of America along with members of state agencies such as the Wisconsin Department of Workforce Development and Wisconsin Economic Development Corp. DPI presented the initiative as an effort to define the “knowledge, skills and experience” that graduates need to be prepared for “college, careers, community leadership and civic life.” Rather than providing the list of 27 members of the steering committee, DPI made Dairyland Sentinel’s question a public records request. “Shifting a routine press question into the statutory open records track is a classic government delay tactic,” Dairyland Sentinel wrote. “It allowed DPI to avoid answering immediate questions during the launch week, effectively killing the immediate news cycle and buying the department weeks of silence while they promoted their unvetted narrative through friendly channels.” The department also said that there were no documents showing the selection process or criteria to be invited to join the committee. Critics questioned the initiative when it was announced because it didn’t mention basics such as improving reading, writing or math scores. Questions surrounding the new initiative follow Dairyland Sentinel’s questions related to a 2024 Forward Exam standards-setting conference in the Wisconsin Dells that has led to a lawsuit over a potential Open Meetings Act violation involving the conference as well as a multiple year battle over public records related to DPI’s efforts to keep details of the $369,000 conference hidden from the public. IRG’s General Counsel and Director of its Center for Investigative Oversight Jake Curtis told The Center Square in February that he believed the 88-member standards-setting group filled with school employees and leaders fits the exact definition of an Ad Hoc Committee and that meetings of that committee should be public and not subject to the non-disclosure agreements signed by conference attendees. Dairyland Sentinel has asked Wisconsin's Department of Justice to intervene on a public records request related to the conference that the outlet believes is still incomplete. Dairyland Sentinel Publisher Brian Fraley previously told The Center Square that he believes there are minutes and recordings from the conference that should be public records that DPI has not released related to its workshop and that he plans to continue to fight for those records.

Feed icon
The Center Square
Attribution+

(The Center Square) – Wisconsin’s Department of Public Instruction framed its new Portrait of a Graduate initiative from a steering committee that included employers and those in Wisconsin’s industries that would help frame what graduates need to know. But the steering committee actually included just one member of private industry in Wisconsin, Sargento’s Anne Troka, along with 26 public employees from the state, according to the response to a records request from The Dairyland Sentinel. The committee is filled with high school teachers and members of the Family, Career and Community Leaders of America along with members of state agencies such as the Wisconsin Department of Workforce Development and Wisconsin Economic Development Corp. DPI presented the initiative as an effort to define the “knowledge, skills and experience” that graduates need to be prepared for “college, careers, community leadership and civic life.” Rather than providing the list of 27 members of the steering committee, DPI made Dairyland Sentinel’s question a public records request. “Shifting a routine press question into the statutory open records track is a classic government delay tactic,” Dairyland Sentinel wrote. “It allowed DPI to avoid answering immediate questions during the launch week, effectively killing the immediate news cycle and buying the department weeks of silence while they promoted their unvetted narrative through friendly channels.” The department also said that there were no documents showing the selection process or criteria to be invited to join the committee. Critics questioned the initiative when it was announced because it didn’t mention basics such as improving reading, writing or math scores. Questions surrounding the new initiative follow Dairyland Sentinel’s questions related to a 2024 Forward Exam standards-setting conference in the Wisconsin Dells that has led to a lawsuit over a potential Open Meetings Act violation involving the conference as well as a multiple year battle over public records related to DPI’s efforts to keep details of the $369,000 conference hidden from the public. IRG’s General Counsel and Director of its Center for Investigative Oversight Jake Curtis told The Center Square in February that he believed the 88-member standards-setting group filled with school employees and leaders fits the exact definition of an Ad Hoc Committee and that meetings of that committee should be public and not subject to the non-disclosure agreements signed by conference attendees. Dairyland Sentinel has asked Wisconsin's Department of Justice to intervene on a public records request related to the conference that the outlet believes is still incomplete. Dairyland Sentinel Publisher Brian Fraley previously told The Center Square that he believes there are minutes and recordings from the conference that should be public records that DPI has not released related to its workshop and that he plans to continue to fight for those records.

(The Center Square) – State financial aid continues to expand within higher education, allowing money to go to eligible illegal immigrant students. The increased spending is heating up debate over who should receive state taxpayers-funded higher education benefits. Currently, around 21 states and the District of Columbia offer in-state tuition eligibility to certain illegal immigrant students, and 18 states and D.C. provide access to state financial aid programs, according to Higher Ed immigration. For example, at a University of California school, the base in-state tuition is roughly $15,000 annually. For nonresidents, the base tuition is over $31,000, which means eligible illegal immigrants are essentially receiving $16,000 a year in aid. The policies are part of a broader effort that has expanded over the past two decades to increase college access for immigrant students, including recipients of the Deferred Action for Childhood Arrivals program. DACA provides temporary protection from deportation and renewable work permits to certain immigrants who were brought to the U.S. as children. More than 900,000 of these individuals are estimated to be eligible for DACA. In addition, over 500,000 illegal immigrant students are enrolled in U.S. colleges and universities. Critics argue that the programs impose costs on taxpayers and divert limited higher education resources away from U.S. citizens. A 2025 report by the Federation for American Immigration Reform estimated that education-related expenses associated with illegal immigration total $5.7 billion nationally. Ira Mehlman, media director for FAIR, pointed to the 1996 Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act, which specifically created a provision requiring any state offering in-state tuition rates to illegal immigrants to make the same benefit available to U.S. citizen students, regardless of which state they happen to live in. States keep “finding new ways to provide benefits to illegal aliens,” Mehlman told The Center Square. “A lot of American students are being shut out of those state universities because those seats are now occupied by illegal aliens, and then taxpayers are being forced to pay for it.” Texas pioneered this loophole that conditioned in-state tuition on having completed three years of high school in the state rather than looking at immigration status, Mehlman added. Texas became the first state to adopt such a policy in 2001 through what became known as the Texas Dream Act. In June 2025, the U.S. Department of Justice sued Texas, arguing the program violated federal law. A federal court subsequently blocked enforcement of the Texas Dream Act. The lawsuit is currently on appeal at the U.S. District Court for the Northern District of Texas. Advocacy groups have sought to intervene, arguing the case was resolved without sufficient judicial review. In Texas, state records show that colleges and universities distributed $635.2 million in state-funded gift aid to 133,989 students in 2023. According to a report by Every Texan, 3,566 Texas Dream Act students received $17.5 million in state-supported grants, accounting for less than 3% of total state gift aid distributed that year. The taxpayer cost associated with the Development, Relief and Education for Alien Minors or DREAM Act program and others varies by state. Lance Izumi, senior director of education studies at Pasadena-based Pacific Research Institute, argued that taxpayer-funded aid for illegal immigrant students raises concerns about fairness and state spending priorities. "Government financial aid to illegal immigrant students is wrong on three counts: fairness, fiscal policy and planning for higher education's future," Izumi told The Center Square. Izumi noted that American students collectively hold roughly $1.8 trillion in student loan debt and argued that taxpayer-funded scholarships for illegal immigrant students may reduce resources available for citizens. "It is also not fair to give lower in-state tuition to an illegal immigrant who broke the law to enter this country, while denying that lower tuition to a law-abiding American citizen in another state," he said. Izumi also questioned whether colleges facing enrollment declines have expanded outreach to Illegal immigrant students, partly to offset falling student populations. “In reality, pushing illegal-immigrant enrollment is a way for adults in higher education to save their jobs by finding a new pool of potential students rather than addressing the core reasons for falling college enrollment: politicization of courses, economic irrelevance of many courses and majors, and deteriorating academic rigor,” Izumi said. Kassandra Gonzalez, senior attorney with the Texas Civil Rights Project's Beyond Borders Program, working on the Texas lawsuit, told The Center Square that the issue is complicated because there is a distinction between immigrants who are "lawfully present" and those who have "lawful status." “The misinformation and the frankly wrong narrative of this idea that dreamers or students who are able to take higher education with the Dream Act are taking opportunities from others is not the reality of economics,” Gonzalez said. Immigrant students contribute to local economies and give back to their communities, Gonzalez added. “I think the fiction that we hear in the immigration debate in general, like, ‘Oh, well, they're taking something from someone else,’ I always go back to, well, this idea that they don't pay taxes, or that these students aren't contributing. It's like there's actual data that they are giving back to the economy of Texas,” Gonzalez added. According to Every Texan, immigrants in Texas who hold bachelor's degrees earn substantially higher incomes than those with only high school diplomas. The organization estimates that the higher earnings associated with a college degree generate additional state and local tax revenue. The Every Texan report estimated that Texas Dream Act students enrolled in 2023 could ultimately generate more than $43 million in additional annual state and local tax revenue through higher educational attainment and earnings. According to the California Budget and Policy Center, illegal immigrants paid an estimated $8.5 billion in state and local taxes in 2022. That same year, California residents paid an average of $3,734.82 in state income taxes. With roughly 19.6 million taxpaying residents, that equates to about $73.2 billion in state income tax revenue, not including sales taxes or higher-income tax brackets. Mehlman told The Center Square that tax payments do not place illegal immigrants with citizens when it comes to public benefits. Just because illegal immigrants pay taxes, “that doesn’t put them on an equal footing with legal residents and citizens,” Mehlman said. Along with Texas, several other states have expanded access to higher-education assistance in recent years. California, Colorado, Connecticut, the District of Columbia, Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Utah, Vermont, Virginia and Washington are among the jurisdictions that provide broad access to state financial aid and grant programs for illegal immigrant students who meet applicable eligibility requirements. In New York, lawmakers enacted the José Peralta New York State DREAM Act, expanding access to state financial aid for eligible illegal immigrant students. The DREAM Act allows immigrant students to apply for state financial aid for undergraduate or graduate study at eligible colleges and universities. The state's 2019-20 budget, when it was first enacted, included $27 million to support implementation of the DREAM Act. New York is home to an estimated 21,250 Deferred Action for Childhood Arrivals, or DACA, recipients. Through the DREAM Act, eligible illegal immigrant students may receive awards through the state's Tuition Assistance Program, which provides up to $5,665 annually. For the 2025–26 budget, TAP alone provides more than $698 million annually to roughly 255,000 New York students. DREAM Act recipients are funded through these broader aid programs rather than through a standalone DREAM Act appropriation. A New York City fact sheet reported that individuals eligible for the DREAM Act contributed an estimated $1.3 billion to the city's gross domestic product in 2017 and earned more than $873 million collectively, with average annual earnings of about $18,600. In Illinois, access to state financial aid through House Bill 460 was signed into law by the Gov. J.B. Pritzker in December 2025. The bill added in the Retention of Illinois Students and Equity Act, allowing eligible illegal immigrant students to apply for state-administered financial aid programs regardless of immigration status. The change made illegal immigrant students eligible for state programs such as the Monetary Award Program grant, which provides need-based financial assistance for higher education. Illinois allocated over $700 million for MAP grants during the 2024 fiscal year. The states of Alabama, Georgia and South Carolina prohibit enrollment of illegal immigrant students into state financial aid programs, according to Higher Ed Immigration. The Center Square reached out to the American Immigration Council and the U.S. Department of Education for comment but did not receive a response.

Feed icon
The Center Square
Attribution+

(The Center Square) – State financial aid continues to expand within higher education, allowing money to go to eligible illegal immigrant students. The increased spending is heating up debate over who should receive state taxpayers-funded higher education benefits. Currently, around 21 states and the District of Columbia offer in-state tuition eligibility to certain illegal immigrant students, and 18 states and D.C. provide access to state financial aid programs, according to Higher Ed immigration. For example, at a University of California school, the base in-state tuition is roughly $15,000 annually. For nonresidents, the base tuition is over $31,000, which means eligible illegal immigrants are essentially receiving $16,000 a year in aid. The policies are part of a broader effort that has expanded over the past two decades to increase college access for immigrant students, including recipients of the Deferred Action for Childhood Arrivals program. DACA provides temporary protection from deportation and renewable work permits to certain immigrants who were brought to the U.S. as children. More than 900,000 of these individuals are estimated to be eligible for DACA. In addition, over 500,000 illegal immigrant students are enrolled in U.S. colleges and universities. Critics argue that the programs impose costs on taxpayers and divert limited higher education resources away from U.S. citizens. A 2025 report by the Federation for American Immigration Reform estimated that education-related expenses associated with illegal immigration total $5.7 billion nationally. Ira Mehlman, media director for FAIR, pointed to the 1996 Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act, which specifically created a provision requiring any state offering in-state tuition rates to illegal immigrants to make the same benefit available to U.S. citizen students, regardless of which state they happen to live in. States keep “finding new ways to provide benefits to illegal aliens,” Mehlman told The Center Square. “A lot of American students are being shut out of those state universities because those seats are now occupied by illegal aliens, and then taxpayers are being forced to pay for it.” Texas pioneered this loophole that conditioned in-state tuition on having completed three years of high school in the state rather than looking at immigration status, Mehlman added. Texas became the first state to adopt such a policy in 2001 through what became known as the Texas Dream Act. In June 2025, the U.S. Department of Justice sued Texas, arguing the program violated federal law. A federal court subsequently blocked enforcement of the Texas Dream Act. The lawsuit is currently on appeal at the U.S. District Court for the Northern District of Texas. Advocacy groups have sought to intervene, arguing the case was resolved without sufficient judicial review. In Texas, state records show that colleges and universities distributed $635.2 million in state-funded gift aid to 133,989 students in 2023. According to a report by Every Texan, 3,566 Texas Dream Act students received $17.5 million in state-supported grants, accounting for less than 3% of total state gift aid distributed that year. The taxpayer cost associated with the Development, Relief and Education for Alien Minors or DREAM Act program and others varies by state. Lance Izumi, senior director of education studies at Pasadena-based Pacific Research Institute, argued that taxpayer-funded aid for illegal immigrant students raises concerns about fairness and state spending priorities. "Government financial aid to illegal immigrant students is wrong on three counts: fairness, fiscal policy and planning for higher education's future," Izumi told The Center Square. Izumi noted that American students collectively hold roughly $1.8 trillion in student loan debt and argued that taxpayer-funded scholarships for illegal immigrant students may reduce resources available for citizens. "It is also not fair to give lower in-state tuition to an illegal immigrant who broke the law to enter this country, while denying that lower tuition to a law-abiding American citizen in another state," he said. Izumi also questioned whether colleges facing enrollment declines have expanded outreach to Illegal immigrant students, partly to offset falling student populations. “In reality, pushing illegal-immigrant enrollment is a way for adults in higher education to save their jobs by finding a new pool of potential students rather than addressing the core reasons for falling college enrollment: politicization of courses, economic irrelevance of many courses and majors, and deteriorating academic rigor,” Izumi said. Kassandra Gonzalez, senior attorney with the Texas Civil Rights Project's Beyond Borders Program, working on the Texas lawsuit, told The Center Square that the issue is complicated because there is a distinction between immigrants who are "lawfully present" and those who have "lawful status." “The misinformation and the frankly wrong narrative of this idea that dreamers or students who are able to take higher education with the Dream Act are taking opportunities from others is not the reality of economics,” Gonzalez said. Immigrant students contribute to local economies and give back to their communities, Gonzalez added. “I think the fiction that we hear in the immigration debate in general, like, ‘Oh, well, they're taking something from someone else,’ I always go back to, well, this idea that they don't pay taxes, or that these students aren't contributing. It's like there's actual data that they are giving back to the economy of Texas,” Gonzalez added. According to Every Texan, immigrants in Texas who hold bachelor's degrees earn substantially higher incomes than those with only high school diplomas. The organization estimates that the higher earnings associated with a college degree generate additional state and local tax revenue. The Every Texan report estimated that Texas Dream Act students enrolled in 2023 could ultimately generate more than $43 million in additional annual state and local tax revenue through higher educational attainment and earnings. According to the California Budget and Policy Center, illegal immigrants paid an estimated $8.5 billion in state and local taxes in 2022. That same year, California residents paid an average of $3,734.82 in state income taxes. With roughly 19.6 million taxpaying residents, that equates to about $73.2 billion in state income tax revenue, not including sales taxes or higher-income tax brackets. Mehlman told The Center Square that tax payments do not place illegal immigrants with citizens when it comes to public benefits. Just because illegal immigrants pay taxes, “that doesn’t put them on an equal footing with legal residents and citizens,” Mehlman said. Along with Texas, several other states have expanded access to higher-education assistance in recent years. California, Colorado, Connecticut, the District of Columbia, Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Utah, Vermont, Virginia and Washington are among the jurisdictions that provide broad access to state financial aid and grant programs for illegal immigrant students who meet applicable eligibility requirements. In New York, lawmakers enacted the José Peralta New York State DREAM Act, expanding access to state financial aid for eligible illegal immigrant students. The DREAM Act allows immigrant students to apply for state financial aid for undergraduate or graduate study at eligible colleges and universities. The state's 2019-20 budget, when it was first enacted, included $27 million to support implementation of the DREAM Act. New York is home to an estimated 21,250 Deferred Action for Childhood Arrivals, or DACA, recipients. Through the DREAM Act, eligible illegal immigrant students may receive awards through the state's Tuition Assistance Program, which provides up to $5,665 annually. For the 2025–26 budget, TAP alone provides more than $698 million annually to roughly 255,000 New York students. DREAM Act recipients are funded through these broader aid programs rather than through a standalone DREAM Act appropriation. A New York City fact sheet reported that individuals eligible for the DREAM Act contributed an estimated $1.3 billion to the city's gross domestic product in 2017 and earned more than $873 million collectively, with average annual earnings of about $18,600. In Illinois, access to state financial aid through House Bill 460 was signed into law by the Gov. J.B. Pritzker in December 2025. The bill added in the Retention of Illinois Students and Equity Act, allowing eligible illegal immigrant students to apply for state-administered financial aid programs regardless of immigration status. The change made illegal immigrant students eligible for state programs such as the Monetary Award Program grant, which provides need-based financial assistance for higher education. Illinois allocated over $700 million for MAP grants during the 2024 fiscal year. The states of Alabama, Georgia and South Carolina prohibit enrollment of illegal immigrant students into state financial aid programs, according to Higher Ed Immigration. The Center Square reached out to the American Immigration Council and the U.S. Department of Education for comment but did not receive a response.

Според информациите од институциите, предметот опфаќа двајца поранешни претседатели на ФФМ за кои постои основано сомнение дека сториле кривично дело „Проневера во службата“, раководителка на Одделението за финансии и сметководство при ФФМ, 14 управители, сопственици и овластени лица во правни лица, како и раководител на Одделот за судии и судење при ФФМ

Feed icon
META.mk
CC BY-NC🅭🅯🄏

Според информациите од институциите, предметот опфаќа двајца поранешни претседатели на ФФМ за кои постои основано сомнение дека сториле кривично дело „Проневера во службата“, раководителка на Одделението за финансии и сметководство при ФФМ, 14 управители, сопственици и овластени лица во правни лица, како и раководител на Одделот за судии и судење при ФФМ

Osaka is part of a tradition of Black women using style not as decoration but as a way of asserting identity, heritage and agency.

Feed icon
The Conversation
CC BY-ND🅭🅯⊜

Osaka is part of a tradition of Black women using style not as decoration but as a way of asserting identity, heritage and agency.