La Junta considera que la norma invade competencias autonómicas y dificulta la implantación de estos centros universitarios
PP y Vox aprueban la primera universidad privada de Extremadura sin completar la tramitación y con informes negativos
El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 905/2025 que endurece los requisitos de creación de universidades privadas porque considera que la norma supone una “injerencia” a las competencias autonómicas, que se debe a un visión “sectaria” del Gobierno de Pedro Sánchez para limitar su implantación, ha dicho la portavoz del Ejecutivo autonómico, Elena Manzano.
La Junta no comparte el procedimiento de urgencia usado para sacar adelante esta normativa, “ya que no era necesario”, y con el contenido, ya que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades “impone unas condiciones que dificultan la creación de universidades privadas”. En tre ellas, Manzano ha citado la exigencia de un mínimo de 4.000 estudiantes y de un número de doctores, lo que, a su juicio, afectaría especialmente a la región. Como profesora universitaria, ha agregado, “sería muy difícil de cumplir”.
La portavoz, que ha criticado que no se hayan atendido las alegaciones de las comunidades autónomas, ha señalado que, entre otras cuestiones de carácter técnico, Extremadura pide la eliminación de la obligación, con carácter previo, de contar con el informe favorable del Consejo de Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria. No entiende que haya que acudir a órganos “externos” cuando las competencias son de la Junta de Extremadura, ha apuntado.
Este aspecto cobra relevancia porque la primera universidad privada que se creará en Extremadura, Uninde, aprobada el pasado octubre por PP y Vox, contó con un informe desfavorables de la Conferencia General de Política Universitaria. La universidad también sumó varias objeciones del Consejo Económico y Social de Extremadura. Todo ello se trató de enmendar con varias versiones del proyecto.
Por eso, cuando la Junta solicitó el dictamen del Consejo de Estado sobre la ley regional para la aprobación de Uninde, algo preceptivo, pero no vinculante, este órgano devolvió el expediente porque consideró que con los numerosos cambios que se habían introducido era necesario reiniciar todo el proceso para reevaluarlo. Es decir, entregarlo de nuevo a la Conferencia de Política Universitaria. El Gobierno extremeño decidió enviar el proyecto a la Asamblea sin el dictamen del Consejo de Estado, a pesar de un informe contrario de la Abogacía General de la Junta a la tramitación en el que consideraba que ese dictamen es imprescindible por ser un “requisito legal exigido”.
Por otro lado, la Junta de Extremadura también está en contra del carácter “retroactivo” de la norma para los proyectos que se iniciaron con el real decreto anterior y pide la eliminación de la condición de 'universidades de especiales características' para aquellas que impartan más del 80% de su actividad docente en títulos oficiales de Grado, Máster Universitario y programas de Doctorado bajo el modelo docente virtual o híbrido.
Además de Uninde, que forma parte del grupo Global Academic Network (GAN), que incluye a la Universidad Autónoma de Chile y a la escuela de negocios extremeña Itae, se están tramitando otros tres proyectos de centros universitarios privados en Extremadura: la Universidad Europea de Extremadura, Universidad CEU Núñez de Balboa, y Universidad Abierta de Extremadura