El gobierno de Venezuela y la oposición (representada por la Asamblea Nacional electa en 2015) han cerrado formalmente su primer ciclo de conversaciones en Caracas con la firma de un comunicado conjunto que establece dos grandes acuerdos institucionales y humanitarios.
Este proceso, liderado por el diputado Jorge Rodríguez y por la exdiputada Dinorah Figuera, concluyó tras cinco días de intensas sesiones técnicas y plenarias, mediante el mecanismo de mesas de trabajo. Las partes hicieron dos anuncios clave como resultado de sus deliberaciones.
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— Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) August 13, 2026
RECUPERACIÓN DE LOS ACTIVOS VENEZOLANOS
Como primer punto anunciado, ambas delegaciones aprobaron la atención a las víctimas de los terremotos y la recuperación de activos soberanos retenidos en el extranjero. En ese sentido, refirieron concretamente a los recursos congelados por el Banco de Inglaterra. Dicho ente retiene aproximadamente 31 toneladas métricas de oro venezolano desde el año 2018.
El capital recuperado se utilizará exclusivamente para financiar programas de vivienda, salud, electricidad y remoción de escombros en las regiones afectadas por los terremotos, contando con mecanismos de auditoría, trazabilidad y transparencia en el uso de los recursos.
Este elemento, fijado como primer punto de acuerdo, consiste en uno de los hitos centrales de la política sistemática de cerco y asfixia a la economía venezolana durante estos años. La retención de los recursos venezolanos ha sido uno de los pilares de la política de sanciones de Washington contra Caracas.
Las delegaciones dan por entendido que este mecanismo será exitoso, siempre y cuando el gobierno estadounidense respalde dicha solicitud de reintegro del oro ante la entidad bancaria europea, lo cual crearía un nuevo precedente sobre el estatus de los haberes del Estado venezolano en diversas cuentas en el extranjero.
El gobierno estadounidense, el cual respalda y promueve esta iniciativa de diálogo, estaría cediendo a los factores venezolanos la decisión política de dar fin a la retención del oro, una medida que se ha sostenido de manera injustificada y controversial, especialmente en el contexto post-terremotos considerando los ingentes recursos que el Estado venezolano debe destinar para la atención de la víctimas y secuelas materiales del desastre natural.
RENOVACIÓN DEL TSJ
Como segundo punto anunciado, se ha planteado una reforma del sistema judicial venezolano y la renovación integral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Este segundo gran acuerdo apunta al "fortalecimiento democrático e institucional" a través de una reestructuración de esta instancia.
En coherencia con esto, se iniciará una reforma inmediata a la Ley Orgánica del TSJ y otros reglamentos complementarios.
Ambas partes acordaron activar un nuevo proceso de postulación para sustituir y designar a todos los jueces principales del TSJ. Se ampliará y renovará el Comité de Postulaciones Judiciales, complementándolo con un consejo evaluador especial para auditar estrictamente las credenciales y requisitos constitucionales de los aspirantes.
A inicios de año, la presidenta Delcy Rodríguez inauguró el nuevo año judicial e instó al Poder Judicial y al parlamento construir las nuevas condiciones para una reforma "profunda e integral" del sistema de justicia, incluyendo al mismo tribunal.
Meses después, diversos magistrados del TSJ, unos ocho (8) en total, fueron jubilados de la máxima corte. Esto abrió el abanico para una nueva discusión y, en consecuencia, se planteó una reforma de la ley del tribunal, lograda en mayo, para elevar la cantidad de autoridades y sus suplentes, así como nuevas salas. Esta corte pasó de 20 a 32 jueces.
El 21 de abril de 2026, la Asamblea Nacional designó una comisión inicial de 11 diputados, presidida por el parlamentario Giuseppe Alessandrello (PSUV) y con José Gregorio Correa (oposición) como vicepresidente para realizar los nuevos nombramientos. Pero la iniciativa se detuvo en los meses de mayo y junio, siendo evidente que el diferimiento obedecía a posibles negociaciones que ahora se están consumando.
Hay una clara congruencia entre este acuerdo en la mesa, con los precedentes sobre la reforma al TSJ planteada e iniciada meses atrás. Sin embargo, el nuevo acuerdo propone una renovación total de las magistraturas en el marco de las discusiones por una nueva Ley Orgánica.
A partir de este mes de agosto de 2026, se detiene la lista anterior de postulados y se convoca a un nuevo proceso de postulación absoluta para designar, bajo consenso político mutuo, a la totalidad de los magistrados que dirigirán el TSJ.
El nudo crítico será la correlación política que resulte de la renovación total de la máxima corte. Esto apuntan las discusiones a una deliberación matemática política: cuántos magistrados serán asociados al chavismo, cuántos a la oposición.
El resultado sobre esta conformación institucional será sintomático del estilo las próximas negociaciones y la forma que tomará el poder político en el país.
PRÓXIMOS PASOS
El cronograma operativo de estas medidas conjuntas se activará durante este mismo mes con anuncios oficiales y las primeras acciones técnicas en el terreno.
Las delegaciones, según han anunciado, mantendrán un esquema de trabajo continuo y permanente. Por ende, se prevé que las reuniones plenarias presenciales se retomen en un plazo aproximado de quince días.
13 Ago 2026, 2:11 pm.
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Venezuela
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Deliberaciones en torno a materia humanitaria e institucional