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Cuando la dinastía alauí llegó al poder y unificó el país en el siglo XVII, ambas ciudades llevaban siendo territorio español 251 y 169 años, respectivamente

A video is viral on social media platforms, which shows Prime Minister Narendra Modi appearing to present the Chinese President Xi Jinping with his own portrait. Users have shared this clip with the claim that it is from the Chinese President’s current visit to India for the ongoing BRICS summit in New Delhi on September […]

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Selepas hujan, ketika Gunung Menumbing diselimuti gelap, seekor primata mungil mulai bergerak di antara pepohonan. Matanya yang besar membantunya beraktivitas pada malam hari, sementara kaki belakangnya yang panjang memungkinkan tubuhnya melompat secara vertikal. Satwa itu adalah mentilin atau tarsius bangka (Cephalopachus bancanus bancanus). Pada siang hari, mentilin sulit ditemukan. Selain berukuran kecil, primata nokturnal ini […] The post Mentilin, Primata Malam yang Bertahan di Gunung Menumbing appeared first on Mongabay.co.id.

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La Santa Tecla dels bandolers, el martiri de la patrona, el Ball de Dames i Vells o la Festa Major durant la Segona República i la Transició són alguns dels episodis que recull 'La Tecla a l’orella', el nou pòdcast de l’Ajuntament de Tarragona i Tarragona Ràdio. El projecte es presenta aquest dijous 3 de setembre, a les 19 h, a l’Antiga Audiència, i vol divulgar la història de la Festa Major amb un format narratiu i sonor. La primera part de la sèrie inclou cinc capítols, d’entre 20 i 30 minuts, que combinen reconstruccions històriques, paisatges sonors, veus d’experts i testimonis vinculats a la festa. Els episodis incorporen també dramatitzacions d’(H)istrionis Teatre i de l’actor Xavier Salsench, amb la narració de Ricard Lahoz com a fil conductor. 'La Tecla a l’orella' és una iniciativa ideada i dirigida pels periodistes Enric Garcia Jardí i Ricard Lahoz, amb muntatge tècnic de Lluís Comes. Els primers cinc capítols han comptat amb 25 persones entrevistades, més de 50 dramatitzacions i uns 200 efectes sonors. Els episodis es podran escoltar a partir de divendres 4 de setembre a Spotify, iVoox i Tarragona Ràdio.

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Франциянын Руан шаарынан Канга бара жаткан жүргүнчү поезди 11-сентябрь кечинде рельстен чыгып кетип, 44 жүргүнчү жабыркады. Вагондор катуу зыян тартып, үчөө оодарылып кеткенин BFMTV жана AFP агенттиги кабарлады. BFMTV бир нече булактарга таянып, тергөөчүлөр бул окуяны атайын уюштурулган саботаж катары карап жатканын жазды. Маалыматка караганда, жолдун ортосунда болбошу керек болгон рельстин бир бөлүгү табылган. Кийинчерээк бул маалыматты Руандын прокуратурасы дагы ырастады. Тергөөдө ал...

Искусственный интеллект все чаще применяется в самых разных областях науки – особенно в тех, где необходима быстрая обработка большого массива данных. В последние годы из-за участившихся экстремальных погодных явлений и активного изменения климата метеорологи и климатологи из разных стран ищут новые способы создания более точных прогнозов и проекций. Помогает ли им ИИ – и как именно? Об этом мы спросили климатолога, ведущего научного сотрудника Института полярных и морских исследований...

“Oh, you’re who bought the old mattress factory.”  Barbara Luderowski watched recognition spread across her new neighbor’s face. The former Stearns and Foster warehouse on Pittsburgh’s North Side seemed to already be a prominent character in the neighborhood. The space she envisioned had its name.  Over the next 50 years, Mattress Factory evolved from an […] The post Risk, trust and the joy of discovery: Mattress Factory approaches 50 years appeared first on Pittsburgh's Public Source. PublicSource is a nonprofit news organization serving the Pittsburgh region. Visit www.publicsource.org to read more.

Javier Armas (Agrupación Herreña Independiente) contrató al reconocido penalista José Antonio Choclán tras aforarse. Su caso recuerda al de Fernando Clavijo, que cargó al Ayuntamiento de La Laguna los honorarios del mismo letrado tras el archivo del caso GrúasCaso Vertederos: los papeles que el Supremo no contempló al archivar la causa contra el senador de El Hierro El senador Javier Armas (Agrupación Herreña Independiente -AHI-) ha endosado al Cabildo de El Hierro facturas por un importe total de 70.474,5 euros para pagar los honorarios de los dos despachos de abogados (y procuradores) contratados para su defensa en el denominado caso Vertederos, que investigó durante cerca de dos décadas el descontrol en la gestión de tres puntos de vertidos de una isla declarada Reserva de la Biosfera en 2000. El aforamiento de Armas ante el Tribunal Supremo en 2023 disparó el coste de esa factura. Antes de su designación como senador por El Hierro, el dirigente de AHI (aliado de Coalición Canaria) estuvo representado en los juzgados de las islas por un bufete de Tenerife, Mesa Abogados. Las minutas de este despacho ascendieron a 21.400 euros.  Sin embargo, tras la elevación del caso al Supremo, Armas contrató al penalista José Antonio Choclán, conocido como el abogado de las estrellas. Magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional, este letrado ha defendido, entre otros, a Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Francisco Correa, Cristina Cifuentes, Rita Barberá o, más recientemente, al empresario Víctor de Aldama o al cantante Julio Iglesias.  Choclán asumió la defensa de Javier Armas en octubre de 2023. Catorce meses después, en diciembre de 2024, el Supremo archivó la causa al no apreciar delito en su actuación. Entre medias, el despacho del reconocido penalista asistió al senador en su declaración en el alto tribunal en marzo de 2024 y nueve meses después, en diciembre, presentó un escrito en el que expresaba su oposición a la petición de la Fiscalía para declarar compleja y prorrogar la causa y en el que, además, solicitaba el sobreseimiento del caso Vertederos.  Por esas diligencias, el bufete de Choclán giró una factura de 48.400 euros (40.000 euros más IVA), más del doble de lo que había costado la defensa de Armas desde la incoación de las diligencias en un juzgado de Valverde hace ya veinte años.  Más de 100.000 euros: el impacto global para el Cabildo El aforamiento de Armas en el Supremo no sólo encareció la factura pública del caso Vertederos, sino que también alteró el destino del procedimiento. Antes de que el dirigente de AHI se convirtiera en senador, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ya había fijado fechas para el juicio oral contra Armas y las otras dos procesadas, la exconsejera Claribel González y la funcionaria Fabiola Ávila. La Fiscalía pedía once años de cárcel, cuatro de inhabilitación y una multa de 19.800 euros para cada uno de ellos por un delito continuado con los recursos naturales, otro de prevaricación medioambiental y un tercero sobre la ordenación del territorio. El escrito de acusación del Ministerio Público, que había sido formulado en octubre de 2018, les acusaba de consentir tres vertederos ilegales.  Todo cambió cuando el Supremo, con el magistrado Pablo Llarena como ponente, decidió archivar la causa especial abierta contra Armas. En abril de este año, la Audiencia Provincial siguió los pasos del alto tribunal y decretó el sobreseimiento libre (definitivo) del procedimiento contra las otras dos procesadas. Lo hizo después de que la Fiscalía cambiara de criterio y pasara de acusar a alinearse con los postulados de la defensa.  Tras este archivo, las otras dos procesadas también han cargado a las arcas públicas los gastos de defensa. En el caso de la funcionaria Fabiola Ávila, 26.402,37 euros aprobados en un Consejo de Gobierno de junio. En el de la exconsejera Claribel González, 21.746,12 euros aprobados en el pleno que la corporación insular celebró en julio. En total, por lo tanto, el caso Vertederos ha costado en gastos de abogados más de 100.000 euros (en concreto, 118.623,07 euros) a las arcas del Cabildo de El Hierro. De esa cantidad, más del 40% se lo ha llevado el bufete de Choclán que Armas contrató para el Supremo.   Las razones para indemnizar  Para que una administración asuma los honorarios de la defensa penal de sus cargos electos o funcionarios deben cumplirse tres requisitos. El primero es que la imputación tenga su origen en actuaciones realizadas en el ejercicio de funciones institucionales, no en su esfera personal. El segundo es que no se aprecie en la conducta del investigado “abuso, exceso, desviación de poder o prosecución de intereses ajenos”. Y el tercero es que el procedimiento termine sin responsabilidad penal, ya sea por absolución tras la celebración del juicio o por archivo o sobreseimiento de la causa antes de esa fase procesal.  La jurisprudencia del Supremo ha reconocido en distintos pronunciamientos el derecho de un cargo o trabajador público a ser resarcido de los gastos de su defensa en esos casos. Sin embargo, esa doctrina no despeja todas las dudas. En procedimientos similares en otras instituciones canarias, los servicios jurídicos han planteado cuestiones adicionales antes de aprobar el pago: si existía autorización previa para contratar a un letrado externo en lugar de recurrir a los servicios jurídicos de la propia administración o si el importe reclamado se ajusta a los criterios orientadores de honorarios de los colegios de abogados.  La abultada factura del despacho de Choclán fue objeto de debate en el pleno del Cabildo en el que se aprobó su pago. El acuerdo fue adoptado por unanimidad en octubre del año pasado. Tanto los grupos de gobierno (PSOE, Asamblea Herreña e IUC-Reunir) como los de la oposición (AHI y PP) votaron a favor y Armas, que también es consejero y que llegó a ser de manera efímera presidente de la corporación (antes de una moción de censura liderada por su hermano, el socialista Alpidio Armas) se ausentó cuando se trató este punto.  Durante ese pleno, y a pesar de respaldar con su voto el pago de esas facturas para resarcir al senador, el único consejero de IUC-Reunir, Amado Carballo, expresó cierta reticencia. “No me hace ninguna gracia votar a favor de la totalidad de los honorarios plasmados. Por ejemplo, una minuta de 40.000 euros (sin IVA) por el trámite ante el Supremo”, dijo este representante en relación con los honorarios del despacho de Choclán.  “Había que haber analizado cantidades o haber esperado la respuesta de los colegios profesionales respecto a los criterios orientadores en cuanto a costas”, señaló Carballo. El consejero advirtió de que este caso da “vía libre” a la contratación de despachos de reconocido prestigio “a cualquier coste” para que lo pague la administración.  Por su parte, la consejera María Asunción Amaro, compañera de partido de Armas, defendió el derecho del senador a elegir “la mejor defensa” y señaló que “hay despachos más especializados” en altas instancias judiciales. En una línea similar, el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas (PSOE), celebró el archivo de la causa contra su hermano después de casi dos décadas “en vilo”. “Eso no se paga con dinero”, apuntó el dirigente socialista, que comparó los honorarios de los abogados con el caché de los cantantes. “Hoy cobra 100.000 euros y de repente saca un disco que lo peta y te cobra 500.000 euros. Esto es así. Es el camino correcto tener la mejor defensa para la gente que nos estamos dejando aquí las pestañas”, remató el presidente insular.  Los acuerdos para el pago de los gastos de defensa de los tres procesados en el caso Vertederos inciden en que no hay ninguna disposición normativa que determine la cuantía de esas indemnizaciones. Sin embargo, aceptan el montante total reclamado por los altos cargos y la funcionaria en todos los casos teniendo en cuenta que el proceso judicial “ha durado más de quince años” y “ha sido elevado a órganos superiores y al Supremo”.  El precedente de Fernando Clavijo  El caso de Javier Armas no es el primero en Canarias en el que un cargo público aforado recurre a Choclán y termina trasladando la factura a una institución pública. Su caso recuerda al de Fernando Clavijo (Coalición Canaria). El actual presidente del Gobierno de Canarias también endosó al Ayuntamiento de La Laguna los honorarios del reputado letrado (55.600 euros) por su defensa en el denominado caso Grúas.  El paralelismo entre Clavijo y Armas no es sólo de abogado, sino también de mecanismo procesal. Un juzgado de La Laguna investigaba a Clavijo por prevaricación, malversación y tráfico de influencias hasta que en julio de 2019 CC decidió convertir a Clavijo en senador, lo que activó su aforamiento y trasladó la causa a la Sala Segunda del Supremo, que entonces presidía el canario Manuel Marchena. Apenas unos meses después, el alto tribunal archivó el procedimiento al no apreciar reproche penal en la actuación de Clavijo como concejal y después alcalde de ese municipio.    Aquel expediente no estuvo exento de controversia interna. La Asesoría Jurídica municipal se mostró contraria al pago, al considerar que Clavijo debió recurrir a los abogados del propio Ayuntamiento salvo que hubiese mediado una autorización previa y motivada para contratar a un letrado externo. El informe también cuestionaba el importe de las minutas, que superaba ampliamente los criterios orientadores del Colegio de Abogados. Sin embargo, el actual presidente del Gobierno canario presentó alegaciones y un segundo informe, en esta ocasión del área de Presidencia y Planificación, terminó avalando el pago en parte por silencio administrativo, ya que el Ayuntamiento no había respondido en plazo.  Dos décadas de gestión incontrolada de vertidos El caso Vertederos se abrió en 2006 para investigar la gestión incontrolada de residuos en El Hierro. La causa se centró en tres puntos de vertidos ilegales: el desguace contaminante de vehículos de El Majano; el vertedero de La Dehesa, dentro del espacio natural protegido del Parque Rural de Frontera, y el ubicado en la montaña de La Cumbrecita.  El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) ya había denunciado en 2004 y 2005 infracciones como la apertura de zanjas de residuos que se quemaban y enterraban sin control. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) del Gobierno de Canarias también había constatado incumplimientos no subsanados por el Cabildo de El Hierro, responsable de esas instalaciones.  Tras doce años de instrucción, la Fiscalía solicitó en octubre de 2018 la apertura de juicio oral contra los tres investigados, para los que pidió once años de cárcel. El juicio quedó señalado para octubre de 2023, pero no llegó a celebrarse porque tres meses antes uno de los procesados, Javier Armas, había sido elegido senador y, por tanto, su causa se había elevado al Supremo. La asociación ecologista Ossinisa, denunciante original del caso en 2006, ejerció la acusación popular hasta que se vio obligada a retirarse por la duración de la causa (17 años por aquel entonces) y el coste económico que suponía para sus miembros.  Los papeles que el Supremo no contempló  El Supremo archivó la causa especial contra Armas en un auto dictado el 12 de diciembre de 2024 por el magistrado Pablo Llarena. Según esta resolución, el actual senador y consejero del Cabildo de El Hierro no ostentaba en aquel mandato (2003-2007) las competencias delegadas en materia de Medio Ambiente, puesto que no era consejero sino director de área. El auto remarca que no constaban denuncias ni inspecciones sobre los vertederos de El Majano y La Dehesa anteriores a 2008.  Tras ese archivo, Ossinisa remitió un escrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) para intentar reabrir el caso, al entender que en el sumario existen documentos que contradicen los argumentos esgrimidos por el Supremo. Entre ellos, citaba un informe de la APMUN de 2007 que recoge denuncias del Seprona sobre ambos vertederos en 2004 y 2005 o un escrito firmado por el entonces presidente del Cabildo, Tomás Padrón, en el que identificaba a Armas como una de las personas con competencias medioambientales en la isla. También le hizo llegar varios documentos firmados por Armas entre 2004 y 2007 relativos a la gestión de ambas instalaciones. Sin embargo, las gestiones ante la FGE fueron infructuosas.  Más de un millón de euros en restauración  En marzo de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por decenas de vertederos ilegales e incontrolados en Canarias, que operaban sin sistemas de sellado, control de lixiviados ni tratamiento previo. Entre ellos se encontraba el de La Dehesa (también llamado Faro de Orchilla). Esa sentencia obligó a ejecutar de urgencia el sellado y restauración del vertedero. El Gobierno de Canarias encomendó esta tarea a la empresa pública Gesplan por un importe de 496.103,73 euros. Esta actuación fue cofinanciada al 85% con fondos Feder (Programa Operativo Canarias 2014-2020).  A ello hay que sumar la inversión de 561.252,54 euros sufragada de forma íntegra a través del Fondo de Cohesión de la Unión Europea para completar la planta de tratamiento de El Majano y para evitar el enterramiento incontrolado de basuras en vertederos. En total, por lo tanto, el coste de restauración ha superado el millón de euros.

La madre y el hermano de Flor Bollini, que murió en julio de 2024 en una mansión ubicada en el municipio de Sant Antoni, denuncian que no se notificó a los consulados de Italia y Argentina del fallecimiento, así como otras irregularidadesLa familia de un DJ italiano fallecido en Ibiza acusa a la Guardia Civil de homicidio: “Lo ataron y lo golpearon” La familia de Florencia Bollini quiere que sus restos descansen en la bóveda familiar, en el cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires (Argentina). Desde que el 14 de octubre del año 2024 la empresaria argentina, de 44 años en ese momento, muriese en circunstancias no esclarecidas en una fiesta privada con 150 invitados en la villa Can Frit de Sant Mateu (Sant Antoni), sus familiares han peleado con la Justicia para poder trasladar sus cenizas. En el transcurso de este tiempo han vivido, además del sufrimiento causado por la pérdida, la renuncia por parte de un abogado y una procuradora, una reapertura de la causa y dos archivos de la misma. Florencia fue bautizada como la ‘guía espiritual de los empresarios’ por la revista Forbes tras fundar Nanaheals, una plataforma que usa psicoactivos y moléculas químicas para buscar soluciones a problemas de salud mental y procesos personales. Tras su muerte, su cuerpo fue cremado sin notificación ni autorización formal de su familia directa. Estas circunstancias, denuncian sus familiares, les han impedido ejercer derechos como controlar la prueba, oponerse a la incineración, designar un perito de parte o solicitar una segunda autopsia. “A mi hermana le robaron la Justicia y a mis padres, el derecho de velar y disponer los restos de su hija”, lamenta a este periódico Federico, el hermano de la fallecida, quien reclama, junto a sus padres, que se les entreguen las fotografías forenses en calidad original, así como el registro completo del levantamiento del cuerpo, las imágenes originales de la inspección ocular y toda la documentación técnica vinculada a la actuación médica, policial y judicial. Los familiares de la empresaria piden que se preserven y acceder a todas las pruebas documentales de la investigación. A mi hermana le robaron la Justicia y a mis padres, el derecho de velar y disponer los restos de su hija Federico — Hermano de Flor Bollini La argentina, conocida como 'estratega psicoespiritual', era residente en Eivissa y había asistido, la noche de su fallecimiento, a una fiesta multitudinaria en una mansión ubicada en el camí de sa Forada. El evento fue organizado por el magnate sueco G.E, quien figura en la causa como investigado. Fue a las 2.17 horas de la madrugada —según el registro de defunción— cuando se produjo la muerte; media hora después de la llamada a los servicios de emergencia por parte de uno de los cinco o seis asistentes que quedaban en la celebración, de los cuales dos son ahora testigos en el procedimiento. La pista del anillo inteligente El hermano sostiene, no obstante, que el deceso sucedió varias horas antes —según marcaba un anillo inteligente Oura Ring que la empresaria llevaba en la muñeca— y que Florencia todavía tenía pulso cuando se realizó este aviso al 112. También afirma que el cuerpo de Bollini había sido “desnudado y movido” desde un área donde había una sauna exterior a una sala donde estaba tapado y rodeado de velas. Estas cuestiones fueron las que motivaron a la jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa, Maria Paloma Poveda —que había sobreseído provisionalmente la causa en noviembre de 2024 a la espera de los resultados toxicológicos definitivos—, a reabrir el caso en septiembre de 2025 con el propósito de esclarecer las circunstancias en que se produjo el fallecimiento. Entre otros aspectos, la magistrada solicitaba que se revisaran las siguientes pruebas: la llamada a emergencias, con la consecuente declaración de los facultativos del 061 que actuaron ante el aviso, el informe médico, la historia clínica y la identificación y la toma de declaración de dos de los testigos presentes para determinar si pudieron existir indicios de suministro de sustancias estupefacientes a la víctima, entre otros. También acordaba que el médico forense encargado del levantamiento del cadáver y la autopsia aclare si, como manifiesta la acusación particular -que ejerce la familia-, la hora registrada de la muerte es “equivocada o falsa”. Por último, el auto oficia al Instituto Toxicológico de Barcelona a estudiar las muestras remitidas para la realización del informe definitivo de autopsia, del que se desconocen los resultados. Los padres y el hermano de la conocida como ‘chamana de los empresarios han viajado hasta Eivissa por el caso judicial. Una causa entre aperturas y archivos Los hechos ocurrieron en otoño del 2024, pero un año y medio después, en mayo de 2026, Federico Bollini, desde Buenos Aires, continuaba impulsando acciones y presentando denuncias. El hermano de la fallecida había acusado a la Justicia de Eivissa de no haber investigado el caso y de haber contribuido a la destrucción del cuerpo y de los registros de la investigación. El pasado mes de julio, los familiares viajaron de urgencia a la isla ante la posibilidad de que la causa fuera sobreseída. Fue entonces, tras haber conseguido la reapertura el procedimiento y la investigación del dueño de la villa, cuando el abogado Vicente Monzo y la procuradora renunciaron al caso. La defensa legal había planteado ante el Juzgado la posible existencia de tres delitos: homicidio, “imprudente, en el mejor de los casos” —señala el abogado a elDiario.es—; favorecimiento y facilitación del consumo de sustancias tóxicas, previsto en el artículo 368 del Código Penal; y la sustracción de las pertenencias de Flor. Entre ellas, un MacBook, un iPad y dos móviles que encontraron en Irlanda en la casa de un socio de la empresaria, según el testimonio de su hermano, que asegura haber accedido a la geolocalización e historial de los navegadores. Al parecer, los responsables del hurto habrían borrado todos los datos de los dispositivos, así como todos los documentos de su empresa y cuentas bancarias, continúa el familiar. Ante el sobreseimiento de la causa, la familia expresó su disconformidad con la resolución y fue entonces cuando triunfaron los argumentos de Monzo, quien finalmente cesó su actividad como defensa legal de la acusación. Ahora es el letrado Francisco Perona quien se encarga de la misma. Perona ha solicitado que el Juzgado complete el auto de archivo con una respuesta expresa a la petición de preservación del material realizada por Bollini. Federico, atendiendo a los medios frente a los Juzgados de Eivissa. En las diligencias —tras la reapertura del caso- se pide volver a investigar la fiesta de cierre de temporada celebrada en la villa donde se produjo el fallecimiento de Florencia, que se inscribió en el registro civil de Sant Antoni cuatro días después de los hechos por orden del juzgado. También se solicita el sometimiento a interrogación de los cinco o seis testigos presentes en el momento de los hechos. Sentimiento de “desprotección total” La familia, aún en Eivissa por estos trámites en los juzgados, expresa, en declaraciones a este medio, un sentimiento de “desprotección total” y cuestiona el tratamiento otorgado al caso. “No hubo notificación consular, se realizó una autopsia sesgada, no existen registros fotográficos sin manipular y no hay detalles sobre las lesiones. Y para terminar, se hizo una cremación exprés sin la contratación de los servicios funerarios por parte de la familia”, sostiene el hermano. Lo que poseen son varias fotografías proporcionadas por la Guardia Civil (según Bollini) que muestran hematomas y otras heridas en el cuerpo de la fallecida. No hubo notificación consular, se realizó una autopsia sesgada, no existen registros fotográficos sin manipular y no hay detalles sobre las lesiones. Y, para terminar, se hizo una cremación exprés sin la contratación de los servicios funerarios por parte de la familia Federico — Hermano de Flor Bollini A estas reclamaciones se suma la falta de respuesta a las peticiones de información hechas a las representaciones consulares en las islas de Italia —la fallecida tenía pasaporte italiano— y Argentina. El Consulado argentino en Palma se dirigió por primera vez al Juzgado de Eivissa encargado del caso en septiembre de 2025, según el escrito firmado por el cónsul al que ha tenido acceso este diario. En él se solicita información sobre la fecha de notificación del fallecimiento a la familia y/o al consulado, el pedido y autorización de la autopsia y cremación de la empresaria y la autorización de disposición del cuerpo por terceras personas ajenas a la familia. El pasado 2 de junio, el órgano consular se volvía a poner en contacto con el Juzgado vía correo electrónico: “Se remite la presente Nota, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de Relaciones Consulares de 1963 [...], solicitando tener a bien remitir a este consulado toda la información acerca del estado de la causa de referencia por pedido de su familia”. Un mes después, el 3 de julio —antes del primer sobreseimiento provisional al considerar el juez que no había indicios suficientes de delito— hay una tercera comunicación por parte del cónsul reiterando su petición. elDiario.es se ha puesto en contacto por correo con el Juzgado competente en relación a estas cuestiones sin haber obtenido respuesta en el momento en que se publica esta información. La falta de notificación incumpliría, según la familia, el artículo 5 y el artículo 37 del Convenio de Viena, que establecen que las autoridades competentes del Estado receptor deben informar sin demora al consulado correspondiente cuando fallece un ciudadano extranjero, siempre que dispongan de la información pertinente. En este caso, la Policía Judicial de la Guardia Civil elaboró las diligencias que posteriormente puso a disposición del Juzgado de Instrucción número 2. Muerte “provisionalmente” violenta El informe forense inicial, al que ha tenido acceso este periódico, calificó la muerte como “violenta”, aunque dejó pendiente de determinar su etiología médico-legal. Como causa inmediata señaló un shock cardiogénico y como causa fundamental una muerte súbita cardíaca “en posible relación con intoxicación por sustancias estupefacientes”. La calificación de “muerte violenta” no implicaba por sí misma que se tratara de un homicidio: dejaba abierta la posibilidad de un fallecimiento accidental, algo que acabaría sosteniendo el informe forense definitivo. El informe forense inicial calificó la muerte como "violenta", aunque dejó pendiente de determinar su etiología médico-legal. Como causa inmediata señaló un shock cardiogénico y como causa fundamental una muerte súbita cardíaca "en posible relación con intoxicación por sustancias estupefacientes" Como causa inmediata señaló un shock cardiogénico y como causa fundamental una muerte súbita cardíaca “en posible relación con intoxicación por sustancias estupefacientes”. Esta calificación no implicaba que se tratara de un homicidio: en ese momento, el informe mantenía abierta la posibilidad de un fallecimiento accidental. El mismo documento señalaba que, una vez realizado el estudio necrópsico, “no existen inconvenientes médico-forenses” para la incineración del cuerpo, siempre que se cumplieran las “normas legales pertinentes”. La compañera de piso y amiga de la empresaria fue quien autorizó a la funeraria a solicitar el traslado del cuerpo y proceder a su incineración, según sostiene la familia. Posteriormente, el juzgado autorizó estas actuaciones, como recoge el auto. La familia cuestiona que la allegada tuviera facultades para decidir sobre el cuerpo de Florencia Bollini sin su consentimiento, aunque se desconoce si disponía de algún poder notarial que le otorgara esa potestad. La investigación forense posterior terminó apuntando a un fallecimiento accidental, relacionado con la combinación de varias sustancias psicoactivas, la exposición prolongada a altas temperaturas en la sauna y una patología cardíaca previa. El mecanismo inmediato de la muerte volvió a situarse en un shock cardiogénico. La investigación forense posterior terminó apuntando a un fallecimiento accidental, relacionado con la combinación de varias sustancias psicoactivas, la exposición prolongada a altas temperaturas en la sauna y una patología cardíaca previa. El mecanismo inmediato de la muerte volvió a situarse en un shock cardiogénico La toxina del sapo bufo El mismo día del fallecimiento se envió un formulario de remisión de muestras al Instituto Nacional de Toxicología para que se llevara a cabo un análisis toxicológico ante la sospecha de una reacción adversa a drogas de abuso. En el apartado donde se resume el historial clínico se describe que uno de los conocidos de la fallecida aseguró que en México le habían diagnosticado una patología cardiaca sin especificar cuál. También se asegura que la empresaria se definía a sí misma como curandera, con el uso de sustancias y medicamentos psicoactivos entre los que se encontraba el sapo bufo. Se trata de una sustancia psicoactiva asociada a la secreción del sapo del desierto de Sonora (Incilius alvarius), que contiene un potente componente psicodélico. Su consumo puede provocar una experiencia alucinógena intensa, con alteraciones profundas de la percepción, la conciencia y la sensación de identidad, además de posibles efectos físicos como aumento de la frecuencia cardiaca o presión arterial elevada, entre otros. La fallecida había consumido alcohol y drogas, además de medicamentos y “otros”, señala el informe, la noche del suceso. Entre sus pertenencias se encontraron además varios tipos de sustancias estupefacientes, entre ellas, dos cajas de ketamina producida en Florida (Estados Unidos) y un bote de pastillas de contenido desconocido. En los indicios de criminalidad, el responsable del departamento forense específica: “Se sospecha la participación en la muerte de la misma de la Bufotenina —toxina del sapo bufo— la cual, tal y como ofertaba en su página web, era su sustancia favorita y principal a la hora de realizar sus rituales”. Fuentes cercanas a la Subdirección de Eivissa han señalado a elDiario.es, y a raíz de las acusaciones de los familiares, que el Instituto de Medicina Legal (IML) siempre mantiene una trazabilidad, también mediante registros fotográficos. Asimismo, señala que sus profesionales han atendido a los familiares tantas veces como estos lo han solicitado hasta que se produjeron faltas de respeto a los funcionarios. Por su parte, Bollini presentó una denuncia contra el Médico Forense Titular del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Balears ante el colegio profesional por su práctica deontológica por los resultados y el tratamiento de la autopsia. “Nunca tuvimos la custodia del cuerpo y a día de hoy no sabemos dónde están los restos”, lamentan los familiares.