El ministerio de Consumo ratifica la sanción a la socimi participada por los ex del Barça Pep Guardiola y Sergio BusquetsPep Guardiola y Sergio Busquets compran un 28% de la socimi de viviendas de Alquiler Seguro
La inmobiliaria Alquiler Seguro tendrá que pagar 3,6 millones de euros por sus “prácticas abusivas” contra inquilinos, a no ser que gane el caso en la justicia. Este miércoles, el Ministerio de Consumo ha resuelto negativamente el recurso de alzada presentado por la empresa, de forma que la sanción es ahora firme. Entre las seis infraccionesmuy graves impuestas, está el cargo a los inquilinos de gastos de gestión inmobiliaria encubiertos en un servicio de atención al inquilino.
La Dirección General de Consumo abrió expediente sancionador a la inmobiliaria en marzo del año pasado e impuso la multa en diciembre, pero una vez agotada la vía administrativa la multa es ahora firme.
La sanción se ha dado a conocer tan solo unas horas después de que el Sindicato de Inquilinas anunciara una huelga estatal que promoverá el impago de los alquileres justamente a esta inmobiliaria. “Por ningunearnos, embolsarse honorarios fraudulentos e imponernos cláusulas abusivas. Nos vamos a organizar casa por casa y va a ser histórico”, rezaba el sindicato de Madrid en su cuenta de X.
La inmobiliaria ha estado en el foco también por haber anunciado su intención de presentarse a las licitaciones para gestionar alquileres públicos de la reién creada estatal Casa 47, posibilidad que también indignó a los representantes inquilinos. Y, poco después de presentarse a la licitación, el entrenador del Manchester City y ex del Barça, Pep Guardiola, decidió comprar un 14,21% de la empresa a través de su fondo 08022003 LIMITED y el exfutbolista Sergio Busquets adquirió idéntica proporción con su fondo Buga Seler. El principal accionista sigue siendo la propia empresa, Alquiler Seguro, presidida por Antonio Carroza Pacheco, uno de los fundadores en el año 2007.
El ministro Pablo Bustinduy ha ratificado que son sancionables las prácticas denunciadas por el ministerio, que permitían a la inmobiliaria cargar de responsabilidades y presión al inquilino ante los contratos. El primero empezaba ya antes de la firma, pues con el servicio de atención al inquilino se cobraban gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato, en contra de la prohibiciónexpresa de la ley de vivienda 12/2023 del 24 de mayo, que puso fin al cobro de las gestiones por parte de las inmobiliarias a los inquilinos.
La empresa además imponía alarrendatario un contrato de seguro de hogar en beneficio del propietario, unos cargos de reclamación de pagos aunque no fueran imputables al inquilino, así como los costes de las reclamaciones judiciales incluso cuando no hubiera condena en costas y una cláusula que permitía a la inmobiliaria a poner al inquilino en ficheros de morosos en caos de impagos independientemente de la causa del impago y aun no siendo deudas vencidas y exigibles. El contrato prohibía además el derecho del inquilino a desistir del servicio de atención al inquilino.
Una de las sanciones por infracción muy grave supone el pago de 1 millón de euros y otra de 990.900 euros, a las que se les suman tres multas de 500.000 euros, una de 100.001 euros y una última, por la infracción grave, de 10.001 euros. En total, todas las multas suman 3,6 millones de euros.
Además de la sanción económica, la inmobiliaria deberá eliminar estas cláusulas y hará pública la multa impuesta, la razón social de las personas jurídicas responsables (ALQUILER SEGURO, S.A.U) y la índole y naturaleza de la infracción. El expediente se puso en marcha en 2025 después de las denuncias del Sindicato de Inquilinas, FACUA Consumidores en Acción y la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).
