Una multitud salió a recordarle al poder que la dignidad no entra en un ajuste de caja. La Universidad de Buenos Aires cuantificó en 600.000 manifestantes la convocatoria en la ciudad de Buenos Aires y más de un millón en todo el país. Argentina identifica a 17 desaparecidos de la dictadura: “Pasó medio siglo y este huesito me dijo: 'Hija, acá estoy'”
La cuarta marcha universitaria desbordó las calles en la emblemática Plaza de Mayo y las avenidas aledañas de Buenos Aires y se replicó en otras ciudades de Argentina, como Córdoba, La Plata, Rosario, Mendoza y Tucumán, entre otras. Docentes, estudiantes, científicos, sindicatos, políticos de la izquierda y el peronismo reclamaron al Gobierno de Javier Milei que cumpla con la ley de financiación para las universidades públicas.
Una multitud salió a recordarle al poder que la dignidad no entra en un ajuste de caja. La Universidad de Buenos Aires (UBA) cuantificó en 600.000 manifestantes la convocatoria en la capital y más de un millón en todo el país. En medio de la columna por avenida de Mayo, Karina Panelo sostenía un cartel que es, en rigor, un certificado de libertad. “Gracias a la educación pública, a la cárcel nunca más”, se leía sobre el cartón. Karina estudia Derecho en la UBA y habló con la urgencia de quien sabe que la universidad fue una bisagra. “La educación pública me salvó la vida y me dio dignidad”, dijo a elDiario.es, mientras la marea humana la empujaba suavemente hacia adelante.
Para ella, el intento del Gobierno por desfinanciar las aulas es un ataque personal a su derecho a existir de otra manera: “Quiero morir siendo estudiante universitaria”, dijo con una contundencia que conmovía.
Con el argumento de achicar el déficit fiscal, la administración de La Libertad Avanza viene desfinanciando al conjunto de casas de estudio. El Ejecutivo ultraderechista tildó de “acto opositor ” a la movilización de los cientos de miles e insistió en que no enviará los fondos reclamados.
Según el informe del Instituto Argentina Grande, en abril de 2026 los docentes cobraron un 34,5% menos en términos reales en comparación con noviembre de 2023. Como más del 80% del gasto del Estado en las universidades se destina al pago de salarios, el recorte presupuestario golpea directo a los docentes.
El aire de la movilización era reclamar por un derecho adquirido y emblema del país: la universidad pública gratuita. Abril Ras, a sus 27 años, caminaba con la mirada de quien ya vio los efectos del bisturí. En su Instituto de Formación Técnica Superior, la pedagogía social —esa rama que incomoda porque enseña derechos— ya sufrió el cierre de comisiones. “Creo que el desmantelamiento es intencional”, afirma con lucidez. Abril entiende que no faltan fondos, sino voluntad de sostener lo que forma conciencia crítica.
Mientras tanto, los rectores de las distintas facultades caminaban codo a codo, unificando un reclamo que ya es existencial. El documento leído por la Federación Universitaria Argentina (FUA) fue un mazazo de realidad: el presupuesto de funcionamiento hoy es apenas un fantasma de lo que era en enero de 2023. Son partidas que no alcanzan para la luz, para los insumos, para los salarios que ya perdieron el equivalente a nueve meses de poder adquisitivo.Desde las universidades dieron datos certeros del desfinanciamiento: las transferencias registraron una caída real acumulada del 45,6 por ciento entre 2023 y 2026.
Mercedes Luder, nieta de ítalo Luder, principal rival peronista de Raúl Alfonsín en las elecciones de 1983 que marcaron el retorno a la democracia, dijo que su abuelo era un defensor de la educación pública. Mercedes, estudiante de Veterinaria señaló que en la UBA “la falta de presupuesto se evidencia en que hay menos docentes y ayudantes, lo que afecta la calidad de la enseñanza”.
Pero la crisis no es solo en pesos. Lo que se denunció desde el escenario montado en Plaza de Mayo, frente la Casa Rosada es una ruptura del contrato democrático. Cuando el Ejecutivo ignora la Ley de Financiamiento 27.795 y desoye a la Justicia, lo que está en juego es la división de poderes. El Gobierno ultraderechista redobló la apuesta: respondió al pedido de fondos para los hospitales universitarios acusando a las autoridades de la UBA de impulsar “una extorsión política”. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dijo que la marcha era una cuestión política basada en “una mentira emocional”.
El Ejecutivo no cumple con una ley de financiamiento universitario que fue aprobada por el Congreso el año pasado , que Milei vetó y luego los legisladores rechazaron el veto presidencial. Las universidades acudieron a la Justicia, y Gobierno entonces apeló ante la Corte Suprema.
Fernando Delfín Iglesias aportó una mirada sobre la soberanía. Investigador en energía y minería, dijo que representa ese legado de los abuelos que vinieron de España buscando paz y ascenso social. Hoy, ve cómo las áreas estratégicas de la industria nacional se quedan sin oxígeno. Para él, “defender la universidad es defender la posibilidad de que Argentina compita en el mundo con ciencia propia y no solo con materias primas”. .
Debajo del escenario, referentes de la oposición como el gobernador bonaerense Axel Kicillof y las columnas de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) intentaban leer el clima de una sociedad que, aun en la angustia económica, se aferra a la universidad como al último bastión. Cuando la marcha se desconcentró, quedó en el aire el eco de una advertencia: si los docentes e investigadores son expulsados del sistema, el país se queda sin futuro.
