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Indiana’s offer for helping build a multi-billion dollar stadium is on the table, now it is up to the Chicago Bears to decide whether they will cross the state line.

A new page on South Dakota Republican Gov. Larry Rhoden’s website shows how much homeowners would save on property taxes if lawmakers approve his optional half-percent sales tax for counties. He didn’t say, though, how much more the average person would spend on sales taxes. Bureau of Finance and Management Commissioner Jim Terwilliger took a […]

How many additional states does it take to help the smallest one in the nation dig out from its largest blizzard on record? Four. Possibly five. Connecticut, Maine, Pennsylvania, and Vermont have answered Rhode Island’s call to lend some of its crews and equipment to assist with the big dig across the state after a […]

Durante las últimas semanas se está registrando un viraje narrativo claro entre las vocerías de la opinión económica en Venezuela. El consenso entre economistas se trasladó desde la "debacle", al "optimismo". El cambio de discurso se produjo luego de que el gobierno de Washington anunció acuerdos en materia petrolera con la Presidenta (E) Delcy Rodríguez. Desde entonces, el furor (¿?) por el nuevo impulso de la economía venezolana viene incrementándose desde la publicación de las Licencias recientemente emitidas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingles), como la como la GL 49, GL 50 y GL 48, que autorizan las operaciones de empresas petroleras occidentales en el país. EN HONOR A LA VERDAD Diversos economistas de tendencia opositora en Venezuela, minimizaron y en muchos casos desestimaron la realidad objetiva de las sanciones económicas y sus efectos perjudiciales sobre la economía nacional. Hay excepciones, tal como es el caso del economista Francisco Rodríguez, quien ha publicado diversas investigaciones sobre el impacto de las sanciones en Venezuela, destacando recientemente por su análisis en el informe "Las consecuencias humanas de las sanciones económicas" (2023), publicado por el Center for Economic and Policy Research (CEPR). Otros de sus trabajos son: "Sanctioning Venezuela" (2022) y "Sanciones, Política Económica y la Crisis Venezolana" (2022), publicados a través de Sanctions and Security Research Project. En estos trabajos, Rodríguez ha hecho críticas a la gestión económica del gobierno venezolano, pero ha enfatizado en datos el carácter “destructivo” de las medidas extranjeras. Otra excepción, es el caso de Luis Vicente León, economista, mejor conocido por su rol en la firma Datanálisis. León, en un ámbito menos académico y más en terreno reflexivo y divulgativo, ha expresado consistentes críticas a las sanciones contra las actividades petroleras de Venezuela, reseñando sus impactos en la base económica nacional. Luis Oliveros, economista, Profesor de la Universidad Metropolitana (UNIMET), ha cuestionado el rol de las sanciones en el deterioro de las condiciones de vida de la población. En consecuencia, también ha criticado a colegas economistas y políticos opositores por defender esas medidas y por estar "desvinculados de la realidad que vive la gente". Por otra parte, hay un segundo grupo de economistas, entre los que se destacan Asdrúbal Oliveros, José Guerra, Ángel Alvarado, Ronald Balza Guanipa, Rafael Quiroz, Ricardo Haussmann y hasta el ingeniero químico pero infatigable opinador de economía Henkel García, entre otros, quienes se han decantado por enfatizar sus críticas desde dos ángulos fundamentales de la opinión. Primero, refiriendo casi exclusivamente a la gestión económica interna (previa y durante a las sanciones). Esta línea argumental apunta a que los "desequilibrios macroestructurales" (controles de cambio, expropiaciones e hiperinflación) ya habían destruido gran parte de la economía antes de la imposición de sanciones de amplio alcance. Esa línea de discurso se enfocó fundamentalmente a la política económica del chavismo, en lugar de reseñar, por ejemplo, la pérdida de más del 90% del ingreso en divisas al país y la repercusión de ese dato sobre una economía en la que todos sus sectores están directa o indirectamente vinculados a la renta petrolera, tal como ocurrió en el año 2020, a expensas de las sanciones. Por otro lado, también asumieron posturas sobre la "corresponsabilidad" o impacto acotado de las sanciones. Es decir, algunos expertos reconocen el daño de las medidas, pero enfatizan que estas son un "complicador" de problemas preexistentes. Este ángulo de análisis, pretendidamente más objetivo, tenía como premisa reconocer las sanciones como una realidad concreta e inapelable. Pero el tufo político y estilo de las declaraciones de algunos de estos voceros, casi siempre apuntó al fatalismo económico, pesimismo, no admisión de logros, minimización de reformas acertadas y un tratamiento casi siempre políticamente sesgado la situación general. Para todos los economistas venezolanos opositores, el ámbito de discusión económica es también un terreno de discusión política. Y es bueno que esto sea así, ya que, sea desde cualquier lado de la lateralidad política (izquierda, derecha, arriba o abajo) todo ámbito de debate económico necesariamente debe ser político. El problema en este caso es el sesgo, y como funciona frente al cambio de situaciones concretas en lo real. LAS SANCIONES Durante las últimas semanas varios economistas que minimizaron o descartaron mencionar a las sanciones económicas como un punto medular para sus estimaciones, han cambiado sus narrativas a un terreno más optimista (¿?). Hace poco, Asdrúbal Oliveros consideró que el comportamiento positivo en la producción petrolera generará un "efecto expansivo" sobre toda la economía, admitiendo que ha estado signada por una profunda contracción en los últimos años. Oliveros también estimó un crecimiento económico cercano al 12% este año. Según el analista, el principal catalizador de esta mejora será el sector hidrocarburos, el cual podría experimentar una expansión del 30%. El economista asocia el crecimiento de las actividades petroleras de Venezuela, con el actual momento de relación entre Venezuela y Estados Unidos, lo cual desemboca en licencias petroleras y levantamiento de restricciones en la economía venezolana. Oliveros también ha clamado por la necesidad de cerrar la brecha cambiaria, lo cual amerita un nuevo sistema cambiario y el necesario flujo de petrodólares. Por otra parte, Ricardo Hausmann ha planteado que habrá crecimiento económico en Venezuela este año, pero ha centrado su afirmación en la condicionalidad política. Afirma que cualquier cifra de crecimiento en 2026 será frágil si no se acompaña de una reinstitucionalización que permita el retorno de la inversión. Rafael Quiroz, ha abogado por la estabilidad y política nacional como elemento de atracción de inversiones. Se ha pronunciado por la reforma petrolera y ha realizado valoraciones positivas sobre la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. En declaraciones recientes, mencionó que una transición institucional completa en organismos del Estado (incluyendo PDVSA) podría tomar hasta tres años. De ahí que no condiciona la etapa de crecimiento actual con un cambio político. Quiróz también hizo valoraciones sobre las licencias petroleras admitiendo su impacto favorable sobre las actividades venezolanas. Ronald Balza, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), forma parte del sector de economistas opositores de tendencia moderada, y hace poco fue uno de los expertos que, en el foro "Perspectivas Económicas 2026", proyectaron un posible crecimiento del 10,4% del PIB venezolano para este año. También cuestionó las iniciativas de dolarización de la economía venezolana y, a fin de desarrollar su argumento, aludió a los nuevos ingresos petroleros como un elemento componente de la "estabilidad cambiaria". Henkel García, en lo que va de año, ha referido la obviedad de que el petróleo sigue siendo la "pieza clave" para la economía en este año. Ha enfatizado que una política pública adecuada en este sector generará beneficios en el resto de la industria nacional. En la misma línea que Haussmann y otros opinadores pertenecientes al espectro político a María Corina Machado, se ha pronunciado sobre la Ley de Hidrocarburos y licencias alegando que, con reformas institucionales, la producción podría alcanzar entre 1,3 y 1,4 millones de barriles diarios (mbd) en un plazo de dos años, “tras una transición” política. José Guerra, ex diputado antichavista y fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), afirmó que la estabilización definitiva de los precios en el país depende en gran medida "de que se mantengan los acuerdos petroleros con Estados Unidos". "No hay duda que la economía crecerá", dijo. Además, acotó que los nuevos ingresos deben destinarse a saldar la deuda social. Guerra admitió que la nueva Ley de Hidrocarburos busca atraer empresas extranjeras, permitiendo que el sector privado y empresas extranjeras "obtengan licencias" ante el gobierno estadounidense y "comercialicen petróleo de forma independiente para reactivar la industria" venezolana. La tendencia general de los mensajes entre este grupo de actores de opinión guarda criterios comunes: A partir de enero, habrá más ingresos por venta de petróleo desde Venezuela. Los ingresos en divisas son un catalizador del crecimiento económico multisectorial e impactan claramente el Producto Interno Bruto del país. La economía crecerá. Los ingresos en divisas son un factor estabilizador del Tipo de Cambio, de reducción de la brecha cambiaria, atenúan la devaluación y la inflación. Las licencias son un factor central en el desarrollo de las actividades energéticas de Venezuela y por ende, de los ingresos en divisas. Algunos admiten que habrá crecimiento económico, pero para que sostenible y haya inversiones cuantiosas, abogan por cambios institucionales, transición y un cambio de régimen en el país. Pero esta afirmación tiene implícito el hecho de que las sanciones son un obstáculo para la inversión extranjera. Sobre estas afirmaciones, las sanciones coercitivas figuran como un eje transversal que las conecta. De hecho, estas vocerías parecieran encuadrar sus comentarios como si el gobierno en Miraflores fuera un gobierno distinto al de Nicolás Maduro, obviando que la presidenta (e) Delcy Rodríguez recién ha desempeñado la Vicepresidencia Ejecutiva, Vicepresidencia Económica y el Ministerio de Hidrocarburos. En términos muy concretos, no ha habido un cambio de régimen en Venezuela y la línea estratégica de gestión económica se preserva. Lo único que está cambiando en la economía venezolana, es la flexibilización del marco coercitivo, el reimpulso del comercio petrolero y el flujo de divisas. Entonces el cambio de retórica, que ahora ha adquirido un perfil optimista entre ciertos economistas venezolanos, expone las omisiones, silencios y tergiversaciones que han dominado la opinión económica durante estos años. Nunca fue "el régimen", han sido siempre las sanciones. Quizá un elemento esclarecedor sobre la realidad de las sanciones económicas en Venezuela, como indiscutida del desarrollo de la base material del país, no viene de ningún economista venezolano, sino del mismo Donald Trump. Trump volvió a insistir en que su gobierno está trabajando "estrechamente con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez" de cara a "impulsar extraordinarios avances económicos para ambos países y brindar nueva esperanza a quienes han sufrido tan terriblemente". Lo único que ha hecho su administración, y que los opinadores no mencionan, es liberar relativa y parcialmente algunas de las amarras que injustamente se impusieron contra la economía nacional, todo a cambio de un petróleo que pudo fluir libremente a su país durante años si no hubieran existido las medidas que el mismo implementó. 26 Feb 2026, 5:02 pm. Etiquetas:  Venezuela, Economía, Sanciones, Bloque tematico Lupa económica Foto Sección Venezuela Tendencia Especial Antetítulo Omisiones, banalizaciones y tergiversaciones

سەرۆک ترامپ شەوی سێشەممە لە میانەی وتاری ساڵەنەیدا لەبەردەم کۆنگرسی ئەمەریکا، مەدالیای رێزلینانی بەخشی بە فڕۆکەوانێکی تەمەن 100 ساڵ کە نزیکەی 73 ساڵ لەمەوبەر لە جەنگێکی ئەمەریکادا بوو بە پاڵەوان. ڕۆیس ولیەمز کێیە؟ ئیلمەر ڕۆیس ولیەمز لە شەڕی کۆریا لە ساڵی 1952 لە ئەسماندا ڕووبەڕووی حەوت فڕۆکەی یەکێتی سۆڤیەت بووەوە، ئەو جەنگەی کە شارەزایانی سەربازی بە گەورەتین و سەرسوورهێنەرتین شەڕ ناوی دەبەن لە مێژووی هێزی ئاسمانی ئەمەریکادا. فڕۆکەوانە ئەمەریکاییەکە بە تەنها توانی شەش فڕۆکەی ڕووسی...

На Гуляйпільському напрямку українські війська відбили 32 атаки РФ

(The Center Square) - The Colorado Senate State, Veterans and Military Affairs Committee narrowly approved a bill that would remove overtime “add-back” taxes in response to federal overtime tax changes. The overtime tax change would reduce state revenue by roughly $235 million, but dip into state tax credits to cover the funding gap. The committee approval vote moves the bill onto the Senate Appropriations Committee. “ 'No tax on overtime' might be a catchy slogan that creates an appeal, but the actual benefits are much less than might seem on first glance,” Joshua Mantell, director of government relations for Colorado’s Bell Policy Center for progressive economic policy, told the committee Thursday. The Colorado bill, Senate Bill 26-056, comes shortly after the Trump administration’s 2025 One Big Beautiful Bill Act included a measure to limit taxes on qualified overtime work. The federal deduction is effective between the 2025 through 2028 tax years, and the proposed Colorado state-level deduction would start in the 2026 fiscal year and run until the federal 2028 deadline. Chris Stiffler, senior economist at the Colorado Fiscal Institute, argued the tax deduction would not benefit the state’s lowest earners who already pay little to no state income tax. He added that the tax deduction would benefit 9% of taxpayers, cutting an average of $63 per person – but with nearly half of eligible recipients in the top one-fifth of earners. “Most Coloradans living paycheck to paycheck will see no benefit at all,” said Stiffler. “Many low wage workers do not receive overtime because they piece together two part-time jobs, work in gig arrangements, or have caregiving responsibilities that limit their hours.” But many others supported the tax deduction. Colorado Legislative Director Carl Smith of the Smart Transportation Division, a major railroad labor union, said the change would provide relief to his overworked union members. “A large part of railroad workers’ income comes from overtime,” said Smith. “Many of the people I represent work 12-hour shifts, five days a week – making overtime a significant part of their income. As essential workers, overtime on the railroad is mandatory. Railroad workers don’t get an option to decline overtime.” Opinions among the five-person committee were mixed and largely fell along party lines. The vote in favor of the bill was 3-2 with Republican Sens. Rod Pelton and Sen. Lynda Zamora Wilson joined by Democratic Sen. William Lindstedt, who said he cautiously supported the measure, but wanted the Appropriations Committee to give it a look. Democrats hold a majority in both houses of the Colorado Legislature. “We have a workforce problem in this state, and more and more people are having to do overtime just because there’s not enough people, enough employees to fill some of these spots,” Pelton said in support of the bill. “I don’t think we should over-penalize the people that are staying in there, doing the job and keeping the businesses open.” Committee Chair Sen. Katie Wallace, a Democrat, said she wanted to provide relief to working Coloradans, but thought there were better methods. She cited budgetary risks that would come from dipping into state tax credits amidst economic uncertainty, arguing the tax deduction would become a liability to the state’s most financially vulnerable. “If we’re below the cap, this legislation will be a further hit to the general fund in an already terrible budget year, pulling even further funds away from Medicaid, SNAP and other programs that directly assist those families who need it most,” said Wallace. She added later, “I think that now is the time for a targeted approach to our tax systems that benefit those who need it the most first.”

در ادامه تلاش‌های واشنگتن برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین، روز پنج شنبه، نمایندگان ایالات متحده و اوکراین، همزمان با گفت و گوهای تهران - واشنگتن، در ژنو دیدار و گفت‌وگو کردند.

Të paktën 7 667 persona vdiqën ose u zhdukën në rrugët e migracionit në të gjithë botën vitin e kaluar, raportoi sot Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) e OKB-së, duke cituar raste të dokumentuara, raporton ABC. Besohet se numri i vërtetë është dukshëm më i lartë, por shumë raste nuk mund të gjurmohen më pas […]

Owners of the Concierge apartments in Rocky Hill will pay $5 million in restitution to tenants, some of whom are still living in hotels.

El Gobierno regional se reunirá con los mandatorios el próximo lunes para intentar cerrar un acuerdo que mejore la financiación de los centros públicos; la presidenta comparece el próximo jueves para dar explicaciones sobre el cese del exconsejero Viciana Auge y caída de los Pocholos, el grupo al que Ayuso confió un presupuesto de 7.000 millones el cese del consejero de Educación, Emilio Viciana, por su incapacidad para alcanzar un acuerdo o al menos acercar posturas con los rectores de cara a una futura ley de universidades madrileña, Ayuso trata de recuperar el paso y negocia con los mandatarios un aumento de los fondos que la Comunidad de Madrid traspasa a los campus públicos, según confirman varian fuentes a elDiario.es. Madrid es la región que peor financia a sus campus de toda España, pese a ser la más rica. La presidenta comparecerá el próximo jueves 5 de marzo en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre el cambio en la Consejería, que ha pasado del perfil técnico de Viciana a uno más político con Mercedes Zarzalejos. A la caída del ya exconsejero le siguieron el cese de dos directores generales y tres diputados y la dimisión del gurú de Ayuso, Antonio Castillo Algarra, un dramaturgo que movía los hilos de la educación madrileña desde su despacho del Ballet Español de la Comunidad, desatando de la nada la mayor crisis interna que ha visto Ayuso en sus gobiernos desde que accedió al cargo, en 2019. Con esa destitución –aunque el cesado asegura que se ha marchado motu proprio– el proyecto de ley de universidades de Ayuso volvía a la casilla de salida. Varias fuentes apunta a que la presidenta tratará el jueves de desviar la atención de la crisis en Educación anunciando un acuerdo con los rectores para mejorar la financiación de las universidades y crear, por fin, un plan plurianual (Madrid es de las pocas regiones que no lo tiene, lo que impide a los rectorados planificar a medio y largo plazo) o, si no consigue cerrar el acuerdo antes, al menos comunicar su intención de mejorar las transferencias corrientes a los centros, ahogados en este momento. ¿Una subida del 30%? Fuentes conocedoras de las negociaciones afirman que la cifra ofrecida por el Gobierno regional ronda los 1.600 millones de euros anuales para las seis universidades públicas dentro de cinco años. Si se confirma ese dato, supondría una subida de 29% sobre los 1.239 millones de euros que la Comunidad destinará a sus campus este año. Pese a este hipotético aumento, la partida para universidades pasaría del 0,4% del PIB actual a un 0,5% (y eso con el PIB actual, sin tener en cuenta el aumento que habrá a cinco años vista y que hará que subida relativa sea aún menor), una cifra que todavía es la mitad del 1% que prevé la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Aún así, para los rectores esa cifra podría ser aceptable, según declaró la máxima responsable de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universiadades Públicas de Madrid (Cruma), Amaya Mendikoetxea, en una entrevista reciente con Europa Press: “1.700 millones, que es lo que tiene el sistema andaluz [equiparable en tamaño al madrileño], creo que sería una buena referencia”, explicó la mandataria hace diez días. El Gobierno regional se reunirá con los rectores de los centros públicos el próximo lunes 2 para tratar de alcanzar un acuerdo sobre financiación, toda vez que el estancamiento en la negociación de la ley ha llevado a la Consejería de Educación a intentar cerrar esta crisis fuera de la tramitación de la norma, cuya aprobación está ahora en el aire. En esa cita está previsto que, además de la nueva consejera de Educación, participe el Consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, que medió entre el cesado Viciana y los rectores y ha adquirido más peso en las negociaciones. Quien no estará es la responsable de Economía y Hacienda, Rocío Albert López-Ibor, la persona encargada de liberar los fondos, que se ha mostrado reacia y además es una persona cercana a las universidades privadas, según publicó El País. Tras esta reunión el martes 3 los rectores se verán con representantes de las plataformas en defensa de la universidad pública, que les dirán que todo lo que no sea alcanzar o rozar el 1% del PIB será insuficiente. “Ningún acuerdo a largo plazo ni por cantidades que no se acerquen al 1% del PIB permitirá sostener y modernizar las universidades públicas, favoreciendo así el trasvase de estudiantes a las universidades privadas. Las Plataformas anunciaron ya en enero que continuarian sus movilizaciones si no se cumple una financiación suficiente y estable –sin objetivos–, como pide la LOSU”, explican fuentes de estos grupos. Aunque la Comunidad de Madrid no lo admite abiertamente, el nivel y la extensión de las protestas organizadas por las plataformas, que paralizaron la universidad con la huelga de los pasados 26 y 27 de noviembre, influyeron en el cese de Viciana. Tres patas para la financiación El objetivo del Gobierno regional, que los rectores no rechazan, es establecer una financiación con tres ejes: una partida básica para el funcionamiento diario de los centros, una segunda por objetivos concretos a cumplir (cada campus los suyos propios) y una tercera que atienda las especificidades de cada centro (por ejemplo, la Universidad de Alcalá tiene un campus que en parte es Patrimonio de la Humanidad). Para las universidades madrileñas empieza a ser urgente una mejora en sus condiciones. La Complutense ha tenido que pedir un crédito de 34,5 millones de euros a la Comunidad de Madrid (su teórica financiadora) para cuadrar las cuentas, lo que le ha obligado a aprobar un Plan Económico Financiero con un recorte de 33 millones de euros; la Rey Juan Carlos (URJC) ha cerrado el ejercicio 2025 con un déficit de 76 millones, unas cuentas que muestran por qué es la universidad peor financiada de España. En conjunto, el Gobierno regional transfiere hoy menos dinero a sus universidades que en 2009 y Madrid es la única región con un sistema universitario deficitario y sus gastos no financieros son superiores a los ingresos, según los datos de 2023. La falta de financiación que han sufrido las universidades en los últimos años ha provocado, además, que las necesidades de inversión se multipliquen, explicó la rectora Mendikoetxea: “Hemos dejado de invertir mucho dinero en nuestras infraestructuras y ahora deberíamos poder acometer reformas importantes”, le dijo a Europa Press.

Colin Cowherd cuestiona el físico de la estrella de los Lakers.

Tiempo de lectura: 6 minutosEn febrero de 2026, el Pueblo Maya celebra el Año Nuevo Maya como parte de su ordenamiento ancestral del tiempo. La transición del año 13 IQ’ al 1 Kej (Jun Kej) marca el inicio de un nuevo ciclo y la llegada del Mam, cargador del año, figura que orienta la vida colectiva. Más que una ... Read more

As Gov. Gretchen Whitmer wrapped her final State of the State address on Wednesday evening, a handful of candidates who may very well be her successor were sitting in the room watching her address. Gubernatorial hopefuls John James, Jocelyn Benson and Aric Nesbitt were all in the Michigan Senate chamber yesterday while Whitmer pitched new […]

87% of women living at Union Rescue Mission were not up to date on cancer screenings.

A proposal to allow developments of 15,000 or more contiguous acres with at least 60% of the land set as “reserve area” and 40% for commercial and residential use on land already designated for future use was approved in its final committee stop in the Florida House on Thursday. Labeled “Blue Ribbon Projects,” the proposal […]

La seguridad del torneo en Guadalajara vuelve al centro del debate.

Cómo las fórmulas invisibles organizan nuestra vida entre el caos natural y la ilusión del control.

Cássia Caneco fala da marcha em Brasília e da importância de integrar políticas de habitação, saneamento, mobilidade e planejamento com participação social e olhar para grupos vulnerabilizados Fonte

El Comité Ejecutivo Regional quedará disuelto, de modo que la dirección nacional de Vox tendrá que nombrar de nuevo una gestora que asuma el control del partido Vox se plantea descabezar a Antelo de la dirección en la Región de Murcia El pasado miércoles, la secretaria general adjunta de Vox, Montserrat Lluís, le comunicó a Antelo esta decisión, que se ha mostrado insuficiente para los otros cinco miembros del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de la Región -Lourdes Méndez Monasterio, Carmen Menduiña, Antonio Martínez Nieto, Antonio Martínez Sánchez y Aida Peñalver-. A raíz de esta dimisión, este organismo quedará disuelto, de modo que la dirección nacional de Vox tendrá que nombrar de nuevo una gestora que asuma el control del partido. Estos movimientos han surgido después de la expulsión del partido al portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith. De acuerdo con al dirección del partido, la decisión se tomó después de que Ortega Smith desacatase la orden de ceder la portavocía del Ayuntamiento de Madrid a la edil Arantxa Cabello. También han sido expulsados de la formación otros dos concejales de Vox en el consistorio madrileño, la portavoz adjunta del grupo municipal, Carla Toscano, y el edil Ignacio Ansaldo. Fuentes cercanas al partido han asegurado a este diario que Antelo ha mantenido una relación estrecha con Javier Ortega Smith. También sostienen que han existido tensiones entre el todavía líder de Vox y Luis Gestoso, muy cercano a Santiago Abascal y portavoz de este partido en el Ayuntamiento de Murcia. Antelo lleva en el cargo de presidente provincial del Consejo Ejecutivo Provincial (CEP) desde 2020. Más tarde, en el 2024, ingresó en la Ejecutiva de Vox con el puesto de vocal tras la Asamblea General de 2024, como el resto de, por aquel entonces, vicepresidentes autonómicos en gobiernos de coalición con el Partido Popular. Antes de comenzar sus andadas políticas, Antelo fue protegido del difunto presidente de la Fundación San Antonio, dueña de la Universidad Católica de la Región de Murcia (UCAM). En 2012 fichó en el CB Murcia, el club de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), y tras una lesión en el verano 2019 se retiró del baloncesto profesional. El expresidente de la (UCAM), José Luis Mendoza, le colocaría entonces en su departamento de Marketing Deportivo. Por el mismo tiempo –abril de 2019- le caía en las manos la oferta de formar parte de las listas de Vox para el Consistorio murciano.