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'Montserrat, una ficció sonora' tindrà una presentació especial dins el Festival de Sitges. L’activitat es farà el diumenge 11 d’octubre, de 18 a 20 h, al Mercat Vell, i combinarà l’audició de tres episodis de la sèrie amb un col·loqui sobre ovnis i Montserrat. La ficció sonora, creada per Jordi Domènech, va guanyar el Premi Sonor 2026 a la Millor Realització i Disseny Sonor. La història parteix de la mort d’un escolanet i de la investigació que inicia un mosso d’esquadra que es troba a la muntanya per casualitat. El relat combina misteri i ciència-ficció amb el rerefons de les trobades ovni que se celebren a Montserrat els dies 11 de cada mes.     Després de l’audició, el festival acollirà una conversa amb Sebastià d’Arbó, periodista i cineasta; David Ayén, ufòleg; Arnau Tordera, habitual de les trobades ovni, i Jordi Domènech, creador de Montserrat, una ficció sonora. Quan acabi l’acte, s’organitzarà una expedició de Sitges a Montserrat fins a l’esplanada dels albiraments. L’activitat és gratuïta i no cal reserva prèvia.   Cartell de la presentació del pòdcast 'Montserrat. Una experiència sonora', al Festival de Sitges  Autor/a: Jordi Domènech

เปิดรับฟังความเห็นร่าง กม.สสส. ฉบับอนุทินและคณะ เสนอยกเลิกเก็บเงิน 2% จากภาษีสุรายาสูบ ให้ใช้งบประมาณแผ่นดินแทน

28-ാം തീയതി ധർമേന്ദ്രയെ കാണാനില്ലെന്നും അവധിയെടുത്ത് മറ്റെവിടെയോ പോയി എന്നുമാണ് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വിവരമെന്നും കുടുംബം വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ധർമേന്ദ്ര എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നുവെന്ന വിവരം തങ്ങളുടെ അറിവിൽ ഇല്ലെന്നും ബന്ധുക്കൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ചവറയിൽ യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി. ചവറ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ബിലാൽ ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതി ശിവരാജിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

Dafroza Gauthier, militante franco-rwandaise, est morte à Reims des suites d'un cancer à l'âge de 72 ans, ce samedi 3 octobre 2026. Elle aura passé près de 30 ans à poursuivre les responsables du génocide des Tutsis au Rwanda.

Su hermano sacerdote fue fusilado por republicanos descontrolados y otro hermano, partidario de la sublevación, culpó de estos hechos al lehendakari AguirrePuedes leer en este enlace todos los perfiles del especial '90 años del Gobierno de Euzkadi (1936-2026)' El peneuvista León Urriza Berraondo (Bergara, 1888-Pau, 1941) ocupó varios cargos en el Gobierno de Euzkadi creado durante la Guerra Civil. Fue asesor jurídico del Departamento de Justicia y Cultura de Jesús María de Leizaola, miembro de la Comisión Jurídica Asesora y vocal primero de la comisión de enseñanza primaria y, después, de la media y superior. De formación era abogado y licenciado también en Filosofía y Letras. Procedía de una familia acomodada. Tenía ideas moderadas y nacionalistas y se afilió al PNV antes de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Sus hermanos eran de tendencia conservadora y españolista. Antes de la Guerra Civil, no ocupó cargos públicos, mas sí fue candidato y participó en algunos mítines, en los que criticó al PSOE por haber sido colaboracionista de la dictadura. De aquella época, de 1935, es su libro 'Al servicio de Euzkadi. Los vascos ¿somos españoles?'. “Enamorémonos de Euzkadi. Formemos nuestro carácter patriótico. Con él fueron invencibles nuestros abuelos y con él venceremos nosotros”, escribió. Poco antes de entrar al Gobierno autonómico, conoció que su hermano Ángel fue fusilado estando detenido en el barco-prisión Cabo Quilates, que fue asaltado por elementos incontrolados del bando republicano. Era sacerdote. Otro hermano, Juan, culpó al lehendakari José Antonio de Aguirre de estos sucesos. Era partidario de la sublevación. En sus diferentes puestos, siempre ejerció como jurista, por ejemplo despachando recursos sobre pagos al personal docente. Tuvo a su disposición un mecanógrafo, José María Ugarte, y un chófer, Ignacio Iralagoitia. Estando al frente de la comisión de enseñanzas medias y superiores, tuvo tensiones con el Estado por conflictos competenciales. Igualmente, fue uno de los 53 abogados de oficio de los procesados en el Tribunal Popular de Euzkadi, en el que se enjuiciaba a rebeldes. Llegó a pedir que se conmutara la pena de muerte impuesta a uno de sus patrocinados, el capitán Juan Ramos Mosquera, para el que propuso cadena perpetua. Poco antes de la conquista, participó en una operación para entregar 650 presos. Lo hizo armado con una pistola. Ricardo de Leizaola, hermano del vicelehendakari, dejó escrito que fue “heroico” el “socorrer” a los “inmisericordiosos enemigos” justo “en el momento de ser despojados del último palmo de tierra” de Euzkadi. Urriza huyó a Francia, pero entró de nuevo en España por Catalunya, donde participó en la organización del PNV de Barcelona y en actos institucionales. Colaboró con el ministro de Justicia nacionalista Manuel de Irujo hasta que tuvo que regresar, ya definitivamente, a Francia. Falleció muy poco después, en 1941.

"El Partido Popular es un partido serio, que piensa, analiza y gestiona los recursos buscando la mejor solución", consignó el Ayuntamiento en su cuenta oficial el año pasadoAldea Pucela, la popular comunidad digital que audita el poder municipal y promueve la cultura en Valladolid “No es nuevo, ni algo puntual, que el PSOE y su radio de acción juegue a la mentira, a la manipulación y a confundir la opinión pública”. Así arrancaba el año pasado una publicación de Facebook del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, en Ávila, que dirige el Partido Popular. El Procurador del Común (el equivalente al Defensor del Pueblo de Castilla y León) ha abroncado al equipo municipal por esta publicación. Esta institución, dirigida por Tomás Quintana, ha recordado que “las alusiones a los logros de un partido político y desaciertos de otro deben quedar al margen de la información que proporciona una Administración pública”. La actividad de la cuenta oficial del Ayuntamiento “debe ajustarse a los principios de neutralidad política y lealtad institucional”, señala la institución propia en su resolución, emitida tras una denuncia por “supuesto uso partidista” de la cuenta. Este es el segundo aviso que recibe el Ayuntamiento, puesto que en 2025 ya emitió una resolución el Defensor del Pueblo en la misma línea. La publicación a la que se refería el Procurador del Común abordaba el hospital comarcal de Arenas de San Pedro, una demanda socialista que el equipo municipal descartó en favor de una mejor conexión con el Hospital de Talavera de la Reina, como si esta infraestructura sanitaria dependiera del Ayuntamiento y no de la Junta de Castilla y León, que en ese momento gobernaba en minoría del PP. Entre otras consignas, el Ayuntamiento defendía en la publicación, de 2025 y aún disponible: “El Partido Popular es un partido serio, que piensa, analiza y gestiona los recursos buscando la mejor solución”. Hace unas semanas se debatió una moción socialista al respecto, en la que se proponía acatar las recomendaciones de ambas instituciones. El teniente de Alcalde, Germán Mateos, aseguró que aceptarían “alguna” de las recomendaciones a pesar de que las resoluciones carecen de fuerza ejecutiva ni establece ningún plazo para elaborar esta normativa. “Hacemos un gran trabajo a nivel de comunicación totalmente imparcial como hace cualquier ayuntamiento o institución”, defendió Mateos en la sesión plenaria, quien defendió que “el trabajador” que lleva las redes sociales “las cuida escrupulosamente”. “Podemos cometer errores, como todo el mundo, pero sin ninguna intención”, subrayó el también concejal de Urbanismo. Captura del Facebook de Arenas de San Pedro (Ávila). El equipo de gobierno defiende ante el Procurador del Común que su estrategia de comunicación se basa en “los principios de veracidad, objetividad, transparencia y neutralidad institucional” y descarta que pretendan “manipular, confundir o influir debidamente en la opinión pública”. El área que dirige Tomás Quintana recomienda al Ayuntamiento que mantenga “el principio de neutralidad de los poderes públicos” en su difusión de contenidos, incluida su estrategia de redes sociales. Un informe incompleto El Ayuntamiento envió un informe al Procurador del Común en el que informaba de que había unas normas de uso -que no concretaban- y un reglamento sobre la gestión de los comentarios en sus publicaciones. Tampoco indicaron si se había aprobado alguna norma reglamentaria municipal que recogiera “los objetivos de la publicidad institucional del municipio a través de los medios digitales y sus posibles límites”, por lo que se sugiere que se elabore un reglamento propio para “disciplinar” la comunicación municipal, incluidos los perfiles institucionales de las redes sociales. Segunda captura del mensaje denunciado. El Defensor del Pueblo, institución que dirige Ángel Gabilondo, también consideró necesario que el Ayuntamiento adoptara un reglamento que estableciera unas normas de gestión y que garantizara que las redes sociales sirviera para “difundir información veraz de sentido público y no sea un instrumento partidista que pueda vulnerar los derechos de participación política de los miembros de la corporación”. “La valoración, el juicio y la información de carácter político tienen sus propios cauces y no deben mezclarse con la actividad comunicativa que emprende la Administración para dar a conocer a los ciudadanos los servicios que presta y las actividades que desarrolla”, reivindicó el Defensor del Pueblo en su resolución. elDiario.es se ha puesto en contacto con el alcalde de Arenas de San Pedro, Juan Carlos Sánchez Mesón, que en la Diputación de Ávila es responsable del área de Recursos Humanos, Régimen Interior, Organización y Transparencia, pero no ha recibido ninguna respuesta por su parte. Información incompleta en su Portal de Transparencia El Procurador del Común también recomienda al Ayuntamiento de Arenas que complete su información disponible en el Portal de Transparencia, puesto que hay información desactualizada (como la relativa a los Presupuestos o a los contratos menores). Además, le pide que revise sus contenidos para “mejorar la claridad, sistematización y localización de los mismos” y, así “facilitar la consulta de su contenido”.

El expediente aportado a los juzgados acredita que la dirección de obra (el arquitecto municipal) rechazó la colocación de la barrera metálica en el lugar al considerar "suficiente" seguridad el cerramiento, un murete de piedra de poco más de medio metroEl juez de El Hierro ordena reconstruir la muerte de una joven en Valverde en 2022 Lía Dorta murió a los veinte años en el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, en la isla donde vivía. Horas antes, se había precipitado por un desnivel de cerca de seis metros en el municipio de Valverde, en El Hierro, donde se encontraba de vacaciones.  Los hechos ocurrieron la madrugada del 24 de julio de 2022. La joven, que estudiaba el doble grado de Traducción y Turismo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), disfrutaba de una noche de fiesta junto a unos amigos en una conocida discoteca de la capital herreña, un municipio de poco más de 5.000 habitantes. En un momento, se apartó del grupo junto a otro joven y se adentró en una zona de penumbra en busca de intimidad para orinar. Rebasó un murete de piedra de apenas 55 centímetros y cayó por un hueco al lado de la rampa de acceso a una finca. A pesar de la altura, en el lugar no había valla de seguridad. Tampoco estaba iluminado ni señalizado. Tras la caída, fue evacuada en helicóptero a Gran Canaria, donde acabó falleciendo debido a la gravedad de las lesiones.  Cuatro años después, hay dos procesos judiciales en curso. La vía penal fue reabierta el pasado mayo por un juez sustituto y está pendiente del informe de reconstrucción encargado a un equipo especializado de la Guardia Civil. En la vía contenciosa, la familia reclama al Ayuntamiento de Valverde una indemnización por responsabilidad patrimonial.  En el marco de este segundo procedimiento, ha salido a la luz un documento oficial que compromete la posición del Consistorio. En el legajo aportado por la administración figura una nota interior firmada en 2017 (cinco años antes de la muerte de Lía) que acredita que el Ayuntamiento, que ejercía la dirección de obra a través del arquitecto municipal, previó y presupuestó una barandilla de seguridad en ese lugar, pero que al final decidió no instalarla al entender que la altura de los cerramientos era suficiente.  “No se ejecuta, además de porque en planos del proyecto no se indica su emplazamiento, (porque) es consideración de (la) D.O. (la dirección de obra) estimar suficiente la altura de los cerramientos y la naturaleza de talud de los terrenos que delimita”, señala ese documento en relación con la partida identificada con el número 6.02, una barandilla metálica de acero galvanizado que estaba presupuestada en 3.320,94 euros. El director de obra consideró en ese momento que esa fase de la obra estaba “completada”.  “Una trampa mortal” Para la familia, se trata de un hecho trascendental para valorar la posible responsabilidad de la administración en los hechos. “Era una trampa mortal”, resume Maite, la madre de Lía. “De forma consciente y deliberada, el Ayuntamiento recepcionó la tan mencionada rampa sin la barrera que hubiera impedido la muerte de la joven”, expone su abogado en el recurso presentado en la vía contenciosa. Y añade: “Los muros perimetrales de piedra, de altura variable entre 40 y 65 centímetros (55 en el lugar en el que se precipitó la joven), no cumplen en modo alguno la función de barandilla o pretil de seguridad, siendo su altura a todas luces insuficiente para proteger a una persona de una caída desde esa altura”.  En ese recurso, la familia acusa al Ayuntamiento de Valverde de omitir “de forma grave y continuada” sus deberes “de conservación, seguridad, iluminación, señalización y protección del espacio público”.  Infografía del lugar del accidente. La obra controvertida se ejecutó entre 2010 y 2017. El Ayuntamiento de Valverde se había comprometido con el propietario de una finca a construir una rampa de acceso para salvar el notable desnivel entre esa parcela y la vía pública. A pesar de que no estaba en el proyecto, como admitió una técnica de la propia administración ante la Diputación del Común, esta actuación se materializó en la cuarta fase de las obras de construcción de una nueva vía entre las calles San Francisco y San Juan de la capital herreña.  Acceso privado, suelo público Un informe pericial aportado en los juzgados por la familia de Lía advierte de que esa rampa se realizó sin un proyecto específico, sin planos, sin documentación técnica y sin la preceptiva licencia. El arquitecto que firma esa pericial constata, además, que el lugar exacto del accidente se encuentra dentro de una parcela catastral de la que es titular el Ayuntamiento. Es decir, que aunque el espacio sirva de acceso a una finca privada, el suelo donde se produce la caída “es de dominio público municipal”. “Es un hecho determinante”, expone el abogado de la familia, que subraya que el desnivel de cerca de seis metros constituía “un peligro evidente y previsible para cualquier persona que transitara la zona” y que, a pesar de ello, era de libre acceso y no estaba vallado, ni iluminado, ni señalizado. En julio de 2022, cuando ocurrieron los hechos, ese acceso estaba delimitado por una pequeña cancela metálica de unos 90 centímetros de altura que impide el paso a la rampa de cemento. Esta verja está flanqueada por dos pequeños muros de piedra de altura variable, de 40 a 65 centímetros. Entre uno de esos muretes y la pared de piedra había un hueco de cerca de seis metros de altura. Por ese lugar cayó Lía.  “El lugar funcionaba como una plataforma-mirador abierta, sin control de acceso alguno, directamente conectada con la acera pública”, recoge el recurso de la familia, que considera “altamente significativo” que días después del accidente mortal el Ayuntamiento colocara unas vallas para impedir la entrada en ese espacio. “Es un reconocimiento implícito de la peligrosidad preexistente y demuestra que existían medios sencillos, económicos y eficaces para haber evitado la tragedia”, sostiene.  “En cuanto a la pregunta que nos hacemos todos, si el accidente que sufrió Lía Dorta se pudo haber evitado, he de decir que frente a las pruebas aportadas, rotundamente sí, ya que si hubiesen existido unas protecciones adecuadas, se hubiese evitado el fatal accidente”, exponía el arquitecto firmante del informe pericial aportado por la familia. Ahora se sabe, además, que la barandilla de seguridad estaba presupuestada y no fue colocada por decisión del Ayuntamiento. Para el abogado de los demandantes, la inexistencia de una valla de seguridad en el lugar es una prueba del “descontrol absoluto” de la administración.  Un antecedente cinco meses antes La familia incide en que la peligrosidad del lugar no era desconocida para el Ayuntamiento. Apenas cinco meses antes del accidente de Lía, otro joven sufrió una caída en el mismo punto y en circunstancias idénticas. Sobrevivió, pero sufrió importantes lesiones. La familia sostiene que, a pesar de la gravedad de ese suceso, que también se investiga en los juzgados de Valverde, la administración local no adoptó ninguna medida de seguridad.   Para el abogado de los demandantes, hay otro elemento crucial para demostrar que lo ocurrido meses antes era conocido en el municipio. Se da la circunstancia de que el principal testigo de la causa penal, el joven que acompañó a Lía al lugar de los hechos, es hijo de Carlos Brito, actual alcalde de Valverde y en aquel momento concejal y policía local. En su declaración en sede judicial, este testigo reconoció que fue su padre quien le informó que tiempo atrás otro joven ya se había precipitado por ese mismo desnivel.  A la espera del informe de la Guardia Civil La causa penal por la muerte de Lía fue reabierta el pasado 25 de mayo por un juez sustituto. El procedimiento se instruye en el juzgado de Valverde. Su magistrada titular, Ana Rosa Domínguez, había dictado en octubre de 2023 un primer auto de archivo, al considerar que la caída fue un accidente fortuito, que la víctima asumió el riesgo de manera voluntaria y que había una cancela (de unos 90 centímetros) que delimitaba el lugar donde se produjo la caída. Meses después, en enero de 2024, volvió a rechazar el recurso de reforma presentado por la familia, que recurrió de nuevo -en apelación- a la Audiencia Provincial. La Fiscalía solicitó en aquel momento la desestimación del recurso, al entender que no había indicios suficientes para continuar el procedimiento por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave. El Ministerio Público, no obstante, matizaba lo expresado por la instructora. “Es cierta la existencia de una suerte de valla o cancela (ciertamente de baja altura) que delimita el acceso a la rampa de cemento y que se hallaba cerrada en el momento de los hechos, pero no es a través de la misma como accede Lía, sino superando el muro que sigue a la misma. Y es cierto que dicho muro es de baja altura y no advierte de la altura de caída”, exponía en ese escrito la fiscal, quien, sin embargo, compartía con la magistrada que la actuación de la joven suponía “la asunción de un riesgo”.  Valla instalada en el lugar tras la muerte de Lía. En mayo de 2024, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife confirmó el archivo provisional al no apreciar relevancia penal en los hechos y remitió a la vía contenciosa para resolver el caso. Ese auto del órgano provincial remarcaba, no obstante, que en ese lugar no había barandillas delimitadoras y que, según el testimonio prestado en sede judicial por el dueño de la finca, esa rampa había sido construida por el Ayuntamiento de Valverde con la finalidad de darle acceso a su propiedad.  El giro procesal se produjo en mayo de este año. La acusación particular (la familia de Lía) había presentado un nuevo informe del perito arquitecto que cuestionaba la versión del único testigo directo sobre la mecánica de la caída y la posición final del cuerpo. A raíz de ese informe, un juez sustituto, Antonio Mazuecos, dictó un auto de reapertura y ordenó dos diligencias al servicio de Criminalística de la Guardia Civil: la inspección técnico-forense con medición de la mancha de sangre y la reconstrucción de los hechos con un dummy (un maniquí de prueba con el peso de Lía en el momento del accidente) e infografía tridimensional.  El equipo especializado de la Guardia Civil ya acudió al lugar de los hechos a practicar estas diligencias, pero aún no ha remitido el informe de conclusiones. La acusación particular sostiene que la disposición final en la que quedó el cuerpo simulado (dummy) durante las pruebas de reconstrucción no coincide con la mecánica de caída relatada por el testigo. La magistrada titular ya ha regresado a Valverde. El pasado 10 de julio dictó una nueva providencia que instaba a la Fiscalía a pronunciarse sobre la posibilidad de acordar un nuevo archivo. Lo hizo sin haber recibido aún el informe de reconstrucción en 3D de la Guardia Civil y sin dar traslado a la acusación particular.  El abogado de la familia recurrió esa providencia con un duro escrito: “Nos encontramos ante una vulneración flagrante no solo de las normas procesales que rigen el proceso penal, sino una auténtica vulneración de los propios principios rectores del derecho penal que alcanza tintes de infracción constitucional”. También la Fiscalía señala la improcedencia de archivar la causa sin contar con el informe encargado al equipo especializado de la Guardia Civil. De momento, la familia de Lía no dirige la acusación contra nadie en particular. El Ayuntamiento de Valverde no ha contestado a las preguntas formuladas por este periódico, alegando que hay un proceso judicial en curso y que hasta que no termine no se pronunciarán sobre el caso.

La asociación AMIA lleva 21 años a disposición del colectivo de inmigrantes en Huelva, que integra a tantas jornaleras de la fresa, para protegerlas de explotación laboral, acosos y abusos sexuales, planteándolos a empresarios e incluso en los tribunales. Junto a ello, distribuye alimentos y enseres entre chabolistas y reivindica viviendas dignas y su derecho al empadronamiento Dos tragedias en un mes: muere un inmigrante en el incendio de un asentamiento chabolista en Huelva La Junta directiva de la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción (AMIA) es tan reducida como diversa. Cuatro mujeres, una marroquí, otra venezolana y dos colombianas, lideradas, hace siete años por la primera, Fátima Ez Zohayry. Toda una figura, locuaz, apasionada, reivindicativa y resolutiva, muy conocida en el ámbito de la ayuda a inmigrantes en la provincia de Huelva. Tierra donde hay tantas y tantos extranjeros, en los invernaderos de frutos rojos, con necesidades por resolver. Ez Zohayry y su equipo, integrado por las colombianas Carmen Vázquez y Vicky González, como secretaria y vocal, y la venezolana Fernanda Elena De Castro, como tesorera, representan a unas 200 asociadas, de sus nacionalidades y también rumanas, senegalesas, ecuatorianas, malienses… que aportan, con esfuerzo, una cuota de dos euros al mes, si pueden. Todo para dar servicios -que la asociación ha ido ampliando desde su creación, en 2005-, a la ingente cantidad de personas migrantes que las llaman o que llegan a su sede, en Huelva, en busca de asesoramiento y apoyo por malas condiciones laborales, acosos y abusos sexuales de empresarios y encargados, procesos de empadronamiento y regularización, búsqueda de formación para empleos de hostelería o trabajo doméstico, por sufrir la falta de alimentos y techo y necesitar escucha y amparo. Esto lleva adelante AMIA. Así como charlas pedagógicas en institutos sobre racismo e incluso una labor de portavoz ante instituciones como el Europarlamento en Bruselas de las necesidades inatendidas de la gente inmigrante. Lo hace con una financiación humilde e inestable. Logra alguna ayuda para combustible del Puerto de Huelva y eso le permite dar portes en coche repartiendo, por núcleos chabolistas, cajas del banco de alimento -con quien colaboran-. Coopera con Oxfam y gracias a ello proveen de colchones, mantas y enseres básicos a las víctimas de los recurrentes incendios de las chabolas. Ahora opta a otras subvenciones del Instituto Andaluz de la Mujer para talleres formativos sobre contratos, nóminas, derechos laborales. Pero más de una vez y más de dos acaban pagando de su bolsillo las fotocopias que necesitan sus usuarias. Ez Zohayry, salpimenta sus frases con unos “cariño”, “amore” que permiten bien imaginarla diciendo a cada tanto “habibi” cuando habla en su lengua natal, el dariya o árabe dialectal marroquí. Comprende bien las necesidades de las usuarias de AMIA porque ella misma ha “trabajado en la fresa”. Vino a Moguer (Huelva), a ser jornalera, hace 30 años, cuando tenía 19. En su país llevaba desde los 17 como empleada de hogar en la casa en Marruecos de los dueños de Alconeras, como tantas empresas hortofrutícolas españolas, con fincas en territorio marroquí. Ellos le propusieron trabajar de recolectora en Huelva y Fátima, buscando ser independiente y labrarse un mejor futuro, se lio la manta a la cabeza. “Pero al llegar lo pasé fatal”, confiesa, borrando la sonrisa. “Yo no tenía ni idea de campo, no estaba hecha a ese esfuerzo. Y de noche, me quedaba sola, muerta de miedo, en la finca, llorando”. Su encuentro, a los quince días, con una familia jornalera de Jaén, con madre, hijas, hijos, nueras… sería clave en su vida. Entre los jóvenes estaba Manuel Milla, “mi Manué” -dice de su marido-, quien, junto al ex empleado del SEPE, Gonzalo Vilas, está como voluntario en la asociación la mañana de la entrevista con elDiario.es Andalucía. Origen de AMIA y sus presidentas A los dos años, Fátima y Manuel se casaron y tuvieron a su hijo Karim. Seis después a Yasmine. Tiempos de trabajo jornalero y crianza de niños. Pero cuando el mayor tenía 9 años y la chica 3, Ana, una compañera colombiana, le descubrió AMIA a Fátima y ella empezó en la asociación, como voluntaria. “Con un recibimiento tan cariñoso de la presidenta, Maribel, ecuatoriana, que jamás olvidaré”. Desde entonces simultaneó trabajo, familia y activismo. Hoy sus hijos tienen 26 y 20 años y ella, como presidenta, está volcada en la asociación. La citada Maribel es Maribel Valencia quien, atendió a elDiario.es Andalucía desde Burdeos, Francia, donde hace seis años vive y trabaja en una empresa de limpieza, mientras impulsa una app de asesoramiento de salud, empleo y finanzas, para mujeres de habla hispana mayores de 45 años. “¡Claro que recuerdo cómo conocí a Fátima! Siempre tuvimos claro que a cada mujer que viniera la recibiríamos haciéndola sentir calor humano. Que no estaban desamparadas. Que las íbamos a acompañar y apoyar frente a sus problemas hasta que pudieran volar solas”. AMIA, creada en 2005, por una docena de latinoamericanas, como su entonces presidenta, la ecuatoriana Maribel Valencia, buscó abrirse a las muchas trabajadoras marroquíes que hay en Huelva. Porque, según transmiten, "más allá de diferencias culturales e idiomáticas", las inmigrantes, de todas las nacionalidades, comparten "un 60 por ciento de los problemas, desafíos y circunstancias vitales. La experiencia de Valencia, quien en Ecuador trabajaba como responsable de políticas sociales de ayuntamientos rurales, fue clave para crear AMIA. Ocurrió cuando ella estaba empleada, en Huelva, como interna, cuidando a una señora mayor. Y tras poner en común, con otras compañeras, con quienes se cruzaba por la calle o compartía bancos del parque, sus jornadas extenuantes y sueldos escasos. Ella destaca que crearon la asociación con el asesoramiento de la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía y su responsable en Huelva, Lola Carmona. Esta alentó a Maribel y a la docena de otras fundadoras. Las reforzó en su convicción de que nadie mejor que ellas, que conocían, en primera persona, las necesidades de las inmigrantes, podrían guiar a otras mujeres en sus circunstancias. “Sobre el nombre debatimos mucho”, reconoce Maribel Valencia, “porque queríamos transmitir la valentía que nos caracteriza a las inmigrantes, que dejamos familia y país atrás para abrirnos camino en lugares desconocidos. Reflejar nuestra fuerza de la madre Tierra. Nuestro ímpetu guerrero. Que jamás nos rendimos”. Todo ello cuajó, gracias a una amiga y colaboradora vallisoletana en Huelva, Felicita Peña, en el nombre de “Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción”, que se conserva. “Para mí es emocionante que AMIA siga, pues es como hija mía”, explica. Le alegra que se mantenga en el local cuya cesión municipal lograron. Y que, ahora, la presida Fátima. “Las latinoamericanas siempre quisimos abrir AMIA a tantas marroquíes que trabajan en Huelva. Gracias a jornadas de convivencia gastronómica, a talleres… se ha logrado. Y es estupendo porque, por encima de diferencias, culturales o idiomáticas, las mujeres inmigrantes, de todas las nacionalidades, compartimos el 60 por ciento o más de las necesidades y desafíos. Tanta explotación que sigue habiendo, las muertes en incendios de chabolas, que me temo que son provocados, la precariedad y violencia que se nos siguen imponiendo...”. Abusos y timos sobre las débiles En efecto, aunque han pasado 30 años desde que Ez Zohayry llegó a Huelva, las inmigrantes siguen dando parte de muchas vulneraciones de derechos. “Sufren mucho maltrato, porque llegan solas, a un sitio extraño, sin conocer las leyes que las protegen…”, expone Fátima. “Las marroquíes y otras africanas, peor aún que las latinoamericanas, porque, sin conocer el idioma, les cuesta más informarse y protestar”. Fátima Ez Zohayry acompaña a una trabajadora en unos invernaderos de Huelva. Entre los abusos frecuentes que relatan, junto a “la explotación” y “los manoseos, acosos y ataques sexuales”, está el pago de forma irregular por parte de algunos empresarios. “En vez de pagarles el salario íntegro en nómina, por banco” -específica- “les dan la mitad en un sobre, lo que les repercute a la hora de mostrar lo que cobran a los arrendatarios, el paro, jubilaciones…”. AMIA, subraya, tiene denunciada a la empresa Bionest porque descuenta del sueldo de sus jornaleras tantas partidas (por uso de wifi, alojamiento, fianzas, trámites de tarjetas de extranjería…) que la remuneración por el trabajo se ve muy mermada. La presidenta de AMIA critica que hay empresarios que pagan a sus trabajadoras en B la mitad o más del salario, lo que les perjudica para alquilar y cotizar de cara al paro y jubilación. De hecho, tienen planteada, por este tema, una denuncia colectiva, en los juzgados, a una empresa hortofrutícola. “Cuando nos llegan estas alertas, me planto en la finca a hablar con el empresario”, relata Ez Zohayry. “Si no atiende a razones, no queda otra que ir al juzgado”. Tanto para esos casos como para trámites burocráticos, como los del reciente proceso de regularización, en AMIA cuentan con una abogada. “Aunque es muy difícil que las trabajadoras se atrevan a denunciar porque siempre temen represalias, que las echen”. Las condiciones laborales son tan duras, “que me llega al nervio cuando dicen que los inmigrantes viven de paguitas. Entonces, ¿para qué trabajan de siete de la mañana a seis de la tarde, bajo el frío y el calor?”, se pregunta. “Quien, en algún momento recibe prestaciones es porque ha trabajado mucho, muchos años. No se las regala nadie, es su dinero, cotizado”. Reunión informativa de Fátima Ez Zohayry con jornaleras marroquíes recolectoras de fresas. Uno de los mayores desafíos es el de las infraviviendas que, sólo este septiembre, se ha cobrado la vida de dos personas inmigrantes. Ha sido en sendos incendios, que no se ha aclarado si han sido accidentales o intencionados, y ocurridos en los asentamientos chabolistas de Lucena del Puerto y Palos de la Frontera. “Nosotras, con otras entidades, estuvimos reunidas este verano, en Delegación del Gobierno, y nos enseñaron la lista de millones que los ministerios han dado a los ayuntamientos para erradicar el chabolismo. Nos enseñaron los recibos de los ayuntamientos para justificar en qué casas, comidas y transportes los han gastado. ¡Pero nada de eso ha llegado a los inmigrantes! ¡Te lo digo yo, que voy a verlos y a llevarles cosas! ¿A dónde va el dinero?” Ayuda a una mujer desesperada La sede de AMIA es un pequeño bajo, de fachada sencilla e interior acogedor, lleno de carteles, papeles, mesas y sillas. Está en la calle Jazmín, una de las muchas con nombre de flor del onubense barrio del Torrejón. Barrio donde, paradójicamente, abunda el asfalto, sin jardines ni arbolado. Ejemplo del abandono municipal de los extrarradios. Desde 2017, dos años antes de convertirse en su presidenta, Fátima Ez Zohayry, es su presencia más constante. Ese año sufrió una dolorosa parálisis. Tenía bloqueados desde el pie a la cadera, no podía levantarse ni vestirse. En el hospital Juan Ramón Jiménez, detalla, le diagnosticaron cinco hernias discales, inoperables por riesgo de quedar en silla de ruedas. Todo a consecuencia de las décadas de trabajo agrícola, “incluido el montaje y desmontaje de los propios invernaderos, con sus arcos de hierro y sus plásticos”. Tras años de seguimiento, por médicos de la mutua y la Seguridad Social, se le expidió la incapacidad laboral. “Desde entonces la experiencia que tengo es para las mujeres que vienen a la asociación”. Hasta en local, en plena entrevista, llega una compatriota suya marroquí, de 61 años, en busca de ayuda, consejo y consuelo. Ella misma se convierte, enseguida, en caso práctico de lo que Ez Zohayry estaba contando, pues revela que, en sus diversos empleos, le suelen pagar la mitad de lo acordado en negro. Pero no viene a denunciar eso. “No puedo, si protesto me echan”. Un tema familiar la trae, en autobús, desde de un pueblo de la provincia, cuyo nombre, como el de la mujer reservamos. Ella, atendida por Ez Zohayry, sí quiere que, de forma anónima, se haga pública su historia “para que la gente nos comprenda, y sepa lo que sufrimos. Que no nos odien y ataquen, a partir de lo de Ceuta. No venimos a hacer mal, sino a buscar una vida mejor”. Una usuaria de AMIA desvela que empresarios y encargados le piden hasta 8.000 euros por hacerle a su hijo la oferta de empleo que él necesita para intentar emigrar a España. Y la asociación confirma que se trata de una práctica abusiva generalizada. La señora, llamémosla Salma (que significa Paz), viene con la cara desencajada. “Es la preocupación por mi hijo, de quien me separé hace diez años”, explica. “Yo, en mi país, fui 23 años profesora de francés”, detalla, “pero ganaba poco para asumir sola la crianza del niño, cuando su padre y yo, con arreglo al Corán, al no llevarnos bien, nos separamos”. Salma cuenta que vino con contrato de trabajo, “para la agricultura, en Granada. A los dos meses tenía mis papeles. Yo soy de vida recta, lo traigo en la sangre. Todo legal”. Desde entonces ha ido encadenando empleos. En verano, sobre todo como ayudante de cocina, en bares y restaurantes; en invierno, en almacenes de fruta. “A veces también como cuidadora a domicilio, pero ahí nunca te dan de alta”. El tiempo se le ha escurrido entre los dedos, aquel niño de 12 años, al que quería dar un mejor futuro, poder criar en España, hoy tiene 22 y malvive en su Casablanca natal. “Las cosas no han salido como yo soñaba”, se enjuga una lágrima. El hijo terminó la secundaria, pero no le ve sentido a hacer el bachillerato. “Los gobernantes de Marruecos no dan futuro a la juventud”. Él está “bloqueado”, sin expectativas de vida, “culpándome de abandonarle, sin poner la cámara para que yo pueda verle cuando le llamo, diciéndome que cualquier día se suicida”, revela, ojos humedecidos y apretándose las manos. La mujer viene flechada a AMIA porque un joven activista turco, de paso por el pueblo onubense donde vive y trabaja, le ha recomendado hablar con Fátima. “Necesito que alguien me ayude a lograr la reunificación familiar con mi hijo, porque sola no lo consigo. Y o viene o me volveré a Marruecos, dejando atrás nuestro sueño de progreso, por estar a su lado”. Reunión de asesoramiento entre la presidenta de AMIA y la trabajadora marroquí llegada desde un pueblo. Según cuenta, el joven se ha planteado cruzar a Ceuta o Melilla, como vio el pasado final de julio a gente de su generación. “Pero le da miedo… Que no, que arriesgar su vida no es una opción, tras diez años que yo llevo aquí luchando para que venga de forma legal y segura”. Baja y sube la mirada, y añade: “Estos diez años han sido un parpadeo. En otro abrir y cerrar de ojos tendré 71”. Acostumbrados como estamos a oír hablar de “las mafias” en lo que se refiere a “los pasadores de fronteras” de los inmigrantes, choca mucho oír el testimonio de esta madre cuando relata que empresarios y encargados le exigen ahora el pago de hasta 8.000 euros por hacerle a su hijo la oferta de trabajo que necesita para intentar emigrar a España de forma legal y segura. “No te creas que es algo aislado”, precisa la presidenta de AMIA. “Es un abuso, sí. Pero se hace mucho”. “Hay tantas cosas que la gente no sabe”, comparte Salma y enumera: “el miedo que tengo por la calle, oyendo las cosas racistas que oigo contra mí, por ser marroquí y musulmana; el miedo a los abusos, en el trabajo, que me ha enseñado a mentir y decir que vivo aquí con marido e hijos porque si te saben sola se ensañan; el problema del alquiler que nos obliga a vivir hasta dieciséis en un piso de tres habitaciones… Soy ya mayor y estoy cansada. Mi vida es trabajar y encerrarme por miedo a lo que me pase. Cuando yo amo España. Estuvimos aquí ocho siglos. Es nuestro segundo país”. Sobre la marcha, en el dariya natal, que crea confianza y protege la intimidad, Fátima Ez Zohayry, asesora a Salma, sin venderle falsos atajos para una reunificación con su hijo que requerirá tiempo y un complejo proceso. También la escucha, comprende, consuela y le ofrece té con galletas. Política: problema y solución También Fátima está muy preocupada con el aumento de rechazo a los inmigrantes a raíz de la numerosa entrada del 30 y 31 de julio por Ceuta. “A mí el auge de Vox y los fascistas no me acobarda”, declara, “porque ellos son quienes crean odio, nosotros gente de paz. No van a hacernos jamás agachar la cabeza”. Lo que sí le “duele en el alma”, y hasta “hace llorar”, es que “la sociedad española nos trate mal, cuando tan bien acogemos, en Marruecos, a los turistas españoles y a tantos empresarios que tienen allí parte de sus negocios y cosechan, con nuestra mano de obra, trabajadora y barata, aguacates, fresas, arándanos, frambuesas… Fruta a la que, luego, le ponen la etiqueta de ”Producto de España“. Fátima y Salma coinciden en que su país de origen “es maravilloso, lleno de posibilidades”. Atribuyen la falta de expectativas laborales “a los políticos, que no miran por nuestra juventud”. Fátima, de hecho, comparte “vídeos en dariya, muy críticos, en redes sociales. Que mi familia allí me dice que se oyen mucho, en los cafés y por la calle. Tanto que les da miedo que me señale”. Además, la gente viene a nado y saltando vallas, “porque a un marroquí de a pie no le dejan viajar aquí en avión, sin visado, con la libertad que vosotros vais allí”. Sin embargo, su esperanza también se cifra en que “el nuevo gobierno mejore las cosas” (la entrevista se hizo el día de las elecciones, unos comicios que han supuesto un cambio de fuerzas en la coalición gubernamental actual, pero en los que ha destacado la enorme abstención). O, si nada progresa, “que el rey ate a los políticos más en corto, como en los tiempos de su padre” -declaración controvertida, dado el papel de Hassan II en “los años del plomo”, pasados los cuales, según ella, la situación nacional era mejor que la actual-. Igualmente, quieren que el diálogo entre los ejecutivos de ambas orillas desinflame el conflicto fronterizo. Ez Zohayry está satisfecha de que la gran movilización social por la regularización haya llevado a que el gobierno PSOE-Sumar la aprobara. “Y ahora estamos enfocadas en las pegas que los ayuntamientos ponen para empadronar a las personas inmigrantes sin vivienda, cuando la ley deja bien claro que es obligatorio empadronarlos, aunque sea en el banco de un parque”. La presidenta de AMIA, en la puerta de su sede, rodeada de socias, usuarias y colaboradores de la asociación. En su tarea reivindicativa, de denuncia y trabajo para alcanzar mejoras para las y los migrantes, AMIA y su presidenta ven clave “la coordinación con las asociaciones feministas” y con colectivos “como Jornaleras en Lucha, de compañeras como Ana Pinto”. Manuel Milla, que acaba de departir con la tesorera, sonríe en su mesa. “Había que ver a Fátima, a los 19 años, cuando llegó, tan tranquila y callada. Es como si trajera la batería descargada”, subraya la diferencia con su carácter actual. “Se ha llenado de energía a fuerza de pelear, por ella y por las demás”, sentencia. Fátima asiente. “Manuel me anima siempre: tú sueña mucho”, comparte. “Y yo sueño. No para mí, sino con mejorar las condiciones laborales, de vida y respeto para las mujeres de la fresa; con que AMIA pueda ayudar, cada vez, a más gente; y, tercero, con que los políticos de Marruecos, por fin, creen trabajo que evite que nuestros chiquillos se vean obligados a emigrar”. La entrevista acaba y en AMIA siguen atendiendo llamadas, dando citas y asesorando a usuarias.

З весни до кінця вересня 2026 року медведі вбили в Росії 22 людини в 11 регіонах.

Klima ist definiert als das langjährige Mittel der meteorologischen Verhältnisse – in einer Region oder weltweit. Die wichtigsten Faktoren sind dabei Temperatur und Niederschlag.

Дубайдан Тель-Авивге учкан FlyDubai учагындагы окуя боюнча жүргүзүлгөн иликтөө террордук чабуул жасоо аракети болгонун көрсөткөн. Бул тууралуу Бириккен Араб Эмирликтеринин Башкы прокуратурасы билдирди. Тергөөчүлөрдүн маалыматына караганда, учуу учурунда экинчи пилот учактын командири, Индиянын жараны Смит Маччхарга авариялык балта менен кол салып, учакты башкарууну колго алууга аракет кылган. Прокуратура окуяны террордук чабуулду пландоо жана аны жасоого аракет катары...

3-октябрда орус аскерлери Украинанын Одесса облусундагы порттордун биринде Либериянын желеги менен жүргөн жарандык жүк ташуучу кемеге сокку урган. Чабуулдан моторчу моряк каза болуп, экипаждын дагы үч мүчөсү жаракат алган. 13 адам эвакуацияланган. Бул тууралуу Украинанын Деңиз порттору администрациясы билдирди. "Бул - Орусиянын жарандык кемеге багытталган кезектеги соккусу. Орусия тынч мезгилде соода флотуна жана Украинанын деңиз жолдорунда иштеп, күн сайын өмүрүн тобокелге салып жаткан...

“அனைத்து மாநில சட்டமன்றங்களையும் கலைக்க வேண்டும்” என்று கார்கே கூறும்போது, பா.ஜ.க. ஆளும் மாநிலங்கள் மட்டுமல்ல காங்கிரசு ஆளும் மாநிலச் சட்டமன்றங்களும்தானே அதில் அடங்கும்?. அப்படியானால் இந்தக் கலைப்புப் பட்டியலில் இருந்து விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு மட்டும் எப்படி வெளியே நிற்க முடியும்? இதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய முதல் கட்சி தமிழ்நாடு காங்கிரசுதான்.

Any rere any, milers de joves, a vegades encara adolescents o infants, decideixen marxar sols del seu país i buscar un futur millor a milers de quilòmetres de casa seva. Molts d’ells han arribat a Catalunya, on l’expectativa d’una vida digna xoca amb una realitat crua: un sistema —sota l’empara de la llei d’estrangeria— que sovint no els protegeix, i els posa traves per accedir als drets humans bàsics. Sense una xarxa familiar o referents adults que els sostinguin, aquests joves sovint fan front a situacions molt complexes que dificulten el seu procés d’acollida, pas imprescindible per encetar així el futur que han imaginat.   Entre 2017 i 2020, més de 8.000 infants i joves van arribar sols a Catalunya. Les dades parlen per si soles: el 30,9% dels joves atesos pel Servei Municipal de Detecció i Intervenció de Barcelona es troben en situació de sensellarisme. Això repercuteix en altres drets, com l’educació i la salut, on un 56% no té targeta sanitària. També són significatives les dificultats per accedir a l’empadronament, un prerequisit d’accés als serveis públics.  A través de cinc joves del Sud Global que han arribat a Catalunya en els darrers anys, el projecte transmèdia del Social.cat ‘L’última frontera'. La lluita pels drets dels joves que migren sols’ analitza quina és la lluita diària a la qual han de fer front per gaudir dels drets més bàsics, com són el dret a migrar sense traves administratives, el dret a la salut, a l’habitatge, a l’educació i a la diversitat sexual i de gènere. Una lluita que compta, sortosament, amb el suport de moltes entitats catalanes que actuen com a puntal perquè els projectes d’aquests joves puguin tirar endavant.   L’Abdoulie, la Chaimae, el Nasser, la Lissa i l’Abdou ens expliquen de quina manera desafien les adversitats que han hagut de superar, i encara superen, per viure amb la dignitat que tot ésser humà mereix. Tots ells estan travessant l’última frontera. El Social.cat us convida a travessar-la amb ells.    L’Abdoulie L. Marreh va deixar Gàmbia fa tres anys. Ara viu a Manlleu, Osona. Parla un català perfecte, fa voluntariat i està estudiant un graduat en educació secundària per a adults. Vol ser infermer  Autor/a:Tomàs González Carbó   Abdoulie, i el dret a migrar  La primera frontera amb la qual topen els joves és literal. Una frontera física, que un cop travessada, muta en lleis i traves administratives molt complicades. Els joves que migren sols, si no reben l’emparament de l’Estat per ser menors d’edat, queden durant anys sense una situació legal que els permeti llibertat de moviment i de treball a l’Estat, el que dificulta enormement els seus projectes personals i vitals.   Ho exemplifica bé l’Abdoulie L. Marreh, qui actualment està estudiant un graduat en educació secundària per a adults a Torelló, Osona. Vol ser infermer, per una vocació clara: ajudar les persones més vulnerables. Amb només 21 anys, aquest jove de Gàmbia té les coses clares. I va decidit a aconseguir-les. Tot i que no és gens fàcil per a l’Abdoulie. El seu procés migratori i posterior acollida ha passat per moments molt complicats, en els quals els seus drets han estat vulnerats.   Només tenia 18 anys quan va arribar a Canàries després d’un viatge de vuit dies de travessia en pastera. Quan arriba a terres espanyoles, comença a ensumar una altra realitat que està allunyada de les seves expectatives: a Europa, ell és un jove migrant en una situació administravia irregular. “Pensava que en tres o quatre mesos aconseguiria els meus papers i podria treballar i estudiar”, explica l’Abdoulie, però la realitat és ben diferent: tres anys després el jove encara no té regularitzada la seva situació.  Després de ser destinat a la Península, va passar de centre en centre sense poder decidir què volia fer, ni on, ni amb qui. Alguns dies dormir al ras va ser l’única alternativa. Finalment, el jove és traslladat a un centre per a joves migrats a Osona, on troba l’ajut d’alguns educadors socials que l’acompanyen a acomplir el seu somni: estudiar.     “Pensava que en tres o quatre mesos aconseguiria els meus papers i podria treballar i estudiar”, explica l’Abdoulie   Però com, quan la situació administrativa no es resol durant anys? “Cada cop van canviant les directrius i van afegint dificultats. I el que et funciona un dia amb uns joves, de cop i volta, reps una denegació per a un altre jove que has fet exactament el mateix procediment”, explica Gerald Llach, educador social i coordinador de Joves, un projecte d’inserció sociolaboral que es desenvolupa a Osona i que impulsa l’associació Tapís, i en el qual ha participat l’Abdoulie. L’arbitrarietat, les traves burocràtiques i les dificultats per aconseguir certs requisits per regularitzar la situació —estudis, feina, padró— són com un peix que es mossega la cua per a milers de joves.   “Vivim amb molt estrès perquè el procés administratiu és molt difícil i lent”, certifica l’Abdoulie. La urgència de qui pateix la manca de drets per una qüestió administrativa s’imposa a la lentitud d’una administració que no dona una resposta àgil i diligent. Tot i això, l’Abdoulie estudia, fa voluntariat, aprèn la llengua i va teixint vincles estables, amb una xarxa de persones i entitats que li donen suport en la seva acollida: “Jo soc un noi migrant que ve de fora que tinc molta sort de conèixer gent catalana que em donen facilitats, necessites gent en el teu entorn amb qui poder compartir les teves necessitats per avançar una mica. Però hi ha moltes persones que pateixen la mateixa situació que jo que no tenen aquesta oportunitat”, admet.     La marroquina Chaimae Benlemchkraf ensenya català i castellà a dones migrades al centre cívic del barri de Bonavista, Tarragona, on viu des del 2021. L’esclerosi múltiple que li han detectat des que viu a Catalunya, no l’atura en el seu objectiu: ajudar els altres  Autor/a: Tomàs González Carbó   Chaimae, i el dret a la salut  Per a la Chaimae Benlemchkraf, parlar de salut és parlar d’un procés d’aprenentatge constant. Procedent del Marroc, va arribar a Catalunya sense cap referent adult, l’any 2019, amb un visat d’estudiant i, enmig de l’adaptació a una nova llengua, una nova ciutat i una nova vida, va rebre un diagnòstic que ho canviaria tot: esclerosi múltiple. El camí fins a posar nom a la malaltia va ser llarg. “No t’ho diuen directament, has d’esperar molt”, recorda.  Entre visites, proves i derivacions, va passar més d’un any abans de saber què li passava. Avui continua sotmesa a controls mèdics constants, tractaments periòdics i una agenda marcada per les visites a especialistes. Malgrat les dificultats, reivindica el valor dels professionals que l’han acompanyada: “Hi ha metges que et diuen què tens i ja està. Però també n’hi ha que t’ho expliquen tot, i això és molt important per a mi”.  La seva experiència posa de manifest com la salut no depèn només de l’atenció mèdica. També està condicionada per l’habitatge, la mobilitat, les xarxes de suport o les barreres administratives. Durant dos anys va viure en una residència de joves menors d’edat tutelats per la Generalitat, situada al complex educatiu de la Laboral, als afores de Tarragona, un entorn que considera poc adequat per a una persona amb una malaltia crònica. “No és un entorn urbà. I si estàs malalta, no hi ha ningú que et pregunti res. És molt dur”, explica. Amb un 68% de discapacitat reconeguda, denuncia també les dificultats per accedir amb agilitat a l’atenció primària i la manca de recursos d’acompanyament per a moltes persones migrades que no dominen la llengua o desconeixen el funcionament del sistema sanitari.  Des de Regularización Ya, l’activista Paula Rossi alerta que aquestes situacions no són casos aïllats. Tot i que el dret a la salut és universal, assegura que moltes persones migrades es troben amb una “carrera d’obstacles” burocràtica i administrativa per accedir-hi. L’empadronament, la tramitació de la targeta sanitària, les barreres idiomàtiques o els prejudicis continuen dificultant l’atenció efectiva. Segons Rossi, encara avui es produeixen cobraments il·legals en serveis d’urgències i moltes persones renuncien a anar al metge per por o desconeixement dels seus drets.    “Jo estava lluitant per viure aquí. Al meu país d’origen no hi ha ni sistema de salut”, destaca la Chaimae   “Les persones en situació administrativa irregular viuen amb un temor constant i això fa que arribin tard als serveis sanitaris i amb la salut molt més deteriorada”, assenyala. Aquesta realitat és especialment perjudicial per a la salut mental dels joves migrats sols. Precisament, aquesta és una de les principals preocupacions de les entitats que treballen amb aquest col·lectiu. El mateix procés migratori, les experiències viscudes durant el trajecte, la incertesa administrativa o les dificultats per construir un projecte de vida propi poden tenir un impacte profund en el seu benestar emocional.   La Chaimae coneix bé aquesta realitat perquè, a més de conviure amb la malaltia, acompanya habitualment altres dones migrades del seu barri a fer gestions o a anar al CAP. Quan alguna d’elles no entén l’idioma, sovint fa de traductora improvisada. “Llavors sí que ens escolten una mica més”, diu. Per a ella, garantir el dret a la salut implica molt més que tenir accés a una consulta mèdica: vol dir trobar professionals que escoltin, sistemes que no excloguin i recursos que permetin viure amb dignitat. “Jo estava lluitant per viure aquí. Al meu país d’origen no hi ha ni sistema de salut”, recorda. Una frase que resumeix la distància entre el dret a la salut reconegut sobre el paper i les dificultats que encara afronten moltes persones per exercir-lo plenament.    La marroquina Chaimae Benlemchkraf ensenya català i castellà a dones migrades al centre cívic del barri de Bonavista, Tarragona, on viu des del 2021. L’esclerosi múltiple que li han detectat des que viu a Catalunya, no l’atura en el seu objectiu: ajudar els altres  Autor/a: Tomàs González Carbó   Nasser, i el dret a l’habitatge  Un dels drets més vulnerats actualment entre els joves que migren sols és l’accés a l’habitatge. Si per a joves amb xarxes familiars i situació administrativa regular ja és un repte, per als que migren sols accedir a una llar és un escull sovint infranquejable.   Per això, les situacions de sensellarisme d’aquests joves són habituals. Segons dades del Servei Municipal de Detecció i Intervenció de Barcelona, un 30,9% dels joves atesos que atenen es troben al carrer.   El Nasser Boudrikech és un dels joves que han migrat sols a Catalunya que no ha tingut més alternatives que passar per situacions de carrer i moltes dificultats per aconseguir un sostre on viure. El jove marroquí, després de viure en diferents províncies espanyoles, va arribar a Barcelona el 2021, amb la intenció de treballar per poder ajudar la seva família perquè les seves germanes poguessin estudiar al Marroc.   Els sis primers mesos els va passar a una furgoneta abandonada a la Zona Franca. Ell, igualment, va esforçar-se per estudiar l’idioma, i al temps, va accedir a una plaça en un alberg per a persones en situació de carrer. Allà comença a estudiar, i arriba a ser el primer de la seva classe en un PFI d’Electricitat.   Però trobar un pis on viure esdevé impossible, i per això truca a la porta de Migrastudium i la seva Xarxa d’Hospitalitat. Allà entra a viure en diferents recursos de l’entitat: pisos compartits, cases de famílies acollidores... Tot i que la seva situació legal es va resolent i troba una feina, triga anys en poder emancipar-se per si sol. I és que a banda de totes les dificultats —tenir feina, nòmines, documents— encara ha de lidiar amb un altre mur: el racisme immobiliari.     “Truques per un pis i et pregunten per l’origen. L’endemà et diuen que ja està llogat”, denuncia el Nasser   “Truques per un pis i et pregunten per l’origen. I clar, directament, no et diuen que no, però sempre hi ha barreres i entens que no em deixaran aquest pis. Et diuen, et truco demà i demà et diuen que ja està llogat”, admet el noi. Una discriminació que el jove ha viscut “moltes vegades”, diu. “No només trucades, també missatges. Et pregunten pel teu nom, de quin país ets. A vegades et diuen, si ets d’aquest país o d’aquest altre, no”.  Una realitat que no només afecta el Nasser, sinó a molts altres joves migrats sols. Ho corrobora Lucía Mendoza Palomar, responsable de la Xarxa d’Hospitalitat de Migrastudium. “Ens passa amb els joves que estan a la xarxa. En el moment de la sortida, quan ja tenen la situació administrativa regularitzada, feines estables, i un contracte de feina i ingressos que poden provar, quan es posen a buscar habitació o pis de lloguer, es troben amb moltíssimes negatives que comencen en dir el seu nom o quan els hi veuen la cara”, sosté Mendoza.  Està d’acord David Vázquez, educador social i responsable del projecte Joves Migrants Sols de Càritas Diocesana de Barcelona. “La realitat és que si no tenen una bona xarxa, que normalment és d’amics de la mateixa comunitat o coneguts, costa molt trobar un pis. Fa dos anys que no veig que cap jove hagi aconseguit llogar un pis”, assegura l’educador.  El Nasser fa set anys que va arribar a l’Estat espanyol. Fa pocs mesos, per primera vegada, ha trobat, a Vallirana, una casa que pot anomenar llar. “Per a mi era un somni viure en un lloc així, tranquil i amb muntanyes. Un lloc on puc fer moltes coses que m’agraden. Estic molt a gust a casa”.     Lissa Fuentes lluita pels drets de les persones LGTBIQ+. Tot i ser perseguida al seu país, Cuba, per ser una dona trans, l’Estat espanyol va denegar la seva sol·licitud d’asil després de quatre anys esperant la resolució  Autor/a: Tomàs González Carbó    Lissa, i el dret a la diversitat sexual i de gènere  La Lissa Fuentes va marxar de Cuba amb 21 anys perquè, per la seva condició de dona trans, començava a ser perseguida per la policia. Després d’un periple d’anys a Moscou, ja que no podia entrar a Europa amb passaport cubà, aconsegueix arribar a Barcelona, ciutat que per ella era referent en polítiques LGBTIQ+.   Tot i que el seu procés de transició va ser acompanyat des de Trànsit d’una forma molt respectuosa i satisfactòria, la noia va haver de lluitar per poder estar legal al país. Malgrat que va demanar asil a l’Estat espanyol per la persecució a la qual havia estat sotmesa al seu país, quatre anys després d’iniciar el procés li arriba una notificació en la qual li comuniquen la denegació de la sol·licitud.   “Va ser un cop dur, ja que jo pensava que l’acceptarien. No m’ho esperava. La meva història era real, amb proves i evidències. Sempre dic que tinc aquesta espina clavada. Va ser un sotrac molt complicat, no li desitjo a ningú”, lamenta. Per sort, mentre esperava la resolució d’asil, la Lissa va teixir una bona xarxa: va formar-se, va apropar-se a moltes entitats socials que la van ajudar a defendre els seus drets i finalment, va aconseguir el permís de residència i treball per arrelament.     “Va ser un cop dur, ja que jo pensava que l’acceptarien”, admet la Lissa, sobre la denegació de la seva sol·licitud d’asil   La Lissa actualment és tècnica de l’entitat ACATHI, referent en la lluita dels drets de les persones migrades LGTBIQ+, des d’on ajuda a qui, com ella, arriba a Barcelona buscant el dret a la diversitat sexual i de gènere negat a molts països. “Soc la primera que ells veuen quan entren per la porta. Jo també he estat en aquell costat, picant porta a porta. He anat a menjadors socials, he dormit en albergs, he rebut ajudes de menjar. No em fa pena dir-ho. I tracto d’encaminar a aquestes persones de la mateixa manera que em van encaminar a mi”, explica la Lissa.   Segons Rodrigo Araneda, president d’ACATHI, les polítiques migratòries dels governs europeus són, en general, restrictives, la qual cosa genera una “desprotecció” de les persones que arriben sol·licitant asil. “Són aquestes persones les que haurien d’estar cobertes des del principi. Però moltes vegades tenen un període d’espera molt llarg, en el qual es generen vulnerabilitzacions i revictimitzacions. Moltes persones acaben en situació de carrer o altres situacions que compliquen la seva incorporació als programes d’acolliment”, resumeix.  A més, Araneda posa el focus en què les persones LGTBIQ+ migrants pateixen circumstàncies que necessiten una atenció especial en termes de coneixement de les seves realitats, per garantir “un espai segur perquè realment puguin treballar amb tranquil·litat la sol·licitud d’asil”, una qüestió que moltes vegades no es té en compte. “La protecció d’aquestes persones queda a la sort que els treballadors que els atenen tinguin una perspectiva específica i això vol dir que no es té en compte estructuralment una atenció especialitzada sobre el col·lectiu LGTBIQ+”, critica.     Abdou Diallo va deixar Guinea per buscar millors oportunitats de futur. Ara viu a Ciutat Meridiana, ha estudiat múltiples cursos i espera que es regularitzi aviat la seva situació administrativa per buscar feina i poder treballar  Autor/a: Tomàs González Carbó      Abdou, i el dret a l’educació i el treball  Per a l’Abdou Diallo, arribar a Barcelona complia dos objectius clars: poder estudiar per aconseguir un futur millor, la qual cosa no era possible al seu país, Guinea; i viure a la ciutat que sempre havia somniat, ell que és seguidor del Barça.   Però per aconseguir-ho, l’Abdou, que només té 20 anys, ha passat moments de molta angoixa: quatre anys després de la seva arribada a l’Estat ha aconseguit un permís d’arrelament per formació, el que inclou un permís de residència però no de treball.   Això el té lligat de peus i mans: ha fet cursos de formació de tota mena, però no són formals ni oficials, i a més, no pot treballar. Una situació que transita amb paciència, però que li esgota els ànims. “Estàs menjant i estudiant, però si no tens feina ni papers, no estaràs feliç”, diu l’Abdou, sobre la seva situació actual: viu en un pis de la Fundació Bayt al-Thaqafa a Ciutat Meridiana amb altres dos joves migrats sols. Està tranquil després d’anys d’entrar i sortir de diferents recursos, però el noi vol avançar: vol tenir autonomia econòmica, poder treballar, formar-se millor, i prosperar.  Que l’Abdou encara no pugui accedir a un permís de treball té una causa legal que evidencia el maltractament i les traves que les administracions infereixen als joves migrats sols. L’Abdou, que va arribar amb 16 anys a les Illes Canàries en pastera després de 19 dies travessant l’oceà, va ser sotmès a la prova de determinació d’edat —més coneguda com la prova del canell— malgrat que el seu passaport indicava que era menor d’edat. Tot i que aquesta prova compta amb denúncies de moltes organitzacions per la seva falta de fiabilitat i de garanties jurídiques, Fiscalia va determinar que era major de 18 i, per tant, va quedar fora de la protecció i l’accés als drets que, com a menor d’edat  li pertocaven.     “Estàs menjant i estudiant, però si no tens feina ni papers, no estaràs feliç”, diu l’Abdou   L’Anna Coca, educadora social de la Fundació Bayt al-Thaqafa i referent de l’Abdou, sap que la frustració d’aquests joves es podria mitigar molt si les administracions facilitessin l’acollida i la inclusió dels joves: “La pregunta no és si volen estudiar o no, sinó si el nostre sistema realment els està donant les condicions mínimes perquè puguin fer-lo. Un jove d’aquí pot triar el seu futur, ells han de triar com sobreviure”, determina Coca.    Acabar amb les fronteres i no defallir en l’intent  Tots aquests joves exemplifiquen a la perfecció les dificultats que viuen els milers de persones que arriben sense referents adults a Catalunya. Són anys de manca de drets, de frustració, de neguits i, sovint, de malviure. Una realitat que, sense el suport i l’acompanyament de moltes entitats d’aquest país, encara seria molt més dura.   Aquests joves, que passats uns anys estan aconseguint amb perseverança i molta resiliència teixir-se un futur millor, són ja part d’aquesta societat que sovint els ha estigmatitzat i els ha utilitzat com a boc expiatori del deteriorament del benestar social. “Quan veiem polítiques negacionistes o criminalitzadores el resultat és un còctel Molotov. I, en canvi, quan mirem a la persona com una oportunitat el resultat és un altre”, opina l’educador David Vázquez.   Les oportunitats que brinden a la resta de la societat —joves amb valors, amb empenta, amb ganes de construir futurs millors en la seva terra d’acollida, Catalunya— i les que tots buscaven per a si mateixos —la Lissa per poder ser qui era; l’Abdoulie per poder estudiar; el Nasser per ajudar les seves germanes; l’Abdou per poder treballar i la Chaimae per no haver de sotmetre’s a una vida que no desitjava— són el reflex que l’acollida dels joves que han migrat sols pot ser exitosa. Caldria, però, que administracions, que emparen les lleis d’estrangeria injustes, i aquells que alcen la veu contra aquests joves, canviïn la mirada i puguin enderrocar l’última frontera, la que ha fet que durant tants anys aquests joves hagin viscut sense garantia de drets.  (Et convidem a conèixer millor el projecte transmèdia 'L’última frontera', així com ampliar les històries dels nostres testimonis: l’Abdoulie, la Chaimae, el Nasser, la Lissa i l’Abdou; també pots escoltar el pòdcast del projecte a Spotify i Ivoox)

Мемлекет Шакираның гонорарына бір тиын да жұмсамайды. «Кабар» ақпарат агенттігінің сұрақтарына жауап берген Қырғызстан президент істері басқармасының жетекшісі Қаныбек Тұманбаев осылай деп мәлімдеді. Тұманбаевтың айтуынша, концертті жеке ұйым ұйымдастырып жатыр. Стадион мемлекетке тиесілі болғандықтан концерт кезіндегі қауіпсіздік және ұйымдастыру мәселелері бақылауда болады. «Мемлекет Шакираның гонорары үшін бір сом да, бір тиын да жұмсамайды. Біздің мақсатымыз - билеттерді сату арқылы...

د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي چې هغه به د ایران د جګړې په اړه پرېکړه وکړي خو تهران له دوو انتخابونو سره مخ دی: "اسانه لاره" یا "سخته لاره".

ജോലിചെയ്തിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽനിന്ന്‌ വ്യാജ പർച്ചേസ് ഓർഡർ ചമച്ച്‌ തമിഴ്‌നാട്‌ സ്വദേശിയും ഭാര്യയും ചേർന്ന്‌ 18.53 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെന്ന പരാതിയിൽ കേസെടുത്തു.

அமைப்பு விதிகள் தோழர்களிடம் விளக்கப்பட்டு கிளை மாநாட்டில் ஒருமனதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. அடுத்ததாக, புதிய கிளை நிர்வாகிகள் ஒருமனதாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். கிளைச் செயலாளராக தோழர் கதிர், கிளை இணைச் செயலாளர்களாக தோழர் ரிசி மற்றும் தோழர் சத்யா ஆகியோர் ஒருமனதாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.

Posar-se el davantal, embrutar la cuina i acabar menjant una truita una mica torta. Cuinar amb els fills no sempre és ràpid ni pràctic, però pot convertir-se en una de les millors estones per compartir, aprendre i desconnectar de les pantalles. "Avui què sopem?". Aquesta és, probablement, una de les preguntes que més es repeteixen a qualsevol casa amb criatures. Pensar els menús, anar a comprar, preparar el menjar i aconseguir que tothom mengi sense protestar pot convertir-se en una autèntica gimcana diària. Però, i si, de tant en tant, deixéssim de veure la cuina com una obligació i la convertíssim en un espai per estar junts? Cuinar amb els fills pot semblar una mala idea quan vas amb presses, tens la cuina petita o acabes de netejar el terra. És veritat: hi haurà farina per tot arreu, alguna closca d'ou que acabarà dins del bol i més d'un "jo ho vull fer!". Però, darrere d'aquest petit caos, hi ha una oportunitat per aprendre, conversar i passar una bona estona en família. I no cal ser un xef professional ni preparar receptes complicades. De vegades, fer una pizza casolana o preparar una amanida ja és més que suficient.   Aprendre sense adonar-se'n La cuina és una mena de laboratori domèstic. Mentre remenen, tallen, pesen o barregen ingredients, els nens estan aprenent constantment, encara que no ho visquin com una classe. Mesurar la farina els ajuda a familiaritzar-se amb les quantitats. Comptar ous o repartir racions els permet practicar habilitats matemàtiques. Seguir els passos d'una recepta els ensenya a concentrar-se i a entendre que les coses sovint requereixen un ordre. I això no és tot. Cuinar també és una manera d'afavorir la motricitat fina, la coordinació i la capacitat de seguir instruccions. Però el més interessant és que tot aquest aprenentatge passa sense fitxes, sense exàmens i sense haver de dir-los "això t'anirà bé per al futur".   Un consell Deixa que siguin ells qui pesin els ingredients, remenin la massa o decorin les galetes. Potser el resultat no serà perfecte, però l'objectiu no és guanyar un concurs de cuina.   Més autonomia i menys "mama, fes-m'ho tu" "No sé fer-ho". "Ajuda'm". "Tu ho fas millor". Són frases habituals quan els nens s'enfronten a una tasca nova. A la cuina, però, tenen l'oportunitat de descobrir que poden fer moltes més coses de les que es pensen. Parar taula, rentar les verdures, preparar un entrepà o elaborar una amanida són tasques senzilles que els permeten assumir responsabilitats.  A mesura que creixen, poden participar en receptes més elaborades, planificar què cal comprar o preparar un àpat gairebé sols, sempre que sigui adequat a la seva edat i amb les mesures de seguretat necessàries. El secret és no córrer a fer-ho tot nosaltres. Sí, potser trigaran el doble. Sí, probablement embrutaran més. Però també aprendran.   Un consell En lloc de dir "Aparta, que ja ho faig jo", prova amb "Vols que t'ensenyi com es fa?". Acompanyar no és el mateix que substituir.   Una estona sense pantalles… i amb conversa En moltes famílies, els dies passen entre extraescolars, deures, feina i pantalles. Quan arriba el vespre, tothom està cansat i sovint costa trobar una estona per parlar amb calma. La cuina pot ser un bon punt de trobada. Mentre es renten els tomàquets o s'espera que el forn s'escalfi, apareixen converses que potser no sorgirien asseguts davant d'una taula. Com ha anat l'escola? Què ha passat amb aquell amic? Què li agradaria fer el cap de setmana? No cal preparar una entrevista ni buscar temes profunds. De vegades, parlar de qualsevol ximpleria és precisament el que fa que els fills se sentin còmodes. I amb els adolescents? També funciona, encara que potser cal trobar el moment adequat. Preparar plegats el sopar o demanar-los que triïn una recepta pot ser una manera de compartir temps sense forçar una conversa.   Un consell Deixa el mòbil a una banda mentre cuineu. No cal convertir-ho en una norma rígida, però sí en una oportunitat per estar presents.   Menjar millor comença abans de seure a taula Si els nens participen en la preparació dels àpats, és més fàcil que descobreixin què hi ha darrere del menjar que arriba al plat. Tocar els ingredients, olorar les espècies, veure com canvia una verdura quan es cou o descobrir fruites que no havien tastat són experiències que poden despertar la curiositat. Això no garanteix que de sobte mengin de tot. Hi haurà qui continuarà apartant els pebrots de la pizza o qui no voldrà ni veure el bròquil. I no passa res. L'objectiu no hauria de ser obligar-los a menjar determinats aliments, sinó oferir-los oportunitats per conèixer-los i experimentar-hi sense pressions. La relació amb el menjar es construeix amb temps, no amb una cullerada més "perquè sí".   Un consell Deixa que triïn entre dues verdures, que proposin una recepta o que ajudin a preparar un aliment nou. Participar en les decisions pot fer que se sentin més implicats.   Treballar en equip, també entre fogons "Jo poso els plats". "Tu remena". "Qui s'encarrega de la salsa?". Cuinar en família implica repartir-se les feines i entendre que el resultat depèn de la col·laboració de tothom. És una manera pràctica de treballar valors com la responsabilitat, la paciència i el respecte pels altres. També permet parlar d'un aspecte que sovint queda en segon pla: mantenir una llar requereix temps i esforç. Els nens poden descobrir que preparar el sopar no és una tasca que apareix feta per art de màgia, i que endreçar la cuina també forma part de l'àpat.   Un consell Repartiu les tasques segons l'edat. Un pot rentar els plats, un altre recollir els estris i un altre parar taula. I, sobretot, que no siguin sempre els mateixos qui ho facin tot.   El repte del sopar Proposeu als nens més grans o als adolescents que triïn una recepta i organitzin el sopar amb la vostra ajuda. Una bona manera de fomentar l'autonomia. I si la cuina acaba feta un desastre? Aquesta és la part que sovint no surt a les fotos de les xarxes socials: la farina escampada, els estris per rentar i una recepta que no ha sortit com esperàvem. Per això és important ajustar les expectatives. Si decidim cuinar amb els fills, hem d'assumir que no serà igual que fer-ho sols. Hi haurà més temps, més embolic i potser algun petit accident. La solució no és convertir l'activitat en una classe de disciplina, però tampoc deixar de banda les normes. Cal explicar què poden fer, quins estris poden utilitzar i quines precaucions han de prendre. I, un cop acabat, recollir plegats. La cuina no ha de quedar perfecta. El que importa és que l'estona compartida hagi valgut la pena.