El sindicato plantea trasladar a España la alternativa francesa de un renting de turismos eléctricos europeos subvencionado por el Gobierno para usuarios con rentas bajasLa UE contraataca a China: llegan los coches eléctricos baratos europeos
La transición hacia el vehículo eléctrico tiene un obstáculo que en España sigue siendo difícil de salvar todavía, pese a la mejora registrada: el precio. Para superar esa barrera, el sindicato UGT FICA ha reclamado trasladar a España el modelo francés de renting social, un sistema que permite acceder a un turismo eléctrico nuevo mediante una cuota subvencionada de 140 a 200 euros al mes. La petición tiene lugar cuando todavía no está operativo el prometido Plan Auto+, con ayudas de 4.500 euros por la compra de un eléctrico.
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El sindicato considera que la movilidad se ha convertido en un elemento esencial para acceder y mantener un empleo y defiende que la electrificación no puede quedar reservada a quienes tienen mayor capacidad económica. Su propuesta pasa por crear un programa público que facilite el acceso al vehículo eléctrico a rentas bajas, trabajadores de zonas rurales y personas que necesitan el automóvil para desarrollar su actividad profesional.
La iniciativa no surge de una idea teórica. Francia acaba de reactivar la tercera edición de su programa de “leasing social”, que desde el 16 de julio vuelve a ofrecer ayudas para que unos 50.000 hogares puedan conducir un coche eléctrico europeo sin realizar un gran desembolso inicial.
El modelo francés: un eléctrico sin entrada y por 200 euros al mes
El programa francés funciona mediante una subvención pública que cubre íntegramente la primera cuota del contrato de renting, lo que elimina la necesidad de realizar una entrada, uno de los principales obstáculos para muchos hogares. A cambio, los beneficiarios únicamente pagan una cuota mensual que no puede superar los 200 euros, con contratos de al menos tres años y sin obligación de compra al finalizar el alquiler. Además, las compañías deben ofrecer al menos un modelo por 140 euros mensuales, excluyendo seguro y servicios opcionales.
El Estado francés concede una ayuda de hasta 6.500 euros, que aumenta hasta 9.000 euros cuando el vehículo se fabrica en Europa y puede alcanzar 9.500 euros si también incorpora un motor producido en territorio europeo. Con ello, el Ejecutivo francés persigue un doble objetivo: acelerar la descarbonización del transporte y reforzar la industria automovilística europea frente a la competencia asiática.
El programa está dirigido a hogares con una renta imponible inferior a 16.880 euros por persona y exige además que los beneficiarios recorran más de diez kilómetros para acudir al trabajo o superen los 8.000 kilómetros anuales por motivos profesionales.
La ayuda se financia mediante los certificados de ahorro energético, un sistema basado en el principio de que “quien contamina paga”, que obliga a las compañías energéticas a contribuir económicamente. El presupuesto de esta tercera edición asciende a 401 millones de euros.
Renovar un parque envejecido
La federación de Industria de UGT considera que España reúne prácticamente todas las condiciones para implantar un programa similar. El parque automovilístico nacional supera los 14 años de antigüedad media, uno de los más envejecidos de Europa, y millones de trabajadores siguen dependiendo diariamente del coche para desplazarse hasta su puesto de trabajo, especialmente fuera de las grandes ciudades.
Para el sindicato, un sistema de renting social permitiría sustituir vehículos antiguos, más contaminantes y con menores niveles de seguridad por modelos eléctricos de nueva generación sin exigir un esfuerzo económico inasumible para muchas familias. La organización también destaca que el renting incorpora servicios como mantenimiento, asistencia o seguro, reduciendo la incertidumbre sobre los costes de utilización del vehículo durante toda la vigencia del contrato.
La propuesta encaja además con uno de los principales desafíos de la política industrial española: acelerar la penetración del vehículo eléctrico sin dejar fuera a los hogares con menos recursos. Hasta ahora, la mayor parte de los incentivos públicos se han basado en subvenciones para la compra, un modelo que obliga al consumidor a adelantar una inversión elevada antes de recibir las ayudas. El renting social cambia completamente el planteamiento al reducir directamente la cuota mensual.
La experiencia francesa demuestra además que esta fórmula puede hacer que el coste total de utilizar un coche eléctrico resulte inferior al de mantener un vehículo de combustión usado con varios años de antigüedad, precisamente el tipo de automóvil que más utilizan las familias con menor renta y que genera mayores emisiones.
También como política industrial
El programa francés incorpora un elemento que UGT observa con especial interés: el apoyo explícito a la fabricación europea. Las ayudas son superiores cuando el vehículo, la batería y el motor se producen en plantas situadas en el Espacio Económico Europeo, una medida que busca que la transición energética también sirva para fortalecer la industria continental.
Para UGT FICA, la movilidad debe considerarse un derecho vinculado al empleo y a la cohesión territorial. Por ello, reclama que el renting social forme parte de las futuras políticas públicas de transporte y sostenibilidad. La experiencia francesa demuestra, a juicio del sindicato, que el acceso al coche eléctrico puede dejar de ser un privilegio para convertirse en una alternativa real para miles de trabajadores, siempre que las administraciones asuman parte del coste de la transición.
