Un juzgado local abrió una investigación el pasado noviembre y ya ha tomado declaración al acusado y a varios testigos, después de que, en septiembre, el Ayuntamiento, gobernado por Coalición Canaria y Vox, cerrara el protocolo abierto sin encontrar pruebas suficientes para actuar contra élCuando tu puesto de trabajo no es un lugar seguro: “No vamos a aguantar más acoso y vejaciones”
Un juzgado de Granadilla de Abona, en el Sur de Tenerife, tiene abierta una investigación por un presunto delito de acoso sexual y laboral tras la denuncia de una agente de la Policía Local de este municipio de 65.000 habitantes contra el jefe de ese cuerpo, Ricardo Rivero. El proceso se abrió en noviembre pasado y ya ha declarado el investigado (el pasado 26 de marzo) y diversos testigos, después de que, en septiembre, se cerrase una indagación emprendida por el consistorio al aplicarse el protocolo antiacoso tras las primeras quejas internas de esta policía, que ahora se encuentra de baja y en tratamiento psicológico por sintomatología ansioso-depresiva.
Esta agente denunció la situación que sufría poco antes de marzo de 2025, cuando se produjo la censura promovida por Coalición Canaria junto a Vox y un concejal del PP contra la alcaldesa socialista Jennifer Miranda, que cogobernaba con los conservadores desde junio de 2023. Entonces se activó el protocolo antiacoso, pero, con el cambio de gobierno, el caso ya se abordó en la nueva etapa y, tras las pertinentes declaraciones de testigos, de las distintas partes y la investigación interna abierta, en septiembre pasado se decidió cerrar el proceso dentro del consistorio al no llegarse a conclusiones definitivas ni hallarse pruebas suficientes.
Sin embargo, el juzgado sí actuó tras la denuncia de la agente y abrió unas diligencias, que siguen activas en estos momentos, según ha dicho a este periódico una fuente del entorno de la víctima. La policía argumenta que los abusos se han venido cometiendo durante años, en el marco de una relación marcada por la superioridad jerárquica.
La agente lamenta que el proceso abierto por el Ayuntamiento se cerrase sin determinar responsabilidades ni adoptarse medidas de protección efectivas orientadas a evitar su contacto profesional con su jefe, si bien confía ahora en la vía judicial abierta.
Según consta en la documentación médica de su denuncia, el supuesto acoso laboral se ha venido produciendo desde hace unos diez años, “con insultos y menosprecio de tipo personal”, con castigos por tratarse de ella. Entre otras secuelas, refiere taquicardia, nervios, dolor de abdomen, miedo, insomnio, apatía, abulia e inestabilidad general, por lo que recibe terapia.
Los presuntos abusos e insinuaciones sexuales que denuncia y ya investiga la justicia quedaron reflejados también en un parte médico de abril de 2024, aportado al juzgado. Asimismo, consta documentación que demuestra que recibe “atención integral psicológica, jurídica y social” desde noviembre de 2015 de la Asociación Solidaria Mundo Nuevo, que ofrece un servicio insular de atención especializada para víctimas de violencia de género en el municipio tinerfeño de Candelaria, entre el área metropolitana y la comarca sureña.
Esa “ausencia de medidas organizativas o preventivas para evitar el contacto profesional con el jefe habría derivado” en su baja médica por ansiedad, por lo que ahora permanece apartada de su puesto de trabajo y afronta “consecuencias personales, profesionales y económicas generadas por esta situación”.
A juicio de la víctima, una agente de 47 años, lo que está viviendo “pone sobre la mesa el debate acerca de los mecanismos de protección que deben activarse en las administraciones públicas cuando existen denuncias de presunto acoso laboral o sexual y procedimientos judiciales en marcha. A ello se añade la peculiaridad de las relaciones de dependencia profesional propias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde la estructura jerárquica puede generar especiales dificultades a la hora de denunciar hechos de esta naturaleza y continuar desempeñando sus funciones con normalidad, de ahí la especial importancia del respaldo y la protección por parte de la administración”.
Canarias Ahora ha intentado en varias ocasiones obtener la versión del gobierno local de Granadilla y, siempre a través del gabinete de prensa municipal, la del jefe policial investigado de estos presuntos abusos, pero en todos los casos han declinado el ofrecimiento, remitiéndose en todo momento a la resolución judicial, cuando se produzca.
Este mismo viernes el jefe de la Policía Local de Granadilla de Abona, Ricardo Rivero, recibió en nombre de toda la plantilla la Cruz con Distintivo Blanco al Mérito de la Guardia Civil “por su colaboración y labores realizadas por el bien de la comunidad”, según ha informado el Ayuntamiento en sus redes sociales.
