Apunta que las pesquisas de la Agencia Tributaria pueden servir “para construir o reforzar una imputación penal” y cree que se le ha abierto un procedimiento “unilateral y caprichosamente”El informe sobre las joyas incautadas a Zapatero: de un collar valorado en 278.000 euros a bisutería sin valor
La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado a la Agencia Tributaria que suspenda la inspección que le ha abierto a él, a su esposa y a sus hijas para investigar, entre otras cosas, su renta de 2021 a 2024. Alega que existe ya una investigación penal en la Audiencia Nacional que tiene por objeto unos hechos al menos parcialmente coincidentes. Para su defensa, la continuación de la tramitación por la vía administrativa “haría decaer los derechos fundamentales” que le amparan y vulneraría la doctrina consolidada del Tribunal Supremo sobre la prevalencia de la jurisdicción penal.
El escrito de la defensa de Zapatero, adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso elDiario.es, ha sido remitido a la Unidad de Inspección de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Madrid. Fue presentado este lunes con copia al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien acordó la semana pasada remitir la comunicación de la inspección de la Agencia Tributaria a la Fiscalía para que se pronunciara.
Zapatero alega en su escrito remitido a Hacienda que las dos comunicaciones recibidas por la Agencia Tributaria en relación con el hallazgo de las joyas, correspondientes a los impuestos del IVA y el IRPF, son posteriores a su imputación y que en sus anexos pide acceder a las cuentas bancarias y sus movimientos entre 2021 y 2024.
“No se trata de un procedimiento aislado. La información solicitada coincide temporal y materialmente con la investigación penal ya abierta: origen, trazabilidad, adquisición, eventual importación, tenencia y capacidad económica relacionada con las piezas intervenidas [joyas]. Además, el auto del juez de instrucción identifica expresamente IRPF, IVA y otras figuras tributarias como posibles ámbitos de relevancia de los hechos investigados”, indica.
El letrado del expresidente dice que la simultaneidad entre una investigación penal y la tributaria “no es accidental”. Asegura que las pesquisas de la Agencia Tributaria pueden servir “para construir o reforzar una imputación penal”. Acusa a la Agencia Tributaria de abrirle un procedimiento “unilateral y caprichosamente”, denuncia que la Constitución lo veda y recuerda que la vía penal se impone a cualquier otra.
En ese sentido considera que la Agencia Tributaria coloca a Zapatero “en una alternativa constitucionalmente diabólica, pues colaborar con la Agencia Tributaria puede ser utilizado en su contra en el proceso penal”. Añade que si no lo hace puede exponerse a “reproches administrativos por resistencia, obstrucción, excusa o negativa”.
La comunicación de Hacienda
Fue el viernes pasado cuando trascendió que la Agencia Tributaria comunicó al juez Calama que había abierto actuaciones de comprobación e investigación inspectora con relación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a su esposa Sonsoles Espinosa y a sus hijas Alba Rodríguez y Laura Rodríguez, además de a su amigo Julio Martínez Martínez. Le indicaba que también investiga a las empresas con las que se les vincula y destacaba que la inspección es relativa a los impuestos sobre Sociedades, Valor Añadido, Renta de las Personas Físicas, Patrimonio y Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas que abarcan los ejercicios de 2021 a 2025.
En las dos comunicaciones de la Agencia Tributaria a las que tuvo acceso elDiario.es, una de la Delegación de la Comunidad Valenciana y otra de la Comunidad de Madrid, se explica que el fisco ha tenido conocimiento de que existe una causa abierta tanto contra Julio Martínez como contra Zapatero e informa a su vez al magistrado de que “se siguen actuaciones de comprobación e investigación inspectora, todas con alcance general, en relación a los obligados tributarios” mencionados. Se detalla que esas inspecciones han sido abiertas en junio de 2026. Esto es, después de que se abriera el procedimiento penal y una vez saltó a la esfera pública.
La Agencia Tributaria explicaba a Calama que dado que las personas físicas y las entidades objeto de la instrucción penal, así como las conductas investigadas en dicha sede, “pudieran ser las mismas que las que están siendo comprobadas en vía administrativa”, la determinación o imputación de las obligaciones tributarlas de estos contribuyentes “podría depender directamente de los hechos y conductas que están siendo investigados” por el juez.
Como es habitual, Hacienda consideraba que es conveniente suspender los procedimientos inspectores abiertos para que no se solapen ambas investigaciones, pero recordaba que esto es potestad del magistrado. Calama envía sendas comunicaciones a la Fiscalía para que se pronuncie antes de decidir qué hacer. En caso de que el juez suspenda la inspección del fisco, Hacienda ya se habrá asegurado de que los plazos de prescripción se interrumpen gracias a la decisión de la Audiencia Nacional.
En el caso concreto de Zapatero, la Agencia Tributaria informaba de que está inspeccionando su IRPF de 2021 a 2024, el IVA que va del segundo trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2024, y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas de 2002 a 2024. A su esposa, Sonsoles Espinosa el IRPF de 2021 a 2024, el impuesto de Patrimonio de 2021 a 2024, y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas de 2002 a 2024. Mientras, a las hijas les investiga el IRPF de 2021 a 2024, y a su empresa, Whathefav el impuesto de Sociedades de 2021 a 2024 y el IVA que va del segundo trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2024.
Por su parte, a Julio Martínez, la Agencia Tributaria le ha abierto inspección por el IRPF que va de 2021 a 2024 e indaga en el IVA y el Impuesto de Sociedades de hasta once de sus empresas, entre las que no está Análisis Relevante, la consultora que abonó 490.780 euros entre los años 2020 y 2025 al expresidente Rodríguez Zapatero. Sí consta, en cambio, Idella Consulenza, el instrumento que según la investigación pudo usar la trama dedicada al tráfico de influencias para cobrar una presunta comisión irregular de Plus Ultra tras lograr el rescate público en 2021.
