Los morados aseguran que para ellos ese asunto es una "línea roja" y afirman que no se sentarán a negociar con el Ejecutivo su apoyo al nuevo paquete de medidas de vivienda mientras no retire los artículos relativos a la ley del sueloClaves de la fallida Ley del Suelo: en qué consiste, quién la ha respaldado y por qué ha caído
El nuevo decreto para aliviar la crisis de acceso a la vivienda es, por ahora, tan solo un borrador recién salido del horno tras el pacto entre PSOE y Sumar en el seno del Gobierno, pero los socios —que recibieron el texto este miércoles— ya han comenzado a tomar posiciones... y, en algunos casos, a expresar sus desavenencias. Ese es el caso de Podemos, que denuncia que el Ejecutivo está intentando “colar” en el paquete de medidas una parte de la reforma de la ley del suelo que el Ministerio de Vivienda lleva intentando aprobar sin éxito desde 2024. Fuentes de la formación morada aseguran que, para ellos, que el decreto incluya disposiciones sobre este asunto es una “línea roja”, y aseguran que solo van a “sentarse a negociar” su apoyo al texto si se retiran esos artículos.
“La eliminación de los artículos que afectan a la ley del suelo es una condición ineludible para poder negociar el resto del texto”, espetan fuentes de Podemos, que sostienen que el borrador del decreto que han recibido modifica “dos elementos relevantes” de la norma: “El sistema de recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico y el régimen de cancelación registral de los derechos de reversión sobre terrenos expropiados”. La ley del suelo es una normativa clave en materia de urbanismo porque regula el desarrollo de los planeamientos, la puesta en marcha de nuevos desarrollos inmobiliarios o la construcción de nueva vivienda.
“El primero de los cambios implicaría legalizar proyectos urbanísticos ilegales con carácter retroactivo, así como reducir los controles sobre los proyectos futuros”, y “también limitaría la capacidad de entidades de la sociedad civil de denunciar irregularidades urbanísticas”, denuncian estas fuentes de Podemos, que afirman que la segunda de las modificaciones legales incluidas en el borrador del decreto “eliminaría el derecho de un antiguo propietario a recuperar un terreno expropiado por interés público si no se utiliza para ese fin”. “Se trata de una reforma hecha a la medida de los intereses de BBVA, la constructora San José y Merlin Properties en la Operación Chamartín”, espetan.
Podemos se muestra muy crítico con estos artículos porque, sostienen, su redacción “es prácticamente igual a la presentada por el PP en 2018, a la planteada por el PSOE en 2024, que rechazaron no sólo Podemos, sino también Sumar, ERC y Junts y a la que los socialistas llevaron al Congreso en 2025 junto con el PNV, que también contó con el rechazo mayoritario de la Cámara Baja”.
