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Indianapolis Public School students can receive a zero on assignments again, but only if they make zero effort to complete them. The IPS school board updated the district’s grading policy to remove the district’s no-zero grading policy for students in first through 12th grade in a unanimous vote on Thursday. The change comes about six […]
Indianapolis Public School students can receive a zero on assignments again, but only if they make zero effort to complete them. The IPS school board updated the district’s grading policy to remove the district’s no-zero grading policy for students in first through 12th grade in a unanimous vote on Thursday. The change comes about six […]
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¿Qué es la conocida como “Ley de Nietos”?Derecho a voto de las personas que se acojan a la “Ley de Nietos”: cómo, cuándo y dónde podrían votarNo hay relación entre la nacionalización por la “Ley de Nietos” y la regularización extraordinariaLas “nuevas” cuentas de redes sociales del PSOE en Argentina o México para “captar votos” gracias a la la “Ley de Nietos”: tienen años de antigüedad ¿Qué sabemos sobre la denuncia de la “Ley de Nietos” ante la Junta Electoral Central por “manipular el censo”?¿Qué sabemos sobre que las personas nacionalizadas en virtud de la “Ley de Nietos” podrán recibir ayudas económicas de hasta 7.600 euros si están en situación de vulnerabilidad?¿Qué sabemos sobre el número de nacionalizaciones desde que Pedro Sánchez es presidente?"> 📲 ¡Pincha aquí y sigue el canal de WhatsApp de Maldita.es para que no te la cuelen! "> 📲 ¡Pincha aquí y sigue el canal de WhatsApp de Maldita.es para que no te la cuelen! ¿Qué es la conocida como “Ley de Nietos”?La “Ley de Nietos” es una ley orientada a conceder la nacionalidad española a las personas descendientes de españoles exiliados durante el período comprendido “entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978” por razones “políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual”. Concretamente, pueden acceder a la nacionalidad a través de esta vía: Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, originariamente españoles y exiliados por las razones arriba mencionadas y que hubiesen perdido la nacionalidad. Esta posibilidad, sin el matiz del exilio en caso de padre o madre, ya estaba contemplada en una ley anterior, aprobada en 2007. Según recoge la instrucción que desarrolla la concesión de la nacionalidad en el marco de la Ley de Memoria Democrática, “se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”, acreditando esa salida con alguno de los documentos contemplados en el texto, sin que sea necesario demostrar que esa salida de España fue con motivo de exilio. En el caso de las personas que salieron de España entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978, sí deberán acreditar la condición de exiliado a través de documentos que prueben, por ejemplo haber recibido pensiones por exilio, haber sido asistidos como refugiados españoles por alguna de las oficinas que se encargaban de ello o certificados de partidos políticos, sindicatos y otras entidades relacionados con el exilio que prueben “haber padecido situaciones de represión o persecución política”, Sin embargo, esta prueba de la razón del exilio que acredita que ha sido por motivos “políticos” no es obligatoria, sino uno de los diferentes documentos que se pueden aportar para acreditar la salida de España por razones de exilio.Los hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con una persona extranjera antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.Los hijos e hijas mayores de edad de españoles que recuperaron la nacionalidad de origen a través del derecho de opción.El plazo para solicitar la nacionalidad española por esta vía finalizó el 22 de octubre de 2025. En total, sumando las solicitudes que se recibieron en ese periodo (1.064.131) y las solicitudes de cita previa que se hicieron en plazo, pero que todavía no han sido estudiadas (1.389.194), casi 2,5 millones de personas han solicitado acceder a la nacionalidad española por medio de esta ley. A 23 de junio de 2026, según la Secretaría de Estado de Comunicación, 490.431 expedientes ya han sido aprobados y 255.163 personas han sido ya inscritas en el Registro Civil Consular, último paso para obtener la nacionalidad. En cuanto a las solicitudes denegadas, el Ministerio de Asuntos Exteriores indicó a Maldita.es que, a 22 de octubre de 2025, 5.826 solicitudes habían sido denegadas. ¿Crees que te ha llegado un bulo? Verifica en nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 229 319) "> ¿Crees que te ha llegado un bulo? Verifica en nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 229 319) Derecho a voto de las personas que se acojan a la “Ley de Nietos”: cómo, cuándo y dónde podrían votarAunque desde Maldita.es no podemos verificar si existía intención de “conseguir votos” a través de esta ley, como afirman algunos de los contenidos difundidos, el Gobierno acordó que las personas que hubiesen obtenido la nacionalidad española por esta vía sí podrían ejercer su derecho al voto en elecciones generales, autonómicas y europeas, no en las municipales, aunque residieran en el extranjero o no hubieran visitado nunca España; algo que sí exigía para participar en elecciones a nivel local*. No obstante, el Tribunal Supremo ha acordado el 8 de septiembre de 2026 suspender las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes de las personas que hubiesen obtenido la nacionalidad española a través de la “Ley de Nietos”. Según este tribunal, esta medida será efectiva hasta que dicte sentencia sobre los recursos presentados contra el acuerdo de la Junta Electoral Central, salvo para las personas a las que los Encargados de los Registros Consulares expidan “certificación acreditativa” de que su o sus ascendientes españoles exiliados lo fueron “por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación o de identidad sexual”.⚖️ El Tribunal Supremo estima la medida cautelar en relación con el acuerdo de la Junta Electoral Central sobre inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes https://t.co/LMpTKoFgOX— Poder Judicial (@PoderJudicialEs) September 8, 2026 ">⚖️ El Tribunal Supremo estima la medida cautelar en relación con el acuerdo de la Junta Electoral Central sobre inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes https://t.co/LMpTKoFgOX— Poder Judicial (@PoderJudicialEs) September 8, 2026 Para poder votar desde el extranjero, el Gobierno contemplaba que estas personas deberían estar inscritas en:El Registro de Matrícula Consular, gestionado por las oficinas consulares de España en el extranjero.Y en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA), vigente para cada una de las elecciones convocadas. En cuanto a la circunscripción a la que se dirigen estos votos emitidos desde el extranjero, la Oficina del Censo Electoral (OCE) contaba a Maldita.es, antes de que el Tribunal Supremo decidiera paralizarlos hasta dictar sentencia, que, si la persona que emitía el voto nunca ha residido en España, este se dirige al municipio “de mayor arraigo, propio o de alguno de los ascendientes”. En caso de sí haber vivido en algún municipio español, el último que constara en los registros sería el utilizado para determinar la circunscripción electoral, aunque los electores podrían solicitar, previa justificación, que se les adscribiera a un municipio diferente. Sin embargo, ante los escritos presentados por diferentes personas, entidades y formaciones políticas, la Junta Electoral Central (JEC) solicitó a la Oficina del Censo Electoral un informe en el que se detalle el procedimiento a seguir a la hora de determinar el municipio de inscripción electoral de los residentes en el extranjero, incidiendo en que los criterios deben ser “objetivos, homogéneos, suficientemente acreditados y susceptibles de una aplicación uniforme en todas las Oficinas Consulares”. Así, la OCE debe explicar si se examinan las declaraciones explicativas de quienes solicitan inscribirse en un municipio distinto al de su última residencia en España y quién realiza este examen, además de especificar qué criterios se siguen cuando es la Oficina Consular la que determina el municipio de adscripción. Además, la JEC ha solicitado la elaboración de una instrucción dirigida a las Oficinas Consulares en la que se explique, entre otras cosas, “la forma de acreditar el mayor arraigo propio o de los ascendientes, la documentación justificativa que podrá aportarse y los supuestos y criterios en los que proceda la determinación de oficio del municipio de inscripción”. El objetivo de la JEC con esta petición es que la determinación del municipio electoral quede “suficientemente motivada en el expediente cuando no resulte directamente de la última residencia en España” para garantizar “la transparencia, objetividad e igualdad en la formación del censo electoral”. Por otro lado, el PSOE sí ha realizado actos en diferentes lugares de América Latina, como Uruguay o Argentina, sobre el derecho a voto de personas nacionalizadas en “provincias pequeñas”, como publicó OK Diario. En el vídeo difundido se corresponde con una sesión interna de debate tras las elecciones generales de 2023, en las que el PP de Feijóo superó en escaños al PSOE. No hay relación entre la nacionalización por la “Ley de Nietos” y la regularización extraordinariaLa nacionalización de descendientes de españoles exiliados y la regularización extraordinaria de personas migrantes son dos procedimientos distintos sin relación:“Ley de Nietos”: busca conceder la nacionalidad española a aquellas personas que, estando fuera de España, cumplan con los requisitos.Regularización: concede un permiso de residencia y trabajo a las personas migrantes en situación irregular con residencia efectiva en España previa al 1 de enero de 2026 y que puedan acreditar cinco meses en el país. Así, a diferencia de los descendientes de exiliados en el extranjero, las personas migrantes regularizadas no accederán de manera automática a la nacionalidad española por residencia. Para solicitarla, deberán residir, con carácter general, 10 años de manera legal y continuada en España, dos en el caso de personas procedentes de países de Iberoamérica, Andorra, Portugal, Filipinas, Guinea Ecuatorial o personas de origen sefardí. Además, tendrán que superar dos pruebas en el Instituto Cervantes.Las “nuevas” cuentas de redes sociales del PSOE en Argentina o México para “captar votos” gracias a la la “Ley de Nietos”: tienen años de antigüedad En los últimos días, se están difundiendo contenidos que acusan al PSOE de haber creado, en junio de 2026, cuentas de Instagram para Argentina o México para “pedir el voto” en base a la “Ley de nietos”. Sin embargo, aunque estas cuentas existen, llevan activas desde hace años. En el caso de la cuenta de Instagram @psoe_argentina, su primera publicación es del 28 de septiembre de 2020, dos años antes de que se aprobase la “Ley de Nietos”. En el caso de la cuenta del PSOE para México, @psoemx, su primera publicación es del 13 de marzo de 2023. También existe, por ejemplo, PSOE República Dominicana, creada en 2024.Además, otros partidos políticos, como el PP, tienen también cuentas en el extranjero. En Argentina, por ejemplo, la primera publicación en Instagram es del 18 de enero de 2019. También hay cuenta de PP Uruguay, abierta en 2017. Más allá de Instagram, estos partidos también tienen perfiles de Twitter (ahora X) para Argentina. El PSOE la creó en 2010 y el PP, en 2011.¿Qué sabemos sobre la denuncia de la “Ley de Nietos” ante la Junta Electoral Central por “manipular el censo”?El partido Iustitia Europa ha denunciado ante la Junta Electoral Central (JEC) la nacionalización de personas extranjeras a través de la “Ley de Nietos” por considerarla “una manipulación del censo electoral”, como ha publicado Luis María Pardo, presidente del partido, en su cuenta de Twitter el 29 de junio de 2026. La denuncia exige que se conozcan los “criterios y el soporte documental que justifican que un residente en el extranjero [...] sea adscrito a una provincia concreta”. Desde la Junta Electoral Central no han facilitado a Maldita.es una copia de la denuncia, pero sí señalan que todavía “no hay fecha para la reunión en la que se abordará el tema”. También hemos contactado a Iustitia Europa para consultarles acerca de la denuncia, pero a fecha de publicación de este artículo, no hemos obtenido respuesta. Tras esta denuncia, el Tribunal Supremo pidió a la JEC el expediente administrativo sobre la elaboración del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en un plazo de veinte días donde estudiara si suspender o no las altas en él, algo que la JEC rechazó hacer.El Tribunal Supremo estimó el 8 de septiembre de 2026 la medida cautelar en relación con el acuerdo de la Junta Electoral Central sobre inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes y ha suspendido las inscripciones hasta que dicte sentencia sobre el asunto, salvo para las personas a las que los Encargados de los Registros Consulares expidan certificación acreditativa que demuestre que los ascendientes españoles sufrieron exilio por las razones que contempla esta ley.¿Qué sabemos sobre que las personas nacionalizadas en virtud de la “Ley de Nietos” podrán recibir ayudas económicas de hasta 7.600 euros si están en situación de vulnerabilidad?La supuesta ayuda de hasta 7.600 euros para personas nacionalizadas a través de la “Ley de Nietos” sale del borrador de un reglamento que el Gobierno publicó en octubre de 2025 y que pretende desarrollar la Ley 40/2006, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior. Sin embargo, a fecha de publicación de este artículo, este reglamento todavía no ha sido aprobado.El texto tiene como objetivo “mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía española residente en el exterior” y “facilitar la integración social y laboral de quienes decidan retornar a España”. Esto incluye tanto a españoles nacionalizados en virtud de la “Ley de Nietos” como a aquellos españoles nacidos en España que hayan residido en el exterior. Entre las medidas contempladas en el texto, se incluye la concesión de prestaciones económicas tanto a españoles residiendo en el extranjero como a quienes deseen retornar a España para establecer aquí su “residencia con carácter definitivo”. Una de las prestaciones es la ayuda para el retorno de personas en situación de vulnerabilidad, esto es, quienes teniendo entre 18 y 64 años, sean españolas de origen y que, entre otros requisitos, tengan unos ingresos inferiores a 4.000 euros, la cuantía prevista. Esta cantidad podrá llegar hasta los 7.600 euros mencionados en los contenidos cuando la persona solicitante conviva con tres o más familiares a su cargo. ¿Qué sabemos sobre el número de nacionalizaciones desde que Pedro Sánchez es presidente?Circulan contenidos que señalan a Pedro Sánchez como el presidente que más nacionalizaciones ha realizado. El primer año del que hay registros disponibles en el INE es 2013; por lo que sólo podríamos compararlo con una parte del mandato de Mariano Rajoy (2011 - 2017).Según datos del Instituto Nacional de Estadística, desde 2019, primer año completo de Pedro Sánchez como presidente, hasta 2025, último disponible, el Gobierno ha nacionalizado a 1.343.229 personas. La nacionalidad previa más repetida es la marroquí, representando el 21,5% del total de nacionalizaciones durante esos años. Previamente, entre 2013, primer año del que hay registros, y 2017, último año completo de Mariano Rajoy (PP) como presidente, se nacionalizó a 763.466 personas. Sin embargo, esta cifra está incompleta, ya que faltarían los dos primeros años de legislatura del mandatario popular (2011-2012). Esa información aparece recogida en la Estadística de Concesiones de Nacionalidad por Residencia, pero con la limitación de que solo incluye a las personas que accedieron a la nacionalidad por esa vía y que la referencia temporal es la de la concesión, no la de la adquisición efectiva de la nacionalidad, a diferencia de las estadísticas del INE. Teniendo en cuenta estas limitaciones, en total, entre 2011 y 2012, la cifra de nacionalizaciones por residencia fue de 230.156, que sumadas a las 763.466 de los años posteriores, hacen un total de 993.622. A nivel europeo, Alemania, España y Francia fueron, por este orden, los países que más nacionalizaciones concedieron en 2024, según Eurostat. *El 01/07/2026 se ha modificado este artículo precisando que el voto CERA ya no permite participar en elecciones municipales y que los nacionales españoles deben residir en España para poder votar a nivel local*El 22/07/2026 se ha actualizado este artículo para incluir la petición de la JEC a la OCE sobre el proceso de determinación del municipio de inscripción electoral para los residentes en el extranjero*El 23/07/2026 se ha actualizado este artículo para incluir el requerimiento del Tribunal Supremo a la JEC* Este artículo ha sido actualizado el 08/09/2026 con el comunicado del Poder Judicial sobre la decisión del Tribunal Supremo de suspender la inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes hasta dictar sentencia.

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¿Qué es la conocida como “Ley de Nietos”?Derecho a voto de las personas que se acojan a la “Ley de Nietos”: cómo, cuándo y dónde podrían votarNo hay relación entre la nacionalización por la “Ley de Nietos” y la regularización extraordinariaLas “nuevas” cuentas de redes sociales del PSOE en Argentina o México para “captar votos” gracias a la la “Ley de Nietos”: tienen años de antigüedad ¿Qué sabemos sobre la denuncia de la “Ley de Nietos” ante la Junta Electoral Central por “manipular el censo”?¿Qué sabemos sobre que las personas nacionalizadas en virtud de la “Ley de Nietos” podrán recibir ayudas económicas de hasta 7.600 euros si están en situación de vulnerabilidad?¿Qué sabemos sobre el número de nacionalizaciones desde que Pedro Sánchez es presidente?"> 📲 ¡Pincha aquí y sigue el canal de WhatsApp de Maldita.es para que no te la cuelen! "> 📲 ¡Pincha aquí y sigue el canal de WhatsApp de Maldita.es para que no te la cuelen! ¿Qué es la conocida como “Ley de Nietos”?La “Ley de Nietos” es una ley orientada a conceder la nacionalidad española a las personas descendientes de españoles exiliados durante el período comprendido “entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978” por razones “políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual”. Concretamente, pueden acceder a la nacionalidad a través de esta vía: Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, originariamente españoles y exiliados por las razones arriba mencionadas y que hubiesen perdido la nacionalidad. Esta posibilidad, sin el matiz del exilio en caso de padre o madre, ya estaba contemplada en una ley anterior, aprobada en 2007. Según recoge la instrucción que desarrolla la concesión de la nacionalidad en el marco de la Ley de Memoria Democrática, “se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”, acreditando esa salida con alguno de los documentos contemplados en el texto, sin que sea necesario demostrar que esa salida de España fue con motivo de exilio. En el caso de las personas que salieron de España entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978, sí deberán acreditar la condición de exiliado a través de documentos que prueben, por ejemplo haber recibido pensiones por exilio, haber sido asistidos como refugiados españoles por alguna de las oficinas que se encargaban de ello o certificados de partidos políticos, sindicatos y otras entidades relacionados con el exilio que prueben “haber padecido situaciones de represión o persecución política”, Sin embargo, esta prueba de la razón del exilio que acredita que ha sido por motivos “políticos” no es obligatoria, sino uno de los diferentes documentos que se pueden aportar para acreditar la salida de España por razones de exilio.Los hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con una persona extranjera antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.Los hijos e hijas mayores de edad de españoles que recuperaron la nacionalidad de origen a través del derecho de opción.El plazo para solicitar la nacionalidad española por esta vía finalizó el 22 de octubre de 2025. En total, sumando las solicitudes que se recibieron en ese periodo (1.064.131) y las solicitudes de cita previa que se hicieron en plazo, pero que todavía no han sido estudiadas (1.389.194), casi 2,5 millones de personas han solicitado acceder a la nacionalidad española por medio de esta ley. A 23 de junio de 2026, según la Secretaría de Estado de Comunicación, 490.431 expedientes ya han sido aprobados y 255.163 personas han sido ya inscritas en el Registro Civil Consular, último paso para obtener la nacionalidad. En cuanto a las solicitudes denegadas, el Ministerio de Asuntos Exteriores indicó a Maldita.es que, a 22 de octubre de 2025, 5.826 solicitudes habían sido denegadas. ¿Crees que te ha llegado un bulo? Verifica en nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 229 319) "> ¿Crees que te ha llegado un bulo? Verifica en nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 229 319) Derecho a voto de las personas que se acojan a la “Ley de Nietos”: cómo, cuándo y dónde podrían votarAunque desde Maldita.es no podemos verificar si existía intención de “conseguir votos” a través de esta ley, como afirman algunos de los contenidos difundidos, el Gobierno acordó que las personas que hubiesen obtenido la nacionalidad española por esta vía sí podrían ejercer su derecho al voto en elecciones generales, autonómicas y europeas, no en las municipales, aunque residieran en el extranjero o no hubieran visitado nunca España; algo que sí exigía para participar en elecciones a nivel local*. No obstante, el Tribunal Supremo ha acordado el 8 de septiembre de 2026 suspender las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes de las personas que hubiesen obtenido la nacionalidad española a través de la “Ley de Nietos”. Según este tribunal, esta medida será efectiva hasta que dicte sentencia sobre los recursos presentados contra el acuerdo de la Junta Electoral Central, salvo para las personas a las que los Encargados de los Registros Consulares expidan “certificación acreditativa” de que su o sus ascendientes españoles exiliados lo fueron “por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación o de identidad sexual”.⚖️ El Tribunal Supremo estima la medida cautelar en relación con el acuerdo de la Junta Electoral Central sobre inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes https://t.co/LMpTKoFgOX— Poder Judicial (@PoderJudicialEs) September 8, 2026 ">⚖️ El Tribunal Supremo estima la medida cautelar en relación con el acuerdo de la Junta Electoral Central sobre inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes https://t.co/LMpTKoFgOX— Poder Judicial (@PoderJudicialEs) September 8, 2026 Para poder votar desde el extranjero, el Gobierno contemplaba que estas personas deberían estar inscritas en:El Registro de Matrícula Consular, gestionado por las oficinas consulares de España en el extranjero.Y en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA), vigente para cada una de las elecciones convocadas. En cuanto a la circunscripción a la que se dirigen estos votos emitidos desde el extranjero, la Oficina del Censo Electoral (OCE) contaba a Maldita.es, antes de que el Tribunal Supremo decidiera paralizarlos hasta dictar sentencia, que, si la persona que emitía el voto nunca ha residido en España, este se dirige al municipio “de mayor arraigo, propio o de alguno de los ascendientes”. En caso de sí haber vivido en algún municipio español, el último que constara en los registros sería el utilizado para determinar la circunscripción electoral, aunque los electores podrían solicitar, previa justificación, que se les adscribiera a un municipio diferente. Sin embargo, ante los escritos presentados por diferentes personas, entidades y formaciones políticas, la Junta Electoral Central (JEC) solicitó a la Oficina del Censo Electoral un informe en el que se detalle el procedimiento a seguir a la hora de determinar el municipio de inscripción electoral de los residentes en el extranjero, incidiendo en que los criterios deben ser “objetivos, homogéneos, suficientemente acreditados y susceptibles de una aplicación uniforme en todas las Oficinas Consulares”. Así, la OCE debe explicar si se examinan las declaraciones explicativas de quienes solicitan inscribirse en un municipio distinto al de su última residencia en España y quién realiza este examen, además de especificar qué criterios se siguen cuando es la Oficina Consular la que determina el municipio de adscripción. Además, la JEC ha solicitado la elaboración de una instrucción dirigida a las Oficinas Consulares en la que se explique, entre otras cosas, “la forma de acreditar el mayor arraigo propio o de los ascendientes, la documentación justificativa que podrá aportarse y los supuestos y criterios en los que proceda la determinación de oficio del municipio de inscripción”. El objetivo de la JEC con esta petición es que la determinación del municipio electoral quede “suficientemente motivada en el expediente cuando no resulte directamente de la última residencia en España” para garantizar “la transparencia, objetividad e igualdad en la formación del censo electoral”. Por otro lado, el PSOE sí ha realizado actos en diferentes lugares de América Latina, como Uruguay o Argentina, sobre el derecho a voto de personas nacionalizadas en “provincias pequeñas”, como publicó OK Diario. En el vídeo difundido se corresponde con una sesión interna de debate tras las elecciones generales de 2023, en las que el PP de Feijóo superó en escaños al PSOE. No hay relación entre la nacionalización por la “Ley de Nietos” y la regularización extraordinariaLa nacionalización de descendientes de españoles exiliados y la regularización extraordinaria de personas migrantes son dos procedimientos distintos sin relación:“Ley de Nietos”: busca conceder la nacionalidad española a aquellas personas que, estando fuera de España, cumplan con los requisitos.Regularización: concede un permiso de residencia y trabajo a las personas migrantes en situación irregular con residencia efectiva en España previa al 1 de enero de 2026 y que puedan acreditar cinco meses en el país. Así, a diferencia de los descendientes de exiliados en el extranjero, las personas migrantes regularizadas no accederán de manera automática a la nacionalidad española por residencia. Para solicitarla, deberán residir, con carácter general, 10 años de manera legal y continuada en España, dos en el caso de personas procedentes de países de Iberoamérica, Andorra, Portugal, Filipinas, Guinea Ecuatorial o personas de origen sefardí. Además, tendrán que superar dos pruebas en el Instituto Cervantes.Las “nuevas” cuentas de redes sociales del PSOE en Argentina o México para “captar votos” gracias a la la “Ley de Nietos”: tienen años de antigüedad En los últimos días, se están difundiendo contenidos que acusan al PSOE de haber creado, en junio de 2026, cuentas de Instagram para Argentina o México para “pedir el voto” en base a la “Ley de nietos”. Sin embargo, aunque estas cuentas existen, llevan activas desde hace años. En el caso de la cuenta de Instagram @psoe_argentina, su primera publicación es del 28 de septiembre de 2020, dos años antes de que se aprobase la “Ley de Nietos”. En el caso de la cuenta del PSOE para México, @psoemx, su primera publicación es del 13 de marzo de 2023. También existe, por ejemplo, PSOE República Dominicana, creada en 2024.Además, otros partidos políticos, como el PP, tienen también cuentas en el extranjero. En Argentina, por ejemplo, la primera publicación en Instagram es del 18 de enero de 2019. También hay cuenta de PP Uruguay, abierta en 2017. Más allá de Instagram, estos partidos también tienen perfiles de Twitter (ahora X) para Argentina. El PSOE la creó en 2010 y el PP, en 2011.¿Qué sabemos sobre la denuncia de la “Ley de Nietos” ante la Junta Electoral Central por “manipular el censo”?El partido Iustitia Europa ha denunciado ante la Junta Electoral Central (JEC) la nacionalización de personas extranjeras a través de la “Ley de Nietos” por considerarla “una manipulación del censo electoral”, como ha publicado Luis María Pardo, presidente del partido, en su cuenta de Twitter el 29 de junio de 2026. La denuncia exige que se conozcan los “criterios y el soporte documental que justifican que un residente en el extranjero [...] sea adscrito a una provincia concreta”. Desde la Junta Electoral Central no han facilitado a Maldita.es una copia de la denuncia, pero sí señalan que todavía “no hay fecha para la reunión en la que se abordará el tema”. También hemos contactado a Iustitia Europa para consultarles acerca de la denuncia, pero a fecha de publicación de este artículo, no hemos obtenido respuesta. Tras esta denuncia, el Tribunal Supremo pidió a la JEC el expediente administrativo sobre la elaboración del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en un plazo de veinte días donde estudiara si suspender o no las altas en él, algo que la JEC rechazó hacer.El Tribunal Supremo estimó el 8 de septiembre de 2026 la medida cautelar en relación con el acuerdo de la Junta Electoral Central sobre inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes y ha suspendido las inscripciones hasta que dicte sentencia sobre el asunto, salvo para las personas a las que los Encargados de los Registros Consulares expidan certificación acreditativa que demuestre que los ascendientes españoles sufrieron exilio por las razones que contempla esta ley.¿Qué sabemos sobre que las personas nacionalizadas en virtud de la “Ley de Nietos” podrán recibir ayudas económicas de hasta 7.600 euros si están en situación de vulnerabilidad?La supuesta ayuda de hasta 7.600 euros para personas nacionalizadas a través de la “Ley de Nietos” sale del borrador de un reglamento que el Gobierno publicó en octubre de 2025 y que pretende desarrollar la Ley 40/2006, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior. Sin embargo, a fecha de publicación de este artículo, este reglamento todavía no ha sido aprobado.El texto tiene como objetivo “mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía española residente en el exterior” y “facilitar la integración social y laboral de quienes decidan retornar a España”. Esto incluye tanto a españoles nacionalizados en virtud de la “Ley de Nietos” como a aquellos españoles nacidos en España que hayan residido en el exterior. Entre las medidas contempladas en el texto, se incluye la concesión de prestaciones económicas tanto a españoles residiendo en el extranjero como a quienes deseen retornar a España para establecer aquí su “residencia con carácter definitivo”. Una de las prestaciones es la ayuda para el retorno de personas en situación de vulnerabilidad, esto es, quienes teniendo entre 18 y 64 años, sean españolas de origen y que, entre otros requisitos, tengan unos ingresos inferiores a 4.000 euros, la cuantía prevista. Esta cantidad podrá llegar hasta los 7.600 euros mencionados en los contenidos cuando la persona solicitante conviva con tres o más familiares a su cargo. ¿Qué sabemos sobre el número de nacionalizaciones desde que Pedro Sánchez es presidente?Circulan contenidos que señalan a Pedro Sánchez como el presidente que más nacionalizaciones ha realizado. El primer año del que hay registros disponibles en el INE es 2013; por lo que sólo podríamos compararlo con una parte del mandato de Mariano Rajoy (2011 - 2017).Según datos del Instituto Nacional de Estadística, desde 2019, primer año completo de Pedro Sánchez como presidente, hasta 2025, último disponible, el Gobierno ha nacionalizado a 1.343.229 personas. La nacionalidad previa más repetida es la marroquí, representando el 21,5% del total de nacionalizaciones durante esos años. Previamente, entre 2013, primer año del que hay registros, y 2017, último año completo de Mariano Rajoy (PP) como presidente, se nacionalizó a 763.466 personas. Sin embargo, esta cifra está incompleta, ya que faltarían los dos primeros años de legislatura del mandatario popular (2011-2012). Esa información aparece recogida en la Estadística de Concesiones de Nacionalidad por Residencia, pero con la limitación de que solo incluye a las personas que accedieron a la nacionalidad por esa vía y que la referencia temporal es la de la concesión, no la de la adquisición efectiva de la nacionalidad, a diferencia de las estadísticas del INE. Teniendo en cuenta estas limitaciones, en total, entre 2011 y 2012, la cifra de nacionalizaciones por residencia fue de 230.156, que sumadas a las 763.466 de los años posteriores, hacen un total de 993.622. A nivel europeo, Alemania, España y Francia fueron, por este orden, los países que más nacionalizaciones concedieron en 2024, según Eurostat. *El 01/07/2026 se ha modificado este artículo precisando que el voto CERA ya no permite participar en elecciones municipales y que los nacionales españoles deben residir en España para poder votar a nivel local*El 22/07/2026 se ha actualizado este artículo para incluir la petición de la JEC a la OCE sobre el proceso de determinación del municipio de inscripción electoral para los residentes en el extranjero*El 23/07/2026 se ha actualizado este artículo para incluir el requerimiento del Tribunal Supremo a la JEC* Este artículo ha sido actualizado el 08/09/2026 con el comunicado del Poder Judicial sobre la decisión del Tribunal Supremo de suspender la inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes hasta dictar sentencia.
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New state aid covers part of the operating levy for school districts that have lots of cabins. The post ‘Too good to be true’: School districts going for referendums to reduce taxes appeared first on MinnPost.
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Երևանի պետական համալսարանից պարզաբանում են՝ պայմանագրերը վերանայվել են
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By: Elizabeth Plantan This isn’t just a NIMBY reaction. Research on social movements explains what’s driving the bipartisan pushback. The post Opposing AI data centers is one thing Americans agree on appeared first on Good Authority.
By: Elizabeth Plantan This isn’t just a NIMBY reaction. Research on social movements explains what’s driving the bipartisan pushback. The post Opposing AI data centers is one thing Americans agree on appeared first on Good Authority.
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La princesa de Asturias ya ha estrenado las aulas de la Carlos III de Madrid y su primer día ha dejado claro que su gran desafío no será solo sacar adelante Ciencias Políticas: tendrá que intentar vivir como una universitaria más mientras su seguridad, sus horarios y hasta su forma de vestir están bajo lupa.

La princesa de Asturias ya ha estrenado las aulas de la Carlos III de Madrid y su primer día ha dejado claro que su gran desafío no será solo sacar adelante Ciencias Políticas: tendrá que intentar vivir como una universitaria más mientras su seguridad, sus horarios y hasta su forma de vestir están bajo lupa.
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A Russian drone damaged the building of the television channel We Are Ukraine during the September 8 attack on Kyiv.
A Russian drone damaged the building of the television channel We Are Ukraine during the September 8 attack on Kyiv.
20 minutes
La start-up française de l’intelligence artificielle vient de boucler la plus importante levée de fonds de son histoire : 3 milliards d’euros. Valorisé désormais à 21 milliards d’euros, Mistral AI veut désormais aller au-delà des modèles d’intelligence artificielle et investir massivement dans les infrastructures qui les font tourner. Une mue industrielle qui doit aussi lui permettre de réduire sa dépendance aux géants américains.
La start-up française de l’intelligence artificielle vient de boucler la plus importante levée de fonds de son histoire : 3 milliards d’euros. Valorisé désormais à 21 milliards d’euros, Mistral AI veut désormais aller au-delà des modèles d’intelligence artificielle et investir massivement dans les infrastructures qui les font tourner. Une mue industrielle qui doit aussi lui permettre de réduire sa dépendance aux géants américains.
20 minutes

The central Wisconsin sheriff’s office has 50 take-home vehicles, nine of which travel beyond the county, Sheriff Tim Wilz says. The take-home policy is excessive and should be reined in, a contender for sheriff says. The post Deputies driving squads to homes outside Waupaca County are sheriff’s call appeared first on The Badger Project.

The central Wisconsin sheriff’s office has 50 take-home vehicles, nine of which travel beyond the county, Sheriff Tim Wilz says. The take-home policy is excessive and should be reined in, a contender for sheriff says. The post Deputies driving squads to homes outside Waupaca County are sheriff’s call appeared first on The Badger Project.
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La llegada de un nuevo recinto de Live Nation podría ampliar las opciones para que más artistas se presenten en San Diego. Sin embargo, quienes trabajan en la industria consideran que los beneficios para el público podrían ser limitados. La empresa de entretenimiento anunció el 17 de agosto que convertirá la antigua fábrica Wonder Bread, […]
La llegada de un nuevo recinto de Live Nation podría ampliar las opciones para que más artistas se presenten en San Diego. Sin embargo, quienes trabajan en la industria consideran que los beneficios para el público podrían ser limitados. La empresa de entretenimiento anunció el 17 de agosto que convertirá la antigua fábrica Wonder Bread, […]
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Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը պետական դավաճանության և ապօրինի ձեռք բերած պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունը հրապարակելու հոդվածներով մեղադրվող ընդդիմադիր Անդրանիկ Թևանյանի կալանքը երկարաձգեց երեք ամսով։ «Մայր Հայաստանի» մեկ այլ ներկայացուցիչ, նույն գործով է անցնող նախկին պատգամավոր Արեգնազ Մանուկյանի կալանքն էլ երկարաձգվեց մեկ ամսով։ ԲՀԿ ընտրացուցակի երկրորդ համարը կալանավորվեց քարոզարշավի ամենաթեժ փուլում՝ պետական դավաճանության և լրտեսության հոդվածներով: Հիմա, սակայն, երբ...
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը պետական դավաճանության և ապօրինի ձեռք բերած պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունը հրապարակելու հոդվածներով մեղադրվող ընդդիմադիր Անդրանիկ Թևանյանի կալանքը երկարաձգեց երեք ամսով։ «Մայր Հայաստանի» մեկ այլ ներկայացուցիչ, նույն գործով է անցնող նախկին պատգամավոր Արեգնազ Մանուկյանի կալանքն էլ երկարաձգվեց մեկ ամսով։ ԲՀԿ ընտրացուցակի երկրորդ համարը կալանավորվեց քարոզարշավի ամենաթեժ փուլում՝ պետական դավաճանության և լրտեսության հոդվածներով: Հիմա, սակայն, երբ...
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A statewide nonprofit organization has been established to oversee educational scholarships for Kentucky public and private school students under a future federal tax credit program. The Kentucky Education Fund “a statewide, nonpartisan option for administering qualifying contributions and scholarships under the new program,” a press release from the organization said. Earlier this year, the Kentucky […]
A statewide nonprofit organization has been established to oversee educational scholarships for Kentucky public and private school students under a future federal tax credit program. The Kentucky Education Fund “a statewide, nonpartisan option for administering qualifying contributions and scholarships under the new program,” a press release from the organization said. Earlier this year, the Kentucky […]
22 minutes
Станом на вечір 8 вересня в Києві загинули п’ятеро людей, повідомила Київська міська військова адміністрація
Станом на вечір 8 вересня в Києві загинули п’ятеро людей, повідомила Київська міська військова адміністрація
23 minutes
Inside the Whitney Plantation Museum of slavery in Wallace, Louisiana, a memorial is dedicated to babies, reminding us that slavery’s violence also targeted the most vulnerable.
Inside the Whitney Plantation Museum of slavery in Wallace, Louisiana, a memorial is dedicated to babies, reminding us that slavery’s violence also targeted the most vulnerable.
23 minutes
(The Center Square) – Americans who’ve been impacted by terrorism have been calling on Congress to authorize full funding for the U.S. Victims of State Sponsored Terrorism Fund (USVSST Fund) and for transparency related to two 9/11 lawsuits. A bipartisan group filed HR 9795, led by U.S. Reps. from New York, Laura Gillen, a Democrat, and Nicole Malliotakis, a Republican, to ensure that $3 billion is transferred to the fund a year. It includes mandatory distribution requirements and creates a mechanism to ensure victims holding unpaid terrorism judgments are paid. It hasn’t moved out of the House Judiciary Committee. In 2024, a bipartisan group, led by U.S. Reps. Josh Gottheimer (D-NJ), Dan Goldman (D-NY), Nicole Malliotakis (R-NY), and Mike Lawler (R-NY) introduced the American Victims of Terrorism Compensation Act, HR 8419, to strengthen the USVSST Fund. It went nowhere. An estimated 18,000 American victims of state-sponsored terrorism could benefit from the USVSST Fund. Created in 2015, it hasn’t been fully funded and payouts have been sporadic. Despite winning judgments in U.S. courts, many victims have yet to recover compensation. Those urging Congress to act include survivors or family members of victims of state-sponsored acts of terrorism, including the 1983 Beirut Embassy bombing, 1983 Marine Barracks Bombing, 1984 Beirut Embassy Annex Bombing, 1985 TWA Flight 847 hijacking, 1996 Khobar Towers bombing, 1998 East Africa Embassy bombings, 2001 Sept. 11 attacks, Iraq War Gold Star Families, 2016 Bastille Day, Nice, France, attack, and American victims of the Oct. 7, 2023, Hamas terrorist attack against Israel. HR 9795 is named after two men who were killed on 9/11 while working in the north tower of the World Trade Center: Joseph Mistrulli and Alan Kleinberg. Their family members have since founded advocacy groups. Joseph Mistrulli’s daughter, Angela Mistrulli, founded American Victims of State-Sponsored Terrorism United (AVSTU) and is a national chair of 9/11 Families United. Kleinberg’s widow, Mindy Kleinberg, a founding member of the September 11th Advocates, was among many calling for accountability, which led to the creation of the 9/11 Commission. She continues to advocate for terrorism survivors, including through AVSTU, to “ensure that victims’ experiences remain central to federal policy discussions and efforts to secure accountability, transparency and justice.” The 9/11 families are also calling for accountability and transparency as two 9/11 cases are ongoing – a criminal trial against 9/11 conspirators still being held at Guantanamo Bay, Cuba, and a civil trial against the Saudi government by 9/11 victims’ families. “Without full transparency and candor, we can’t heal – not as family members and survivors, and not as citizens,” 911 Families United argues. “Only then can Americans have confidence that we are doing everything we can to ensure justice, and to make sure a day like 9/11 never happens again.” The groups successfully lobbied Congress to enact the Justice Against Sponsors of Terrorism Act in 2016. It enables victims of terrorism to sue foreign states that provide support to terrorist organizations. They face an uphill challenge in ensuring the USVSST Fund is solvent. It took 18 years for Congress to fully fund the September 11th Victim Compensation Fund (VCF). Established by Congress in 2001, its funding authorizations were renewed in 2010 and permanently in 2019 to fund the VCF through Oct. 1, 2090. The VCF bill was named after James Zadroga, Ray Pfeifer and Luis Alvarez, men who lobbied Congress to ensure compensation was secured but died before they saw their efforts come to fruition. They died from illnesses they contracted while performing recovery and cleanup efforts at Ground Zero. Zadroga, a New York City police officer, served more than 450 hours at Ground Zero. He contracted Black Lung Disease, suffered and died at age 34. His attorneys at Barasch & McGarry have helped more than 20,000 people recover over $7 billion from the VCF in an effort “to see [Zadroga’s] legacy honor as many 9/11 victims as possible,” the firm says. Ray Pfiefer, a FDNY firefighter who died from cancer caused by chemicals he was exposed to at Ground Zero, “was a leading force in lobbying to extend the Zadroga Act through 2090,” The Ray Pfeifer Foundation explains. Alvarez, a NYPD bomb squad detective and Marine Corps veteran, “spent a large part of his career fighting for the healthcare rights” for Ground Zero cleanup volunteers and workers. “He spent his final years making repeated trips to Washington urging lawmakers to pass a bill replenishing the 9/11 compensation fund.” He died at age 53 “just weeks after making an emotional plea to Congress,” the Tunnel-Towers Foundation said. Since 2001, the fund has served more than 70,000 victims and family members. The VCF is still encouraging all eligible people to register for the fund, including those who aren’t currently sick. Registration preserves the right to file a claim for those who were at three plane crash sites and later diagnosed with a 9/11 related illness. They include the New York City Exposure Zone, including all of lower Manhattan below Canal St., where an estimated 400,000 were potentially exposed to toxins, between Sept. 11, 2001, and May 30, 2002; the Pentagon plane crash site between Sept. 11 and Nov. 19, 2001; the Shanksville, Penn. plane crash site between Sept. 11 and Oct. 3, 2001.
(The Center Square) – Americans who’ve been impacted by terrorism have been calling on Congress to authorize full funding for the U.S. Victims of State Sponsored Terrorism Fund (USVSST Fund) and for transparency related to two 9/11 lawsuits. A bipartisan group filed HR 9795, led by U.S. Reps. from New York, Laura Gillen, a Democrat, and Nicole Malliotakis, a Republican, to ensure that $3 billion is transferred to the fund a year. It includes mandatory distribution requirements and creates a mechanism to ensure victims holding unpaid terrorism judgments are paid. It hasn’t moved out of the House Judiciary Committee. In 2024, a bipartisan group, led by U.S. Reps. Josh Gottheimer (D-NJ), Dan Goldman (D-NY), Nicole Malliotakis (R-NY), and Mike Lawler (R-NY) introduced the American Victims of Terrorism Compensation Act, HR 8419, to strengthen the USVSST Fund. It went nowhere. An estimated 18,000 American victims of state-sponsored terrorism could benefit from the USVSST Fund. Created in 2015, it hasn’t been fully funded and payouts have been sporadic. Despite winning judgments in U.S. courts, many victims have yet to recover compensation. Those urging Congress to act include survivors or family members of victims of state-sponsored acts of terrorism, including the 1983 Beirut Embassy bombing, 1983 Marine Barracks Bombing, 1984 Beirut Embassy Annex Bombing, 1985 TWA Flight 847 hijacking, 1996 Khobar Towers bombing, 1998 East Africa Embassy bombings, 2001 Sept. 11 attacks, Iraq War Gold Star Families, 2016 Bastille Day, Nice, France, attack, and American victims of the Oct. 7, 2023, Hamas terrorist attack against Israel. HR 9795 is named after two men who were killed on 9/11 while working in the north tower of the World Trade Center: Joseph Mistrulli and Alan Kleinberg. Their family members have since founded advocacy groups. Joseph Mistrulli’s daughter, Angela Mistrulli, founded American Victims of State-Sponsored Terrorism United (AVSTU) and is a national chair of 9/11 Families United. Kleinberg’s widow, Mindy Kleinberg, a founding member of the September 11th Advocates, was among many calling for accountability, which led to the creation of the 9/11 Commission. She continues to advocate for terrorism survivors, including through AVSTU, to “ensure that victims’ experiences remain central to federal policy discussions and efforts to secure accountability, transparency and justice.” The 9/11 families are also calling for accountability and transparency as two 9/11 cases are ongoing – a criminal trial against 9/11 conspirators still being held at Guantanamo Bay, Cuba, and a civil trial against the Saudi government by 9/11 victims’ families. “Without full transparency and candor, we can’t heal – not as family members and survivors, and not as citizens,” 911 Families United argues. “Only then can Americans have confidence that we are doing everything we can to ensure justice, and to make sure a day like 9/11 never happens again.” The groups successfully lobbied Congress to enact the Justice Against Sponsors of Terrorism Act in 2016. It enables victims of terrorism to sue foreign states that provide support to terrorist organizations. They face an uphill challenge in ensuring the USVSST Fund is solvent. It took 18 years for Congress to fully fund the September 11th Victim Compensation Fund (VCF). Established by Congress in 2001, its funding authorizations were renewed in 2010 and permanently in 2019 to fund the VCF through Oct. 1, 2090. The VCF bill was named after James Zadroga, Ray Pfeifer and Luis Alvarez, men who lobbied Congress to ensure compensation was secured but died before they saw their efforts come to fruition. They died from illnesses they contracted while performing recovery and cleanup efforts at Ground Zero. Zadroga, a New York City police officer, served more than 450 hours at Ground Zero. He contracted Black Lung Disease, suffered and died at age 34. His attorneys at Barasch & McGarry have helped more than 20,000 people recover over $7 billion from the VCF in an effort “to see [Zadroga’s] legacy honor as many 9/11 victims as possible,” the firm says. Ray Pfiefer, a FDNY firefighter who died from cancer caused by chemicals he was exposed to at Ground Zero, “was a leading force in lobbying to extend the Zadroga Act through 2090,” The Ray Pfeifer Foundation explains. Alvarez, a NYPD bomb squad detective and Marine Corps veteran, “spent a large part of his career fighting for the healthcare rights” for Ground Zero cleanup volunteers and workers. “He spent his final years making repeated trips to Washington urging lawmakers to pass a bill replenishing the 9/11 compensation fund.” He died at age 53 “just weeks after making an emotional plea to Congress,” the Tunnel-Towers Foundation said. Since 2001, the fund has served more than 70,000 victims and family members. The VCF is still encouraging all eligible people to register for the fund, including those who aren’t currently sick. Registration preserves the right to file a claim for those who were at three plane crash sites and later diagnosed with a 9/11 related illness. They include the New York City Exposure Zone, including all of lower Manhattan below Canal St., where an estimated 400,000 were potentially exposed to toxins, between Sept. 11, 2001, and May 30, 2002; the Pentagon plane crash site between Sept. 11 and Nov. 19, 2001; the Shanksville, Penn. plane crash site between Sept. 11 and Oct. 3, 2001.
25 minutes
If you want to know all about snow leopards, their range, food, love life, fight for survival in the fast changing high mountain landscape, impact of climate change and the struggle of scientists to get accurate figures on their population and spread, Kulbhushansingh Suryawanshi’s The Ghost of the Mountains is a must read. It is […]
If you want to know all about snow leopards, their range, food, love life, fight for survival in the fast changing high mountain landscape, impact of climate change and the struggle of scientists to get accurate figures on their population and spread, Kulbhushansingh Suryawanshi’s The Ghost of the Mountains is a must read. It is […]
26 minutes
尼泊爾正在集中精力搜救三個水電項目隧道,認為可能有數十名工人被困在那裡。據尼泊爾軍方救援人員稱,900名失蹤的工人中約有121人可能被困在水電站隧道內。
26 minutes
尼泊爾正在集中精力搜救三個水電項目隧道,認為可能有數十名工人被困在那裡。據尼泊爾軍方救援人員稱,900名失蹤的工人中約有121人可能被困在水電站隧道內。
26 minutes
尼泊尔正在集中精力搜救三个水电项目隧道,认为可能有数十名工人被困在那里。据尼泊尔军方救援人员称,900名失踪的工人中约有121人可能被困在水电站隧道内。
26 minutes
尼泊尔正在集中精力搜救三个水电项目隧道,认为可能有数十名工人被困在那里。据尼泊尔军方救援人员称,900名失踪的工人中约有121人可能被困在水电站隧道内。
27 minutes
Police say the incident at the annual Obaashing Labor Day Celebration was isolated, and there is no threat to the public.
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