Geroa Bai y Contigo/Zurekin han exigido al PSN que asuma "responsabilidades políticas" por el reparo suspensivo de Intervención al sobrecoste y han pedido que se convoque la comisión de seguimiento del acuerdo programático de Gobierno que firmaron en 2023
Los socios de Chivite vetan la comparecencia en la comisión de investigación del expresidente de la SEPI que trabajó en Servinabar
El sobrecoste anunciado por el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite -familiar de la presidenta-, de 8,5 millones en la obra de desdoblamiento del túnel de Belate, adfjudicada por 62,8 millones de euros a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso vinculada a Santos Cerdán, ha generado una crisis entre los socios del Ejecutivo de María Chivite después de que la Intervención General del Gobierno de Navarra haya decretado un reparo suspensivo al modificado. Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) han exigido al PSN que se “asuman responsabilidades políticas” y han pedido la convocatoria de la comisión de seguimiento del acuerdo programático que las tres formaciones firmaron en 2023 para investir a Chivite.
Se trata de la primera gran brecha generada entre los socios que, si bien anteriormente ya había verbalizado algunas discrepancias nunca habían llegado a estos términos. Tanto Geroa Bai como Contigo/Zurekin consideran que el reparo suspensivo de Intervención es “de una enorme gravedad” y han reclamado que se asuman responsabilidades políticas. Este organismo, tal y como adelantó Diario de Navarra, considera que el sobrecoste anunciado por Acciona y Osés -Servinabar fue excluida de la UTE tras conocerse su presunta vinculación con Santos Cerdán- no está justificado. El reparo suspensivo se sustenta en el cuestionamiento de tres de las quince unidades objeto del modificado. Se trata en concreto del polvorín y de los suplementos de la excavación y del sostenimiento, unidades que suponen el 69,71% del incremento propuesto.
“Nos preocupa profundamente que las informaciones dadas por el Departamento de Cohesión Territorial no se correspondan con las causas que en el informe de Intervención se alegan, ni vengan avaladas por la Delegación del Gobierno ni por la sección de Minas. La disparidad entre las explicaciones ofrecidas por el departamento y las del informe del interventor general solo incrementa las dudas sobre la adecuada justificación del modificado y sus sobrecostes”, han señalado desde Geroa Bai.
En la misma línea, Contigo/Zurekin ha mostrado su “sorpresa” porque la información del informe de Intervención es “diferente de la recibida de mano del Departamento de Cohesión Territorial antes del verano y que conllevó la asunción de un sobre coste de la obra basada en una justificación determinada”. “Todo esto ha supuesto una ostensible merma de nuestra confianza”, añaden.
Los dos socios del PSN en el Gobierno de Navarra han pedido una convocatoria de la comisión de seguimiento del acuerdo programático que las tres formaciones firmaron en 2023 para investir a María Chivite presidenta de la comunidad foral, para lo que también fue necesaria la abstención de EH Bildu. UPN, el principal partido de la oposición, ha pedido a los socios de Chivite que le retiren su apoyo para propiciar un adelanto electoral.
Mientras el Gobierno navarro ha anunciado que la Dirección General de Obras Públicas ha acatado el reparo suspensivo de Intervención y que se trabaja en “fórmulas legales” para que continúen los trabajos. Así, según informa el Ejecutivo foral, se abonarán en diciembre “las certificaciones pendientes, siempre de acuerdo a lo dispuesto por la Intervención General (en el caso de las modificaciones rechazadas, al precio del proyecto original)”.
