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Пентагон хабар дод, ки Пит Ҳегсет, вазири ҷанги Амрико рӯзи 1 май дастур додааст, ҳудуди панҷ ҳазор нерӯи низомии ин кишвар давоми як соли оянда аз Олмон берун шаванд. Ин тасмим дар ҳоле эълон мешавад, ки Доналд Трамп, раисҷумҳури Амрико низ хабар додааст, тарофа ё боҷҳо бар худравҳо ва мошинҳои воридотӣ аз Иттиҳоди Аврупо аз ҳафтаи оянда ба 25 дарсад афзоиш меёбад. Ӯ Иттиҳоди Аврупоро муттаҳам кард, ки ба созиши тиҷории имзошуда дар тобистони гузашта пойбанд набудааст. Трамп ҳамчунин...

Десятки граждан Туркменистана в Германии заявляют, что не могут продлить просроченные заграничные паспорта и фактически лишены доступа к консульским услугам. По их словам, в посольство их не допускают, а при попытке собраться у входа вызывают полицию. "Когда туркменские граждане приходят в посольство, там вызывают немецкую полицию и говорят, что запрещено собираться у входа. Фактически нас не пускают внутрь и требуют разойтись. Но что нам делать? Срок действия наших паспортов уже истек", —...

C'est un chiffre symbolique mais révélateur : la dette cumulée des États-Unis dépasse désormais 100% du produit intérieur brut (PIB). Autrement dit, il faudrait pour la rembourser mettre de côté la production de tout le pays pendant une année entière. Une situation qui n'est pas exactement nouvelle mais qui inquiète certains économistes.

The city’s 2027 budget proposes eliminating the funds, which go to economically disadvantaged people.

Tras la tormenta interna a comienzos de semana, los sectores de Mónica García y Emilio Delgado acuerdan bajar los decibeles y esperan retomar pronto las negociaciones interrumpidas hace diez días. Sin embargo, el fuerte enfado por las filtraciones y la deriva elegida por el mostoleño y las diferencias sobre las primarias se han convertido en un atolladero.Temas principal: Comunidad de MadridLeer artículo completo

Alucinó en 1984 cuando su mánager le dio mil dólares y le ordenó que dejase su trabajo y se lanzara a la carretera. Suzanne Vega había empezado a tocar en 1979, inspirada por Lou Reed, pero lo de tener un gran éxito le parecía una fantasía.Temas principal: MúsicaLeer artículo completo

El caos en las elecciones del 12 de abril en Perú —retrasos en el conteo, disputas sobre actas y denuncias de fraude sin evidencia— no es un episodio aislado, sino la expresión de una crisis institucional más profunda.Temas principal: PerúLeer artículo completo

Una niña explica que la mies es un lugar tranquilo para pasear. Que sirve para ir al cole en bici o para juntarte con tus amigas que viven en pueblos cercanos.Temas principal: La vida y yaLeer artículo completo

El primer teniente de alcalde, Mario Arias, defiende la actitud "impecable" del gobierno local ante la que considera una "intoxicación" del PSOE y VoxEl alcalde de Oviedo cesa de forma fulminante a su asesor en Urbanismo tras una denuncia interna por irregularidades El área de Urbanismo en el Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu está bajo sospecha por los posibles 'tejemanejes' que apuntan al Servicio de Licencias. El primer teniente de alcalde, Mario Arias -que recientemente fue elegido presidente del Partido Popular (PP) de la capital asturiana-, ha defendido la actitud “impecable” del gobierno local en contraposición a lo que califica como una “intoxicación” que proviene de las filas del PSOE y de Vox. Los concejales socialistas aseguran que el equipo de gobierno “no hizo nada” ante una denuncia interna por irregularidades que se puso en su conocimiento, en diciembre de 2025. El partido ultraderechista responde a los populares que “la confidencialidad protege al denunciante; el silencio solo protege al PP”. Por su parte, IU-Convocatoria por Oviedo aboga por una investigación que refuerce la credibilidad en las instituciones. El cese del asesor La resolución hecha pública por el propio ayuntamiento, el pasado 15 de abril, por la que se procedía al cese del arquitecto Ignacio Morales Zapata como asesor de Alcaldía, se convirtió en la espita que hizo salir a la superficie todas las quejas que 'sotto voce' se decían de posibles actuaciones irregulares en el área urbanística: que si se recomendaba un despacho concreto para que las licencias se tramitaran más rápido, que si los expedientes se miraban más detenidamente, que si esta situación ya venía de lejos... Así, toda una serie de comentarios que no se traducían en denuncias oficiales hasta que se tuvo conocimiento de que, en diciembre de 2025, a través de un canal interno municipal se ponían ya sobre el papel estas controvertidas actuaciones. Una investigación interna Una denuncia que dio pie a los grupos municipales de la oposición para exigir la apertura de una investigación para bucear qué había de verdad en esos hechos denunciados y una explicación clara del equipo de gobierno local que cuenta con mayoría absoluta del PP. Reproducción del anuncio de la resolución de cese del asesor de Alcaldía en materia de Urbanismo. El primer teniente de alcalde de Oviedo y responsable de la Concejalía de Personal y Contratación, Mario Arias, fue el encargado de comparecer ante la Comisión de Economía e Interior, solicitada a instancias de los ediles socialistas para aclarar estos extremos. El pasado miércoles se reunió la comisión y cada grupo municipal puso las cartas sobre la mesa: el PP consideró que su actuación había sido diligente y la oposición salió aún peor de cómo entró al considerar que no se había aclarado nada. Mayor 'cabreo' Su argumentación no solo no satisfizo a los miembros de la oposición, sino que incluso les dejó más 'cabreados' porque el primer teniente de alcalde le dio la vuelta a la tortilla al acusar a PSOE y Vox de hacer un manejo “insensato” de información reservada, tras haber divulgado “datos sensibles” y nombres de personas afectadas, “ignorando deliberadamente su derecho a la presunción de inocencia y al honor”. Fuentes municipales ya pusieron de manifiesto que el incumplimiento del deber de sigilo y la vulneración de las garantías de confidencialidad y anonimato son consideradas infracciones muy graves que pueden conllevar multas de hasta 300.000 euros. Mario Arias, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo. La confidencialidad El equipo de gobierno, que lidera el alcalde Alfredo Canteli, mantiene que estos dos grupos de la oposición “han pretendido acceder a información del Sistema Interno de Información (canal de denuncias), a pesar de haber demostrado una falta de rigor absoluta en el tratamiento de los datos a los que ya han tenido acceso”. Y todo ello, a pesar de que los portavoces ya habían recibido advertencias, según fuentes municipales, por parte del secretario general del Pleno y del titular de la Asesoría Jurídica Municipal sobre “el estricto deber de reserva y la confidencialidad de la información a la que acceden”. Depurar responsabilidades Mario Arias hizo igualmente un “llamamiento a la responsabilidad para dejar trabajar a los empleados públicos” e indicó que los funcionarios debían estar ajenos “a las disputas partidistas”. El edil ha señalado que, “incluso cuando ha sido necesario depurar responsabilidades, se ha actuado con diligencia y respetando los procedimientos legales”. Mario Arias también ha desvinculado de esta polémica al alcalde, Alfredo Canteli, del que ha recalcado que ha garantizado que, “de existir cualquier otro tipo de responsabilidad que depurar, el consistorio llegará hasta las últimas consecuencias para garantizar la legalidad y la transparencia”. La respuesta del PSOE No opina lo mismo el concejal socialista Jorge García Monsalve que ha puntualizado que la comparecencia de Arias se hizo a petición de su grupo municipal tras los correos recibidos “denunciando irregularidades en Urbanismo, pero también en Contratación o Seguridad Ciudadana”. García Monsalve avanzó a la prensa que el propio teniente de alcalde “reconoció haber recibido en diciembre de 2025 un correo en el que supuestamente un grupo de funcionarios denunciaba presiones en el ejercicio de su trabajo por parte de un alto cargo de Urbanismo y, lo que es más grave, reconoció que no hizo absolutamente nada”. “Estamos hablando -continuó- de que el responsable de Personal y Contratación (por Mario Arias) recibe una denuncia de empleados públicos sobre presiones en su trabajo y no actúa en consecuencia”. Jorge García Monsalve, concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo. Petición de nuevas comparecencias García Monsalve ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista solicitará nuevas comparecencias para esclarecer lo ocurrido, especialmente en relación con el área de Licencias. Unas presuntas presiones, según ha detallado García Monsalve, que “se situaban en el área de Urbanismo, concretamente en Licencias, y estaban orientadas a la tramitación de expedientes en un determinado sentido”. No obstante, ha recalcado que desde el PSOE no se señalarán nombres: “nosotros no vamos a dar ningún nombre, pero sí hablamos de hechos y de responsabilidades políticas”, añadió. Los recelos Asimismo, el edil ha cuestionado la falta de transparencia sobre una posible investigación interna: “el concejal aludió a una supuesta investigación en la concejalía de Licencias, pero no dio ningún dato sobre su desarrollo, su resultado ni si derivó en alguna responsabilidad”, prosiguió. García Monsalve también ha puesto en duda, además, que se hiciese uso del canal de denuncias internas del Ayuntamiento en este caso: “no tenemos constancia de que la denuncia de diciembre de 2025 se haya tramitado por el canal correspondiente. Se lo preguntamos y no supo o no quiso responder”. La misma ley El edil socialista recordó que la ley era la misma en diciembre de 2025 que ahora, por lo que “no hay justificación para no haber actuado”. “La gravedad de los hechos exige la máxima transparencia y depuración de responsabilidades. Nosotros no vamos a especular -ha aseverado- pero sí constatamos una coincidencia cronológica entre las denuncias y determinados acontecimientos posteriores. Lo que exigimos es información, transparencia y que se llegue hasta el final”. Sonsoles Peralta, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo. Vox denuncia amenazas Por su parte, Vox ha afirmado que el consistorio “ha optado por rechazar” una comisión de investigación sobre el área de Urbanismo y Licencias y “sustituir las explicaciones por amenazas, en un nuevo intento de cerrar en falso un asunto de extrema gravedad que exige transparencia, garantías e información clara a los ovetenses”. Tras votar en contra de la comisión de investigación planteada por Vox, el gobierno “ha decidido responder no dando explicaciones sobre por qué se niega a permitir el control político sobre lo ocurrido, sino recurriendo a advertencias, sanciones y acusaciones contra la oposición para desviar el foco”. Vox, cuya portavoz en el Ayuntamiento ovetense es la concejala Sonsoles Peralta, ha insistido en que la confidencialidad del canal interno protege al informante y la reserva del procedimiento, pero “no impide exigir responsabilidades políticas, fiscalizar la actuación del equipo de gobierno ni pedir explicaciones”.  La valoración de IU IU-Convocatoria por Oviedo también se ha pronunciado sobre la polémica en el área de Urbanismo y especialmente sobre la apertura de un procedimiento de investigación. Su valoración ya se producía al día siguiente de que se celebrara la Junta de Portavoces celebrada en el Ayuntamiento, el 16 de abril, apenas un día después de la resolución firmada por el alcalde con el cese del ya exasesor. En esa ocasión, aseguraba que era un paso fundamental para reforzar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones: “frente a cualquier situación que genere preocupación social, es imprescindible actuar con contundencia, responsabilidad y transparencia, reforzando la credibilidad pública en el correcto funcionamiento institucional”, añadía. Desde IU-Convocatoria por Oviedo, el concejal Alejandro Suárez confiaba “plenamente” en el trabajo de los servicios municipales, así como en que esta investigación se desarrollase con la máxima transparencia, garantías y celeridad, permitiendo conocer con claridad los hechos y, en su caso, depurando todas las responsabilidades que correspondan. El concejal de IU Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez. La ejemplaridad “Consideramos que el inicio de este procedimiento es el camino correcto y necesario ante unos hechos de especial sensibilidad, tal y como se ha conocido en los últimos días. Entendemos que las instituciones deben actuar con rigor desde el primer momento, activando todos los mecanismos disponibles para esclarecer lo ocurrido”, exponía. “Las instituciones democráticas deben estar a la altura de estas circunstancias, respondiendo ágilmente con mecanismos eficaces y ejemplaridad, no solo en este caso, sino ante cualquier otro de características similares”, manifestaba IU-Convocatoria por Oviedo.

Mientras los patrones de chárter denuncian intrusismo, los anuncios de rutas a bordo de yates de lujo se multiplican en plataformas digitales, aprovechando el choque legal entre la normativa del Gobierno y la del Ejecutivo balearLos patrones de chárter celebran el veto judicial cautelar al 'Airbnb náutico' en Balears: “Era abrir la puerta a la piratería” “Tu escapada soñada comienza a bordo del Catamarán Helia 44. Descubre Ibiza y Formentera desde Santa Pola, explora calas inaccesibles por tierra y conquista la magia de nuestras islas”, describe un anuncio en Airbnb. En él aparece un yate de lujo con tres dormitorios y tripulación incluida para fondear en calas inaccesibles por más de 34.000 euros al mes. No tiene reseñas. Tampoco licencia turística. Es solo un ejemplo de un negocio en expansión que el Govern balear intenta frenar sin éxito y que ni siquiera el refuerzo de las inspecciones ha logrado contener. “Balears arrastra desde hace años una sobredemanda de chárter náutico y un elevado nivel de intrusismo”. Son palabras de Eva Cokes, propietaria de una empresa familiar de chárter en Sant Antoni de Portmany (Eivissa). La profesional de la industria náutica asegura que abundan los anuncios en las páginas web de embarcaciones que operan sin licencia “para actuar con fines lucrativos o con bandera extranjera”. Ahora, el Ejecutivo balear ha abierto dos diligencias previas contra Mcontra Lista Séptima (unión de un grupo de empresas de los sectores náutico, legal, digital y turístico) y otra contra Airbnb por el alquiler irregular de yates y barcos, como avanzó UH y han confirmado a elDiario.es fuentes del Govern. Para entender el conflicto hay que a 2025, cuando el Gobierno central modificó, a instancias de la Marina Mercante, el Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima para permitir que embarcaciones de uso privado operen con fines lucrativos hasta tres meses al año. La medida se pensó para zonas con escasa actividad de chárter, como Galicia, donde no resulta viable crear empresas específicas para unas pocas salidas. Apenas unas semanas después, el Ejecutivo balear aprobó un decreto que, en la práctica, impide que el ‘Airbnb náutico’ opere en Balears. La norma prohíbe que los amarres concedidos para uso particular en los puertos de gestión autonómica puedan dedicarse al alquiler turístico mediante el cambio temporal de uso, actividad para la que exige expresamente su inscripción en la denominada Lista Sexta –categoría del Registro de Buques y Empresas Navieras reservada a las embarcaciones de recreo con fines lucrativos–.  En 2025, el Gobierno modificó el Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima para permitir que embarcaciones de uso privado operen con fines lucrativos hasta tres meses al año. Apenas unas semanas después, el Ejecutivo balear aprobó un decreto que, en la práctica, impide que el ‘Airbnb náutico’ opere en las islas Barcos fondeados en la cala de Porroig, una zona de gran valor ecológico gracias a los fondos marinos, formados por praderas de posidonia “Locales de moda y restaurantes” Mientras el conflicto regulatorio se enquista, el viaje a bordo del Helia 44 promete visitas a “locales de moda, restaurantes y zonas históricas” junto a una “tripulación experimentada”. “Además, podrás disfrutar de nuestras áreas comunes, incluyendo un espacioso salón y una cocina completamente equipada”, señala el servicio. El exterior cuenta con “tres terrazas con cómodas camas para tomar el sol y relajarte tanto en la proa como en la popa y en la cubierta superior”. El precio para alquilarlo un mes entero en julio o agosto cuesta 34.024 euros. El yate cuenta con tres dormitorios, seis camas y tres baños, barbacoa y zonas de descanso. Pero no dispone de reseñas en la plataforma digital. Mientras el conflicto regulatorio se enquista, el viaje a bordo del Helia 44 promete visitas a "locales de moda, restaurantes y zonas históricas" junto a una “tripulación experimentada”. “Además, podrás disfrutar de nuestras áreas comunes, incluyendo un espacioso salón y una cocina completamente equipada”, señala el servicio Un anuncio similar en la misma plataforma ofrece un camarote doble en un yate con baño privado. Julio y agosto ya tienen las reservas casi al completo. El precio supera los 5.000 euros al mes, que es el tiempo mínimo que se puede alquilar este barco, anclado en el municipio menorquín de Ferreries, en Cala Galdana (Menorca). “Para subir y bajar del barco, te llevamos en nuestro bote a la playa o al muelle de botes cerca de Passatge Riu. Puedes saltar del barco para nadar en cualquier momento y disfrutar de las puestas de sol desde la cubierta de Arrow”, detalla el servicio. El yate cuenta con cuatro camarotes con ducha y baño en suite, mientras que la cabina y el salón se comparten con la tripulación y otros clientes, igual que los espacios de la cubierta. Sin embargo, el servicio ofrece espacio tanto en los armarios como en la nevera para cada cliente, según el anuncio. Este diario no ha encontrado anuncios similares en la web de Lista Séptima. Barcos fondeados en la playa de Binibèquer, en Menorca El embrollo legal El reglamento aprobado el año pasado por la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua –Decreto 44/2025, de 1 de agosto, por el cual se regula la actividad de alquiler de embarcaciones y buques de recreo– fue recurrido mediante un recurso contencioso-administrativo por la Asociación de Propietarios de Embarcaciones de Lista Séptima. El objetivo es mantener la posibilidad de operar durante unos meses al año sin cambiar definitivamente de lista, amparándose en la reforma estatal que permite a las embarcaciones de recreo llevar a cabo actividades comerciales durante un máximo de tres meses. Lista Séptima agrupa a propietarios de embarcaciones de recreo de uso privado, es decir, barcos que están pensados para uso particular y no para uso comercial. El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB), sin embargo, ha desestimado –en forma, no en fondo– el recurso mediante un auto en el que recuerda que la Sala, en octubre, ya había rechazado una petición similar por parte de otra asociación. En su resolución, a la que tuvo acceso este diario, el tribunal vuelve a poner el foco en el “potente interés público” de la normativa autonómica y rechaza suspenderla provisionalmente: por un lado, porque para conceder la cautelar debería apreciarse previamente la nulidad del decreto, y por otro, porque los actos impugnados “son idénticos a otros que ya fueron jurisdiccionalmente anulados”. El reglamento aprobado el año pasado por el Govern fue recurrido por la Asociación de Propietarios de Embarcaciones de Lista Séptima. Su objetivo es mantener la posibilidad de operar durante unos meses al año sin cambiar definitivamente de lista, amparándose en la reforma estatal El alto tribunal autonómico argumenta que los posibles perjuicios derivados de aplicar el decreto balear serían únicamente económicos y, por tanto, “resarcibles”, además de “insuficientes” para contrarrestar el interés general “ligado a la inmediata ejecución de cualquier disposición de carácter general”. En este contexto, las ofertas consultadas a través de la plataforma global con sede en San Francisco se sitúan en el centro de un conflicto normativo todavía sin resolver. El resultado es un escenario de inseguridad jurídica: mientras el Govern intenta cerrar la puerta al llamado “Airbnb náutico”, la normativa estatal sigue abriendo esa posibilidad. En medio, las ofertas activas en plataformas digitales continúan operando en una zona gris aún sin resolver. Barcos atracados en Palma en una imagen de archivo La versión de Lista Séptima Fuentes de Lista Séptima -la unión del grupo de empresas de los sectores náutico, legal, digital y turístico contra la que el Govern ha abierto dos diligencias basándose en el decreto autonómico- defienden que la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), que es la autoridad competente en materia marítima en todo el territorio español, autoriza explícitamente el alquiler de embarcaciones particulares en toda la costa española. En respuesta a la consulta de este diario, señalan que es “importante precisar que el decreto del Govern balear cuenta ya con cinco recursos contencioso-administrativos en su contra, al entrar en conflicto directo con la normativa estatal aprobada y en vigor”. La asociación de empresas del sector náutico afirma que la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) es “la autoridad competente en materia marítima en todo el territorio español” y que es este el organismo que “autoriza explícitamente el alquiler de embarcaciones particulares en toda la costa española”. Por tanto, si bien Lista Séptima reconoce que el Govern ha abierto dos diligencias en su contra basándose en el Decreto 44/2025, sostiene que el Ejecutivo balear “carece de competencias para invalidar una norma de rango estatal”. De hecho, tras más de un año intentando restringir esta actividad en las islas sin éxito, la propia DGMM “ha declinado avalar la posición del Govern balear, confirmando que se trata de una invasión de competencias estatales”. La unión de empresas del sector náutico opina que la normativa estatal es “muy beneficiosa para todos los intereses implicados” porque eliminará por completo “el alquiler irregular de embarcaciones de Lista 7ª, muy extendido actualmente y desde hace muchos años en todas las islas del archipiélago balear”. Por otro lado, señalan que abre una vía “a los propietarios de pequeñas embarcaciones privadas para obtener recursos de forma legítima que ayuden a la sostenibilidad, mantenimiento y mejora de sus embarcaciones”. Es un negocio que, asimismo, generará “ingresos públicos adicionales en forma de tasas, autonómicas y estatales, que podrán destinarse a políticas medioambientales de conservación del litoral”, argumenta Lista Séptima. La unión de empresas del sector náutico señala que la normativa estatal es “muy beneficiosa para todos los intereses implicados” porque eliminará por completo "el alquiler irregular de embarcaciones de Lista 7ª" En este sentido, afirman que, tras una “fase inicial de ajustes”, en estos momentos funcionan “con absoluta normalidad en todo el litoral”. Así, sostienen que cumplen rigurosamente con la legislación nacional, la cual ampara el arrendamiento “sin excepciones por comunidad autónoma”. Sin embargo, con la finalidad de evitar conflictos administrativos, aclaran que han optado por “no publicar anuncios en puertos de titularidad autonómica en Baleares”. “No obstante, seguimos operando con total legalidad y bajo el amparo de la DGMM en los puertos de interés general (estatales), tales como Palma, Alcudia, Mahón, Ibiza y el Puerto de la Savina y en los puertos privados que permiten la actividad”, aseguran. El choque entre la normativa estatal y la autonómica mantiene, por ahora, en una zona gris un negocio en expansión en el litoral balear. Mientras el Govern trata de limitar su actividad, parte del sector sostiene que no tiene competencias para hacerlo. El conflicto se produce en un contexto en el que la turistificación también se extiende al mar.

Al menos 79 de ellas, que serán desalojadas el próximo 30 de junio, están empadronadas en la antigua finca de Mr. Leacock, en el municipio de Guía. Entre las familias hay once niños El próximo 30 de junio unas cien personas serán desalojadas de la antigua fábrica de Mr.Leacock en la carretera de Guía a Gáldar, al norte de Gran Canaria. Según el auto del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Santa María de Guía, al que ha tenido acceso este periódico, quien ejecuta el desahucio es Félix Santiago MelIán SL, el grupo empresarial más fuerte del norte de la isla, quien un día habría ayudado a algunas de estas personas a empadronarse en el municipio por ser trabajadores de sus tierras, hoy paradójicamente les desahucia.  Actualmente, todas están en situación de vulnerabilidad, y algunas son familias con niños y niñas a su cargo. Al menos 79 de ellas están empadronadas en la finca propiedad del grupo, según el Ayuntamiento.  Todo esto ocurre a pocos metros del casco urbano de Santa María de Guía, en una extensión de tierra limítrofe con Gáldar y donde se encuentra la casona del comunista Mr. Leacock, en torno a la cual se han construido las vidas un centenar de personas que ni ahora, ni después del desalojo tendrán alternativa habitacional y que encierran historias de vida difíciles, donde se mezclan factores como la pobreza, la falta de empleo, el desarraigo o enfermedades que requieren tratamientos vitales como la diálisis. Casas con números y buzones Entre las ruinas del antiguo almacén de Mr. Leacock se ha levantado un pequeño barrio. Son los propios vecinos los que se encargan de la recogida de basuras, y de llevar luz, agua y suministros al medio centenar de viviendas, infraviviendas, y chabolas, que durante décadas se han ido construyendo. Durante el día, la vida transcurre con normalidad. Una de las viviendas de la finca de Mr.Leacock en riesgo de desahucio. A los redactores de este periódico les costó encontrar testimonios de afectados en horario laboral, ya que la mayoría de residentes se están buscando la vida; son albañiles, agricultores, vendedores ambulantes y casi todos están empadronados allí.  Ayuda interinstitucional La noticia salió a la luz cuando el alcalde de Guía, Alfredo Gonçalvez, pidió colaboración interinstitucional frente a la amenaza de desalojo para estas personas. Reconoce a este medio que el consistorio ya no empadrona a quienes viven en la finca aunque se hiciera hasta el pasado año. Los primeros en formalizar su residencia en la antigua fábrica azucarera fueron trabajadores de FSM. Aún hoy, sólo unos pocos trabajan en las plataneras para alguna de las empresas de Félix Santiago Melián.  Vivienda y huertos tras la fachada principal en la antigua finca de Mr. Leacock. Desde el ayuntamiento de Guía aseguran que puede haber 200 personas viviendo ahí, pero los propios residentes no cuentan más de cien, entre los cuales hay once menores. “Como mucho somos 70 u 80 personas en total”, aclaran. El alcalde de Guía explica que actualmente 24 residentes de la finca acuden a los servicios sociales municipales; dos familias con tres menores a cargo cada una, todos ellos escolarizados en Guía.  Actualmente, y según el primer edil, hay una familia más, con cuatro hijos a los que ya no van a permitir empadronarse, un documento básico para acceder a todas las prestaciones como la tarjeta sanitaria. “No duermo pensando dónde voy a ir” Abdul El Guerouh explica a Canarias Ahora que no tiene a dónde ir. “No hay cambio” dice refiriéndose a que no tiene alternativa habitacional después del desalojo del 30 de junio. “A mí no me gusta eso”, dice señalando los escombros que hay en la entrada superior a la finca. “Te lo juro por Dios, a mí eso me da vergüenza, la gente pasa por la calle y lo ve”.  window.marfeel.cmd.push(['multimedia', function(multimedia) { multimedia.initializeItem('yt-8UlpBzspzHo-3328', 'youtube', '8UlpBzspzHo', document.getElementById('yt-8UlpBzspzHo-3328')); }]); Vive en la finca desde 2007. “Estoy aquí desde hace 18 años”. Por las noches no puede dormir pensando a dónde irá tras el desalojo. “Aquí hay muchos problemas, aquí la gente tiene niños” y cuenta casa por casa el número de niños que se verían afectados. A ojo, le salen más de diez. Abdul, actualmente enfermo del pulmón, cuenta a esta redacción que fue agricultor y se pregunta si el problema del desalojo tiene solución... “Inshallah”, suspira. “Si Dios quiere”. “Hemos fabricado de día, no de noche” Etuani pide una solución para todos los afectados, no solo para los que, como en su caso, tienen hijos menores a su cargo (tres). Cuenta que si el 30 de junio hay un desalojo, los vecinos de la finca se van a manifestar de forma pacífica para permanecer. Lleva 25 años en Canarias y tiene la doble nacionalidad (marroquí y española desde hace siete años). Trabaja en la obra, pero ahora está en paro. Etuani gastó en la construcción de su propia casa y en acondicionarla 19.000 euros. “Nadie ha gastado tanto como yo”. Otros han gastado 3.000, 4.000 y 5.000.  “A veces en la basura no hay nada para vender” Ahmed Ouarar no tiene a dónde ir. Salió de prisión el pasado 17 de enero enfermo del riñón. Cumplió cuatro años de condena por ser patrón de una patera. Acude a diálisis cada varios días por semana al hospital Doctor Negrín desde 2023. Buscó en Las Palmas de Gran Canaria centros de acogida donde le pudieran ayudar, pero ninguno le llamó. Hasta que un día cogió unos palés y plásticos y se construyó una humilde chabola.  window.marfeel.cmd.push(['multimedia', function(multimedia) { multimedia.initializeItem('yt-aOA8zGVjV9Y-8045', 'youtube', 'aOA8zGVjV9Y', document.getElementById('yt-aOA8zGVjV9Y-8045')); }]); Agradece a las administraciones que le ayudan con la medicación y bonos de comida en el supermercado. Teniendo un hogar su mayor problema es conseguir la medicación. Asegura que tiene ganas de trabajar, “pero no hay trabajo” y su situación administrativa es irregular. A veces camina todo el día buscando en la basura algo que poder vender, “pero algunas veces no hay nada”.    “No hay alquiler, todo turístico” El caso de Salah Daaif es también muy complicado. Tiene todo en bolsas en una esquina de su casa “por lo que pueda pasar”. Como no encontró alquiler que pudiera pagar, compró por 1.000 euros su vivienda en la finca de Mr. Leacock. “Yo acepté esta casa sin muebles y tuve que invertir 2.000 euros para poder vivir porque era como un garaje nada más”. A Salah le preocupa el exterior, el estado de la entrada del poblado, la limpieza. “Solo hay un contenedor pequeño de basura y eso significa que nadie piensa en ti, abandonados”, asevera. Salah asegura que quiere pagar un alquiler, que su hijo también trabaja, pero que “no hay vivienda, todo es turístico”.  window.marfeel.cmd.push(['multimedia', function(multimedia) { multimedia.initializeItem('yt-Kr2Pyv7N5J8-2051', 'youtube', 'Kr2Pyv7N5J8', document.getElementById('yt-Kr2Pyv7N5J8-2051')); }]); Desde este periódico hemos contactado con el grupo Félix Santiago Melián para conocer desde cuándo la empresa es propietaria de la finca, qué saben de las personas que residen allí, si hay familias con niños, qué tienen previsto hacer en esa finca y su postura sobre este desalojo, entre otras cuestiones, pero han declinado responder a las preguntas formuladas.  En concreto, han respondido que agradecen el interés mostrado, pero que “en este momento, la empresa no tiene previsto realizar entrevistas sobre este asunto”.  ¿Quién es el Grupo Félix Santiago Melián?  El Grupo FSM fue fundado por Félix Santiago Melián en 1961 en el norte de Gran Canaria. Comenzó siendo una empresa familiar, primero dedicada a la agricultura, después a la construcción, y hoy ha diversificado su labor al sector energético y “de la hospitalidad”, es decir, restauración, alojamiento, eventos y turismo.  En su página web explican que, a través de sus valores, “nuestro grupo demuestra su compromiso con la ética, la responsabilidad social y el respeto hacia las personas y el entorno”. Actualmente, es una de las empresas más relevantes de Gran Canaria, cuyo director general y administrador único es Juan Carlos Santiago Cubas, uno de los cinco hijos del fundador, mientras que la directora ejecutiva es Laura Santiago, nieta del fundador.   Felix Santiago recibió en 2008 la distinción de Hijo Predilecto de la Ciudad de Gáldar. También fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad hermana de Santa María de Guía y mecenas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Durante su larga trayectoria fue vicepresidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción, y también vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas.  Tras fallecer a los 87 años en Sardina (Gáldar), en julio de 2022, el alcalde, Teodoro Sosa, declaró tres días de luto oficial. Meses después, se reunió con Martha Leacock (heredera escocesa de la familia Leacock) para tratar el futuro de los edificios Leacock y del antiguo almacén, que se encuentran en estado de abandono. Entonces, Teodoro Sosa, mostró su deseo de buscar una solución para resaltar la influencia del histórico empresario en Gáldar y en Gran Canaria.  ¿Y si Mr. Leacock levantara la cabeza? Mr. John Milburn Leacock llegó a Canarias a finales del siglo XIX, estableciéndose en el norte de Gran Canaria, donde desarrolló un importante entramado agrícola e industrial. Su hijo David amplió ese legado, pero con el tiempo muchas de esas propiedades han quedado en ruinas, mientras hoy decenas de personas enfrentan el desahucio en esas mismas tierras. Durante los años de escasez de la II Guerra Mundial, Leacock cultivó alimentos básicos para repartirlos entre sus trabajadores, reflejando un fuerte sentido de responsabilidad social. Ese compromiso estaba profundamente ligado a su ideología: era, según matizó su propio hijo, “un comunista convencido”, lector del Daily Worker, cabecera comunista de Nueva York y firme simpatizante de la II República. Antigua fábrica Leacock. Tras el golpe de 1936 fue detenido junto a su esposa, obligado a pagar por su liberación y a ceder el control de sus bienes bajo vigilancia franquista. El exilio posterior, primero en Inglaterra y luego en Estados Unidos, fue uno de los episodios más dolorosos de su vida, marcado por la nostalgia constante de haber dejado atrás su montaña del norte de Gran Canaria. A su regreso en 1963 retomó su actividad agrícola, impulsó nuevos cultivos y generó empleo para cientos de personas, destacando por su trato justo; pagaba los salarios, horas extra y ofreció atención médica incluso cuando no era obligatorio con arreglo a las leyes de la época. Dejó en herencia sus tierras a once de sus trabajadores, fiel al principio “la tierra es para quien la trabaja”. Hoy, de forma paradójica, esas mismas tierras están a punto de desalojar a quienes las habitan, mientras los restos mortales de Leacock descansan a unos kilómetros, en el cementerio de La Atalaya. La paradoja del destino es que en un mes desahucian a algunos de los trabajadores que empadronó el actual propietario de esas tierras que en un tiempo no tuvieron dueño. En la lápida del comunista se puede leer: “Descanse en paz en la tierra que tanto amó”.

ดัชนีการเมืองสวนดุสิตโพล เม.ย. 69 คะแนน 'แก้ปัญหายาเสพติด-ผู้มีอิทธิพล' ต่ำสุด

SEC Watch เรียกร้อง สส.ภาคใต้พรรคภูมิใจไทย ค้านร่าง กม.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้

Concebida por Peter Thiel y Alex Karp como una herramienta al servicio de Estados Unidos en su proyecto de dominación, Palantir fusiona las herramientas de control, los beneficios de la guerra, la apuesta tecnológica del capital para escapar de su crisis y la ideología totalitaria en una serie de productos que se han expandido por todo el planeta.Temas principal: Silicon ValleyLeer artículo completo

La Xarxa d’Entitats pel Padró ha advertit que demanar el certificat d’empadronament en el marc del procés de regularització extraordinària de persones estrangeres “implica posar traves innecessàries”, ja que aquest requisit no està contemplat en la normativa vigent. Segons recorda la plataforma en un comunicat, el Reial Decret 316/2026 estableix que la residència de cinc mesos a l’Estat espanyol es pot acreditar “mitjançant qualsevol prova vàlida en dret”, sense que sigui imprescindible el padró municipal. De fet, tampoc serà necessari per completar tràmits posteriors de la regularització com la presa d’empremtes digitals. Tot i això, la Xarxa denuncia que les dificultats i denegacions per empadronar-se en alguns ajuntaments estan agreujant la situació de vulnerabilitat de moltes persones. “Si la regularització no requereix padró, tampoc ha de ser requisit en els tràmits previs”, subratllen. Les entitats alerten que la pràctica d’alguns consistoris de restringir l’accés a serveis municipals a les persones empadronades exclou veïnes que, sovint per situacions de precarietat residencial, no poden accedir al registre. “Això dificulta tant l’acreditació de la residència com l’accés a drets bàsics”, destaquen. En aquest sentit, la Xarxa recorda que, tant el dret a una bona administració com la Llei de Serveis Socials, obliguen els poders públics a atendre totes les persones en situació de necessitat, independentment de la seva situació padronal. Així, reclamen que els ajuntaments facilitin l’empadronament al municipi de residència acceptant qualsevol prova vàlida i que garanteixin l’accés als serveis socials sense discriminació.   Condicionar la regularització al certificat de vulnerabilitat El comunicat també critica que, en alguns casos, es condicioni la regularització a l’obtenció d’un certificat de vulnerabilitat emès pels serveis socials. Segons la Xarxa, aquest requisit trasllada “una càrrega administrativa injusta i desproporcionada” a persones que ja es troben en situació de precarietat. Finalment, les entitats —una quinzena d’organitzacions i plataformes que agrupen prop de 500 entitats— insisteixen en la necessitat de disposar de registres padronals que reflecteixin la realitat demogràfica dels municipis. “Només així es podran dimensionar adequadament els recursos públics i garantir l’accés universal a drets com la salut, l’educació i la protecció social”, assenyalen. La Xarxa conclou que el procés de regularització és “una oportunitat” per reconèixer la residència de les persones estrangeres i assegurar-ne els drets, i apel·la a la responsabilitat de les administracions públiques per garantir “una atenció sense exclusions”.

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Jóvenes indígenas exigen al Estado peruano la creación de una comisión de la verdad que investigue los atentados cometidos contra la población nativa, que dejaron una herencia de discriminación y pérdida de identidad cultural derivada de la explotación esclavista de la goma naturalHEMEROTECA — Karina Pacheco, escritora: “Exponer a indígenas en los museos transmite que hay humanos que pueden ser disecados” Duberney Lanza no es el primer joven de la Amazonía peruana que creció sin conocer sus propias raíces indígenas. Nació en San Antonio del Estrecho (Loreto, Perú), un municipio situado a la orilla del río Putumayo, en la frontera con Colombia, en una región afectada por el narcotráfico, la tala y la minería ilegal. Duberney alcanzó la adultez bajo la ilusión del mestizaje. Nadie le aseguró tener sangre española, pero tampoco nadie le habló del pueblo originario Murui Bue, le inculcó sus prácticas culturales, le enseñó su lengua o lo vistió con las ropas tradicionales. No hubo una negación explícita del propio origen, sino silencio. Duberney tiene 19 años y estudia Antropología en Iquitos. Con 500.000 habitantes, es la ciudad más grande del mundo no accesible por carretera y la capital de Loreto, la región más extensa del Perú. A pesar de su abundancia cultural y natural, la falta de acceso a servicios básicos y la mirada extractivista han escrito capítulos muy oscuros en la historia de Loreto. La Fiebre del caucho (1880–1915) fue posiblemente el más terrible: conllevó la esclavitud, tortura, asesinato y desplazamiento forzado de miles de personas. En un flujo constante de exportaciones internacionales, Iquitos fue el epicentro de la comercialización y extracción de la goma natural en el Perú. Pero de este tema a Duberney tampoco le habían contado mucho, a pesar de que su pueblo limita con la región más azotada por la actividad cauchera en el país: la zona entre los ríos Putumayo y Caquetá que, tras las disputas territoriales, pasó a ser colombiana. Ahí se encuentra la Chorrera, centro de actividad de la sanguinaria Casa Arana, tristemente célebre por esclavizar a la población nativa como mano de obra de su negocio cauchero. Duberney, que empezaba a indagar en el tema, participó en un viaje organizado por la parroquia junto a otros jóvenes indígenas: “Nos invitaron a ir a la Chorrera para aprender el idioma e investigar sobre el lugar del que venimos y quiénes son nuestros ancestros”. A través de los apellidos, cada joven encontró su maloca, la casa comunal donde se reúne cada familia o clan. Activistas indígenas marchan por la Alameda del Caucho, en Iquitos, para reclamar justicia por los crímenes del caucho. El joven aprovechó para preguntar sobre la época del caucho. Le describieron unos tiempos de esclavitud con un sistema de endeudamiento que hacía imposible salir de la rueda de la explotación. Cuando algunos indígenas intentaban escapar, los barones del caucho les practicaban el castigo ejemplarizante: “Les torturaban delante de sus familiares. Les golpeaban, les cortaban dedos, la lengua…”. Siempre en nombre del progreso. Duberney recuerda que “los abuelos de la Chorrera lloraban y procuraban no hablar de eso”. Este viaje marcó un antes y un después para él. Al poco tiempo se sumó al colectivo Tsɨuni, integrado por más de 40 personas de 11 pueblos originarios: una generación de jóvenes orgullosos de sus raíces y determinados a hacer justicia. Tsɨuni, en lengua kukama, significa escuchar. El 17 de septiembre de 2025, en el Auditorio del Vicariato (Iquitos), la audiencia escucha. El colectivo presenta por primera vez su proyecto: una demanda contra el Estado peruano para exigir la creación de una comisión de la verdad que investigue los crímenes de la época del caucho. La idea surgió tras un encuentro del pueblo kukama, donde ancianos compartieron sus vivencias. Dana Gaviota, música y antropóloga kukama, relata el testimonio de una señora, Alejandrina, que recordaba los relatos sobre asesinatos sádicos, como la quema de personas vivas. Nadie hoy vivo es víctima directa de los caucheros. Quizá por eso las heridas son complejas. Tienen que ver con la impunidad de la violencia, con la complicidad del Estado y con un relato insultante sobre el indígena, aún muy presente en el Perú. “La corrupción y el silencio se han ido fortaleciendo como modo de progreso, como forma de vida”, critica Patrick Murayari, fotógrafo kukama y activista. Pasar a la acción El 12 de octubre, Día de los Pueblos Originarios y el Diálogo Intercultural, el colectivo tsɨuni marcha por la Alameda del Caucho (Iquitos). Si bien la ciudad está muy marcada por la presencia indígena, también lo está por la época en que empresarios blancos la habitaron masivamente. Esa inmigración, promovida por el Estado, transformó lo que era un pequeño pueblo en la capital de la Amazonía peruana. Las casonas de estilo europeo son testimonio de ello y las calles con nombres de caucheros le rinden homenaje. La corrupción y el silencio se han ido fortaleciendo como modo de progreso, como forma de vida Patrick Murayari — Fotógrafo kukama y activista “Como pueblos indígenas, la Alameda no nos representa”, expone Omar Navarro, un chico kukama de 18 años nacido en La Rioja (San Martín, Perú) y estudiante de Antropología en Iquitos. Por eso, Tsɨuni eligió este espacio para celebrar lo que Navarro llama Festival de la Memoria. “Hicimos una marcha pacífica para dar a conocer las atrocidades de la época del caucho. Muchos pueblos originarios se quisieron sumar y mucha gente quiso saber por qué tomábamos la Alameda”, comparte. Pero la gran fecha llega al día siguiente. El 13 de octubre los activistas se reúnen en la sede en Nauta de Radio Ucamara, emisora comprometida con el colectivo, para marchar hacia el juzgado. Ocho activistas locales presentan la demanda ante el Juzgado Mixto de Nauta de la Corte Superior de Justicia de Loreto. La base legal de la demanda es el derecho a la verdad, reconocido legalmente en Perú y exigible judicialmente. “El objetivo de la comisión de la verdad es que el Estado investigue los crímenes de la época del caucho, yendo a las comunidades y recopilando información sobre los pueblos, porque son necesarias sus voces”, explica Navarro. El colectivo sigue esperando la admisión de la demanda, pero ha asumido el compromiso de investigar, sea en colaboración con las instituciones o sin ellas. Las denuncias anteriores Quien ha dedicado su carrera a documentar el impacto de las caucherías en los pueblos indígenas es el antropólogo Alberto Chirif. Él sabe que no es la primera vez que estos crímenes llegan a instituciones judiciales. Ya en 1907, el periodista peruano Benjamín Saldaña los denunció en los diarios La Felpa y La Sanción. Reino Unido también investigó la cuestión, ya que la Peruvian Amazon Company, responsable de la mayor parte de la producción de caucho en Perú, estaba registrada como empresa británica. El cónsul británico Roger Casement, que viajó al Putumayo, confirmó las atrocidades en una serie de cartas. Otras voces también denunciaron los crímenes y los jueces Rómulo Paredes y Carlos Valcárcel, que sufrieron amenazas y ataques, condujeron la investigación, pero no se llegó a hacer justicia. Alberto Chirif en su casa, en Lima (Perú). Chirif señala que el inicio de la Primera Guerra Mundial “creó un nuevo escenario de preocupaciones para Gran Bretaña” que apartó la mirada. Además, la extracción de caucho en la Amazonía inició su declive ya que, tras el robo de miles de semillas, se habían establecido plantaciones en las colonias británicas en Asia. La Peruvian Amazon Company se disolvió, los criminales quedaron impunes y sus crímenes, enterrados por el paso del tiempo. Un Estado cómplice “El Estado peruano ha tratado siempre de evadir responsabilidades”, asegura Chirif, que señala que nunca ha hecho un reconocimiento público de su implicación en los crímenes. En 2012, en el centenario de la presentación de las denuncias ante el Parlamento inglés, los antropólogos Alberto Chirif y Manuel Cornejo intentaron que se pidieran disculpas. Consiguieron que el ministro de Cultura y el presidente del Congreso escribieran cartas a título personal, “pero, al fin y al cabo, ellos no eran el Estado peruano”. Alberto Chirif define la relación del Estado con los pueblos originarios como demagógica. A menudo, la presencia es insuficiente a la hora de cubrir necesidades básicas. Duberney reflexiona: “No es que en ese entonces el Estado tuviera olvidados los pueblos indígenas: ahorita pasa lo mismo”. Por ejemplo, ante la presencia de mafias extractivas en Loreto, que ocupan, violentan y contaminan el territorio indígena, la intervención es mínima. “La cuenca del río Nanay está toda contaminada por la minería, pero ellos no se mueven”, señala Omar. Chirif afirma que hay una promoción de las actividades ilegales desde el Congreso: “Se han rebajado los estándares de contaminación y se han reducido las penas para los transgresores”. Opina que “la presencia estatal puede ser dañina, porque [las autoridades] se hacen presentes mediante leyes que destruyen la legalidad y los derechos que han logrado los indígenas”. Incluso ha habido ataques directos, como el bombardeo al pueblo Matsés en 1964 o los sucesos del Baguazo —los enfrentamientos entre policía e indígenas en 2009 en Bagua, en el departamento de Amazonas, en el que murieron más de 30 personas entre agentes y activistas—. Un imaginario que mata Detrás de la violencia y la desprotección contra los pueblos originarios, sus tierras y su cultura, se esconde una discriminación muy enraizada. A principios del siglo XX, los caucheros se servían del argumento civilizador: los nativos eran salvajes y caníbales que no creían en Dios y no hablaban castellano. Los empresarios, pues, asumían la tarea de civilizarlos y peruanizarlos. “He llegado a la conclusión de que se llegaron a creer el imaginario que ellos mismos habían creado sobre los indígenas y los trataban violentamente un poco por precaución”, comparte Chirif. Con el paso del tiempo, la narrativa ha ido cambiando: “Ahora no sería correcto un imaginario que diga que los indígenas no son seres humanos, pero sí se puede actuar como tal a través de ataques o malos tratos”, reflexiona, y añade: “Al final, quienes van a salir siempre perjudicados serán los indígenas, con nuevos argumentos discriminatorios”. HPP Desde la fiebre del caucho, la discriminación y la violencia han condicionado la permanencia de las culturas originarias: “Hay pueblos que han desaparecido, otros han perdido la lengua y otros se han visto reducidos a su mínima expresión”. La gran mortalidad de esos años fue un factor importante, especialmente cuando afectó a figuras clave para la transmisión cultural. “Por ejemplo, las sociedades huitoto estaban estructuradas en clanes, regidos por un curaca, que era el portador de la palabra tradicional y la transmitía a su primogénito, y así sucesivamente. En la medida que estos personajes van desapareciendo, se va cortando la transmisión cultural”, cuenta Chirif. Sin el curaca, los pueblos huitoto tuvieron que transgredir su propia cultura para procurar su continuidad. “Eso nos lleva hoy en día a una sociedad que ha perdido el vínculo con su propia tradición espiritual y está desorientada”, explica. Pueblos en silencio La migración ha sido un fenómeno muy presente entre los pueblos supervivientes. Durante los años 20 y 30 los desplazamientos forzados marcaron el futuro de pueblos enteros. Hoy, ante la falta de servicios básicos en las comunidades, son habituales las migraciones a núcleos urbanos. “En el transcurso de migrar a las ciudades, los indígenas ya no están con su gente, no tienen con quién hablar su lengua y la van perdiendo”, comenta Duberney. Las familias de Duberney y Omar han estado fuertemente marcadas por un corte en la transmisión cultural. Hoy, estos jóvenes adultos buscan reconectar con su herencia perdida. Omar no supo que parte de su familia era kukama hasta hace pocos años, cuando conversó con su abuelo acerca de la historia familiar. “Al padre de mi abuelo el patrón lo maltrataba por hablar una lengua diferente a la suya. Eso provocó que ya no quisiera hablar su lengua y, poco a poco, la olvidara”, comparte. El abuelo de Omar no llegó a aprender la lengua kukama. La presencia estatal puede ser dañina, porque [las autoridades] se hacen presentes mediante leyes que destruyen la legalidad y los derechos que han logrado los indígenas Alberto Chirif — Antropólogo En la época del caucho, “los patrones veían la diversidad lingüística como un acto del demonio”, señala el joven. Hoy, los prejuicios los tiene una sociedad urbana “que sigue repitiendo discursos de odio”. Las lenguas indígenas son excluidas en la educación, las vestimentas son motivo de burla y los apellidos son motivo de desconfianza. Los indígenas urbanos a menudo renuncian a su identidad. “Intentan occidentalizarse”, reconoce Omar. De nuevo, el silencio. “Las conversaciones con mi abuelo me ayudaron mucho a conocer mi árbol genealógico: yo tenía mucha curiosidad sobre de dónde venía”, explica Omar. “Resolver estas dudas me ayudó a compadecerme de mis antepasados; a entender que ellos tuvieron que cambiar para adaptarse a la sociedad. Conozco su tristeza”, comparte. Para él y para Duberney, conocer lo que la época del caucho supuso para sus pueblos ha servido para desenterrar una parte muy importante de su historia familiar, conocer su herencia indígena y repensar la propia identidad. Las familias de estos jóvenes les apoyan en la creación de la comisión de la verdad, que quiere ampliar la documentación sobre uno de los mayores crímenes contra los pueblos originarios de la zona, desde la perspectiva de las víctimas; que busca revalorizar las culturas originarias amazónicas, aún hoy discriminadas; y que quiere contar unos hechos desgarradores para que nunca más se repitan. Duberney lo tiene claro: “Los ancianos ya no tienen la fuerza ni la voz para caminar, protestar y luchar. Ahora nos toca a nosotros”.

La dieta mediterrània no és només una manera de menjar, sinó també una manera d’entendre la vida.  Un dels grans punts forts d’aquesta dieta és la seva senzillesa. Es basa en aliments que tenim a l’abast: verdures, fruita, llegums, cereals, peix, oli d’oliva… No hi ha complicacions ni productes estranys. És una cuina que aposta pel natural i de temporada, i això ja és, de per si, un gran avantatge. Pel que fa a la salut, els beneficis són ben coneguts. L’ús habitual de l’oli d’oliva, per exemple, aporta greixos saludables que ajuden a cuidar el cor. El consum freqüent de peix, especialment el blau, també és positiu, ja que aporta nutrients essencials que el cos necessita. Tot plegat contribueix a reduir el risc de patir malalties cardiovasculars. A més, és una dieta molt rica en fibra gràcies a la presència de verdures, fruita i llegums. Això no només ajuda al sistema digestiu, sinó que també fa sensació de sacietat i pot ajudar a mantenir un pes equilibrat sense haver de fer grans esforços. Un altre aspecte interessant és que no es tracta d’una dieta restrictiva. No et diu que deixis de menjar, sinó que mengis millor. Això la fa més fàcil de mantenir a llarg termini, perquè no genera la sensació d’estar fent un sacrifici constant. Simplement, es tracta d’anar incorporant hàbits més saludables al dia a dia. També cal tenir en compte la part social. Menjar a la Mediterrània sovint vol dir compartir taula amb família o amics, fer sobretaula i gaudir del moment. Aquest factor, tot i que no és estrictament nutricional, també té un impacte positiu en el benestar general. Amb el ritme de vida actual, de vegades és fàcil caure en els plats preparats o en opcions ràpides poc saludables. Recuperar els principis de la dieta mediterrània pot ser una bona manera de tornar a una alimentació més equilibrada sense complicar-se gaire la vida.