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A reintroduced legislative package that would allow the state to issue digital, mobile phone identification cards was back before a Senate panel on Tuesday, but they face a series of challenges before they move forward, including concerns over privacy and their overall usefulness in key situations. The package — Senate Bills 617, 618, 619, 620 […]

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A reintroduced legislative package that would allow the state to issue digital, mobile phone identification cards was back before a Senate panel on Tuesday, but they face a series of challenges before they move forward, including concerns over privacy and their overall usefulness in key situations. The package — Senate Bills 617, 618, 619, 620 […]
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The Mission Bay girls soccer team earned a trip to the CIF Div. II semi-finals against La Jolla on Wednesday, Feb. 25, after a dramatic victory on penalty kicks in the quarterfinal round versus Otay Ranch.
The Mission Bay girls soccer team earned a trip to the CIF Div. II semi-finals against La Jolla on Wednesday, Feb. 25, after a dramatic victory on penalty kicks in the quarterfinal round versus Otay Ranch.
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Власти Ирана близки к тому, чтобы заключить с Китаем соглашение о закупке сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет, сообщило 24 февраля агентство Reuters, ссылаясь на слова шести источников, знакомых с ходом переговоров. Независимых подтверждений этой информации нет.
Власти Ирана близки к тому, чтобы заключить с Китаем соглашение о закупке сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет, сообщило 24 февраля агентство Reuters, ссылаясь на слова шести источников, знакомых с ходом переговоров. Независимых подтверждений этой информации нет.
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Venezuela se encuentra sentada sobre una de las mayores acumulaciones de gas natural de la región latinoamericana. Con aproximadamente 200 billones de pies cúbicos en reservas, distribuidos en buena parte en yacimientos no asociados del oriente del país y en extensas áreas costa afuera. Los complejos de Patao, Mejillones, Río Caribe y Dragón, junto con la Plataforma Deltana frente a la costa suroriental, configuran una franja energética cuya proximidad a las instalaciones de procesamiento de Trinidad y Tobago introduce una lógica de complementariedad. En 2024, se iniciaron certificaciones sobre más de 50 bloques en la zona norte costera que consolidan los nuevos registros, y así Venezuela podría escalar al cuarto lugar mundial en reservas de gas, con una proyección temporal que, en términos conservadores, habla de hasta 200 años de disponibilidad del recurso. De hecho, en el reciente informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos se informa que: "Venezuela tiene suficiente gas natural, al ritmo actual de producción, para más de 200 años. Si Venezuela produjera al mismo ritmo, proporcionalmente, que Estados Unidos, su producción anual sería de aproximadamente 367 mil millones de metros cúbicos (BCM), en comparación con los aproximadamente 24 BCM actuales. Con este ritmo más alto, dispondría de una gran cantidad de gas natural para la exportación, si el consumo interno no alcanzara el mismo nivel que la producción. Además, podría representar una nueva fuente de ingresos para Venezuela". En ese mapa energético destacan dos polos estratégicos: Cardón IV, en el golfo de Venezuela Los campos del proyecto Mariscal Sucre, a pocos kilómetros de la península de Paria. Allí se ubican descubrimientos de enorme relevancia como el campo Perla, en Paraguaná, considerado el mayor hallazgo gasífero de América Latina en su momento, con pruebas que alcanzaron 150 millones de pies cúbicos diarios y reservas estimadas en 17 tcf. También el campo Dragón, perforado en 2008 frente a las costas del estado Sucre, con aproximadamente 2,4 billones de pies cúbicos en reservas y una proyección inicial de producción de 150 millones de pies cúbicos diarios, escalables a 300 millones. Estos números son la medida de una capacidad de apalancamiento económico que puede convertirse en nueva arteria de ingresos para el país. De este modo, el resurgimiento del gas venezolano es un elemento articulador de nuevas dinámicas energéticas regionales, donde convergen decisiones políticas, flexibilizaciones regulatorias y necesidades estructurales de abastecimiento. Trinidad y Tobago, pero también Colombia Las recientes licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, según siglas en inglés), las declaraciones de autoridades en Bogotá y Puerto España y el renovado interés corporativo en proyectos gasíferos venezolanos indican que el Caribe y el norte de Suramérica comienzan a reorganizarse alrededor de una variable en la ecuación energética común: Venezuela como reserva estratégica de hidrocarburos. La reciente publicación de las licencias generales emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) abrió un marco regulatorio que, sin desmontar el régimen sancionatorio, habilita condiciones operativas más amplias para la cooperación gasífera entre Venezuela y sus vecinos inmediatos. Las licencias 48, 49 y 50, publicadas entre el 10 y el 13 de febrero de 2026, autorizan respectivamente el suministro de bienes, tecnología y servicios necesarios para operaciones petroleras y gasíferas; la negociación y firma de contratos contingentes vinculados a nuevas inversiones y expansión de proyectos energéticos; y la ejecución de transacciones operativas para compañías específicas como BP, Chevron, Eni, Repsol y Shell. En conjunto, estas medidas crean un entorno jurídico que facilita la reactivación de proyectos transfronterizos, en materia de gas, largamente postergados, y reintroducen a Venezuela como pieza funcional dentro del equilibrio energético del continente. En Trinidad y Tobago, la reacción oficial fue inmediata. La primera ministra Kamla Persad-Bissessar calificó las licencias 49 y 50 como un marco "claro" y "estructurado" para desarrollar actividades energéticas en la frontera marítima compartida con Venezuela, subrayando que el país caribeño ve en esta apertura una oportunidad para fortalecer la cooperación energética: "Como socio cercano de larga data de los Estados Unidos, Trinidad y Tobago ve este desarrollo como una oportunidad importante para profundizar la cooperación energética hemisférica, fortalecer la estabilidad regional y reforzar los lazos comerciales confiables". En este punto, debe hacerse la salvedad de que siempre ha sido línea sostenida por el gobierno venezolano convertir el gas natural en eje de cooperación regional, pues, en 2023, cuando el Ministerio del Poder Popular de Petróleo otorgó la licencia de exploración y producción del campo Dragón a la National Gas Company (NGC) de Trinidad y Tobago y a Shell, la presidenta encargada (entonces vicepresidenta ejecutiva) Delcy Rodríguez dejó claramente establecida esa visión al afirmar que "este gran proyecto marca un momento histórico para Venezuela, ya que por primera vez se va a producir y exportar gas; y también significa un ejemplo de lo que deben ser las relaciones de cooperación y amistad entre nuestros países". La declaración delineaba al gas venezolano como instrumento de integración económica, estabilidad regional y asociación pragmática entre vecinos. Ahora bien, otra declaración que estuvo en consonancia con la primera ministra trinitense fue la de Mala Baliraj, presidenta de la Cámara de Energía de Trinidad y Tobago, que destacó que proyectos estratégicos como el campo Dragón y el desarrollo transfronterizo Manakin-Cocuina podrían finalmente avanzar gracias a los cambios regulatorios recientes. Voces empresariales como David Campbell, presidente de bp Trinidad y Tobago, coincidieron en que la lógica industrial favorece aprovechar los recursos venezolanos no desarrollados junto a la infraestructura subutilizada del país insular, mientras actores independientes como Paul Baay, de Touchstone Exploration, señalaron que el momento abre oportunidades incluso para productores de menor escala. El interés trinitense responde a una realidad estructural, debido a que su industria de gas natural licuado enfrenta una caída sostenida del suministro doméstico pese a contar con una capacidad de licuefacción cercana a 16 bcm anuales, uno de cuyos trenes permanece inactivo por falta de gas. En este contexto, los yacimientos venezolanos, especialmente Dragón, con reservas estimadas en 4 tcf, y los complejos offshore del oriente venezolano, aparecen como la fuente más lógica y cercana para sostener la viabilidad de Atlantic LNG y revitalizar exportaciones que podrían incrementarse hasta en 6 bcm anuales si los proyectos avanzan. Sin embargo, para que esta cooperación alcance estabilidad política y operacional, será necesario que se calmen las aguas diplomáticas, considerando que el gobierno trinitense mantuvo meses atrás posiciones y acciones de intromisión, lo que los obliga ahora a una fase de recomposición basada en intereses energéticos compartidos. En paralelo, Colombia avanza por una vía distinta pero convergente, ya que, en vísperas del encuentro entre la presidenta Delcy Rodríguez y el presidente Gustavo Petro, el mandatario colombiano confirmó el 11 de febrero de 2026, durante un acto en Chaparral (Tolima), que su gobierno importará gas venezolano para reducir costos energéticos internos, señalando explícitamente que, "con licencia OFAC", se iniciarán diálogos para traer gas "barato y rápido" al país, sin descartar cooperación futura en petróleo, energías limpias y transmisión eléctrica. A este anuncio se le sumó la visita del ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, quien sostuvo una reunión con la presidenta Rodríguez, donde acordaron avanzar en un proceso de integración energética binacional orientado a la importación de gas venezolano, la adecuación de infraestructura compartida y el fortalecimiento de las interconexiones eléctricas entre ambos países. El propio Palma destacó que estos espacios permiten construir "soluciones técnicas, sostenibles y con visión de largo plazo para garantizar un abastecimiento confiable y mayor desarrollo productivo entre los pueblos hermanos", mientras los equipos técnicos calificaron el encuentro como un paso decisivo hacia una agenda energética conjunta basada en seguridad energética regional y cooperación estructural. Colombia enfrenta una disminución progresiva de su producción doméstica y depende crecientemente del GNL importado, mientras el gasoducto binacional, inactivo desde 2015 pero técnicamente operativo, posee una capacidad nominal de 5 bcm anuales, suficiente para cubrir gran parte de la demanda adicional prevista del país. El trasfondo estructural explica la convergencia de ambos vecinos hacia Caracas. Aunque América Latina y el Caribe concentran poco más del 4% de las reservas globales de gas, alrededor del 70% de ese total regional se encuentra en Venezuela, que además posee la séptima mayor reserva mundial, estimada en 6300 bcm. Actualmente, la producción venezolana ronda los 30 bcm anuales y se consume casi íntegramente en el mercado interno, lo que revela un enorme potencial exportador aún sin desarrollar. Proyecciones de JP Morgan Global Research señalan que, bajo condiciones regulatorias e inversiones adecuadas, el gas venezolano podría reducir la dependencia regional del GNL importado, reequilibrar mercados energéticos vecinos e incluso impactar el comercio global de gas licuado. 24 Feb 2026, 3:31 pm. Etiquetas: Venezuela, Gas, Economía, Bloque tematico Geopolítica de los recursos Foto Sección Venezuela Tendencia Especial
Venezuela se encuentra sentada sobre una de las mayores acumulaciones de gas natural de la región latinoamericana. Con aproximadamente 200 billones de pies cúbicos en reservas, distribuidos en buena parte en yacimientos no asociados del oriente del país y en extensas áreas costa afuera. Los complejos de Patao, Mejillones, Río Caribe y Dragón, junto con la Plataforma Deltana frente a la costa suroriental, configuran una franja energética cuya proximidad a las instalaciones de procesamiento de Trinidad y Tobago introduce una lógica de complementariedad. En 2024, se iniciaron certificaciones sobre más de 50 bloques en la zona norte costera que consolidan los nuevos registros, y así Venezuela podría escalar al cuarto lugar mundial en reservas de gas, con una proyección temporal que, en términos conservadores, habla de hasta 200 años de disponibilidad del recurso. De hecho, en el reciente informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos se informa que: "Venezuela tiene suficiente gas natural, al ritmo actual de producción, para más de 200 años. Si Venezuela produjera al mismo ritmo, proporcionalmente, que Estados Unidos, su producción anual sería de aproximadamente 367 mil millones de metros cúbicos (BCM), en comparación con los aproximadamente 24 BCM actuales. Con este ritmo más alto, dispondría de una gran cantidad de gas natural para la exportación, si el consumo interno no alcanzara el mismo nivel que la producción. Además, podría representar una nueva fuente de ingresos para Venezuela". En ese mapa energético destacan dos polos estratégicos: Cardón IV, en el golfo de Venezuela Los campos del proyecto Mariscal Sucre, a pocos kilómetros de la península de Paria. Allí se ubican descubrimientos de enorme relevancia como el campo Perla, en Paraguaná, considerado el mayor hallazgo gasífero de América Latina en su momento, con pruebas que alcanzaron 150 millones de pies cúbicos diarios y reservas estimadas en 17 tcf. También el campo Dragón, perforado en 2008 frente a las costas del estado Sucre, con aproximadamente 2,4 billones de pies cúbicos en reservas y una proyección inicial de producción de 150 millones de pies cúbicos diarios, escalables a 300 millones. Estos números son la medida de una capacidad de apalancamiento económico que puede convertirse en nueva arteria de ingresos para el país. De este modo, el resurgimiento del gas venezolano es un elemento articulador de nuevas dinámicas energéticas regionales, donde convergen decisiones políticas, flexibilizaciones regulatorias y necesidades estructurales de abastecimiento. Trinidad y Tobago, pero también Colombia Las recientes licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, según siglas en inglés), las declaraciones de autoridades en Bogotá y Puerto España y el renovado interés corporativo en proyectos gasíferos venezolanos indican que el Caribe y el norte de Suramérica comienzan a reorganizarse alrededor de una variable en la ecuación energética común: Venezuela como reserva estratégica de hidrocarburos. La reciente publicación de las licencias generales emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) abrió un marco regulatorio que, sin desmontar el régimen sancionatorio, habilita condiciones operativas más amplias para la cooperación gasífera entre Venezuela y sus vecinos inmediatos. Las licencias 48, 49 y 50, publicadas entre el 10 y el 13 de febrero de 2026, autorizan respectivamente el suministro de bienes, tecnología y servicios necesarios para operaciones petroleras y gasíferas; la negociación y firma de contratos contingentes vinculados a nuevas inversiones y expansión de proyectos energéticos; y la ejecución de transacciones operativas para compañías específicas como BP, Chevron, Eni, Repsol y Shell. En conjunto, estas medidas crean un entorno jurídico que facilita la reactivación de proyectos transfronterizos, en materia de gas, largamente postergados, y reintroducen a Venezuela como pieza funcional dentro del equilibrio energético del continente. En Trinidad y Tobago, la reacción oficial fue inmediata. La primera ministra Kamla Persad-Bissessar calificó las licencias 49 y 50 como un marco "claro" y "estructurado" para desarrollar actividades energéticas en la frontera marítima compartida con Venezuela, subrayando que el país caribeño ve en esta apertura una oportunidad para fortalecer la cooperación energética: "Como socio cercano de larga data de los Estados Unidos, Trinidad y Tobago ve este desarrollo como una oportunidad importante para profundizar la cooperación energética hemisférica, fortalecer la estabilidad regional y reforzar los lazos comerciales confiables". En este punto, debe hacerse la salvedad de que siempre ha sido línea sostenida por el gobierno venezolano convertir el gas natural en eje de cooperación regional, pues, en 2023, cuando el Ministerio del Poder Popular de Petróleo otorgó la licencia de exploración y producción del campo Dragón a la National Gas Company (NGC) de Trinidad y Tobago y a Shell, la presidenta encargada (entonces vicepresidenta ejecutiva) Delcy Rodríguez dejó claramente establecida esa visión al afirmar que "este gran proyecto marca un momento histórico para Venezuela, ya que por primera vez se va a producir y exportar gas; y también significa un ejemplo de lo que deben ser las relaciones de cooperación y amistad entre nuestros países". La declaración delineaba al gas venezolano como instrumento de integración económica, estabilidad regional y asociación pragmática entre vecinos. Ahora bien, otra declaración que estuvo en consonancia con la primera ministra trinitense fue la de Mala Baliraj, presidenta de la Cámara de Energía de Trinidad y Tobago, que destacó que proyectos estratégicos como el campo Dragón y el desarrollo transfronterizo Manakin-Cocuina podrían finalmente avanzar gracias a los cambios regulatorios recientes. Voces empresariales como David Campbell, presidente de bp Trinidad y Tobago, coincidieron en que la lógica industrial favorece aprovechar los recursos venezolanos no desarrollados junto a la infraestructura subutilizada del país insular, mientras actores independientes como Paul Baay, de Touchstone Exploration, señalaron que el momento abre oportunidades incluso para productores de menor escala. El interés trinitense responde a una realidad estructural, debido a que su industria de gas natural licuado enfrenta una caída sostenida del suministro doméstico pese a contar con una capacidad de licuefacción cercana a 16 bcm anuales, uno de cuyos trenes permanece inactivo por falta de gas. En este contexto, los yacimientos venezolanos, especialmente Dragón, con reservas estimadas en 4 tcf, y los complejos offshore del oriente venezolano, aparecen como la fuente más lógica y cercana para sostener la viabilidad de Atlantic LNG y revitalizar exportaciones que podrían incrementarse hasta en 6 bcm anuales si los proyectos avanzan. Sin embargo, para que esta cooperación alcance estabilidad política y operacional, será necesario que se calmen las aguas diplomáticas, considerando que el gobierno trinitense mantuvo meses atrás posiciones y acciones de intromisión, lo que los obliga ahora a una fase de recomposición basada en intereses energéticos compartidos. En paralelo, Colombia avanza por una vía distinta pero convergente, ya que, en vísperas del encuentro entre la presidenta Delcy Rodríguez y el presidente Gustavo Petro, el mandatario colombiano confirmó el 11 de febrero de 2026, durante un acto en Chaparral (Tolima), que su gobierno importará gas venezolano para reducir costos energéticos internos, señalando explícitamente que, "con licencia OFAC", se iniciarán diálogos para traer gas "barato y rápido" al país, sin descartar cooperación futura en petróleo, energías limpias y transmisión eléctrica. A este anuncio se le sumó la visita del ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, quien sostuvo una reunión con la presidenta Rodríguez, donde acordaron avanzar en un proceso de integración energética binacional orientado a la importación de gas venezolano, la adecuación de infraestructura compartida y el fortalecimiento de las interconexiones eléctricas entre ambos países. El propio Palma destacó que estos espacios permiten construir "soluciones técnicas, sostenibles y con visión de largo plazo para garantizar un abastecimiento confiable y mayor desarrollo productivo entre los pueblos hermanos", mientras los equipos técnicos calificaron el encuentro como un paso decisivo hacia una agenda energética conjunta basada en seguridad energética regional y cooperación estructural. Colombia enfrenta una disminución progresiva de su producción doméstica y depende crecientemente del GNL importado, mientras el gasoducto binacional, inactivo desde 2015 pero técnicamente operativo, posee una capacidad nominal de 5 bcm anuales, suficiente para cubrir gran parte de la demanda adicional prevista del país. El trasfondo estructural explica la convergencia de ambos vecinos hacia Caracas. Aunque América Latina y el Caribe concentran poco más del 4% de las reservas globales de gas, alrededor del 70% de ese total regional se encuentra en Venezuela, que además posee la séptima mayor reserva mundial, estimada en 6300 bcm. Actualmente, la producción venezolana ronda los 30 bcm anuales y se consume casi íntegramente en el mercado interno, lo que revela un enorme potencial exportador aún sin desarrollar. Proyecciones de JP Morgan Global Research señalan que, bajo condiciones regulatorias e inversiones adecuadas, el gas venezolano podría reducir la dependencia regional del GNL importado, reequilibrar mercados energéticos vecinos e incluso impactar el comercio global de gas licuado. 24 Feb 2026, 3:31 pm. Etiquetas: Venezuela, Gas, Economía, Bloque tematico Geopolítica de los recursos Foto Sección Venezuela Tendencia Especial
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The woman has no criminal record and is unsure what prompted the threat of removal. She fears being deported given her father's military service and her Christian faith.
The woman has no criminal record and is unsure what prompted the threat of removal. She fears being deported given her father's military service and her Christian faith.
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Governor Albert Bryan Jr. met with members of the Legislature of the Virgin Islands to address trade, public safety, and long-term financial planning, with a focus on recently increased fees imposed by the British Virgin Islands on cargo and trade entering the territory. According to Government House, the new fees function as an unreasonable and […] The post US Virgin Islands officials press federal review of BVI trade fees, discuss firearm legislation and fiscal stability appeared first on Pasquines.
Governor Albert Bryan Jr. met with members of the Legislature of the Virgin Islands to address trade, public safety, and long-term financial planning, with a focus on recently increased fees imposed by the British Virgin Islands on cargo and trade entering the territory. According to Government House, the new fees function as an unreasonable and […] The post US Virgin Islands officials press federal review of BVI trade fees, discuss firearm legislation and fiscal stability appeared first on Pasquines.
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Entre os dias 23 e 26 de fevereiro, o Assentamento Roseli Nunes, território de reforma agrária em Pequi (MG), recebe a etapa preparatória do XI Estágio Interdisciplinar de Vivência (EIV) de Minas Gerais. 30 estagiários do estado, com participação de militantes do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Goiás, estão neste momento se preparando para […] Movimentos populares retomam o Estágio Interdisciplinar de Vivência em MG após 10 anos apareceu primeiro no Brasil de Fato.
Entre os dias 23 e 26 de fevereiro, o Assentamento Roseli Nunes, território de reforma agrária em Pequi (MG), recebe a etapa preparatória do XI Estágio Interdisciplinar de Vivência (EIV) de Minas Gerais. 30 estagiários do estado, com participação de militantes do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Goiás, estão neste momento se preparando para […] Movimentos populares retomam o Estágio Interdisciplinar de Vivência em MG após 10 anos apareceu primeiro no Brasil de Fato.
18 minutes
Public health, explained: Sign up to receive Healthbeat’s free national newsletter here. The federal Advisory Committee on Immunization Practices now plans to meet March 18 and 19, according to updated information posted on the committee’s website at the Centers for Disease Control and Prevention. No information had been posted Tuesday about what topics or votes will be on the meeting’s agenda, how the public can comment on agenda items, or even what time the meetings will start and end. The committee, which meets three times a year, had long planned to meet this Wednesday through Friday in Atlanta. But as the meeting date approached, the committee failed to make public – as required – its planned agenda, jeopardizing its ability to meet legally, Healthbeat reported last week. The cancellation also followed efforts in a lawsuit filed by the American Academy of Pediatrics and other medical groups that have sought to stop the group’s next meeting because of concerns that ACIP will take a vote that will result in removing funding for certain vaccines for children from low-income families or who lack adequate insurance. Officials at the CDC and the U.S. Department of Health and Human Services did not immediately respond to questions about the rescheduled meeting. Federal advisory committees are required to give the public advance notices about their meeting agendas and other basic information about how the public can attend or watch the meetings. Historically committees were required to give at least 15 calendar days notice before a meeting, but in December the Trump administration reduced that to seven calendar days. Alison Young is Healthbeat’s senior national reporter. You can reach her at ayoung@healthbeat.org or through the messaging app Signal at alisonyoungreports.48
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Public health, explained: Sign up to receive Healthbeat’s free national newsletter here. The federal Advisory Committee on Immunization Practices now plans to meet March 18 and 19, according to updated information posted on the committee’s website at the Centers for Disease Control and Prevention. No information had been posted Tuesday about what topics or votes will be on the meeting’s agenda, how the public can comment on agenda items, or even what time the meetings will start and end. The committee, which meets three times a year, had long planned to meet this Wednesday through Friday in Atlanta. But as the meeting date approached, the committee failed to make public – as required – its planned agenda, jeopardizing its ability to meet legally, Healthbeat reported last week. The cancellation also followed efforts in a lawsuit filed by the American Academy of Pediatrics and other medical groups that have sought to stop the group’s next meeting because of concerns that ACIP will take a vote that will result in removing funding for certain vaccines for children from low-income families or who lack adequate insurance. Officials at the CDC and the U.S. Department of Health and Human Services did not immediately respond to questions about the rescheduled meeting. Federal advisory committees are required to give the public advance notices about their meeting agendas and other basic information about how the public can attend or watch the meetings. Historically committees were required to give at least 15 calendar days notice before a meeting, but in December the Trump administration reduced that to seven calendar days. Alison Young is Healthbeat’s senior national reporter. You can reach her at ayoung@healthbeat.org or through the messaging app Signal at alisonyoungreports.48
21 minutes
გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც შეიცავს მოწოდებას, დაუყოვნებლივ, სრულად და უპირობოდ შეწყდეს ცეცხლი რუსეთსა და უკრაინას შორის. სამშაბათს ნიუ-იორკში იმართება გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომა, რომელიც უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის მეოეთხე წლისთავს ეძღვნება. რეზოლუციას, რომლის სახელწოდებაა „უკრაინაში მყარი მშვიდობის მხარდაჭერა“, 107-მა სახელმწიფომ დაუჭირა მხარი, 12 წინააღმდეგი იყო, 51-მა სახელმწიფომ, მათ შორის შეერთებულმა შტატებმა, თავი შეიკავა. რუსეთისა და...
გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც შეიცავს მოწოდებას, დაუყოვნებლივ, სრულად და უპირობოდ შეწყდეს ცეცხლი რუსეთსა და უკრაინას შორის. სამშაბათს ნიუ-იორკში იმართება გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომა, რომელიც უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის მეოეთხე წლისთავს ეძღვნება. რეზოლუციას, რომლის სახელწოდებაა „უკრაინაში მყარი მშვიდობის მხარდაჭერა“, 107-მა სახელმწიფომ დაუჭირა მხარი, 12 წინააღმდეგი იყო, 51-მა სახელმწიფომ, მათ შორის შეერთებულმა შტატებმა, თავი შეიკავა. რუსეთისა და...
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Depois de provocar uma grande polêmica por ignorar uma convocação do governo da França, o embaixador dos Estados Unidos em Paris resolveu adotar um gesto conciliador nesta terça‑feira (24). Em telefonema ao chefe da diplomacia francesa, Charles Kushner afirmou estar disposto “a não interferir” no debate público nacional.
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Depois de provocar uma grande polêmica por ignorar uma convocação do governo da França, o embaixador dos Estados Unidos em Paris resolveu adotar um gesto conciliador nesta terça‑feira (24). Em telefonema ao chefe da diplomacia francesa, Charles Kushner afirmou estar disposto “a não interferir” no debate público nacional.
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С целью шпионажа или диверсий
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Tarifa Zero tende a democratizar o transporte público e reduzir a dependência de transportes individuais Tarifa Zero avança no debate nacional e coloca Fortaleza no centro da discussão sobre mobilidade urbana apareceu primeiro no Brasil de Fato.
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23 minutes
Brasília recebe, a partir desta quinta-feira (26), a primeira edição do Slam BR 25 — Campeonato Brasileiro de Poesia Falada no Centro-Oeste. Até 1º de março, o Teatro Sesc Silvio Barbato será palco de batalhas poéticas, seminários, feira cultural e apresentações artísticas que reúnem poetas de todo o país, reforçando a potência da palavra falada […] Slam BR: Distrito Federal recebe campeonato de poesia falada pela primeira vez apareceu primeiro no Brasil de Fato.
Brasília recebe, a partir desta quinta-feira (26), a primeira edição do Slam BR 25 — Campeonato Brasileiro de Poesia Falada no Centro-Oeste. Até 1º de março, o Teatro Sesc Silvio Barbato será palco de batalhas poéticas, seminários, feira cultural e apresentações artísticas que reúnem poetas de todo o país, reforçando a potência da palavra falada […] Slam BR: Distrito Federal recebe campeonato de poesia falada pela primeira vez apareceu primeiro no Brasil de Fato.
23 minutes
Bringing the proposal back in front of the committee, Elo-Rivera has cut out the more contentious full-time vacation rental tax and kept what a couple of council members said they would support — a tax on vacant second homes.
Bringing the proposal back in front of the committee, Elo-Rivera has cut out the more contentious full-time vacation rental tax and kept what a couple of council members said they would support — a tax on vacant second homes.
23 minutes
Wê go, "Lê wekî ku wî nîşan daye, ew amade ye ku ger pêwîst be hêza kujer a artêşa Amerîkayê bikar bîne. Serok her gav biryara dawîn li vir dide."
Wê go, "Lê wekî ku wî nîşan daye, ew amade ye ku ger pêwîst be hêza kujer a artêşa Amerîkayê bikar bîne. Serok her gav biryara dawîn li vir dide."
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La Cámara Baja intenta por tercera vez reformar la medida aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, que apoyó el PSOE en aquel momento El legado de Rajoy que perdura: de la prisión permanente a la anulación de la justicia universal El Congreso aprobará este martes la toma en consideración de una ley que busca eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía, que el PP reintrodujo en una ley en 2015 con el apoyo del PSOE y UPyD. Los socialistas en esta ocasión han aceptado debatir la ley aunque rechazan el fondo del asunto. La iniciativa del PNV también busca reducir las sanciones que introdujo el PP también en aquel año para los cargos públicos que incumplan las sentencias del tribunal de garantías. La iniciativa ha salido adelante con los votos de la mayoría de investidura y el rechazo de la derecha y la extrema derecha. 175 a 171. El texto es una iniciativa del PNV, presentada este martes por el diputado Mikel Legarda, que ha calificado la reforma introducida por el PP hace una década como un “auténtico veto político en manos de la oposición” con efectos perturbadores. “Supone el hecho de delegar en el Alto Tribunal la obligación de resolver entre los grupos parlamentarios los problemas políticos de fondo”, ha defendido desde la tribuna sobre la ley que pretende eliminar ese recurso. El recurso previo de inconstitucionalidad es una figura que permite al tribunal de garantías fallar sobre una reforma de un estatuto de autonomía antes de que sea refrendado por los ciudadanos de la comunidad autónoma en cuestión, lo que según los proponentes corre el riesgo de convertir al Tribunal Constitucional en una tercera cámara legislativa y caer “en la tentación de invadir la competencia del legislador”. La posibilidad de este recurso previo otorga, según los grupos que han apoyado la toma en consideración, una potestad a la minoría parlamentaria para frenar el procedimiento legislativo por el simple hecho de estar disconforme con lo aprobado. El recurso ya estuvo vigente hasta 1985 y, tal y como ha defendido Legarda en el Pleno, “su supresión en 1985 fue calificada generalmente por la doctrina como el restablecimiento de la normalidad en las relaciones entre los poderes del Estado, en el funcionamiento del sistema parlamentario español y en el diseño constitucional del Alto Tribunal”. La iniciativa también pretende reducir las multas que permiten al TC actuar contra autoridades y funcionarios que no acaten sus decisiones, mediante un abanico de medidas que va desde multas de 3.000 a 30.000 euros hasta la suspensión en el ejercicio de sus cargos. En sustitución de ese régimen, los nacionalistas abogan por “imponer multas coercitivas de 600 a 3.000 euros a cualquier persona, investida o no de poder público, que incumpla los requerimientos del Tribunal dentro de los plazos señalados y reiterar estas multas hasta el total cumplimiento de los interesados, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que hubiera lugar”. “Hoy llega de nuevo una iniciativa para desmontar toda la artillería legal que aprobó el Partido Popular de manera unilateral hace ya una década contra la Catalunya”, ha asegurado el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu para defender su apoyo a la iniciativa. Aunque no se ha quedado ahí: “A nosotros nos preocupa que lo pueda hacer [recurrir la norma] también después. Nunca ese tribunal debería poder revertir, impedir o revocar consensos amplios aprobados por los parlamentos. Eso va en contra de la soberanía parlamentaria, que exige un respeto”, ha dicho. El texto ha contado también con el apoyo de Junts, que ha reprochado al PSOE que en varias ocasiones en legislaturas anteriores haya dado su apoyo a la toma en consideración de una norma similar pero la haya “guardado en un cajón” sin voluntad política para sacarla adelante. Precisamente los socialistas han recordado que se posicionaron en contra de la reforma que introdujo el PP para elevar las multas por incumplimientos, pero no así con la introducción del recurso previo, que apoyaron cuando se votó en el Congreso, junto a PP y UPyD. El diputado socialista, Artemi Rallo, ha defendido la posición de su partido en aquel momento, con el objetivo de “atemperar” y “mitigar” el “potencional conflicto social e institucional derivado de la declaración de inconstitucionalidad” de una reforma del Estatuto, como ocurrió con el catalán. “No compartimos que se trate de un veto o un control político o que el TC se convierta en una tercera cámara”, ha dicho Rallo, que no obstante se ha mostrado abierto a debatir el texto y apoyar esa conversación con su voto a favor de la toma en consideración. Vox asegura que convocará un referéndum para “ilegalizar a los partidos separatistas” El diputado de Vox Ignacio de Hoces ha asegurado dentro de este debate que su partido convocará un referéndum para “ilegalizar a los partidos separatistas”. “Señorías del PNV, Junts y ERC. Dicen que van a celebrar más referéndum para separarse e España. Les aseguramos que la respuesta no va a ser tan timorata y débil como la del PP en 2017. El único referéndum que van a querer votar va a ser el que vamos a convocar para que los españoles decidan si quieren ilegalizar a los partidos separatistas que quieren acabar con la unidad territorial de España”, ha dicho. Hoces ha arremetido contra el PP en plena bronca con Vox por las negociaciones para las investiduras en Extremadura y Aragón. “Sabemos que el señor Feijóo considera que Galicia y Catalunya son naciones sin Estado. Los españoles queremos saber si van a seguir coqueteando con el separatismo o se van a unir a Vox para asfixiar al separatismo”, ha sostenido. El diputado ultra ha reclamado al PP “modificar leyes para que partido que apenas cuentan con 1% puedan condicionar la política nacional” o “recuperar el delito de sedición y de referéndum ilegal”. Hoces ha pedido “aumentar penas por conspiración contra la unidad y el ultraje a los símbolos nacionales. Y necesitamos un tipo agravado de malversación cuando vaya contra la unidad nacional”.
La Cámara Baja intenta por tercera vez reformar la medida aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, que apoyó el PSOE en aquel momento El legado de Rajoy que perdura: de la prisión permanente a la anulación de la justicia universal El Congreso aprobará este martes la toma en consideración de una ley que busca eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía, que el PP reintrodujo en una ley en 2015 con el apoyo del PSOE y UPyD. Los socialistas en esta ocasión han aceptado debatir la ley aunque rechazan el fondo del asunto. La iniciativa del PNV también busca reducir las sanciones que introdujo el PP también en aquel año para los cargos públicos que incumplan las sentencias del tribunal de garantías. La iniciativa ha salido adelante con los votos de la mayoría de investidura y el rechazo de la derecha y la extrema derecha. 175 a 171. El texto es una iniciativa del PNV, presentada este martes por el diputado Mikel Legarda, que ha calificado la reforma introducida por el PP hace una década como un “auténtico veto político en manos de la oposición” con efectos perturbadores. “Supone el hecho de delegar en el Alto Tribunal la obligación de resolver entre los grupos parlamentarios los problemas políticos de fondo”, ha defendido desde la tribuna sobre la ley que pretende eliminar ese recurso. El recurso previo de inconstitucionalidad es una figura que permite al tribunal de garantías fallar sobre una reforma de un estatuto de autonomía antes de que sea refrendado por los ciudadanos de la comunidad autónoma en cuestión, lo que según los proponentes corre el riesgo de convertir al Tribunal Constitucional en una tercera cámara legislativa y caer “en la tentación de invadir la competencia del legislador”. La posibilidad de este recurso previo otorga, según los grupos que han apoyado la toma en consideración, una potestad a la minoría parlamentaria para frenar el procedimiento legislativo por el simple hecho de estar disconforme con lo aprobado. El recurso ya estuvo vigente hasta 1985 y, tal y como ha defendido Legarda en el Pleno, “su supresión en 1985 fue calificada generalmente por la doctrina como el restablecimiento de la normalidad en las relaciones entre los poderes del Estado, en el funcionamiento del sistema parlamentario español y en el diseño constitucional del Alto Tribunal”. La iniciativa también pretende reducir las multas que permiten al TC actuar contra autoridades y funcionarios que no acaten sus decisiones, mediante un abanico de medidas que va desde multas de 3.000 a 30.000 euros hasta la suspensión en el ejercicio de sus cargos. En sustitución de ese régimen, los nacionalistas abogan por “imponer multas coercitivas de 600 a 3.000 euros a cualquier persona, investida o no de poder público, que incumpla los requerimientos del Tribunal dentro de los plazos señalados y reiterar estas multas hasta el total cumplimiento de los interesados, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que hubiera lugar”. “Hoy llega de nuevo una iniciativa para desmontar toda la artillería legal que aprobó el Partido Popular de manera unilateral hace ya una década contra la Catalunya”, ha asegurado el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu para defender su apoyo a la iniciativa. Aunque no se ha quedado ahí: “A nosotros nos preocupa que lo pueda hacer [recurrir la norma] también después. Nunca ese tribunal debería poder revertir, impedir o revocar consensos amplios aprobados por los parlamentos. Eso va en contra de la soberanía parlamentaria, que exige un respeto”, ha dicho. El texto ha contado también con el apoyo de Junts, que ha reprochado al PSOE que en varias ocasiones en legislaturas anteriores haya dado su apoyo a la toma en consideración de una norma similar pero la haya “guardado en un cajón” sin voluntad política para sacarla adelante. Precisamente los socialistas han recordado que se posicionaron en contra de la reforma que introdujo el PP para elevar las multas por incumplimientos, pero no así con la introducción del recurso previo, que apoyaron cuando se votó en el Congreso, junto a PP y UPyD. El diputado socialista, Artemi Rallo, ha defendido la posición de su partido en aquel momento, con el objetivo de “atemperar” y “mitigar” el “potencional conflicto social e institucional derivado de la declaración de inconstitucionalidad” de una reforma del Estatuto, como ocurrió con el catalán. “No compartimos que se trate de un veto o un control político o que el TC se convierta en una tercera cámara”, ha dicho Rallo, que no obstante se ha mostrado abierto a debatir el texto y apoyar esa conversación con su voto a favor de la toma en consideración. Vox asegura que convocará un referéndum para “ilegalizar a los partidos separatistas” El diputado de Vox Ignacio de Hoces ha asegurado dentro de este debate que su partido convocará un referéndum para “ilegalizar a los partidos separatistas”. “Señorías del PNV, Junts y ERC. Dicen que van a celebrar más referéndum para separarse e España. Les aseguramos que la respuesta no va a ser tan timorata y débil como la del PP en 2017. El único referéndum que van a querer votar va a ser el que vamos a convocar para que los españoles decidan si quieren ilegalizar a los partidos separatistas que quieren acabar con la unidad territorial de España”, ha dicho. Hoces ha arremetido contra el PP en plena bronca con Vox por las negociaciones para las investiduras en Extremadura y Aragón. “Sabemos que el señor Feijóo considera que Galicia y Catalunya son naciones sin Estado. Los españoles queremos saber si van a seguir coqueteando con el separatismo o se van a unir a Vox para asfixiar al separatismo”, ha sostenido. El diputado ultra ha reclamado al PP “modificar leyes para que partido que apenas cuentan con 1% puedan condicionar la política nacional” o “recuperar el delito de sedición y de referéndum ilegal”. Hoces ha pedido “aumentar penas por conspiración contra la unidad y el ultraje a los símbolos nacionales. Y necesitamos un tipo agravado de malversación cuando vaya contra la unidad nacional”.
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Benefícios fazem remuneração superar teto constitucional Penduricalhos: STF e Congresso fecham acordo para regra de transição apareceu primeiro no Brasil de Fato.
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