Un conglomerado de operadores y actores ha participado en el bloqueo económico y financiero a Venezuela, donde destacan organismos estatales estadounidenses como el Departamento del Tesoro, que restringen la compra y venta de mercancías en dólares, y a través de sanciones, a veces aprobadas por el Congreso estadounidense, que limitan las actividades comerciales a nivel internacional.
Sin embargo, hay otros actores financieros no estatales que también lideraron las agresiones y contaron con la protección del Fondo Monetario Internacional (FMI), que fungió como un gran legitimador internacional de las agresiones financieras contra el país.
El rol del FMI en el bloqueo a Venezuela
Entre los mecanismos de agresión financiera no convencionales que se le han aplicado a Venezuela, el FMI tiene un papel de vanguardia. Si bien las medidas de coerción no impidieron las actividades comerciales ni restringieron la cooperación económica con otros países, las agresiones financieras desarrolladas por actores no estatales trastocaron algo más sensible que las actividades comerciales con el exterior: la salud financiera del país, su riesgo crediticio, las expectativas inflacionarias y el precio de la moneda.
Cuando el FMI en el año 2016 se refirió a la inflación (720%), al desempleo (17,4%) y a la caída del PIB (8%) en Venezuela estaba ejecutando el diseño de expectativas y panoramas económicos que persiguen tres objetivos fundamentales: impedir que el país pudiera acceder a préstamos internacionales; azuzar un clima de impago de deuda y de quiebra inevitable; y guiar al capital nacional y extranjero para que mantuviera su estrategia de hiperespeculación adaptada a las metas ya establecidas.
Así, la organización financiera internacional de las Naciones Unidas con sede en Washington puso el sello de legalidad que certificó a Venezuela como un país al que había que aislar, al que no era confiable prestarle dinero, con el que no se debía establecer acuerdos comerciales hasta que llegara otro gobierno que se reconciliara con sus políticas.
Esta estrategia de agresión no convencional en lo financiero perseguía el mismo objetivo que el bloqueo convencional: asfixia financiera y estrangulamiento de la economía.
En el año 2017, el Fondo Monetario Internacional se sumó al coro de voces que proyectaba "graves distorsiones económicas" y severas restricciones a las importaciones que continuarían afectando el país; además, consideró que los precios se triplicarían el siguiente año.
El año pasado lanzó otra publicación en la que auguraba un "caos tóxico" en la economía venezolana. El informe titulado Perspectivas de la economía mundial (WEO, por sus siglas en inglés) pronosticó "una contracción del PIB de 4% a medida que la inflación vuelve a alcanzar los tres dígitos, y la situación solo empeorará el próximo año", claramente una proyección tendenciosa.
En respuesta, el gobierno recordó la negativa de la institución a desembolsar 5 mil millones de dólares a Venezuela en 2020 para hacer frente a la pandemia de covid-19 en medio del desplome de los precios del petróleo.
En aquella ocasión, un portavoz del FMI informó que el país no tenía acceso a su propia cuota de derechos especiales de giro debido a que "el compromiso del FMI con los países miembros se basaba en el reconocimiento oficial del gobierno por la comunidad internacional" y, en el caso de Venezuela, no había claridad sobre el reconocimiento en este momento.
LAS MANIOBRAS DE BLOQUEO FINANCIERO de CITIBANK
En julio de 2016, el banco de inversión estadounidense Citibank anunció que había suspendido unilateralmente su servicio como corresponsal del Banco Central de Venezuela y Banco de Venezuela para la realización de transacciones comerciales a nivel internacional, justamente cuando arrancaba el plan de importaciones selectivas de la Gran Misión Abastecimiento Soberano.
En el correo electrónico que la organización financiera envió a medios internacionales, justificó la medida basándose en una “evaluación de riesgos” opaca y sin datos fiables que pudieran ser contrastados con la realidad.
Citibank confirmó su deseo de bloquear a Venezuela e impedir que pudiera realizar transacciones internacionales de diversa índole, aunque matice con "su compromiso por el país" y "seguir dialogando con el presidente Maduro". Citigroup es uno de los seis grandes conglomerados financieros de Wall Street. Es un poderoso cartel de la economía global. No nos ataca cualquier poder económico, sino uno bastante pesado en los cinco continentes.
¿Por qué la guerra del CITIBANK contra Venezuela?
En aquel momento, la gerencia para Latinoamérica estaba liderada por venezolanos ligados al negocio financiero. Francisco Aristiguieta había sido analista financiero senior y gerente de proyectos en el área de Nuevos Negocios y Financiamiento Internacional de Proyectos de Pequiven, justo en la época cuando avanzaba su privatización por parte de grandes bancos y petroleras transnacionales.
Por su parte, el banquero venezolano Bernardo Chacín ocupó el más alto cargo dentro del clúster andino de Citibank. Antes de asumir varios cargos dentro del organigrama de Citibank, Chacín trabajó también para PDVSA en el equipo de finanzas corporativas.
Los intermediarios transnacionales que habían contribuido al saqueo del país fueron los mismos que ocuparon altos cargos de dirección en un banco estadounidense que bloqueó financieramente el país y entorpeció los avances para mejorar su entorno macroeconómico.
En varias ocasiones, el Citibank ha actuado contra países que desafían el control político y económico de Washington y Wall Street; Cuba, Siria, Rusia y Venezuela son un ejemplo de ello.
CREDIT SUISSE EMPRENDE BLOQUEO FINANCIERO
En agosto de 2017, la entidad financiera Credit Suisse "prescindió" de procesar productos financieros venezolanos, lo que significó una nueva arremetida económica contra el país. En un memo interno, el banco suizo pidió a sus corredores que no tocaran dos obligaciones: una emitida en 2014 por la petrolera estatal PDVSA y otra emitida por el Estado.
Credit Suisse Group AG es una firma de servicios financieros e inversiones con sede en Suiza, reconocida por su amplia presencia global. Fue fundada en 1856 e históricamente fue un actor destacado del sector financiero, ofreciendo servicios de inversión y banca privada, además de gestión de activos.
Credit Suisse solicitó igualmente a sus empleados no tocar los productos financieros emitidos después del 1° de junio de 2017 por el Gobierno venezolano. Aplicó la misma exigencia para los particulares y las empresas privadas de Venezuela, que debían recibir una autorización previa del departamento de riesgos de la organización antes de realizar cualquier operación con el banco.
El banco dijo que examinaría todas las relaciones con Venezuela y las entidades dependientes del Gobierno para asegurarse de que su reputación no corriera riesgo.
La decisión estuvo ligada al conjunto de acciones que el Departamento del Tesoro norteamericano, cuyo fin era cercar y asfixiar a Venezuela. La reacción de Credit Suisse asimismo se corresponde con las solicitudes que realizó Julio Borges cuando dirigía la Asamblea Nacional. Recordemos que envió una carta a 14 entidades financieras internacionales para que no participaran en el proceso abierto de monetización de reservas venezolanas de oro.
LA PARTICIPACIÓN de JP MORGAN
A finales de 2016, el banco de inversión estadounidense JP Morgan activó una alarma de default contra Venezuela por la supuesta postergación en el pago de los intereses de bonos con vencimiento en 2021, 2024 y 2035 de PDVSA, a través de un informe falseado que fue filtrado a toda la prensa financiera internacional. Según el documento, la cifra no pagada ascendería a 404 millones de dólares.
El gobierno aclaró que el pago de intereses del bono 2035 se encontraba en proceso normal de ejecución de acuerdo con los lapsos establecidos por la empresa, y desmintió que la totalidad de los intereses no hayan sido cancelados con prontitud y antelación a los tenedores de bonos, tal como pretendía hacer ver el informe.
JP Morgan tiene fama de erigirse como un fondo de inversiones fraudulento. En el año 2014 se vio obligado a pagar 614 millones de dólares por la emisión de hipotecas riesgosas y fraudulentas que generaron pérdidas milmillonarias al sistema financiero estadounidense durante 2008.
Una empresa procesada judicialmente por autoridades estadounidenses, paradójicamente, intentó socavar la credibilidad financiera de PDVSA y Venezuela internacionalmente.
El plan de las corporaciones financieras fue disparar al corazón económico de Venezuela, aun cuando el país había cumplido con los compromisos adquiridos. Desde el año 2016 actuaron con agresividad con miras a perjudicar la principal fuente de sustento económico del país.
18 Ago 2026, 2:06 pm.
Etiquetas: Guerra financiera, Sanciones, Memoria,
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