Sumar, que el martes expresó sus "sospechas" sobre la imputación, pone el foco ahora en que "si se han cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito"Sánchez: “Todo mi apoyo al presidente Zapatero”
Los socios del Gobierno ya no cierran filas con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al menos no con la misma contundencia que el martes, cuando se conoció su imputación por la supuesta comisión de varios delitos de corrupción. Si antes de que se hiciera público el auto judicial tanto Sumar como los aliados parlamentarios progresistas del Ejecutivo coincidieron en deslizar sus sospechas de que Zapatero podría estar siendo víctima de lawfare, este miércoles, ya con la resolución judicial en la mano, rebajaron el tono, evitaron hablar de una persecución judicial injusta y se mostraron prudentes ante la evolución del caso.
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, expresó el martes las “sospechas” que le generaba la investigación a Zapatero, y aseguró que “a nadie que siga las noticias de la prensa y las imputaciones de dirigentes de la izquierda le puede sorprender que algunos tengamos dudas sobre el origen de estas acusaciones”. “Ya se aclarará y entonces corregiré o mantendré las sospechas que tengo ahora”, planteó Martínez horas antes de conocer el contenido del auto. Pero este miércoles, 24 horas después y ya con la resolución judicial en la mano, la portavoz evitó responder a las preguntas de los periodistas sobre si seguía considerando un posible caso de lawfare la imputación a Zapatero.
Quien sí lo hizo fue el portavoz adjunto del grupo de Sumar y líder de IU en el Congreso, Enrique Santiago, que lejos de abonar la teoría de la persecución judicial injusta se limitó a afirmar que, “si se han cobrado cantidades por gestiones políticas”, como asegura indiciariamente el auto de la Audiencia Nacional que hizo Zapatero, “eso es un delito”. “Lo primero que es necesario en este país es regular bien las actividades de los expresidentes” para evitar que este tipo de situaciones puedan producirse, aseguró igualmente Santiago.
Otro dirigente que ha reculado rápidamente con respecto a su posición del martes es el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. El dirigente, antes de conocer el auto del juez José Luis Calama, quiso enviar “un mensaje para según qué jueces: el PP ya está ganando las elecciones autonómicas de forma continuada, no hace falta que hagan política”. Pero este miércoles, tras conocer el detalle de las acusaciones contra Zapatero, Rufián abrió la puerta a que sea “verdad” que el expresidente ha cometido los delitos de los que se le hace responsable, aunque no descartó del todo la posibilidad del lawfare. “Si esto es verdad, es una mierda, y si es mentira, es una mierda aún mayor que hemos visto muchas veces”, planteó el dirigente.
Rufián se dijo “jodido” porque, afirmó, tiene “un enorme respeto y un enorme afecto” a Zapatero. “Pero también tengo ojos en la cara. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda, sí; que existe una cacería judicial, sí, y tanto; que Felipe, Aznar y Rajoy se lo merecen mucho más, sí, también. Pero la izquierda somos otra cosa, y yo le pregunto dónde acaba el lobbysmo y empieza el tráfico de influencias”, cuestionó en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles en su pregunta al presidente Pedro Sánchez.
“No pinta bien el auto”, se limitó por su parte a afirmar la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, al ser preguntada este miércoles por la mañana en relación a la resolución judicial. Las declaraciones también suponen un paso atrás, puesto que el martes, antes de conocer el detalle de las acusaciones, Belarra había puesto el foco en que “la derecha tiene muchas ganas” a Zapatero y había planteado que “no deja de ser sorprendente que, teniendo a expresidentes como Mariano Rajoy, que montó la policía política; a José María Aznar, que es un criminal de guerra; a Felipe González, que montó los GAL; o a Adolfo Suárez, que ha resultado ser un agresor sexual, el primer presidente imputado sea el expresidente Zapatero”.
En la misma línea, la diputada de Compromís Águeda Micó pidió “prudencia” y se limitó a plantear la necesidad de que Zapatero “se pueda defender en el proceso judicial y, si hay corrupción, que caiga todo el peso de la ley” sobre él. Eso sí: Micó también reconoció que “parece que no está tan claro que haya lawfare”, una posibilidad que sí había valorado el martes, cuando sostuvo que habría que ver si la imputación de Zapatero tiene que ver con un caso de corrupción o con “la guerra judicial” emprendida por el PP, y cuando también dijo que le sorprendería que el expresidente hubiera participado en presuntas irregularidades.
