El primer presidente imputado en democracia cobró junto a sus dos hijas 600.000 euros en cinco años por servicios a la consultora de un amigo empresario que se enriqueció en ese tiempo por intermediar en Venezuela a favor de cuatro empresas españolas El juez sitúa el origen de la trama corrupta que “dirige” Zapatero en una reunión de Plus Ultra en Transportes para el rescate
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Calama ha escrito en un auto de 88 páginas que José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno entre 2004 y 2011, “dirigió una estructura organizada y estable orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras, así como a la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas a favor de terceros”. Calama tomará declaración a Zapatero el próximo 2 de junio en calidad de investigado. Es la primera vez en la reciente etapa democrática que un presidente del Gobierno es imputado por corrupción.
La influencia delictiva que el juez atribuye a Zapatero es doble: nacional e internacional. En España, el expresidente favoreció, mediante una supuesta presión a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, el rescate de la aerolínea Plus Ultra –un préstamo de 53 millones de euros– aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021.
En Venezuela, Zapatero –cuya gestión sin lucro durante años facilitó la liberación de decenas de presos– influyó supuestamente en el Gobierno de Nicolás Maduro por algunos problemas de Plus Ultra para operar en ese país.
El juez Calama basa sus afirmaciones en los trabajos de la UDEF, unidad policial especializada en la investigación de tramas corruptas. Entre las pruebas manejadas por la UDEF se encuentra el contenido del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, el socio venezolano de Plus Ultra hasta hace unos meses (tenía el 40% de las acciones) donde aparecen mensajes sugiriendo que “el pana Zapatero” está detrás de las gestiones de la compañía aérea para lograr el rescate en plena pandemia.
El relato policial asumido por el juez en la resolución judicial concluye que la influencia de Zapatero fue decisiva para el éxito de la operación.
Es una conjetura basada en indicios endebles: los comentarios por Whatsapp del socio venezolano, y el conocimiento con una semana de antelación de la concesión de la ayuda por parte del Consejo de Ministros. Las investigaciones abiertas –una de ellas en el Senado– sobre cómo se concedió la ayuda a Plus Ultra acreditan que tanto Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI, como José Ángel Partearroyo, director de participadas de la SEPI, han declarado que para el rescate de esa línea aérea no recibieron presión de ningún ministro o dirigente del Gobierno y se basaron en los informes financieros que avalaban que se cumplían las condiciones de elegibilidad de la compañía.
Si Zapatero, como sugiere la policía interpretando mensajes del socio venezolano de Plus Ultra, gestionó la primera reunión que la compañía tuvo en el ministerio de Transportes, esa cita no sirvió para determinar la aprobación del préstamo. Uno de los directivos de la compañía así se lo hizo saber al socio venezolano: “Transportes no decide las compañías que se pueden acoger a la ayuda, la SEPI creará un consejo económico para valorar y decidir las solicitudes”. Plus Ultra (4 aviones, 350 trabajadores) presentó su solicitud el 1 de septiembre de 2020 y el préstamo fue aprobado en marzo de 2021, seis meses después, al límite del plazo máximo previsto para resolver.
Todas las líneas aéreas que solicitaron acogerse a las ayudas estatales por la pandemia fueron rescatadas por el Gobierno: Air Europa (46 aviones, 3.000 trabajadores) con 475 millones; Volotea (41 aviones, 2.250 trabajadores) con 200 millones; y Air Nostrum (41 aviones, 1.500 trabajadores) con 111 millones.
El relato judicial considera “indiciariamente acreditado” que Zapatero dio la orden de “crear una estructura societaria en Dubai cuyo plan de negocio preveía ingresos de tres millones de dólares en cinco años” y a la que poder derivar la supuesta comisión del 1% (530.000 euros) por el éxito del rescate de Plus Ultra. La investigación judicial no ha aportado todavía las pruebas de que esa sociedad se creara realmente ni tampoco de que recibiera los 530.000 euros. El entorno de la compañía niega que se pagara esa supuesta mordida y que figure como una salida de fondos en las cuentas de Plus Ultra, aunque el auditor que analizó la contabilidad de la aerolínea ha declarado hoy en el Senado que la comisión del 1% sí constaba.
Junto a esas conjeturas con las que el juez Calama ha reforzado el relato judicial contra Zapatero hay hechos acreditados sobre ingresos económicos del expresidente del Gobierno de difícil justificación procedentes de una consultora propiedad de Julio Martínez, empresario al que contrató Plus Ultra en el verano de 2020, coincidiendo con el inicio de las gestiones para conseguir el préstamo del Gobierno en plena pandemia.
Julio Martínez, amigo de Zapatero con el que salía a correr por el monte del Pardo, trabajó desde entonces como intermediario ante las autoridades de Venezuela para resolver problemas de Plus Ultra en ese país. El empresario cobró por ese trabajo 72.600 euros anuales y lo hizo con extraordinaria eficacia, según la compañía aérea. Julio Martínez logró, gracias a sus contactos con las autoridades venezolanas, aplazar una deuda de siete millones de euros con la petrolera PDVSA; o conseguir permisos excepcionales de vuelo para operar en Venezuela durante la pandemia o agilizar autorizaciones para nuevas aeronaves de Plus Ultra.
El relato del juez sostiene que esas gestiones exitosas son parte del tráfico de influencias que atribuye a Zapatero, el supuesto líder de la trama, aunque entre las pruebas recabadas por la UDEF no hay conversaciones directas del expresidente o mensajes donde se pueda intuir que él siempre está detrás del éxito de las gestiones de Julio Martínez.
Más de 600.000 euros en cinco años
El caso probado es que mientras Julio Martínez facturaba grandes cantidades de dinero por sus gestiones exitosas en Venezuela, gastaba una buena parte del dinero conseguido en contratar a Zapatero y a sus hijas por supuestos informes geoestratégicos que luego no rentabilizaba de ninguna manera. La familia Zapatero ingresó más de 600.000 euros de Julio Martínez en cinco años por unos servicios dudosos.
La tesis de la policía, y del juez, es que el expresidente del Gobierno cobró sus servicios de influencia en Venezuela a través de la consultora creada por Julio Martínez.
El Código Penal castiga “al particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero”. En el rescate de Plus Ultra, la investigación judicial todavía no ha hallado o no ha mostrado las pruebas de que la influencia de Zapatero consiguiera una resolución favorable. En el caso de Venezuela, todavía no hay pruebas de que las gestiones exitosas de Julio Martínez a favor de Plus Ultra fueran en realidad consecuencia de la influencia de Zapatero en las autoridades venezolanas. Pero el expresidente y sus dos hijas cobraron en esos mismos años más de 600.000 euros de Julio Martínez por servicios de difícil justificación.
