La responsable de cumplimiento normativo de la empresa de transporte público de Barcelona defendía que su cese fue una represalia por indagar un caso de presunto acoso laboral de dos altos cargos
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Un juez de lo social de Barcelona ha declarado procedente el despido de Carmen Macías, la que fuera responsable de cumplimiento normativo de TMB — la empresa pública que gestiona el metro y el bus en la capital catalana— tras haber investigado un presunto caso de acoso laboral a otra empleada por parte de dos altos cargos de la compañía.
La sentencia, obtenida por elDiario.es, desestima tanto la petición de nulidad del despido como la demanda de tutela de derechos fundamentales que esta exdirectiva de TMB había interpuesto por separado.
Macías asegura que recurrirá el fallo y recuerda que la cúpula de TMB está imputada en un juzgado penal por presunto acoso laboral hacia ella. Añade que sigue teniendo, a día de hoy, el estatus de persona protegida por parte de la Oficina Antifrau de Catalunya.
TMB despidió a Macías en octubre de 2024 después de que se le abriera también a ella un expediente por acoso laboral a un subordinado. La decisión se basó en un informe elaborado por una empresa externa después de la denuncia de este empleado.
El informe concluyó que la directora de ‘compliance’ había sometido a este trabajador a una situación de acoso psicológico así como a un progresivo vaciamiento de funciones, según los hechos probados de la sentencia.
El subordinado relató en el juicio un progresivo deterioro de su relación con Macías y hasta tres compañeros refrendaron su versión en la vista oral.
La sentencia considera probado que este empleado recibió críticas reiteradas en público y en privado, instrucciones contradictorias, un control exhaustivo de su correspondencia laboral y limitaciones para disfrutar de vacaciones y del exceso de jornada acumulado. El trabajador inició dos bajas por incapacidad temporal relacionadas con esta situación, la primera entre octubre de 2022 y abril de 2023, y una segunda en julio de 2024.
Macías defendió, tanto en el juicio como en una rueda de prensa previa, que todo había sido un montaje para represaliarla por haber apreciado un presunto delito de acoso laboral de los mencionados dos altos cargos a otra compañera y por haber acudido a pedir protección a Antifraude.
El caso de presunto acoso laboral a otra compañera que investigó Macías está actualmente en un juzgado penal y hay dos directivos de TMB imputados, a pesar de que la Fiscalía no apreció indicios suficientes.
La antigua responsable de ‘compliance’ de TMB, que recibió el apoyo de la mayoría de sindicatos del comité de empresa, trató de apuntalar su versión alegando que el informe que justificó su despido se encargó a una empresa externa contratada a dedo después de un cambio repentino en los protocolos contra el acoso laboral.
Macías también consideró que una reorganización de su departamento llevada a cabo por el nuevo consejero delegado de TMB poco después de llegar al cargo formaba parte de la estrategia para represaliarla.
El magistrado, sin embargo, concluye que no quedó acreditado que la tramitación de ese expediente, ni su condición de informante protegida, influyeran en la decisión de despedirla. La sentencia señala también que TMB atendió los requerimientos de información que Antifraude le formuló durante todo el proceso.
Macías ya había chocado con la empresa previamente y en 2017 demandó a TMB por vaciado de funciones, en un caso que se resolvió con un pago de 30.000 euros de la empresa a la que entonces era todavía directiva de la compañía.
La sentencia condena a TMB a abonar a la demandante 10.000 euros brutos más intereses en concepto de los objetivos de 2024, al no haber acreditado la empresa que le hubiera comunicado los objetivos individuales exigidos para devengar esa retribución variable.
En un comunicado, Macías sostiene que TMB le ofreció una alta suma de dinero y el reconocimiento de la improcedencia del despido para evitar el juicio. “Decidí no aceptarlo porque este asunto nunca ha sido una cuestión económica”, señala.
Fuentes de la empresa de transporte público, sin embargo, niegan tajantemente que se llevara a cabo ese ofrecimiento y muestran su “satisfacción” con la sentencia.
