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As more private equity firms buy health care physician practices and facilities, states are pushing back on acquisitions that some critics say could potentially gut health care infrastructure.  This year alone at least seven states, including California, Indiana, Massachusetts, Maine, New Mexico, Oregon and Washington, have enacted laws requiring more oversight over private equity acquisitions […]

Comisia Europeană face României un cadou: punerea în așteptare a procedurii de deficit excesiv. Va fi un cadou „otrăvit” sau România va continua să reducă deficitul indiferent de decizia de la nivel european?

Jean Paul Hernandez stopped at the scenes of his childhood — old homes, corner stores, a rec center — during our photowalk in Clark-Fulton. The post ‘The houses that used to be here’: Channeling childhood moments in Clark-Fulton appeared first on Signal Cleveland.

Mientras la presidenta de la Comunidad se hace fotos en los centros logísticos de Amazon y agradece su “apuesta por Madrid”, cientos de familias madrileñas se enfrentan a la incertidumbre. Madrid no puede seguir siendo el escaparate donde se presume de inversión sin exigir responsabilidad. Amazon plantea un ERE para 1.200 empleados de sus oficinas en España Amazon ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 1.200 trabajadores en toda España, de los cuales más de 800 están en la Comunidad de Madrid. El anuncio llega apenas unos meses después de que la presidenta Isabel Díaz Ayuso elogiara públicamente a la multinacional como “ejemplo de innovación y creación de empleo”, y pusiera su nombre como emblema de éxito económico en nuestra región. Hoy, sin embargo, esos mismos empleos que Ayuso utilizó como escaparate de su modelo económico están siendo destruidos por una empresa que acaba de anunciar un aumento de beneficios del 38%. Este ERE pone en evidencia la vulnerabilidad de un modelo sin garantías basado en atraer grandes corporaciones sin exigir compromisos reales de estabilidad laboral ni arraigo territorial. La Comunidad de Madrid ha promovido su relación con Amazon a través de convenios, incentivos e inauguraciones mediáticas, pero sin prever cláusulas que protejan a los trabajadores frente a decisiones unilaterales de despido colectivo. ¿De qué sirven las fotos, los titulares y los discursos sobre el “éxito madrileño” si las multinacionales pueden marcharse o recortar plantilla sin consecuencia alguna? ¿Dónde quedan las pymes locales y el empleo estable cuando el modelo económico depende de gigantes que buscan ventajas fiscales y laborales, no compromiso con el territorio? Mientras la presidenta de la Comunidad se hace fotos en los centros logísticos de Amazon y agradece su “apuesta por Madrid”, cientos de familias madrileñas se enfrentan a la incertidumbre. Y el silencio del Gobierno autonómico frente a este ERE resulta tan elocuente como preocupante, siendo un claro ejemplo de la doble moral del “éxito empresarial”. ¿Ha ofrecido la Comunidad de Madrid, o tiene previsto hacerlo, su mediación en el conflicto laboral? ¿Piensa exigir la revisión de los convenios suscritos con Amazon y de cualquier incentivo concedido a la empresa ante estos despidos? ¿O seguirá limitándose a celebrar el modelo de precariedad que convierte cada empleo en un titular y cada despido en una nota de silencio? Amazon no es una empresa cualquiera. Su presencia en Madrid ha sido promovida y defendida desde el propio Gobierno autonómico. Por eso, resulta legítimo preguntarse qué papel asume la Comunidad ante una crisis que afecta directamente a los madrileños. El Ejecutivo de Ayuso no puede actuar como simple espectador. Tiene instrumentos para intervenir, para mediar, para defender el empleo de calidad y el tejido productivo local. Pero eso requiere un cambio de prioridades y poner a los trabajadores por delante de los intereses corporativos, y a la estabilidad por delante de la propaganda. Más allá del titular el caso Amazon ilustra las consecuencias de un modelo de desarrollo basado en la desregulación, el dumping fiscal y el poder de las grandes multinacionales. Madrid no puede seguir siendo el escaparate donde se presume de inversión sin exigir responsabilidad. Cuando una empresa que recibe apoyo institucional y beneficios públicos anuncia despidos masivos en plena bonanza, lo que falla no es solo el mercado: falla el gobierno que mira hacia otro lado.

No parece haber polarización en la opinión pública. Se sigue percibiendo de manera muy mayoritaria e incluso más trasversal que en 2018, que el reconocimiento de la violencia de género es algo necesario para la protección de las mujeres En estos años de vida, la ley ha sido criticada por muchas razones. Por un lado, ha sido acusada de insuficiencia o ineficacia, al no haber resuelto el problema de la violencia machista, y no proporcionar ayudas a todas las mujeres que las necesitarían para librarse de ella. Por otro lado, se ha llegado a decir que la ley penaliza injustamente a los hombres, pone en riesgo presunción de inocencia, o promueve las denuncias falsas. Muchas de estas críticas se pueden contestar rápidamente de manera solvente (por ejemplo aquí). Es curioso por ejemplo que el argumento de las denuncias falsas se sustente sobre la base del número significativo de casos que terminan en absolución, que se dan justamente porque opera la presunción de inocencia, y olvidando que la ausencia de evidencia no es necesariamente evidencia de ausencia. Vamos, que se acusa a ley a la vez de no haber sido suficiente, y de haber ido demasiado lejos, con críticas que entran en contradicción unas con otras.  La cuestión es que parece que hemos girado de un paisaje de apoyo relativamente generalizado, a uno en el cual la ley se cuestiona con relativa dureza. La lucha contra la violencia machista es además instrumentalizada por un partido político de cuyo nombre no logro acordarme que decía que “la violencia no tiene género”. Lo que me interesa analizar aquí si las percepciones de la ciudadanía se han movido de manera paralela a este cambio en el escenario político hacia posiciones más polarizadas y constreñidas por factores como la ideología o la simpatía partidista. Con este fin podemos comparar datos de opinión pública recogidos en 2018 (septiembre, N=3.031) y 2022 (marzo, N=2.904) por el grupo de investigación DEC de la Universitat Autònoma de Barcelona. Nos gustaría tener datos cercanos al año aprobación que se hubieran replicado con la misma formulación recientemente, pero lo que tenemos disponible se refiere a estos dos momentos, eso sí, separados por un elemento crucial que es la entrada de Vox en las instituciones y en el debate sobre esta cuestión. En la formulación de la pregunta, que como sabemos puede condicionar fuertemente la distribución de la respuesta, hemos querido reflejar el debate social. Este a menudo se plantea en el contexto español en términos que oponen el reconocimiento de la violencia de género bien como un instrumento de protección de las mujeres contra la violencia que sobre ellas ejerzan parejas y exparejas, o bien como un agravante penal que perjudica a los hombres. Ofreciendo estos dos enunciados pretendemos reflejar interpretaciones social y mediáticamente visibles para captar las posiciones de la gente en relación con estos debates. Para ello pedimos a los encuestados que elijan con cuál de esas dos visiones están más de acuerdo, y posteriormente, que indiquen la intensidad de dicho acuerdo (un poco, bastante, o mucho). Observamos así que, según muestra la Figura 1, en 2018 nada menos que el 80% de los encuestados está de acuerdo con que el reconocimiento de la violencia de género protege a las mujeres (el 40% apoya esta afirmación con la máxima intensidad). En 2022 el acuerdo con esta afirmación apenas había descendido 4 puntos porcentuales. Se mantiene por encima del 75%, eso si, con una intensidad más matizada (el 40% se ha trasladado al nivel de acuerdo más bajo). El cambio se ha producido, por lo tanto, en la intensidad, más que en la visión de los ciudadanos, que en 2022 tienen más dudas que en 2018. Al menos hasta 2022, no se aprecia un cambio hacia una distribución polarizada bi-modal sobre la cuestión. Si observamos como varían las posiciones en función del sexo, la edad, el nivel de estudios, la ideología y la simpatía partidista de los encuestados, la situación ha cambiado notablemente. Como acabamos de ver, en 2018 la percepción de la ley como medida de protección era amplísima, pero estaba fuertemente condicionada por factores como el sexo y especialmente por la ideología: las mujeres, y las personas de izquierdas mostraban una fuerte percepción de la ley como protectora. Los hombres y las personas que se situaban ideológicamente a la derecha también la percibían así mayoritariamente, pero en menor medida. En 2022 las diferencias por sexo e ideología se atenúan mucho, y el efecto de la simpatía partidista se ha organizado de manera más coherente que en 2018. Aparece claramente el apoyo a Vox como el predictor más importante. La simpatía con este partido reduce significativamente la visión de la ley como protectora. Son los simpatizantes de Vox los únicos que consideran en promedio que el reconocimiento de la violencia de género perjudica a los hombres. Sin embargo, al mismo tiempo, la aparición de Vox como elemento constreñidor de estas actitudes ha conseguido que la visión de la ley como protectora sea incluso más transversal de lo que lo era en 2018. No es que la opinión pública sea inmune a los debates políticos y mediáticos, ciertamente, y no puede decirse que la LIVG esté exenta de limitaciones que pueden generar dudas. La persistencia e incluso el incremento de algunos indicadores de violencia lo atestigua. Pero sí parece que, en todo caso, la ciudadanía valora de forma mayoritaria y transversal el reconocimiento de la violencia de género como algo que protege a las mujeres, incluso en un contexto en el que los partidos muestran niveles crecientes de polarización sobre la cuestión. Esta valoración era en 2022 relativamente independiente del sexo, la edad, y el nivel de estudios y estaba relativamente poco condicionados por la ideología y las preferencias partidistas, con la excepción de la simpatía por Vox.   Además de poner de manifiesto el apoyo social al reconocimiento de la violencia de género, estos datos también dan cuenta de la dificultad de establecer relaciones directas entre la polarización de los debates político-mediáticos, y la de las actitudes de los ciudadanos. No todo lo que parece muy polarizado lo está. Figura 2. Grado de apoyo a la afirmación “El reconocimiento de la violencia de género protege a las mujeres / perjudica a los hombres” por sexo, edad, educación, ideología y simpatía partidista en 2018 y 2022 (valores medios en la escala entre 1 (perjudica) y 6 (protege)).

Las máximas bajarán hoy en la mitad este peninsular, archipiélagos y Melilla y con pocos cambios en el resto EEUU, Arabia Saudí, Rusia: la COP30 certifica el nacimiento de un 'eje del mal' climático Las lluvias irán retrocediendo y perdiendo fuerza este miércoles, en el que se espera que continúe el descenso térmico iniciado este martes en casi todo el país por la entrada de masas de aire frío procedentes de latitudes altas, de acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que habla de temperaturas normales para la época del año.  Las precipitaciones, débiles en general, quedarán acotadas al área cantábrica, alto Ebro y norte de Galicia, de la Ibérica y del Pirineo. Tampoco se descartan en montañas del centro y Melilla, aunque con tendencia a disminuir, detalla la Aemet en su página web. Sin embargo, a diferencia de los días anteriores, no hay activados avisos por lluvias para este miércoles.  De nuevo, podrá nevar en una cota de 1000-1300 metros y 600-800 metros en el entorno pirenaico donde son probables acumulados significativos a primeras horas. Hay avisos este miércoles por nevadas en varias comunidades: Aragón, Catalunya y Navarra.  entrada de altas presiones por el oeste dejará una jornada estable con cielos poco nubosos o despejados en la mitad sur y nordeste y cielos nubosos o cubiertos en el resto, tendiendo a abrirse claros en la meseta Norte e Ibérica. En Baleares se prevé una situación de inestabilidad, con cielos nubosos y chubascos, más abundantes con tormenta y probable granizo ocasional en Menorca y Mallorca donde podrán ser localmente fuertes. En Canarias, habrá cielos nubosos con precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto con posibilidad de alguna lluvia débil y ocasional. El frío aprieta de nuevo La Aemet prevé que este miércoles continúe el descenso térmico iniciado el día anterior. Las máximas bajarán en la mitad este peninsular, archipiélagos y Melilla, con pocos cambios en el resto. En la mayoría de provincias no se superarán los 15 grados y en el caso de Castilla y León no pasarán de los 8.  Las mínimas también bajarán hoy a excepción del tercio noroeste peninsular con pocos cambios. Se darán heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y sureste peninsular, meseta Norte y nordeste de la Sur, moderadas incluso localmente fuertes en Pirineos, advierte la agencia estatal.

Un estudio señala que “lejos de constituir una etapa transitoria en el ciclo vital, vivir de alquiler se ha consolidado como una condición permanente para amplias capas de la población urbana”, lo que "sin las protecciones adecuadas, ha profundizado en las desigualdades sociales" La vida cooperativa ante la crisis de vivienda: “Me decían que iba a ser un timo, pero le debo todo a este modelo” Desde hace décadas, la sociedad española se felicitaba por vivir en un país de propietarios. En muchos casos, los jóvenes podían emanciparse en una vivienda en propiedad o tras unos años de alquiler en las primeras etapas fuera del hogar familiar y durante la época estudiantil. Esa fase solía considerarse como un paso previo al salto definitivo a la compra, vinculada con la estabilidad que hoy en día se tambalea, según un estudio del Instituto IDRA, publicado este miércoles, y que apunta que el alquiler ya no es una etapa. De hecho, la mayoría de inquilinos no esperan poder acceder a una casa propia en el futuro. El trabajo analiza las dinámicas en torno al alquiler que se han producido en las últimas décadas en las ciudades de Barcelona, Madrid, Lisboa y Buenos Aires, donde se encuentran tendencias similares pese a las diferencias regionales. Como muestra el siguiente gráfico, el porcentaje de población inquilina comenzó a disminuir desde los años 60, hasta mínimos en el inicio del siglo XXI. window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}}); “El aumento de oferta de viviendas en alquiler que se ha producido desde el estallido de la burbuja, con 1,3 millones de pisos más, responde a la desigualdad que se está dando entre quienes, tradicionalmente, podrían haberse comprado una casa, pero no pueden competir con aquellos que ya tienen propiedades y extraen rentas asumiendo el ahorro de las familias trabajadoras a través de los alquileres”, explica el investigador y coautor del estudio, Jaime Palomera, que señala que estas dinámicas se reproducen en Portugal e incluso en Buenos Aires, pese a la hipótesis inicial de que “serviría de contrapeso porque no hay presencia de fondos oportunistas”. “El acceso restringido a la propiedad por parte de los inquilinos se explica no solamente por la falta de crédito hipotecario, sino por el hecho de que los hogares inquilinos compiten con inversores por la adquisición de viviendas”, apunta el trabajo, que pone como ejemplo de esta dinámica “el elevado número de compras de vivienda que se dan sin hipoteca”. El estudio señala que “lejos de constituir una etapa transitoria en el ciclo vital, vivir de alquiler se ha consolidado como una condición permanente para amplias capas de la población urbana”. En Madrid, 7 de cada 10 inquilinos encuestados cree que no podrá comprarse una casa. En Lisboa, menos del 5% cree que tendrá acceso a una vivienda en propiedad. Y en Buenos Aires, solo el 23% espera comprar o heredar en el futuro. La incapacidad para acceder a una vivienda en propiedad, en un momento de precios disparados, no es algo que afecte solo a los jóvenes. De hecho, el trabajo se atreve a desafiar ese tópico. “Entre los jóvenes es más habitual el alquiler, pero si miras el conjunto de la población, la mayoría de personas están entre los 35 y los 64 años. Por lo tanto, se está normalizando cada vez más en capas posteriores a la juventud”, explica palomera. window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}}); per se, no debería ser negativo, pero el aumento de precios por encima del 30% en la última década ha condenado a más de un millón y medio de hogares a destinar más del 30% de sus ingresos a pagar la renta, un esfuerzo que organismos internacionales como la OCDE y la Comisión Europea consideran “excesivo”. Pero también, indica el informe, a una “desprotección generalizada”, a “una gran presencia de barreras para acceder a una vivienda en alquiler” y a “la erosión de los derechos de los inquilinos”, que tiene un “impacto negativo” en la calidad de las casas y en las condiciones de vidas de sus habitantes, con mayores tasas de hacinamiento y convivencia y mudanzas forzosas. “La expansión del alquiler como forma de acceso a la vivienda, sin las protecciones adecuadas ha profundizado las desigualdades sociales y ha dejado a muchos inquilinos en una situación de indefensión”, indica el informe, que propone “una batería de propuestas políticas a desarrollar urgentemente, que aborden estas desigualdades y pongan fin a la desprotección de los inquilinos, garantizando sus derechos y condiciones residenciales dignas”. En concreto, los investigadores proponen como principal medida para dar seguridad a los inquilinos la reintroducción de los contratos sin fecha de finalización predefinida, renovables automáticamente o temporales bajo justificación, como ocurre en otros países del entorno, que favorecen este tipo de acuerdos, como Alemania, Francia, Países Bajos o Dinamarca. Además, apuestan por regular el precio de los alquileres, para dar respuesta a las principales preocupaciones de los inquilinos que arrojan las encuestas: el miedo a que suba la renta, a que finalice el contrato y a enfrentar dificultades para pagar. En la misma línea, el trabajo apuesta por desconcentrar la propiedad y redistribuir la riqueza, con medidas como prohibir la compra especulativa de vivienda para la inversión. Este mismo martes, el Congreso tumbó una iniciativa de Sumar en esta línea. O, entre otras medidas, gravar fiscalmente los activos y las rentas derivadas del patrimonio inmobiliario, que se presentan “cada vez más como un motor de desigualdad social”.

“These visits and questioning in the absence of counsel have been causing much stress and anxiety to the Petitioner (Dangla) and his relatives who are still recovering from the aftermath of his abduction,” the counter-manifestation reads. The post Enforced disappearance survivors in distress over police visits to loved ones appeared first on Bulatlat.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: طبق تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه، دولت موظف است سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش دهد تا نسبت‌های مالی این بانک‌ها اصلاح شود و نیاز آن‌ها به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی نیز برطرف گردد.

Президент Садыр Жапаров Тимур Малбашевди Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин директору кызматынан алып, анын ордуна Бексултан Токоновду агенттиктин жаңы жетекчиси кылып дайындады. Тимур Малбашев Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттигине быйыл март айында директор болуп бекитилген. Бексултан Токонов тууралуу ачык булактарда дээрлик маалымат жок. Ал Президенттин иш башкармасынын мамлекеттик мүлктү башкаруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы экенин көрүүгө болот....

El Ministerio Fiscal está acudiendo a los centros en medio de la polémica por la gestión de los servicios sociales en la comunidad para conocer las condiciones de vida y los detalles sobre contenciones físicas o farmacológicas a los usuarios La consellería de los mil incendios: Política Social acumula conflictos en residencias, ayuda al hogar o menores a no ser que haya una denuncia específica. El documento al que ha tenido acceso elDiario.es incluye una lista de la información requerida al centro y que trata sobre las personas usuarias e ingresadas y sobre las condiciones laborales de las trabajadoras -es un sector altamente feminizado. Así, la Fiscalía reclama el número y relación de ingresos, y su desglose en aquellas con auto judicial o con resolución judicial de apoyo. También quiere saber cuántas y quiénes sufren “deterioro neurológico severo” y en qué casos se usan contenciones, físicas o farmacológicas. Además de ese pormenorizado censo, los inspectores también han preguntado por el reglamento de derechos y deberes de las personas residentes y por el plan anual de actividades dirigidas a las mismas para prevenir la dependencia, de terapias ocupacionales, ocio y tiempo libre. Pero el Ministerio Fiscal no solo ha reparado en los usuarios. El reglamento general de la residencia y la relación de puestos de trabajo -el incumplimiento de los ratios de empleados por usuario es una protesta sindical recurrente- forman parte de los papeles solicitados por una inspección que, al menos en el caso del que este periódico ha tenido conocimiento, fue presencial y duró más de cuatro horas. Nunca en al menos 18 años, asegura un empleado del centro a este periódico, había sucedido algo así. Según informaron en el lugar los propios inspectores, serán acciones rutinarias y no debidas a ninguna denuncia concreta. La Fiscalía señala que la fiscala o fiscal responsable de las inspecciones comunica al juzgado los ingresos involuntarios, las contenciones “y todo lo que juzgue como reseñable”. Un nuevo modelo que no fue tal Las residencias de mayores en Galicia son uno de los muchas y diversas áreas conflictivas bajo administración de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia. Hay un total de 22.096 plazas. De ellas, el 75,4% de titularidad pública, aunque en buena medida en concesión a empresas privadas y tercer sector (ONG, fundaciones u otras entidades sin aparente ánimo de lucro) y el restante 24,6%, privada, según datos recogidos por Europa Press en enero de este año. Durante la pandemia, los centros en manos privadas -bien de empresas, bien del tercer sector, e independientemente de la titularidad de las plazas- acapararon el 94% de las muertes por coronavirus, pese a ocuparse solo del 77% de las plazas. La Xunta de Galicia, entonces presidida por Alberto Núñez Feijóo pero con Fabiola García, la actual conselleira, ya al mando del departamento, hizo propaganda con el anuncio de un nuevo modelo de geriatría. Este, que desde el principio descartó reducir la propiedad privada de las residencias o de las camas, nunca acabó de concretarse. De hecho, la donación al Gobierno gallego de siete centros, uno en cada una de las siete ciudades gallegas, por parte de la Fundación Amancio Ortega ha desembocado en su cesión a entidades privadas. Política Social se escuda en que la titularidad de las mismas será pública y que “se trata de una figura de gestión pública”. El ingreso de pacientes psiquiátricos en residencias públicas de mayores también ha generado un enorme malestar entre usuarios y trabajadoras. La convivencia entre personas de 90 años y en situación de dependencia, por ejemplo, con otras diagnosticadas de graves enfermedades mentales y de 50 o 60 años provoca, denuncia sindicatos y asociaciones, enormes riesgos. Porque además sucede en centros sin médicos especializados ni empleados capacitados profesionalmente para atenderlos. Esta práctica, iniciada hace algunos años, ha llevado a Inspección de Trabajo, dependiente del ministerio, a elaborar un informe en el que alerta de peligros para “la vida, la integridad física y la salud mental” de las trabajadoras. La Xunta se defendió en su día alegando que ha puesto en marcha algunas de las medidas solicitadas por Trabajo, aunque los sindicatos aseguran que no. El Gobierno gallego reduce además la dimensión del problema y asegura que solo el 1,7% de los residentes en centros públicos responde al perfil de paciente psiquiátrico. Fuentes del sector explican sin embargo que en algunos son casi la mitad. Denuncia por aviso de inspecciones En agosto de 2023, la Asociación Galega de Inspectores e Inspectoras de Servizos Sociais denunció que “la conselleira Fabiola [García, la titular de Política Social] permite que las visitas de las inspecciones se conozcan de antemano en las residencias”. El Gobierno gallego lo negó y anunció la apertura de un “expediente de investigación” contra la persona que firmaba la denuncia. Ahora es la Fiscalía la que “periódicamente” se está personando en las residencias de mayores de la comunidad.

Pada akhir Oktober lalu,  tak sampai dua pekan sebelum pertemuan para pihak (Conference of Parties/COP) 30 berlangsung di Brasil, Indonesia baru memasukkan second national determined contributorns (SNDC) atau NDC kedua. Kali ini, Indonesia gunakan pendekatan baru, tak menggunakan  persentase lagi, tetapi langsung pada tarhet angka penurunan emisi.   Dalam SNDC itu, sektor hutan dan lahan masih […] The post Menimbang Keseriusan Komitmen Iklim Indonesia appeared first on Mongabay.co.id.

(REVIEW) In “Miracles and Wonder,” historian Elaine Pagels examines the life of Jesus through historical, textual and theological lenses. Balancing faith and skepticism, she revisits questions of the virgin birth, miracles, crucifixion and the resurrection — ultimately portraying Christianity’s enduring power as rooted not in certainty, but in hope.

Graduate assistants following UConn’s values by speaking clearly, honestly, and frankly in class or as a private citizen deserve the same protection as any full professor.

Cleveland Public Theatre in Gordon Square was asked to provide more details on plans to change the facade and signage, given concerns about neighborhood impact. The post Cleveland Public Theatre plans to expand marquee, add banners and lighting appeared first on Signal Cleveland.

El Tiempo - Las primeras horas del miércoles traerán un descenso acusado de las temperaturas en toda la región, con heladas en zonas altas y sensación térmica negativa en algunos puntos del este madrileño descenso de las temperaturas marcará la jornada del miércoles en la Comunidad de Madrid, especialmente durante la madrugada, cuando la sensación térmica podría alcanzar los -1°C. A primera hora del día se esperan heladas débiles en zonas altas de la Sierra Norte y en puntos del tercio este, un ambiente frío que irá suavizándose conforme avance la mañana. En la Sierra, el cielo comenzará cubierto, con posibilidad de alguna bruma o niebla dispersa y precipitaciones débiles y puntuales antes del mediodía. A medida que transcurran las horas, las nubes irán desapareciendo hasta dejar un panorama despejado por la tarde. En el resto de la región, el tiempo será más estable, con predominio del cielo poco nuboso durante toda la jornada. La cota de nieve oscilará entre los 1000 y 1200 metros a primeras horas, bajando a entre 800 y 1000 metros durante la mañana. El viento soplará flojo o moderado, variable, aunque con cierta tendencia del norte. En las zonas altas de la Sierra podría sentirse alguna racha más intensa a primeras horas. Los termómetros marcan valores invernales en toda la región Las temperaturas descenderán ligeramente respecto al día anterior. En Alcalá de Henares y Madrid capital se prevén valores mínimos de 1 °C y máximas de 11 °C, mientras que en Aranjuez los termómetros bajarán hasta -1 °C. En Collado Villalba la mínima se quedará en 1 °C, en Getafe rondará los 4 °C y en Navalcarnero los 2 °C. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), “no se esperan fenómenos significativos” durante la jornada. La estabilidad será la tónica general, con un ambiente frío y seco que mantendrá el cielo despejado en la mayor parte del territorio madrileño. Un día de invierno anticipado en el que el abrigo volverá a ser imprescindible desde primera hora.

Sostienen que un acceso estandarizado y seguro a los sistemas de ayuda a la conducción es vital para su buen funcionamiento y por tanto para la seguridad vial Estos han sido dos de los mensajes principales escuchados durante la inauguración del Congreso Sectorial de ITV 2025, encuentro de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) que ha reunido a cerca de 300 personas. Entre ellas se encontraban los principales representantes del sector, así como miembros de las administraciones estatal, autonómica y local, del Congreso de los Diputados, Fiscalía del Estado, DGT y Policía Local. En la cita, cuyo lema es La movilidad del futuro pasa por la ITV, AECA ha subrayado, como decíamos, la importancia de que el desarrollo tecnológico de los vehículos vaya acompañado de un acceso estandarizado a la información electrónica necesaria para su inspección. En un contexto en el que los vehículos incorporan sistemas avanzados de seguridad activa y pasiva, como los ADAS y los ARAS, así como tecnologías medioambientales de última generación, “la disponibilidad de datos fiables y homogéneos es esencial para verificar su correcto funcionamiento”, señala la entidad. El sector cree que para mantener la eficacia de los sistemas de seguridad durante toda la vida útil del vehículo es imprescindible que puedan ser verificados periódicamente en las inspecciones técnicas. De hecho, la futura normativa europea, actualmente en fase de revisión, prevé que las ITV incorporen herramientas de diagnóstico electrónico (OBD) y acceso remoto a la información del coche a fin de garantizar la comprobación funcional de todos estos dispositivos mediante conectividad y datos estandarizados. Eduard Fernández, director ejecutivo del Comité Internacional de ITV (CITA), ha desgranado las novedades que prepara Bruselas, entre ellas la propuesta de que la ITV sea obligatoria para todo tipo de vehículos, incluidos los de categoría L (motocicletas, ciclomotores y cuadriciclos), y el incremento de las frecuencias de inspección en vehículos de categorías M y N (turismos, furgonetas, autobuses y camiones) según su uso y kilometraje. Estas medidas responden al doble objetivo de reducir la siniestralidad vial y proteger el medio ambiente al garantizar que los vehículos en circulación mantienen las condiciones técnicas y de emisiones exigidas. La futura directiva europea de inspección técnica introduce un cambio estructural: la obligación de verificar todos los sistemas electrónicos de seguridad y medio ambiente mediante conectividad. Esto implicará que las estaciones de ITV dispongan de herramientas capaces de comunicarse directamente con el vehículo para comprobar el estado y funcionamiento de sus componentes digitales. Desde el sector se considera fundamental el desarrollo de una plataforma común europea y una estructura de datos unificada que permita un acceso seguro, estandarizado y no discriminatorio a la información necesaria para las inspecciones. “Solo de este modo se podrá garantizar la transparencia, la competencia leal entre fabricantes y la eficacia de los controles técnicos”, se asegura. Control sobre los VMP En el congreso de AECA-ITV se ha abogado además por que los patinetes eléctricos y vehículos de movilidad personal (VMP) en general sean también objeto de inspección de manera que puedan convivir de forma segura con todos los usuarios de la vía. Recientemente, Valladolid se ha convertido en la primera ciudad en firmar un convenio de colaboración con la entidad que presta el servicio en la ciudad castellana de modo que estos vehículos puedan ser sometidos a una ITV para comprobar su correcto estado. La propuesta cuenta con el respaldo de la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol), la Asociación Estudio Lesión Medular Espinal (Aesleme), la Alianza por la Seguridad Vial del Ayuntamiento de Valladolid, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Federación de Municipios de Madrid. Todas estas entidades, junto con AECA-ITV, exigen una regulación nacional sobre los VMP que establezca aspectos como la formación necesaria para conducirlos, las características técnicas que deben cumplir, el registro e identificación de los vehículos y el control técnico durante su vida útil.

La novela gráfica “La Muerte del Capitán Marvel” convirtió la vulnerabilidad y la aceptación de la enfermedad en el acto más heroico de todos Temas principal: Cómic Leer artículo completo

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